Pensamiento economico

José Félix Lafaurie Rivera
Pensamiento
Económico
FEDEGAN
Social
2006 2007

EL PENSAMIENTO ECONÓMICO
Y SOCIAL DE FEDEGAN 2006-2007
© 2007 Federación Colombiana
de Ganaderos FEDEGAN-FNG
ISBN: 978-958-98018-6-4
Calle 37 No. 14-31 PBX: 578 2020
Bogotá D. C., Colombia
www.fedegan.org.co
fedegan@fedegan.org.co
Dirección general:
Investigación:
Alfonso Santana Díaz, Ricardo Cortés Dueñas,
Luis Humberto Caballero Rodríguez, Sandra Castro Contreras
Coordinación Editorial:
Luis Humberto Caballero Rodríguez
Corrección Literaria:
Liliana Gaona García

Todos los derechos reservados
Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación,
por cualquier medio, sin permiso escrito del editor.
Diseño editorial e impresión
Sanmartín Obregón & Cía.
Primera edición
Bogotá D. C., diciembre de 2007
Impreso en Colombia

C ap í t u lo V
Entrevistas y Discursos | 323
Necesitamos una respuesta (Revista Semana) | 325
Los paras fueron el remedio, pero se convirtieron en un monstruo
(Diario El Tiempo, Pregunta Yamid Amat) | 327
Arranca el tren de la modernización ganadera (Diario El Tiempo) | 331
Nadie tiene autoridad para tirar la primera piedra (Revista Cambio) | 335
Ganaderos embisten (Revista Poder) | 338
“El ganadero no puede ser identificado automáticamente
como rico, terrateniente y paramilitar” (Revista Semana) | 346
Intervención en la Asamblea Anual de Asocebú | 350
Asamblea Anual de Afiliados Ciledco | 355
Cincuenta años de creación del Fondo Ganadero de Córdoba | 363
Lanzamiento del Premio Nacional de la Ganadería | 369
XXX Congreso Nacional de Ganadero | 373
La visión en torno a la formación del economista del 2019 | 388
Instalación de la 3.a
gira técnica de 2007 | 399
Desarmando la guerra y armando la paz | 411
XIX asamblea de Asoganorte | 420
Celebración del Día Nacional del Ganadero. Entrega del Premio
Nacional de la Ganadería. Lanzamiento de Fundagán | 430
Instalación de la Gira Técnica – Argentina 2007 | 440
Homenaje a las Fuerzas Militares de Colombia | 448
Inducción para gobernadores y alcaldes, 2008-2011 | 453

[ 11 ]
Prólogo
Doctor Carlos Holguín Sardi, Ministro del Interior y de Justicia de Colombia
Nadie puede afirmar que Colombia ha superado sus dificultades pero en el trans-
curso de estos últimos seis años durante los cuales José Félix Lafaurie Rivera ha
sido actor, testigo o relator, el cambio ha sido abismal. Camina la Nación con
paso seguro hacia la profundización democrática en un ambiente de mayor segu-
ridad, de mayor libertad y de mayor justicia. Camina la Nación hacia el desarrollo
económico en un clima de confianza inversionista sin parangón en el pasado. Ca-
mina también hacia mecanismos de inclusión social y sobre todo de superación
de la pobreza con un esfuerzo ingente de los sectores productivos contribuyendo
más y oportunamente al sostenimiento del Estado y a la generación de empleo y
del sector público que apoya de manera focalizada a la población más pobre a tra-
vés de programas como Familias en acción, ofrece oportunidades antes precluídas
a través de la Banca de Oportunidades y logra metas en cobertura de la educación
y de la seguridad social nunca antes alcanzadas.
La pista sobre la cual se han dado esos pasos es indudablemente la políti-
ca de seguridad democrática de la cual ha sido un logro importante el proceso
de paz cumplido con las autodefensas que pronto llevó a la desmovilización de
más de 31.671 miembros de sus estructuras de los cuales cerca de 2.975 están
postulados a los procedimientos de la Ley de justicia y paz con lo cual se inició
la reducción de la criminalidad, se afianzó un proceso de reinserción, se fomentó
la desmovilización de miles de combatientes de las guerrillas y se van generando
formas alternativas para el desarrollo de la Colombia rural.
Todos estos logros y las preocupaciones que le son inherentes se han suma-
do, con nota de prelación, a las enormes responsabilidades que recaen sobre el
Ministerio del Interior y de Justicia, cartera que dirijo desde agosto de 2006 y des-
empeño en el cual todos estos temas han concitado recientes e intensas jornadas

el pensamiento econ ó mico y social de fedegan
12
de sana reflexión con el hoy Presidente de Fedegán y autor de esta publicación
que me ha hecho el honor de solicitarme unas líneas a manera de prólogo.
Es José Félix Lafaurie Rivera uno de los pocos colombianos de los que pue-
do afirmar, con conocimiento de causa, que posee una visión completa sobre la
Colombia de hoy. Un dominio que ha hecho latente en los escritos que integran
esta publicación. Contundente, conciso y claro en sus afirmaciones, no ha dudado
en poner el dedo en la yaga de quienes, pudiendo hacer mucho por el país, han
optado por el silencio. Cuando no, para señalar la hipocresía o la doble moral que
ha cundido entre los detractores del Gobierno o del proceso de justicia transicio-
nal que emprendió el país con la Ley 975 de julio 25 de 2005.
Con él comparto la urgencia de revisar el contexto y profundizar en nuestro
pasado, para no caer en la infamia de hacer señalamientos a dedo. Con él com-
parto sentimientos encontrados de humildad y de impotencia frente a nuestro
drama de violencia. Con él comparto el reconocimiento de que la tensión entre
Justicia y Paz no tiene solución distinta a la fusión de la justicia en el derecho y
la ley para ponerla al servicio de la paz, porque la paz es un bien superior de la
sociedad. Así como el derecho a la vida es el derecho fundamental de la persona
humana, el derecho a la paz es el derecho fundamental de la sociedad.
Con él comparto que el imperativo de la justicia, no pasa necesariamente
por establecer la verdad. Ésta no se puede constituir en un alimento del odio y
la venganza, sino en el instrumento idóneo, para alcanzar el perdón y la recon-
ciliación que nos merecemos como nación. Comparto con él la obligación de
mantener el territorio nacional bajo la égida de las instituciones legítimamente
constituidas y de hacerle concesiones a la rigidez teórica sobre la “justicia perfec-
ta”, para alcanzar la paz.
Por supuesto que la preocupación de José Félix en este complejo entrama-
do, se ha centrado hoy en los ganaderos del país. Señalados, vilipendiados, estig-
matizados hasta el cansancio, por hechos que como él mismo lo ha expresado,
honesta y abiertamente, respondieron a un proceso político y social dramático
para la sociedad colombiana. “Un fenómeno, en donde los productores rurales
fueron las víctimas y cuya responsabilidad no es mayor a la del resto de la so-
ciedad, que permitió que asesinaran, secuestraran, extorsionaran y desplazaran a
miles de ganaderos y habitantes del campo, sin que nadie dijera nada y sin que el
Estado les garantizara la seguridad”.
De eso es consciente el Estado colombiano, así como de los llamados de
atención de José Félix, sobre la cortina de humo que se ha pretendido correr so-
bre la verdadera dimensión de la “colonización armada”, que protagonizaron los

P R Ó L O G O s
13
grupos alzados en armas en el campo colombiano. No en vano, la violencia de la
que han sido víctimas los ganaderos colombianos, es la razón principal por la cual
la consolidación de la paz, resulta tan decisiva para el sector, como para ningún
otro gremio en el país. Anhelan los ganaderos, como creo que anhelamos todos
los colombianos de bien, que la política de seguridad democrática y dentro de
ella, la Ley de justicia y paz, sean instrumentos para sellar la reconciliación entre
los colombianos.
En sus columnas editoriales Lafaurie Rivera, ha instado por un “gran con-
senso”, para que el país entienda que la paz empieza por el campo, por las zonas
marginadas y, que sin la paz, la sociedad no puede funcionar. Entendemos y com-
partimos que la ausencia de paz es el principal obstáculo, para que una sociedad
pueda alcanzar sus fines, para que el Estado pueda satisfacer las necesidades de
los asociados y garantizar el derecho primario de la persona humana, cual es el
derecho a la vida.
De ahí la decisión del Gobierno de recuperar el territorio nacional. Por eso
hoy no existe un municipio sin presencia del Estado. No solamente en los 1.099
municipios que conforman el país, sino en los corregimientos más importantes,
hay presencia activa de la Fuerza Pública.
De contera, logramos desmovilizar y desarmar a 33.000 hombres miembros
de un ejército irregular e ilegal y a 12.000 más de grupos guerrilleros y un total de
6.000 excombatientes de estas fuerzas de facto, están siendo procesados por deli-
tos de lesa humanidad. Así mismo, más de 100.000 víctimas han sido registradas
y pueden hoy rebelar los oprobios a que fueron sometidas.
Haber logrado todo ello en dos años, después de 60 de tragedia, de impu-
nidad, de silencio; son cifras, son hechos, son revelaciones, son verdades que nos
hacen sentir que vamos por el camino correcto; lleno de obstáculos, precipicios
y amenazas, pero que con el acompañamiento de todos los colombianos de bien,
podremos superar hasta llegar a las metas de la justicia, la verdad, la reparación,
la no repetición y la reconciliación.

