El Boletín la Resistencia Roja es una publicación del Movimiento al Socialismo, organización de la Liga Internacional de los Trabajadores en Ecuador

1. M O V I M I E N T O
A L
S O C I A L I S M O
Resistencia Roja
Enero–Febrero 2014
Coyuntura: Represión y políticas
antipopulares del Régimen Correista
Volumen 1, No 3
Contenido:
Coyuntura
1
Criminalización
2
Código Penal
3
Tratado
3
Uruguay
4
Mujer
4
Persecución a opositores
del gobierno
Puntos de interés especial:
 Criminalización
 Protesta
 Libre Comercio
Es muy grave el allanamiento de que fueron víctimas el asambleísta Cléver
Jiménez y el periodista Fernando Villavicencio. Como
en las peores dictaduras, las
fuerzas especiales de la policía entran por la noche sin
advertencia y consentimiento de los afectados y se
llevan las computadoras y
la información que contenían. Los jueces actúan como empleados de la presidencia. No se respetaron
derechos básicos como el
debido proceso, la libertad
de expresión, la privacidad
e inviolabilidad de domicilio. No se respetó a la familia, a la mujer, los niños
que se encontraban descansando. En el caso del asambleísta Jiménez no se respetó la inmunidad parlamentaria. La orden viene de lo
más alto. El presidente Correa aparece en la siguiente
sabatina justificando el allanamiento y citando evidencias, lo cual no está permitido en el proceso indagatorio. Les acusa de haber jakeado los correos del Presi-
dente y funcionarios
cercanos, siendo evidente que ni Jiménez ni
Villavicencio disponen
de la tecnología y los
recursos para espiar a
las más altas autoridades. Ahora se les acusa
de haber recibido la
información de la Chevron. Pero, ¿qué tan
grave es esa informa-
les? Los afectados responden: son investigaciones sobre hechos de
corrupción al interior
del régimen. Citan algunos temas: los contratos
públicos de Fabricio
Correa, la presunción de
peculado sobre Pedro
Delgado, la venta de
petróleo a Petrochina y
de ésta a la Chevron,
El gobierno ha levantado una cortina de humo con su
ataque a Chevron
ción incautada para que
se la arrebate con tanta
violencia? ¿No debe
ser pública la información sobre los contratos
del gobierno? ¿No es
obligación de un asambleísta investigar y fiscalizar los actos estata-
las enormes pérdidas
para el Estado en el
campo Palo Azul, el
atraco a los fondos públicos en el caso de Seguros Sucre, la construcción de la infraestructura judicial con sobreprecio, la venta del

2. ingenio EQ2 con sobreprecio para beneficiar
al grupo Gloria del Perú, entre muchos otros.
La conclusión es clara:
Jiménez y Villavicencio son perseguidos por
denunciar la corrupción
al interior del régimen
y porque disponen de
información comprometedora sobre diversos casos y funcionarios del gobierno.
Criminalización de
la protesta social
“...Lo más
preocupante de todo:
casi no hay respuesta
de la ciudadanía, de
la oposición política,
de la propia izquierda
y los movimientos
sociales ante estos
hechos que muestran
el abuso y la
arbitrariedad del
poder...”
Página 2
No son los únicos afectados por el abuso del
poder y violación a sus
derechos humanos. Al
periodista
conocido
como Bonil se le convoca a responder por
una caricatura que no le
agrada al gobierno. A
Humberto Cholango y
otros dirigentes indígenas se les llama a indagación por oponerse a
los proyectos extractivistas que atentan contra el ambiente y las
comunidades. A los
estudiantes de los colegios se les amenazó
con quitarles el cupo si
salían a protestar contra la explotación del
Yasuní. Antes hubo la
condena a los estudiantes del Colegio Central
Técnico y el juicio y la
prisión contra los 10 de
Luluncoto. A varias
asambleístas del propio
partido de gobierno se
las sancionó con un
mes de silencio por
pronunciarse a favor de
la despenalización del
aborto en caso de violación. La fundación ecologista Pacha Mama
fue clausurada en base
al nefasto decreto 16.
