El documento critica la creación de un nuevo Indicador Mínimo de Trabajadores (IMT) que presume la contratación de personal doméstico basado solo en el nivel de ingresos brutos anuales y patrimonio de una persona, sin considerar la actividad real. Este nuevo IMT vulnera el derecho a la intimidad al obligar a las personas a revelar detalles privados para refutar la presunción. Anteriormente, los IMT han servido para evitar la verificación y fiscalización adecuada por parte de la Administración Tributaria.