[ 15 ]
Prólogo
Doctor Sabas Pretelt De la Vega, Embajador de Colombia en Italia
Escribo estas líneas desde Roma en donde ejerzo –por amable designación del
Presidente, Álvaro Uribe Vélez– el cargo de Embajador ante el Gobierno de Italia
y ante los organismos internacionales, establecidos en la “ciudad eterna”. Empezó
el otoño y los hermosos árboles que circundan el río Tiber han perdido la mayo-
ría de sus hojas. Las corrientes de aire frío me producen nostalgia, el clima por
esta época es muy parecido al de Bogotá.
Me viene a la memoria el día en que conocí a José Félix Lafaurie Rivera. Yo
era empresario y ejercía la Presidencia de la Junta Directiva de la Federación Na-
cional de Comerciantes (Fenalco) y, en esa calidad, representaba al sector privado
en el órgano directivo del Instituto de los Seguros Sociales. Viajaba con mucha
frecuencia de Cali a la capital para atender mis compromisos empresariales e
institucionales. Tenía 32 años vividos con intensidad y me faltaba prudencia para
hacer pronunciamientos públicos. Criticaba los malos servicios que se prestaban a
los usuarios en el ISS y la lentitud en la implementación de la reformas aprobadas
durante el Gobierno anterior, el del presidente Alfonso López Michelsen.
Una lluviosa tarde, después de una larga reunión con proveedores y comer-
ciantes bogotanos, recibí una llamada del Ministro de Trabajo y Seguridad Social,
Rodrigo Marín Bernal, quien después de un breve saludo me informó que en
nombre del presidente, Julio César Turbay Ayala, me ofrecía la Dirección Gene-
ral del ISS. Agradecí la designación, pero le respondí diciendo que no aceptaba,
porque tenía demasiados compromisos que atender y el sacrificio económico
sería muy grande. Viajé a San Andrés a supervisar unas construcciones de nuestra
empresa y allá al lado del mar, medité en las palabras del presidente Turbay: “Los
miembros del sector privado son buenos para criticar, pero a la hora del servicio
público no son generosos”.

16
Cambié de opinión, tomé el teléfono y llamé al ministro para informarle
que aceptaba. Adelantaría las reformas y luego me retiraría. El trabajo no era
fácil, en aquel entonces el Seguro era monopolio estatal y era la empresa más
grande del país. Los cambios empezaban por la descentralización y humaniza-
ción de los servicios, el aumento de los ingresos, la separación de los riesgos, la
eliminación de las numerosas convenciones colectivas para los funcionarios de
la seguridad social y la racionalización del gasto y de las plantas de personal.
Después de toda clase de amenazas, incluyendo algunas del M-19, de una buena
dosis de carácter y de concertación con las centrales obreras, se hicieron los
cambios y el Instituto superó su déficit financiero y cambió substancialmente
el servicio a los trabajadores colombianos. Lo hicimos en los 12 meses que me
había fijado como plazo.
Quince años después la Corte Constitucional, motivada en unas decisiones
administrativas de la Dirección del ISS, produjo unas sentencias que obligaron
volver a negociar onerosas convenciones colectivas con más de una decena de
sindicatos, eso, adicionado a nuestra tradicional politiquería, causó la quiebra eco-
nómica del mayor patrimonio social que teníamos los colombianos. ¡Qué terrible
frustración!
Adelanté, en aquel entonces, un programa para vincular profesionales inde-
pendientes como gerentes de las seccionales del Seguro. En ese escenario decidí
llamar a José Félix Lafaurie Rivera. Un hecho curioso marcaría su nombramiento
y lo que después se convirtió en una amistad duradera. Corría el mes de mayo de
1980 y el presidente Julio César Turbay Ayala nos acompañó a la inauguración de
la clínica Ana María, en Valledupar. Por distintas razones el Presidente consideró
necesario hacer un cambio en la gerencia de la seccional. Acéfala esa dirección,
recibí un sinnúmero de hojas de vida e incluso referencias verbales de personas
que podían reunir las condiciones para ocupar la vacante.
El día que cité a José Félix a mi despacho la sorpresa fue mayúscula. Me
encontré ante un muchacho muy joven, recién graduado y por esa razón le hice
saber que no lo podía nombrar. Con la espontaneidad propia de la edad y con
cierto tono irreverente, me dijo con tal seguridad y desparpajo, que él sólo estaba
respondiendo a mi llamado y que no se encontraba ni medianamente interesado
en hacerse a un puesto. De hecho acababa de tomar la desición de hacer política.
“!Usted fue quien me llamó!”, puntualizó.
No fueron tanto las palabras, como la actitud y la postura que asumió, las
que me hicieron pensar que ese muchacho, tenía el porte para acometer la ta-
rea. Recuerdo que le comenté. “La juventud nunca ha sido obstáculo para poder

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ejercer un cargo. ¿Usted se sentiría capaz?” Y luego de escuchar un contundente
“!Claro!”, ordené su nombramiento.
Seguramente ha sido el gerente más joven en la historia del Instituto. Lo
hizo muy bien, a tal punto, que mi sucesor lo ratificó y se lució como adminis-
trador público haciendo méritos propios. En su historial de aciertos se cuenta, en
aquella época, haber logrado implantar uno de los primeros pilotos para el esta-
blecimiento de la “medicina familiar” en Colombia, un modelo cuyas bondades
pronto se hicieron evidentes, cuando se empezó a multiplicar la cobertura y una
respuesta más personalizada del servicio de salud.
Le tomé aprecio y he seguido de cerca su recorrido como exitoso profesio-
nal. En mi condición de Presidente de Fenalco y luego como Ministro del Interior
y de Justicia, pude constatar cómo en la Contraloría General de la República
desarrolló nuevas tecnologías de control y cómo hizo lo propio como Superin-
tendente de Notariado y Registro. Ambas instituciones le deben a él gran parte
de su modernización y la gerencia social le aprendió su avanzado concepto sobre
la calidad del trabajo que deben tener los organismos del Estado.
En ambas instituciones dejó sentadas las bases para la modernización tec-
nológica y de la comunicación en tiempo real de las bases de datos estructurales
de sus servicios y productos. Al país le dejó el sistema de información para la
vigilancia de la contratación estatal (SICE). Concebido como una estructura au-
tomatizada para integrar todos los datos relevantes del proceso de contratación
estatal, permitiendo su autorregulación, control institucional y publicidad de las
operaciones, el SICE marcó una respuesta definitiva a la necesidad de desplegar
herramientas efectivas para combatir la corrupción. Este desarrollo recibió Men-
ción de honor en el Premio Colombiano de Informática 2005, de la Asociación
Colombiana de Ingenieros de Sistemas (ACIS).
Hoy ejerce como Presidente de Fedegán y es uno de los líderes, motivo de
orgullo de nuestro país. Defiende con decisión las posiciones de su sector, pero
siempre en su accionar priman los intereses de la Nación. Su labor ha ido desde la
estructuración del Plan estratégico de la ganadería, hasta fijar una posición contun-
dente de cara a los problemas sociopolíticos y económicos que afronta el país.
El doctor Lafaurie Rivera tiene claro lo urgente que es para el país optimizar
su competitividad y así penetrar mejor los mercados externos. No ha escatimado
esfuerzos para mejorar las condiciones de acceso real de los ganaderos a la capacita-
ción, asesoría técnica y profesional, y a los programas de financiación e infraestruc-
tura de primera línea para el faenamiento. El refuerzo a una importante institucio-
nalidad ha beneficiado en forma directa a cerca de 2.000 ganaderos del país.

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Mirar al interior de Fedegán es encontrarse con sorpresas gratas y logros
como la certificación “libre de aftosa con vacunación” para un altísimo porcentaje
del territorio nacional y del hato, así como con un gremio técnico, dedicado
a trazar directrices en materia de política agropecuaria y a tomar parte en los
grandes debates nacionales que conciernen a los ganaderos, como productores,
pero también como colombianos que viven en la mal llamada “periferia”. Una
condición que, por su puesto, incluye tocar las delicadas fibras del orden público
y de la esquiva paz.
En este aspecto debo decir que comparto la mayoría de sus planteamientos
sobre el proceso de paz que vive nuestro país y sobre todo su visión del agro
colombiano y creo en las alternativas que él formula, con la inteligencia que le
caracteriza, para la generación de empleo y de riqueza, fundamentos indiscutibles
de la necesaria distribución del ingreso nacional y de la justicia social.
Encuentro oportuna la publicación de este libro para que un mayor nú-
mero de ciudadanos conozca el pensamiento creador de Lafaurie Rivera y sus
aportes intelectuales al programa de desmovilización de los grupos ilegales al
margen de la ley. Más allá del inventario de los excombatientes, ha dicho con
una visión premonitoria que, “el desafío para el Gobierno nacional y las re-
giones, no es otro que el de desarrollar una estrategia, para mantener en la
legalidad a esta población, en extremo vulnerable y disminuir al máximo, la
posibilidad de su realistamiento en nuevos grupos o bandas al margen de la
ley”. Recuerdo la primera vez que mencionó los alcances de su propuesta de
inversiones sustitutivas de impuestos y de los llamados de atención al país sobre
la necesidad de reforzar la reinserción económica y social de los más de 40.000
hombres que han dejado sus armas.
Sus escritos nos recuerdan cuánta falta le hace a esta sociedad reconocer
que sólo la verdad puede hacer la diferencia en este complejo entramado de mu-
tuas recriminaciones y dardos inflamables. Hubo una responsabilidad colectiva y
sustraernos de la realidad, sólo inhibe la reconciliación con ese pasado de barba-
rie y, por supuesto, con la búsqueda del bien supremo de la paz.
Como él, veo con mucha preocupación el ambiente pugnaz como los co-
lombianos pretendemos llegar a la reconciliación nacional. A la Ley de justicia
y paz no se le ha reconocido sus enormes resultados en la aproximación a la
verdad y el haber impregnado a la sociedad de un arrepentimiento colectivo,
por el apoyo que muchos brindaron a los distintos grupos, ya sean guerrilleros
o paramilitares. Casi que se ha conseguido la garantía de no repetición de tan
funestos hechos.