Activistas ambientales
e intelectuales como
Carlos Zorrilla y el cineasta Pocho Álvarez
son denunciados y denostados públicamente
por defender la vida y
los derechos de la natu-
raleza. Suman ya 45 los
dirigentes sociales sentenciados y 200 los enjuiciados. Existe un claro irrespeto a los derechos y libertades que
son los pilares de la democracia liberal. El objetivo
fundamental:
amedrentar,
generar
miedo, impedir que la
población proteste, critique, se organice. Lo más
preocupante de todo:
casi no hay respuesta de
la ciudadanía, de la oposición política, de la
propia izquierda y los
movimientos
sociales
ante estos hechos que
muestran el abuso y la
arbitrariedad del poder.
Resistencia Roja

3. Nuevo Código Penal
punitivo y represivo
Esta grave situación se
acentuará con la aprobación
del
COIP
(Código Integral Penal)
por parte de la Asamblea, con un carácter
punitivo propio de una
concepción autoritaria
del Estado. Se busca
dar una base legal a la
criminalización de la
protesta social. Por
ejemplo, “en el artículo
345 sobre sabotaje se
encuentran tipificadas
varias conductas tradicionales de la protesta
social, a la vez que el
término violencia resulta tan ambiguo que
puede abarcar desde la
quema de unas llantas
hasta la confrontación
directa con las fuerzas
del orden” (Periódico
Opción).
Elecciones locales manipuladas
Las elecciones de alcaldes, prefectos, vicepre-
fectos y concejales que
tendrán lugar el 23 de
febrero están claramente sesgadas y manipuladas por el oficialismo y
su poderoso aparato de
publicidad y propaganda, de manera que los
resultados son predecibles. En Alianza País
se han reciclado viejas
figuras de la partidocracia como Jimmy
Jairala, candidato a
Prefecto del Guayas, o
Gustavo Baroja, candidato a Prefecto de Pi-
chincha, lo cual muestra la falta de coherencia ideológica del partido de gobierno y la
continuidad de las
prácticas populistas.
Nuevamente se negocia un tratado de libre comercio
Luego de algunos años de
indecisión el gobierno de
Correa ha decidido retomar las negociaciones
comerciales con la Unión
Europea. Numerosos estudios y las evidencias
empíricas muestran que
este tipo de tratados favorecen a las potencias industrializadas y acarrean
efectos muy negativos
para los países subdesarrollados como el Ecuador, porque las brechas
productivas, tecnológicas
y comerciales son muy
amplias. Los sectores
más afectados por este
tipo de acuerdos son los
pequeños y medianos
agricultores y ganaderos
que se verán en la imposibilidad de competir con
los productores de la
Unión Europea, los misVolumen 1, No 3
mos que cuentan con grandes subsidios. La reciente
ola de protestas de los
campesinos colombianos
evidencian los resultados
de este tipo de acuerdos
que ya fueron firmados
por Colombia y Perú.
También la débil industria
nacional, los laboratorios
farmacéuticos y diversos
negocios resultarán perdedores, ya que tendrán que
someterse al pago de la
propiedad intelectual y las
patentes de diversos productos que ahora se obtienen y negocian sin mayores trabas. La misma biodiversidad del país que
tanto pregona el gobierno
resultará en beneficio de
las empresas extranjeras
que cuentan con la capacidad científica y económica
para industrializarla. El
Estado se debilita y pierde
soberanía ya que sus políticas deben adaptarse a las
condiciones impuestas por
las potencias imperialistas.
Esta decisión contradice el
discurso oficial de ir hacia
el cambio de la matriz productiva, ya que favorece el
modelo
primarioexportador y las actividades extractivistas petroleras, mineras y agrícolas.
