La constitución venezolana de 1999 transformó el país de una federación centralizada a una federación descentralizada, transfiriendo poder a los estados y municipios y otorgándoles autonomía. Los estados y municipios ahora gozan de personalidad jurídica propia y pueden tomar decisiones independientes, aunque deben mantener la soberanía e integridad nacional. La nueva estructura descentraliza el poder político, administrativo y fiscal entre los diferentes niveles de gobierno.