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No hay político, militar, empresario o sindicalista que no haya tomado con-
ciencia del peligro que es para la Nación la existencia de estas organizaciones
delincuenciales y de las consecuencias penales de cohonestar con su funciona-
miento. Casi nada quedará oculto y el perjuicio que han sufrido los implicados y la
sociedad es motivo de reflexión generalizada. A la vez es trascendental acelerar los
procesos de reparación y mejorar la eficacia en los servicios a los desmovilizados.
Eso es positivo. Lo doloroso es la mezquindad en el reconocimiento y el de-
seo de algunos de venganza que no de justicia y paz. A otros les motiva el enrique-
cimiento al amparo una reparación mal entendida. Los veo agazapados detrás de
una víctima, para producir resultados financieros que no de reconciliación. Otros
pretenden imponer la diferencia ideológica, están dispuesto a perdonar a unos,
pero a los que no son de sus afectos, el escarnio y el castigo. ¡Cuánta bajeza!
Por eso, como dice José Félix, “no deja de sorprender el lacerante silencio
que han guardado muchos de esos actores que se vieron involucrados en esta
guerra”. Algunos sectores que hoy, desde cómodas posiciones, no tienen proble-
ma en hacer señalamientos a dedo o mirar por encima del hombro con una doble
moral, pretendiendo desconocer un pasado que hoy se ha vuelto más evidente.
Mientras tanto el país progresa. Un buen presidente y un equipo de gobier-
no logran día tras día mejor calidad de vida para millones de colombianos. Hay
que garantizar la continuidad de las políticas de Álvaro Uribe Vélez y para ello
hay muchas mujeres y hombres con la preparación y el carácter para lograrlo.
Entre ellos José Félix Lafaurie Rivera, brillante profesional costeño que me honra
con su amistad.

[ 21 ]
Presentación
Las reflexiones que componen las páginas de este libro, son sólo un intento de
aproximación, al complejo entramado del devenir político, económico y social
del país, en los últimos dos años. Son los trazos del rostro de una Nación que
difícilmente se puede abstraer de las dinámicas de largo aliento que ha recorrido,
para librarse de sus demonios. Esos que nos hablan de la vergonzosa sombra del
conflicto armado interno, de las asimetrías entono a las dos Colombias –la rural y
la urbana–, de la flama de la desigualdad, del boquete de las finanzas del Gobierno
Central y hasta de las fallas estructurales de nuestras políticas agraria o laboral.
Si bien el trabajo de análisis obliga a reconocer atávicas y dolorosas frustra-
ciones, también estimula a explorar, sin ambages, las construcciones que se han
erigido en pos de los más altos intereses de nuestra patria, y demanda un esfuerzo
para ser proactivo, en una coyuntura, particularmente tensa en nuestra historia,
de la que difícilmente nos hemos podido abstraer los gremios, los partidos po-
líticos, los movimientos ciudadanos, las ONG, los medios de comunicación, la
empresa privada, los sindicatos y las iglesias, en conjunción con el Estado.
No obstante este sano y reconfortante clima, en el que muchos quieren ha-
cer oír su voz frente a los grandes debates nacionales, no ha sido suficiente para
construir los amplios consensos que requiere el país y rodear a las instituciones
legítimamente constituidas en este delicado momento, en que hemos tocado el
punto neurálgico de “no retorno”, en temas tan delicados como la paz, la justicia
transicional y el intercambio humanitario, los cuales constituyen un todo con el
imperativo de los objetivos de desarrollo del Milenio pactados con la ONU y la
inminencia de seguir la senda del crecimiento sostenido de la economía y la in-
serción en los mercados externos. Es ahí donde debemos apuntar.
El ambiente de incertidumbre que en este momento respiramos los colom-
bianos en la denodada búsqueda de la verdad y la justicia, en la reparación a las
víctimas, la reinserción de los excombatientes de los grupos armados al margen

22
de la ley, entre otros, nos debe obligar a responder por qué esta sociedad ha pri-
vilegiado los procesos vindicativos y los disensos por encima de la reconciliación.
Una circunstancia que exige espolear con saña, en las posturas que hemos asu-
mido históricamente para enfrentar, como sociedad, los compromisos que infiere
la difícil tarea de resolver nuestro pasado y encarar el presente y el futuro, sin
vacilaciones y prejuicios.
Estas preocupaciones son las que enlazan, de principio a fin, los escritos de
El pensamiento social y económico de Fedegán, y que me han llevado, en no pocas
ocasiones, a cuestionar si a fuerza de soportar la dinámica de los errados mode-
los de desarrollo económico o de la prolongada guerra fratricida, nos creímos el
cuento de que no merecemos un escenario de prosperidad, en donde los habi-
tantes de la periferia, tanto como los del centro, tienen derechos. O, peor aún, si
las explicaciones culturalistas de nuestra violencia, hicieron carrera y terminamos
convencidos de que somos un pueblo de parias y violentos por naturaleza, inca-
paces de reconstruir nuestro tejido social y asirnos al bien público de la paz.
En hora buena, nada más alejado del sentir de los ganaderos. Y con ello
creo hablar, incluso, por todos los habitantes del campo. Queremos la paz y el
desarrollo sostenidos, por encima de cualquier consideración mezquina, porque
durante muchos años hemos sufrido los embates de la violencia y el abandono
estatal, en los más elevados niveles de crueldad. Porque estamos convencidos de
que en el sector rural se encuentra no sólo parte de la solución del conflicto, sino
también del progreso económico del país. Ese es el sentimiento que nos impulsa
a defender las propuestas de seguridad democrática y todas aquellas que promue-
van el crecimiento, la modernización y la equidad social, especialmente, para el
sector rural.
Aunque no nos vendemos mentiras y sabemos que el conflicto y la máquina
de guerra de los desmovilizados paramilitares, generaron dinámicas intrínsecas de
violencia que hoy perduran con nuevos y mortíferos esquemas, tenemos “empeña-
da nuestra palabra” en el propósito irrenunciable de la paz, en el duro camino que
hemos transitado hacia el posconflicto –en el que más de 40.000 hombres dejaron
las armas y se recuperaron territorios vedados para la civilidad– en la reconstruc-
ción de la memoria colectiva, en la cohesión del tejido social en las zonas que por
años han sido el campo de enfrentamiento de los alzados en armas y en una política
sólida para la modernización y desarrollo del sector pecuario bovino.
Por este camino, hemos aceptado públicamente nuestra responsabilidad co-
lectiva de cara al conflicto armado interno, como ningún otro sector productivo
del país lo ha hecho. En nuestra condición de víctimas, pagamos con creces el

presentaci ó n
23
hecho de haber crecido en el campo y bajo la ignominia del terror y la coacción
hacia los sectores productivos y del violento control territorial, social y político de
los actores armados. Lo hemos dicho desde estas columnas y en las más diversas
tribunas, sin hipocresías, instando, por el contrario, a un gran acuerdo nacional
sobre la responsabilidad colectiva con ese pasado de barbarie. Aunque por ello
hayan llovido sobre nuestro sector los más ominosos calificativos.
Y, por supuesto, no ha faltado el estímulo para resaltar los pasos que hemos
dado en el empeño por modernizar la ganadería del país. Aunque el camino por
recorrer aún es largo, de cara a las ambiciosas metas de nuestro Plan Estratégico,
hoy miramos el futuro desde una óptica favorable al cambio. Somos conscientes
de que le debemos asestar un salto cuantitativo y cualitativo a la competitividad
del sector, desde el eslabón primario de la cadena hasta la mesa del consumidor,
si queremos insertarnos exitosamente en un mundo cada vez más globalizado e
interdependiente.
Pero a la par con la presentación sucinta de los temas y las inquietudes que
nos aquejan como colombianos y como ganaderos, El pensamiento económico y
social de Fedegán es un esfuerzo por fortalecer la unidad de criterios entre los
agentes que intervienen en la cadena productiva pecuaria-bovina. Un afán por
debatir abiertamente nuestras debilidades y asimetrías, que van desde la misma
desarticulación de la cadena, hasta las fuertes distorsiones que registra el mercado
y las deficiencias en la aplicación de nuestras políticas de sanidad e inocuidad. Por
supuesto, más con el ánimo de corregirlas, que de hacer señalamientos a dedo.
No menos importante ha resultado el empeño por acercar a los hacedores
de las políticas públicas y a los sectores urbanos del país a la mal llamada “perife-
ria”. A esa Colombia bella por su naturaleza, frágil por su economía, herida por la
violencia y marginada por la urbanización. Nada diferente a un intento por llamar
la atención de la Colombia indolente y desinformada, ajena a las lágrimas de la
ruralidad, a nuestros muertos, a nuestros enormes vacíos de institucionalidad y de
bienes públicos y a nuestra pobreza.
No podría terminar estas líneas sin expresar mi sincero agradecimiento a
Colprensa y sus diarios asociados, a revistas del sector y a los periódicos La Re-
pública, El Nuevo Siglo, El Universal, La Opinión, La Tarde, Diario del Sur, Hoy,
Diario del Magdalena, El Informador, El Meridiano de Sucre, El Meridiano de
Córdoba, Diario del Huila, El Liberal y El Pilón que, en un acto de especial defe-
rencia con este servidor, han publicado generosamente mis columnas. Así mismo,
manifestar mi reconocimiento a la interminable lista de colaboradores y amigos
personales, que han hecho posible esta publicación, con su oportuna orientación

24
y apoyo investigativo para la construcción de estos escritos, o que con su crítica
sana y constructiva, me acompañaron en la tarea de formular salidas a nuestros
problemas colectivos, en un legítimo y honrado esfuerzo de hacer de nuestro país
un mejor lugar.
Presidente Ejecutivo de Fedegán