En síntesis, estamos frente
a un gobierno que es la
expresión de los intereses
del gran capital internacional y nacional y que ha
logrado paralizar la lucha
social y la organización
popular que ha sido el viejo anhelo de la burguesía.
Para lograrlo utiliza la zanahoria de los subsidios, el
presupuesto social, la obra
“...Ha llegado la hora
de formar un gran
frente popular y de
izquierda que
permita detener el
proyecto burgués y
autoritario de
Correa…”
pública y el garrote de la
represión y la persecución judicial contra quienes se oponen a sus designios.
Ha llegado la hora de
formar un gran frente
popular y de izquierda
que permita detener el
proyecto burgués y autoritario de Correa.
Página 3

4. Posicionamiento de la mujer frente a la criminalización del aborto.
Una de las problemáticas
más sensibles por las cuales atraviesa la mujer es,
sin duda, su recurrencia al
aborto. Un hecho envuelto
en el estigma generado por
la cultura androcéntrica
que la criminaliza al momento que ha dejado de
cumplir su función dentro
del sistema. El tema de la
despenalización del aborto
en caso de violación no
debe tomarse como un
proceso aislado de la totali-
del discurso y de la práctica de
este gobierno. Para enfrentar
este problema es necesario un
posicionamiento claro ante
esta realidad, que no puede
continuar en el ocultamiento
mientras las mujeres continúan muriendo. Deben ser
respaldadas las posiciones que
defienden el derecho al aborto
seguro, el derecho a decidir
sobre nuestros cuerpos, sobre
nuestra sexualidad y nuestras
manifestaciones en contra de
este gobierno.
dad de este hecho, del cual
se estima que ocurren alrededor de 125.000 cada año.
En un mundo construido
por hombres y para hombres, pretender visibilizarlo
es, en tiempos de la
“revolución ciudadana”, un
asunto de afrenta al poder
concentrado en un solo
individuo, sin advertir que
la mujer podrá, en el momento en que lo decida,
tomar sus propias armas
ante la constante violencia
¡VUELVE LA ESCUELA POPULAR (Segundo período)!
Este sábado 25 de enero, se inició en Cuenca el segundo periodo de la Escuela
Popular de Fortalecimiento Político y Organizacional.
Organizan: La Punku Radio, el Movimiento al Socialismo, algunos Sindicatos, el Movimiento Ecológico, el
Polo Democrático y más compañeros.
Contactos:cils_cuenca@yahoo.com
Encuéntranos como: Escuela Popular de Capacitación Política.
http://comunicaxioncomunita.wix.com/escuelapopular
¡Uruguay: ¿Legalizar la marihuana para entregarle el negocio a Monsanto?
Mas Ecuador
Liga Internacional de los
trabajadores
http://www.litci.org/
Correo:
mas_ecuador@yahoo.com
Boletín
Resistencia Roja
El año pasado, Uruguay
aprobó la legalización de la
venta de marihuana, propendiendo a favorecer su
consumo regulado, con redes de distribución estatales,
registros e incluso impuestos. Esta medida representó
un avance de los derechos
democráticos y buscó enfrentar a las bandas de narcotráfico, cuyo dinero sucio
se lava en bancos de todo el
mundo.
Por esta razón, ha causado
sorpresa la denuncia que
medios de comunicación del
propio Uruguay han realizado. En realidad, se afirma, el
costo de la campaña televisiva a favor de la "regulación
responsable" de la marihuana, representó 100.000 dólares, que lo pagaron entre
la Fundación Open Society y
el grupo Drug Policy Alliance
(DPA); ambos vinculados a
George Soros, representante
de la multinacional del
agro-negocio: Monsanto.
Entonces, se informa, se
avanza a la comercialización
monopólica
de
la
marihuana por parte de
ésta multinacional, quitándole los réditos a las bandas del narcotráfico. Es un
punto importante a tomarlo
en cuenta en este debate:
la lógica del capital.