[ 25 ]
C ap í t u lo I
justicia y paz
El nuestro ha sido calificado como el conflicto armado más largo del mundo, si
consideramos que se inició en 1946, cuando se desató La Violencia partidista.
Por su puesto, otros podrán decir que la conjetura no es acertada y que el punto
de inflexión está cifrado en la aparición de las “guerrillas de primera generación”
(FARC, ELN y EPL), entre 1964 y 1967. Entonces, les diría que aún así, ostenta-
mos el vergonzoso estigma de estar ubicados entre los tres primeros del mundo.
Superados, únicamente, por la guerra entre Israel y Palestina y la disputa entre
India y Pakistán por la región musulmana de Cachemira.
En cualquiera de los casos, la referencia al antecedente histórico, nos habla de
más de seis o cuatro décadas, ustedes elijan, de una lucha fratricida, cuyas dimen-
siones aún nos resultan indescifrables. Pese a ello, nunca durante todo este tiempo,
habíamos intentado acercarnos a una conceptualización real sobre la reconciliación
y la búsqueda del bien preciado de la paz, para reconocer desde una perspectiva de-
mocrática, que si bien el conflicto y el disenso son inevitables y necesarios, también
pueden seguir el camino de la búsqueda civilizada de las soluciones.
Lo cierto es que hoy ese pasado se ha hecho omnipresente, con las funes-
tas versiones libres de los ex jefes paramilitares y ha regresado para desgarrar el
manto de olvido, la amnesia, la indiferencia y el silencio de miles, que ignoraron
a voluntad, lo que estaba ocurriendo en la mal llamada periferia. Entonces, los
hechos de barbarie eran transformados en abstracciones numéricas, en retazos
desarticulados y relatos ajenos, particulares e individuales. Porque fuimos incapa-
ces de sentir y actuar como colectivo. Nos acostumbramos a observar la tragedia
“del otro” desde la barrera, con una alta dosis de hipocresía y doble moral, sin
untarnos del miedo y del terror que sembraban los grupos armados ilegales, en
bastas zonas del territorio nacional.
Son precisamente estas preocupaciones, las que articulan las columnas edi-
toriales que integran este capítulo. El análisis ha incluido temas como el acuer-

26
do humanitario, el despeje de Florida y Pradera, la política de desmovilización,
desarme y reinserción, los intríngulis de la verdad, la justicia y la reparación a
las víctimas, la intervención de la comunidad internacional en nuestros azarosos
procesos de paz, el debate sobre el delito político, el avance de la Ley de justicia
y paz, la urgencia de construir consensos en torno a la búsqueda de la paz y la
reconstrucción de nuestra memoria colectiva.
Son asuntos que nos acosan con un fuerte sentimiento de inestabilidad e
incertidumbre, frente al presente y al futuro, porque la reconciliación y la paz
siguen siendo temas de incipiente debate y comprensión en nuestro medio, pese
al prolongado conflicto armado interno. Los contornos difusos del consenso para
la salida negociada y la reconciliación, hoy parecen quedarnos grandes, como nos
quedaron grandes en el pasado.
Urge convencer a esta sociedad de una conciencia civilista, reafirmar el re-
conocimiento y la aplicación de los derechos humanos y renunciar firmemente
a las creencias culturalistas, según las cuales somos una nación de parias y de
violentos por naturaleza. Urge dar prioridad a los procesos de reinserción y rein-
corporación de los excombatientes de los grupos armados, como premisa básica
para generar un espacio político y social para la reconstrucción del tejido social.
Urge visibilizar a todas las víctimas del conflicto armado, las de ayer y las de hoy,
las que desaparecieron y las que aún soportan el deplorable impacto del secuestro
o la tortura.
Urge que las soluciones engloben a todos, porque no podemos quedar-
nos anclados en un intercambio que discrimine, sin razón, entre colombianos
de primera y otros, de segunda, y que el secuestro continúe siendo un perverso
instrumento del conflicto. Aceptar un solo secuestro más como moneda de inter-
cambio, es renunciar a la construcción de nuevas formas de respeto y del reco-
nocimiento de los mínimos en materia de derechos humanos. Es sencillamente
renunciar a construir civilidad.
Urge, sobre todo, reconocer que somos hijos y hermanos de una misma
patria y que nos debe unir el propósito irrenunciable de la paz. A eso le hemos
puesto el corazón los ganaderos del país.

J U S T I C I A Y P A Z
27
Nos falta consenso*
Resulta cuestionable y preocupante que nuestra sociedad no haya podido pasar del
disenso a la construcción de consenso en un tema fundamental como es la paz. ¿Dónde
está la sociedad civil, que debería habilitar un debate serio y sin prevenciones de cara
al interés general? Por lo pronto, parece incapaz de entender lo que está pasando ahora,
como tampoco lo hizo en el pasado, cuando el país pudo haber incorporado a la vida
política y social a los grupos subversivos.
Las razones de Estado del presidente Uribe para liberar a Granda y excarcelar a
los 194 guerrilleros de las FARC, además de sorpresivas, han causado un com-
prensible escepticismo. Sin embargo, si algo nos dice la sana lógica, es que no se
trata de una salida ingenua ni improvisada, de un gobernante probado, cuyo ma-
yor activo es su política de seguridad. Son hechos que deben llamar a la mesura
y a un prudente compás de espera. Pero claro, es una solicitud espinosa para una
sociedad que no siempre acompaña al Gobierno en sus propósitos, quizá por su
tradición de no construir consensos, pero que se cree con derecho de sojuzgar
cuando las cosas no salen bien.
Hay hechos tozudos que hablan de la consistencia y la coherencia del dis-
curso y la acción del Gobierno, avalada con una postura contundente y explícita
al final de la administración Pastrana. Entonces, fue uno de los pocos colombia-
nos, que mostró su desacuerdo con habilitar, más allá de lo aconsejable, la zona
del Caguán, cuando las denuncias por abusos de las FARC y el desgaste de las
negociaciones, hacían prever el desenlace.
Por eso resulta apenas comprensible que ahora, cuando el Gobierno toma
decisiones tan complejas, la opinión no encuentre razones diferentes a las esgri-
midas y suponga que se trata de cortinas de humo con propósitos no explícitos.
El país debe inferir que detrás hay una política que busca avanzar en la aplicación
de la Ley de justicia y paz y crear escenarios para que otros actores armados en-
cuentren caminos de entendimiento con la sociedad. Porque ha sido el interés por
la paz y no la guerra, el que ha primado en la voluntad política del Gobierno.
Por su puesto, la crítica y el disenso son expresiones de una democracia.
Pero que esta sociedad no haya podido pasar del disenso, a la construcción

28
de consensos, en un tema fundamental como la paz, resulta cuestionable y
preocupante.
Esta sociedad se me antoja a un zombi, que desanda sus pasos y no aprende
del pasado. Ausente, sorda para acompañar procesos inaplazables. Incapaz de en-
tender lo que está pasando ahora, como tampoco lo hizo en el pasado cuando el
país pudo haber incorporado a la vida política y social a los grupos subversivos.
Desde las negociaciones de la administración Betancur se evidenció esa
intransigencia. Entonces, los movimientos insurgentes alcanzaron a establecer
las bases para una acción política desde lo público, pero prevalecieron intereses
opuestos. Los gremios, las Fuerzas Militares, el Congreso y hasta los partidos,
fueron incapaces de articularse. A la postre pagamos el error. El holocausto del
Palacio de Justicia, las matanzas de Tacueyó y la guerra sucia, que entre otras, dejó
más de 3.000 víctimas de la Unión Patriótica, pesaron y pesan en la conciencia
colectiva. Hoy son fantasmas que nos sacuden por un pasado que no hemos sido
capaces de superar.
Ha pasado mucha agua bajo el puente y más preguntas quedan sin res-
puestas: ¿Por qué no existe una expresión política clara desde la sociedad civil
en temas tan sensibles como la paz? ¿Cuál es el grado de compromiso que los
partidos políticos son capaces de asumir y respaldar? ¿Dónde está la sociedad
civil, que debería habilitar un debate serio y sin prevenciones de cara al interés
general? Si bien algunas instancias han visto en éste, como en otros procesos de
paz, una salida al conflicto, otras se han mostrado furiosamente contrarias y no
han escatimado en ponerle palos a la rueda. ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Cuáles
sus propuestas? ¿Cuánto tiempo nos tomará actuar como agentes racionales en
busca del bien público de la paz?
* Publicado el 8 de junio de 2007

29
Ahora, a construir consensos*
Si el repudio y solidaridad de los colombianos en las marchas contra el asesinato de
los once diputados del Valle, abren las puertas de la protesta civilista. Los símbolos y
significados que afloraron, nos dicen que no somos una sociedad de parias, incapaces
de interactuar en la vida pública. Es el momento para conformar, progresivamente, los
escenarios que habiliten los grandes consensos sociales en el tema de la paz.
El “nunca más” que pronunciamos al unísono los colombianos, en las jornadas cí-
vicas del pasado jueves desde Bogotá, Medellín, Cali, Sincelejo, Montería, Yopal,
Washington o Madrid fue el clamor nacional por la búsqueda del bien público de
la paz y en contra del infame flagelo de la violencia. Nos unimos como una Na-
ción, en un extraordinario abrazo fraterno, para manifestar pacíficamente, nuestro
repudio por el crimen de los once diputados y la infamia del secuestro. Fue una
expresión colectiva rotunda desde la sociedad civil, como pocas veces la había-
mos visto, con un efecto político, psicológico y moral formidable.
Como pocas veces también, la participación en la movilización se legiti-
mó así misma, por el sentimiento y los elementos de identificación política e
ideológica que unieron a los miles de ciudadanos, que, como verdaderos ríos
humanos, se agolparon en las calles y plazas del país. Símbolos y significados de
nuestra realidad, de nuestra identidad como Nación emergieron como referentes
que pasarán a la historia, en una incuestionable muestra del despertar del poder
de la naturaleza social de la protesta civilista, no violenta. En otras palabras, de la
recuperación de la “calle” para la oposición democrática.
Son esos símbolos, esos significados los que debemos capitalizar. Esos que
nos dicen que no somos una sociedad de parias que se somete a la violencia,
incapaces de interactuar en la vida pública. En un solo día abonamos el terreno,
que otros se han encargado de desvirtuar en más de 40 años de guerra, para
reconocer desde una perspectiva democrática, que si bien el conflicto y el di-
senso son inevitables, también pueden seguir el camino de la búsqueda civil de
las soluciones.
Y en este punto, el llamado es para la dirigencia que tiene responsabilidades
políticas en Colombia. Su misión, de cara a este impresionante movimiento colec-

30
tivo, no sólo pasa por identificar los hechos que justifican convocar a la sociedad
civil, para que exprese su solidaridad y su rechazo, sino además para conformar,
progresivamente, los escenarios que habiliten los grandes consensos sociales, la
consulta y la concertación.
En la búsqueda de esos consensos, el país requiere hacer visible a la sociedad
civil que se resiste a la barbarie y persigue la reestructuración del tejido social y
la dignidad de nuestro pueblo. Es un imperativo que los partidos políticos, los
gremios, los movimientos ciudadanos, las ONG, los medios de comunicación,
la empresa privada, los sindicatos y las iglesias, en conjunción con el Estado,
marquen las “líneas rojas”. Los grandes paradigmas que reivindican las libertades
fundamentales y los derechos humanos, como estandartes inviolables para los
transgresores de ese orden social, que abrigamos todos los colombianos en las
pasadas marchas.
Con una connotación adicional. La concertación que habilite el Estado y la
participación ciudadana en la misma, deben apuntar a un objetivo mayor, cuyo
éxito o fracaso, harán posible la distensión del conflicto armado o su demoledora
prolongación. Así como fuimos capaces de acercarnos al dolor de cientos de
familias, que padecen el cautiverio de sus seres queridos y de los miles que han
caído en las fosas comunes de la violencia, debemos reconocer la inminencia de
poner fin al conflicto en forma definitiva. Y en esa salida no puede ser inferior el
compromiso y la responsabilidad del Estado y de la sociedad civil, de la que mu-
chos nos preciamos de hacer parte, pero que luce dormida, apenas presta cuando
la sacuden, pero aún indiferente. Que sea esta la oportunidad para empezar a
construir los consensos que nos hacen falta.
* Publicado el 10 de julio de 2007

31
Reconocer la verdad hace la diferencia*
No deja de sorprender el lacerante silencio que han guardado muchos actores que, desde
la economía formal, se vieron involucrados en el conflicto armado. Sectores que hoy no
tienen problema en hacer señalamientos, pretendiendo desconocer un pasado que hoy se
ha vuelto menos espurio o más evidente. Cuánta falta le hace a esta sociedad, empezar
a reconocer que sólo la verdad puede hacer la diferencia en este complejo entramado de
mutuas recriminaciones y dardos inflamables.
En un exaltado debate, convocado hace siete años por la Comisión Segunda del
Senado, el ministro de Defensa de la época, Luis Fernando Ramírez, calificó la
discusión sobre el paramilitarismo como “hipócrita”. En sus términos, la opinión
se había circunscrito a juzgar a las Fuerzas Armadas, sin denunciar a civiles y em-
presarios que respaldaban esa práctica. Si bien, el pronunciamiento del funciona-
rio, no consideró el régimen de coerción y barbarie que mediaba en la “geografía
de la guerra”, sus palabras tuvieron el mérito de encarar, por primera vez, el tema
de la “vinculación” de los civiles en el conflicto armado.
El país se negó entonces a poner la cara y ese debate que, en su momento,
pudo haber generado una catarsis saludable, hoy desgarra la conciencia nacional.
Seguramente por la incapacidad de la sociedad de verse en el espejo de su propia
realidad. Empero, el país no puede negar que primero las guerrillas y luego las
autodefensas, alteraron las relaciones de poder, cambiaron el orden social y con-
figuraron un nuevo Estado, en sus zonas de control.
No sólo desafiaron el monopolio de las armas al Estado, sino que impu-
sieron sus leyes para administrar justicia, regular la economía y alterar las ad-
ministraciones locales. En esas regiones, la participación democrática quedó en
entredicho y la dinámica del capitalismo se afectó. Bajar la cabeza y callar eran
el salvoconducto para proteger la vida y adaptarse a las nuevas condiciones, en
donde la extorsión, el secuestro, el boleteo y las vacunas se convirtieron en el pan
de cada día.
Nadie decía nada, pero una inmensa mayoría tuvo que pagar o huir. Fue el
periodo del denominado “ausentismo”, cuando muchos empresarios administra-
ban sus negocios desde la ciudad y unos pocos desde el exterior.

32
No en vano la geofagia de las guerrillas y, después, de las autodefensas,
encaja con el mapa de las riquezas del país. Inmensas regiones agroindustriales
o de economía petrolera, aurífera, esmeraldífera o minera fueron invadidas. Pero
igual ocurrió en extensas zonas de narcocultivos, en donde floreció la compra de
tierras por parte del crimen organizado, y a la par una economía campesina de
supervivencia, que hoy denominamos, peyorativamente, “raspachines”.
Así, de lado de la economía formal, los ganaderos no fueron las únicas víc-
timas que se tuvieron que someter a las normas de forzoso cumplimiento de las
armas. De acuerdo con las versiones libres de los jefes de las autodefensas, firmas
como Postobón o Bavaria, estuvieron en la lista de los extorsionados, pero tam-
bién empresas del sector transportador, taxistas, petroleras, vendedores de pes-
cado o bananeras –sólo Chiquita Brand admitió haber pagado US$1,7 millones
durante siete años–.
Por eso no deja de sorprender el lacerante silencio que han guardado mu-
chos de esos actores que, desde la economía formal, se vieron involucrados en
esta guerra. Sectores que hoy no tienen problema en hacer señalamientos a dedo
o mirar por encima del hombro con una doble moral, pretendiendo desconocer
un pasado que hoy se ha vuelto menos espurio o más evidente.
Cuánta falta le hace a esta sociedad, empezar a reconocer que sólo la verdad
puede hacer la diferencia en este complejo entramado de mutuas recriminaciones
y dardos inflamables. Hubo una responsabilidad colectiva y sustraernos de la
realidad, sólo inhibe la reconciliación con ese pasado de barbarie. La preocupa-
ción es que hoy la búsqueda de la verdad sólo parece avanzar en pos de mayores
rencillas y más fracturas. ¡Qué lejos estamos de encontrar salidas válidas al enfren-
tamiento y cuánta hipocresía más podemos exhibir sin sonrojarnos! La verdad se
debe convertir en instrumento de reconciliación y no en máquina de venganza
que instigue para desencadenar nuevas violencias.

33
¿Qué dice la sociedad colombiana?*
La tragedia que vive la familia Vives Lacouture, tras el asesinato de Mauricio Ernesto,
a manos del ELN, es la misma de miles de colombianos que soportan el inenarrable
drama de la violencia y de un dolor enquistado en la propia médula espinal de nuestra
Nación. Son hechos que claman por el despertar de una sociedad, que parece no
inmutarse con el sufrimiento ajeno.
El sino trágico que ha enlutado a la familia Vives Lacouture encarna el horror y la
desazón de miles de colombianos que han tenido que soportar la degradación de
la confrontación bélica, que por largas décadas ha dejado una nueva categoría de
ciudadanos en el país: las víctimas. Han sido los rostros y las voces desencajadas
por la amargura, la lucha en solitario y la ignominia de sus muertos insepultos
o de vidas laceradas por la tortura o el cautiverio, las que han estado latentes en
nuestra historia reciente, pero que a la vez han sido vilipendiadas por una socie-
dad que pese a conocer su drama, prefiere dar la espalda y mantenerlas en su
condición de “invisibles”.
Fue ese el rostro que apenas ayer vimos en Santa Marta, en las expresiones
de abatimiento del senador Vives Lacouture. Momentos duros que hacen fla-
quear el alma y el ánimo de quien tiene que mirar otra vez a los suyos, en especial,
a la hija de su hermano, Mauricio Ernesto –asesinado por el Ejército de Libera-
ción Nacional– para reconocer que la indolencia de la guerra ha sido superior a
la lucha por la paz.
En el doloroso transe del reconocimiento del cuerpo de Mauricio, la familia
tiene la sospecha de que no fue dado de baja en el cruce de disparos, entre hom-
bres del Ejército y guerrilleros del ELN, ocurrido el pasado 22 de mayo, cerca de
la población de Palomino, departamento de La Guajira, sino que fue asesinado
previamente y que, como consecuencia de la acción ofensiva del Ejército contra
la guerrilla y no de una acción de rescate militar, se vio trenzado en un desenlace
fatal, luego de 19 meses de cautiverio.
Es difícil digerir una situación de esta naturaleza y mirar con los ojos de
hoy, lo que ha sido el largo y cruento proceso de esta familia. Tanto de los Vives
como de los Lacouture, más de 100 personas han sido víctimas de las guerrillas.

34
Sólo del entorno íntimo del senador Vives Lacouture, se cuenta el asesinato de
dos hermanos, el secuestro de un tío, más cuatro primos-hermanos, entre ellos un
primo doble, cuya condición de sordomudo le hacía más vulnerable y de quien la
familia no volvió a recibir noticias. Me pregunto, como quizá se pregunta Rosita
Lacouture de Dangónd, ¿cuál ha sido el cálculo que ha guiado el accionar de la
violencia contra los suyos, más aún cuando el secuestro no ha actuado como un
delito político para ejercer presión, ni como un vulgar botín de guerra?
Por demás, al sin sabor del asesinato de su hijo mayor, José, a manos de las
FARC –después de dos intentos sucesivos de secuestro– y del reconocimiento del
cadáver de Mauricio Ernesto, se suma, irónicamente, el cargo que afronta el pro-
pio senador Lucho Vives Lacouture, por concierto para delinquir. Señalamiento
que le atribuye la Corte Suprema, por supuestos vínculos con el paramilitarismo,
que en la sabiduría de esta instancia, habría repercutido en la votación atípica que
obtuvo su pasada campaña.
Es un hecho, que el Senador tendrá que responder y demostrar lo que para
muchos de los habitantes de la costa es una verdad de a puño. Que su votación
no fue el resultado de acuerdos oscuros bajo la mesa que, eventualmente, se ha-
brían realizado con fuerzas al margen de la ley, sino de la entrega de su familla a
la región. De una tradición fundada en más de 60 ó 70 años de servicio público,
primero de su abuelo, D. Pepe Vives, hombre visionario y pionero de la industria
bananera, senador por muchos años y fundador del periódico El Informador, y
después de Edgardo Vives –recientemente fallecido– quien durante toda su vida
se dedicó al servicio público.
¿Qué dice la sociedad colombiana? Es la pregunta que nos hacemos muchos
en esta coyuntura. Si somos concientes de que no se trata de un drama particular,
sino del drama de miles de familias que soportan la tragedia inenarrable de tanta
barbarie junta y del silencio ininterrumpido, de un dolor enquistado en la propia
médula espinal de la sociedad. ¿Dónde están los hechos palpables que nos dicen
que esta sociedad vive y respira, no sólo para repudiar los hechos de barbarie, sino
para buscar las salidas, los grandes consensos que nos lleven a una reconciliación
de fondo? ¿Dónde están las palabras, pero sobre todo los hechos de paz, que
nos digan que esta sociedad no duerme insensible? ¿Dónde están las manos y las
voces dispuestas a enfrentar nuestra memoria de dolor y violencia? y ¿dónde la
actitud propositiva para resolver ese pasado, acompañar a las instituciones y dar
un paso al frente, para poner fin a hechos que laceran el alma?

35
No todo vale*
Son muchos los hombres públicos y formadores de opinión que juegan al relativismo
moral. El Estado y la sociedad abandonaron el campo y permitieron, con su actitud
de omisión y su silencio cómplice, que fuera desbordado por la violencia de todas
las pelambres. Son los mismos ausentes que hoy toman distancia, para juzgar a los
agricultores y ganaderos de terratenientes, de explotadores y de paramilitares.
El mundo va y viene en medio de un cómodo relativismo moral. El cardenal
Ratzinger –Benedicto XVI– lo ha proscrito para los católicos frente a temas tan
sensibles y humanos como el control de la natalidad y el aborto, pero esa inmensa
feligresía, literalmente, “no le ha parado bolas” al mensaje papal y continúa siendo
católica a su manera, pues en el otro extremo del relativismo moral está el dog-
matismo inaplicable.
¿En dónde está la verdad? Las cosas no son blancas o negras necesaria-
mente, pero tampoco se pueden ubicar en un gris acomodaticio y baboso, que se
pliega a las conveniencias de cada quien.
Colombia no es la excepción. Esta sociedad recibió con folclor el sur-
gimiento del narcotráfico. Los marimberos fueron personajes de telenovela
y sus recursos fueron buenos cuando irrigaron “convenientemente” la eco-
nomía, pero malos cuando contribuyeron a disparar los precios. El Banco
Central tenía “ventanilla siniestra” y el Estado incorporó al narcotráfico en sus
cuentas nacionales. Desde entonces, sus capos se infiltraron en la economía
y en la política.
En este país de acomodados, alguien puede arremeter en la mañana contra
el perverso influjo del contrabando en la generación de empleo, y en la tarde irse
de compras a uno de tantos emporios de mercancía de contrabando. Fue ese
relativismo moral el que no les impidió a los políticos dejarse influenciar por el
narcotráfico, desde antes del proceso 8.000 hasta nuestros días. Y con ese abrigo
de doble faz, hoy se compran votos y se hace todo tipo de triquiñuelas, infligiendo
un daño enorme al sufragio como máxima expresión de la democracia; y mañana
se toma asiento en el Congreso para construir y defender esa misma democracia
vulnerada en la fuente.

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Son muchos los hombres públicos y formadores de opinión que juegan al
relativismo. El Estado y la sociedad abandonaron el campo y permitieron, con
su actitud omisiva y su silencio cómplice, que fuera desbordado por la violencia
de todas las pelambres. Son los mismos ausentes que, hoy toman distancia para
juzgar a agricultores y ganaderos de terratenientes, de explotadores y de parami-
litares.
Nadie pretende justificar la violencia y los excesos de unos y otros. Es claro
que el remedio de la autodefensa fue peor que la enfermedad de la guerrilla, pero
es evidente que semejante catástrofe surgió en un campo abandonado por todos.
Entonces, no es momento de lavarse las propias manos y ensuciar las de otros.
De ese relativismo moral que estigmatiza sin reparos, se pasa a la violencia verbal
y al señalamiento fácil e irresponsable. Se pasa al “todo vale”.
Todo vale para figurar, todo vale para obtener poder y todo vale para con-
trovertir las posiciones contrarias. El “todo vale” es el reino de la intolerancia eri-
gido sobre las cenizas del respeto a la diferencia. Por ese camino fueron asesina-
dos, hace 20 años, miles de simpatizantes de la UP, algunos, simplemente, porque
eran sociólogos de la Universidad Nacional y entonces debían ser guerrilleros;
otros porque eran apenas simpatizantes o hermanos o primos de tales.
Hoy se pretende hacer lo mismo con los ganaderos. Es lo que están hacien-
do algunos formadores de opinión al encasillar como auxiliadores del paramilita-
rismo a los cerca de 500.000 ganaderos, la mayoría de ellos pequeños producto-
res. No tenemos tanta vitrina como la UP y nadie habla del genocidio ganadero
a manos de la guerrilla; nadie habla de los miles de secuestrados, ni del impuesto
miserable de la extorsión, cuyo pago era condición de supervivencia.
Curiosamente, nadie, en ese entonces, nos tildó de guerrilleros –relativismo
puro– y nadie tampoco alzó su voz para defendernos. Pero hoy, quienes pagaron
inicialmente con algún entusiasmo y luego se vieron sometidos a la extorsión no
menos asfixiante de los paramilitares, ahí sí, todos ellos son paramilitares y, ahí
sí, quienes nunca levantaron la mano en nuestra defensa, hoy no bajan el dedo
acusador para achacarnos todos los males de la patria. No es más que sibilino
relativismo en la teoría, e implacable “todo vale” en la práctica.
Los ganaderos no aceptamos tales imputaciones. Rechazamos la estigmati-
zación irresponsable que pone una lápida en nuestras espaldas.
* Publicado en el diario El Tiempo el 27 de marzo de 2007

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Colombia digna:
¿De dónde venimos?*
Los colombianos logramos reconstruir confianza y empezamos a creer en nosotros
mismos. Empezamos a debatir nuestras falencias con el ánimo de superarlas. Nos
empezamos a asomar a otras latitudes, para decirle al mundo que Colombia tiene
problemas, pero también soluciones. Por todo eso los ganaderos continuamos respaldando
la política de seguridad democrática y la Ley de justicia y paz como instrumento
eficaz de desmovilización y sometimiento de los paramilitares; así como la acción de las
Fuerzas Armadas y la Policía para garantizar la tranquilidad ciudadana.
Cuando amaina la intensidad de la guerra y los ríos de sangre se empiezan a secar;
o cuando surge nuevamente la prosperidad generalizada, y unos ciudadanos que
vivían presos en las ciudades, recobran su libertad y vuelven a los campos; o cuan-
do el secuestro indiscriminado y la violencia contra el ser humano no distinguió
credo, raza, ni posesión de riqueza; o cuando el asesinato y tráfico de vidas hu-
manas, se detuvo; o cuando el desarraigo de miles de campesinos de sus terruños,
se controla; o cuando la destrucción de inversiones que todos los colombianos
habíamos hecho en miles de puentes, se reduce notablemente; o cuando la des-
trucción de riqueza, se logra detener; o cuando la economía ilegal empieza a ser
metida en cintura; ... cuando se observa todo eso, es porque se está cambiando el
rumbo de nuestra sociedad.
¿Cuál sería el escenario sino se hubiese hecho tal giro? ¿Cómo sería la vida
de los colombianos hoy? ¿Cómo serían nuestros campos y nuestras ciudades?
¿Cómo sería nuestra economía? ¿Cómo sería nuestra estructura social? ¿Hubiése-
mos tenido menos asesinatos y secuestros?
No tengo la menor duda: no estaríamos mejor en ese escenario de vio-
lencia. Se podría pensar que no se ha hecho lo suficiente, o que se habrían
podido escoger otros modelos para obtener resultados mejores. Lo que en
su momento fueron propuestas, son hoy realidades. Los colombianos seña-
lamos, en dos oportunidades, que la mejor opción era construir un Estado
comunitario, en donde la acción del Gobierno estuviese orientada a brindar
seguridad democrática, impulsar el crecimiento sostenible y la generación de

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empleo, construir equidad social e incrementar la transparencia y eficiencia
del Estado.
En ese proceso, las comunidades internacionales nos ayudaron muchísimo.
Éramos un mal vecino, al que había que restringirle hasta el saludo. Pero se logró
reconstruir confianza. Y lo más importante, los colombianos empezamos a creer
en nosotros mismos, en el Gobierno; empezamos a debatir nuestras falencias con
el ánimo de superarlas; empezamos a asomarnos a otras latitudes con la frente
en alto, para decirle al mundo que Colombia tiene problemas, pero también tiene
soluciones.
Empezamos a recuperar esos valores de vida que se refundieron en años
de constante confrontación por diversas razones, a entender cuáles habían sido
esas falencias, a entender que sin principios de civilidad no era posible construir
una sociedad más equitativa, y que sin institucionalidad no habría respeto a la ley,
ni podríamos adentrarnos en grandes proyectos. Entendimos que sí podíamos
construir un país a largo plazo y dejarle a nuestros hijos dónde vivir en mejores
condiciones. Entendimos que podíamos sentarnos a comerciar con los grandes
y que si no nos adentramos en la globalización, no tendríamos opciones mejores
para los colombianos.
Entendimos que somos superiores a nuestros problemas, y por ello nos sen-
timos orgullosos de nuestra patria. En estos pocos años hemos alcanzado un
puesto en el mundo y, sobre todo, hemos recuperado nuestra dignidad. No se nos
puede olvidar de dónde venimos y tampoco podemos trastocar nuestro norte.
Por todo eso los ganaderos continuamos respaldando la política de seguri-
dad democrática y la Ley de justicia y paz como instrumento eficaz de desmo-
vilización y sometimiento de los paramilitares; así como la acción de las Fuerzas
Armadas y la Policía para garantizar la tranquilidad ciudadana. También apo-
yamos la aprobación del TLC por parte de los Congresos de Colombia y Esta-
dos Unidos. Los ganaderos seguiremos construyendo, por encima de odios, esa
Colombia pujante, incluyente socialmente y participativa en la que nos hemos
comprometido.
* Publicado el 27 de abril de 2007

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Seguir cultivando*
Desde hace años no asistíamos a un clima de opinión tan positivo y a un ambiente
tan favorable para los negocios, como el que respiramos en la actualidad. No obstante,
la opinión pública es veleidosa y así como ha respaldado la política de seguridad
democrática, puede darle la espalda, en la medida en que los “señores de la guerra”
logren afectar el clima de tranquilidad. De ahí que resulte imperativo un consenso para
mantener la entereza ante circunstancias mezquinas, que sólo buscan echar por la borda
los esfuerzos, de sudor y lágrimas, de cientos de nuestros compatriotas.
La sostenibilidad de la política de seguridad democrática depende no sólo de la
eficacia de la Fuerza Pública sino, al mismo tiempo, de la conciencia que tome
la sociedad entorno a un tema tan importante como la tranquilidad pública. Es
evidente. En sólo dos años y medio este gobierno logró revertir, con creces, las
cifras de la escalada de violencia. Desde hace años no asistíamos a un clima de
opinión tan positivo y a un ambiente tan favorable para los negocios, como el que
respiramos en la actualidad. Pero es hora de reconocer que urge un consenso en
la sociedad civil, para rodear al Estado y a las instituciones legítimamente consti-
tuidas. Necesitamos repicar y andar en la procesión.
Los europeos no discuten sobre la seguridad interna de sus naciones, ni
los americanos, ni los países que por una u otra circunstancia han vivido guerras
externas. Tampoco lo hacen hoy aquellos que durante mucho tiempo han sufrido
confrontaciones, que han desgarrado el alma nacional. Y no lo hacen, porque
luego de recoger las cenizas, la sociedad civil decidió marchar al unísono de la
paz. En Colombia, no obstante, la prolongación del conflicto y de las guerras que
acompañaron a la democracia en el siglo XIX, no hemos podido construir un
consenso para hacer sostenible, en el tiempo, la política de seguridad democráti-
ca, que ha demostrado ser la única alternativa para alcanzar la paz.
Y suena irónico que una sociedad que ha podido sentir el retorno de la
economía a la senda del crecimiento y comprobar la construcción gigantesca de
riqueza, gracias a la mejora de la seguridad, aún permanezca anestesiada. Un es-
tado que le impide ver a los partidos políticos, a la clase dirigente, a los sindicatos,
a los gremios de la producción, a la comunidad empresarial y a la financiera, que

40
la seguridad es un bien público inalienable y un presupuesto incontestable para
mantener la democracia, el bienestar común y la estabilidad macroeconómica.
Las cifras lo dicen todo. De 2002 a 2004, el número de secuestros se redujo
en 52% al pasar de 2.986 personas a 1.441 y el número de víctimas en masacres
también diminuyó de 680 a 259 colombianos en el mismo periodo, un 62% me-
nos. Otro tanto ha ocurrido con los ataques contra la infraestructura. Así, por
ejemplo, la voladura de torres de comunicación y de energía se contrajo en 35% y
34%, respectivamente. Podríamos decir que es el saldo positivo del primero de los
lados de la ecuación, el relacionado con la eficacia de la Fuerza Pública.
Del segundo lado, se ubican quienes se han visto beneficiados con los re-
sultados, pero parecen estar en la actitud de “dejar hacer, dejar pasar”. Lo suyo
son las ganancias. Así, durante 2004 la bolsa de valores registró utilidades por
$21 billones y en los dos primeros meses de este año $9 billones. A su turno, las
ganancias del sector financiero fueron de $2,9 billones el año pasado, mientras
que los réditos de las 98 compañías más grandes del país llegaron a $3,3 billones
de pesos en 2004 −44% más que en 2003−.
Hay que tener claro que vendrán épocas muy difíciles. La capacidad de
disrupción del orden por parte de la guerrilla es enorme. Sucesos recientes como
los de Iscuandé, Apartadó y Puerto Inírida socavan la calma y ponen en peligro
la confianza de la opinión pública en las instituciones y en las victorias de las
fuerzas armadas y de policía. La opinión pública es veleidosa y así como ha res-
paldado la política de seguridad democrática, puede de un momento a otro darle
la espalda, en la medida en que los señores de la guerra logren afectar el clima de
tranquilidad.
De ahí que resulte imperativo un consenso para mantener la entereza ante
circunstancias mezquinas, que sólo buscan echar por la borda los esfuerzos, de
sudor y lágrimas, de cientos de nuestros compatriotas. La Colombia de hoy no es
la misma de hace tres años. Hemos avanzado en las tareas de seguridad democrá-
tica y no podemos dar ni un paso atrás. Hasta ahora la cosecha de seguridad ha
sido buena y hay que seguir cultivando. En manos de la sociedad civil está la res-
ponsabilidad de continuar la senda o dejar que la maleza arrase las conquistas.
* Publicado en enero de 2006

41
No se nos puede olvidar*
Existe preocupación entre los ganaderos frente a lo que vendrá después de la
desmovilización. Pero estamos convencidos de que sólo en la medida en que el campo
deje de ser el escenario para el conflicto y se convierta en un espacio de construcción
de riqueza y de bienestar colectivo, Colombia será un país donde la civilidad
se impondrá. Debemos, por tanto, apuntalar la desmovilización con un mayor
compromiso y sin mezquindades. Cuidarla y rodearla nos permitirá crecer en esa
dimensión social que se nos está proponiendo.
Hace año y medio, el 15 de julio de 2003, se firmó en Santa Fe de Ralito el primer
acuerdo entre las Autodefensas Unidas de Colombia y el Gobierno nacional. Y
contrario a lo que se cree en algunos sectores de la opinión nacional e internacional,
el proceso de paz avanza a pasos ciertos. En ese escaso tiempo ha logrado la incor-
poración a la vida civil de cerca de 3.700 militantes de este grupo.
Estamos en el inicio y difícilmente se podrían obtener mejores resultados.
La cifra de reinsertados es importante, pero ésta es una etapa crucial del proceso
que nos exige estar vigilantes y propositivos. Si fracasamos, ello se convertirá en
otra frustración, cuando el país había dado el paso de aceptar que las autodefensas
también constituyen otro generador de violencia, para las que el Estado podía
encontrar una solución política de desmovilización. Basta con retroceder un par
de años en el tiempo para darnos cuenta de lo que hemos ganado.
Tampoco se nos puede olvidar nuestra propia tragedia rural: prisioneros
en las grandes urbes, el campo abandonado, y las masacres y la destrucción de
pequeños poblados. Eran parte de los hechos cotidianos, la noticia del día, que
rayaba en la crónica roja y en el mar de la indiferencia. Las posiciones bélicas eran
más radicales. Las autodefensas no estaban dispuestas a ceder en su posición de
hacer justicia frente a las guerrillas, bajo el pretexto de cumplir una tarea en la que
el Estado colombiano había mostrado insuficiencia o había claudicado. Eso no se
nos puede olvidar.
El hecho de que hoy tengamos un respiro no nos debe regresar al estado de
indolencia social en que paulatinamente fue sumiéndose la sociedad colombiana,
ni a la cómoda posición de pensar que ese es un problema entre el Gobierno y

42
unos grupos de autodefensas, y que su solución se limita a otorgarles un espacio,
una capacitación y una ocupación.
No. Lo de Santa Fe de Ralito tiene más de fondo. Debemos entender que
el Estado colombiano está promoviendo unas condiciones para llegar a la paz, a
la convivencia y a unos mejores niveles de justicia social y económica. Así como
su función es, en el campo económico, la de proveer la infraestructura física para
que particulares puedan desarrollar con éxito y eficiencia actividades productivas,
en este caso se trata de que la sociedad en su conjunto contribuya a reedificar esa
infraestructura social, a reconstruir el tejido social de la comunidad rural aplasta-
da por la violencia.
Existe preocupación grande entre los ganaderos sobre lo que vendrá des-
pués de la desmovilización. Pero estamos convencidos de que sólo en la medida
en que el campo deje de ser el escenario para el conflicto y se convierta en un
espacio de construcción de riqueza y de bienestar colectivo, Colombia será un
país donde la civilidad se impondrá. Debemos, por tanto, apuntalar la desmovili-
zación con un mayor compromiso y sin mezquindades. Cuidarla y rodearla nos
permitirá crecer en esa dimensión social que se nos está proponiendo.
Los ganaderos estamos dispuestos a comprometemos en nuevas dinámicas
que rompan los círculos de miseria (53% de la población) y pobreza (85%) que
asfixian nuestro precario desarrollo campesino. Esas dinámicas son posibles si se
fragmenta el círculo perverso de baja rentabilidad y poca inversión, trayéndolo de
los sectores urbanos y modernos al campo. No exprimiéndolo, como ha sido tra-
dicional. La situación nos indica que debemos implantar un modelo de desarrollo
que permita atraer esos flujos de inversión hacia el campo y establecer reglas de
juego claras y equitativas, que fortalezcan la institucionalidad rural.
Detrás de lo de Ralito, lo que existe es una oportunidad y un llamado a todo
el empresariado colombiano, a la sociedad en su conjunto. El costo de la desidia
podría ser mayor al que hemos pagado.
* Publicado en febrero de 2006

43
Entre la dignidad y la construcción de futuro*
La mejor defensa de la dignidad ganadera son las acciones positivas y los resultados. A
quienes nos tildan de atrasados, podemos mostrarles los resultados parciales y las metas
de nuestro Plan estratégico 2019.
La desmovilización y reinserción de las autodefensas y, sobre todo, el someti-
miento de sus cabecillas, polarizó al país entre quienes pensamos que la Ley de
justicia y paz es un gran logro colectivo hacia la paz, como lo expresé en el pasa-
do Congreso nacional de ganaderos, y quienes sostienen que es sólo una panto-
mima para el fácil perdón de crímenes horrendos y la legalización de inmensas
fortunas. Así puede ser, realmente, si la justicia colombiana no está a la altura de
las circunstancias, pero, muy a pesar de los escépticos de oficio, está demostran-
do su independencia y su coraje frente a una situación de gran complejidad y no
pocos riesgos.
En medio de esa polarización frente a un tema tan rural y de tan alta sensibi-
lidad como el de las autodefensas, era de esperarse que los ganaderos “saliéramos
al baile”, como realmente sucedió. No pocos formadores de opinión despreve-
nidos, cuando no columnistas abiertamente desafectos, dejaron colar entres sus
comentarios la mención a los ganaderos como auspiciadores de las autodefensas,
en lo que representa una acusación genérica e irresponsable, adobada con los
tradicionales estereotipos de terratenientes y explotadores.
Mientras Navarro nos tilda de terratenientes desalmados, apelando a patéti-
cas comparaciones –“En las vegas del río Sinú, afirma, viven mejor los toros que
las gentes”–, desde casi la misma orilla, Kalmanovitz nos acusa de tramposos al
afirmar que “los propietarios de la tierra –los agricultores y ganaderos que saben
bien cómo subvaluar sus patrimonios– se zafaron olímpicamente de contribuir a
los costos del conflicto...”.
Desde otra orilla, Hommes no desaprovecha oportunidad para calificar a
los ganaderos de terratenientes atrasados y explotadores, mientras que Mauricio
Vargas acusa (a los terratenientes) de “(...) hacer fracasar, uno tras otro todos
los intentos de reforma agraria (...)” y de que “(...) algunos de ellos acrecentaron
su poder por la vía de la armas paramilitares(...)”; en tanto que Abad Faciolince

44
afirma que buena parte de Colombia está “(...) cogobernada entre los viejos ricos
propietarios de la tierras y los nuevos ricos mafiosos y terratenientes (…)”, para
invitar luego a “(...) desenmascarar no a los bandidos (...) sino a los políticos, a los
militares y a los dueños de las tierras, que son quienes verdaderamente contrata-
ron, dirigieron y auspiciaron a los grupos paramilitares”.
Ser propietario de tierra rural, ser ganadero, se está convirtiendo, en virtud
de tan sesgadas generalizaciones, en un delito. Nada más peligroso para el gremio
ganadero. Ha habido incursión de dineros del narcotráfico en la ganadería, como
la ha habido en la agricultura y en todos los sectores de la economía, en formas
más discretas, si se quiere, pero no en menores volúmenes –los ganados y las tie-
rras son difíciles de esconder–. Pero eso no quiere decir que todos los ganaderos
sean narcotraficantes, como no todos son atrasados y no todos incumplen sus
obligaciones laborales.
Frente a esta situación, el deber de Fedegán, y mi personal compromiso con
los ganaderos de Colombia, no es otro que defender la dignidad del gremio, a toda
costa y en donde fuere menester. Ya, frente a un micrófono radial, hube de apelar a
la enjundia ganadera ante la insolencia del periodista de turno. “Respete –le dije–.
Yo no soy el representante de un gremio de narcotraficantes. Yo soy el representan-
te de casi medio millón de ganaderos decentes y orgullosos colombianos”.
Reitero los principios de esta defensa:
• Nada justifica la ilegalidad ni la violencia, pero el abandono del Estado, la
ausencia de inversión pública y la indiferencia de la gran sociedad urbana, expli-
can plenamente el surgimiento de todos los males en la Colombia rural: guerrilla,
autodefensas y narcotráfico.
• Los ganaderos, como los campesinos y otros empresarios rurales, se vie-
ron sometidos a la extorsión de la guerrilla y luego a la de las autodefensas.
• Esa condición de víctimas y de sujetos pasivos del conflicto, no puede
convertir a los ganaderos de Colombia en paramilitares, como tampoco fueron
guerrilleros cuando, durante muchos y largos años, estuvieron sometidos al yugo
de su amenaza y extorsión.
• La responsabilidad colectiva de los ganaderos –que he aceptado pública-
mente– no es inferior a la de una sociedad omisiva y a la del Estado, que olvi-
daron al campo y lo llevaron a la postración, lo que polarizó por la fuerza a sus
habitantes, entre los dos extremos viciosos de la guerrilla y las autodefensas.
Pero la mejor defensa de la dignidad ganadera son las acciones positivas y
los resultados. A quienes nos tildan de atrasados, podemos mostrarles los resul-
tados parciales y las metas de nuestro Plan estratégico 2019. Claro que hay gana-

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deros informales, máxime si se tiene en cuenta que más de 200.000 son apenas
productores pequeños de subsistencia. Pero estamos adelantando acciones para
formalizar la actividad, a pesar de la falta de condiciones para ello, pues en mu-
chas regiones del país nadie sabe que es una ARP, porque no existe el servicio,
como no existen los de las cajas de compensación y muchos otros.
Estamos reconciliando a la ganadería con la naturaleza y nos estamos mo-
dernizando con titánicos esfuerzos. El país sabrá de ello por nuestros resultados.
Seguiremos defendiendo nuestra dignidad en las tribunas, pero la seguiremos de-
fendiendo, sobre todo, con nuestro esfuerzo diario en los olvidados campos de
Colombia.
* Publicado en Carta Fedegán N.° 98 (Enero-febrero de 2007)

46
Justicia y paz*
Es el nombre que se le dio a la ley por la cual se establecen las condiciones jurídicas para
las personas o grupos ilegales que decidan abandonar las armas y aceptar las reglas de
juego que hacen parte del contrato social entre los colombianos. Me gusta el nombre, porque
establece una clara relación de intencionalidad, es decir, entre lo que se va a hacer –definir
unas condiciones de justicia transicional– y lo que se quiere lograr –avanzar hacia la paz
del país– así la paz vaya mucho más allá de la mera aplicación de justicia.
Mi primer comentario tiene que ver con el proceso previo, pero íntimamente
relacionado, con la desmovilización. De hecho, antes de la sanción de la ley, ya se
había formalizado la entrega de algunos grupos de autodefensa, y antes de la sen-
tencia de la Corte Constitucional, ya se había desmovilizado la totalidad, lo cual,
afortunadamente, no hizo abortar el proceso pero sí le causó más de un tropiezo,
por el contraste entre expectativas y resultados, a raíz de las observaciones de la
Corte. Pero al margen de tales dificultades y, también, de la obcecada posición
de los contradictores de oficio, lo cierto es que más de 30.000 excombatientes
de regreso al redil de la legalidad y más de 20.000 armas silenciadas son un paso
gigante hacia la paz.
El segundo se relaciona con el proceso que derivó en la Ley 975 de 2005. En
efecto, la iniciativa gubernamental, la amplia participación ciudadana, el no me-
nos intenso debate legislativo, las observaciones de la Corte y las dificultades para
su inclusión, vía decreto reglamentario, convierten a esta norma en un resultado
sin precedentes para un proceso, también único en el mundo, orientado al difícil
empeño de ajustar la aplicación de la justicia a los más altos intereses de la paz y
la concordia entre los colombianos, sin dejar en el camino las justas reivindicacio-
nes de las víctimas, ni terminar consagrando la impunidad y el olvido total como
expedientes de solución. ¡Difícil tarea!
La ‘verdad’ es un tercer tema de sumo interés, o mejor, una válida preocupa-
ción. Somos partidarios de la ‘verdad’ como obligada condición para llegar a una
especie de “catarsis social”, es decir, a un estado que permita expulsar los odios
y perdonar las afrentas, sin olvidarlas, pues una sociedad que olvida sus tragedias
estará condenada a repetirlas. Lo que no se puede hacer es abrir la caja de Pando-

47
ra de los odios irracionales, que terminen convirtiendo a la justicia en instrumento
de venganza personal y no de sanción social, como le corresponde.
Somos demócratas de corazón y de razón, por supuesto, pero la Ley de
justicia y paz no se puede convertir en un desfile de la verdad, sumaria y sin
constataciones, donde cada quien pueda contar “la suya”, involucrando a miles de
colombianos que, por ausencia del Estado, debieron convivir en medio del fuego
cruzado y las presiones de guerrilla, autodefensas y narcotráfico.
Bien lo dijo el presidente Uribe en nuestra primera celebración del Día Na-
cional del Ganadero: “...he visto las gentes del campo de mi Patria entre atónitas
e inseguras, sin saber qué camino coger, en ocasiones frente a la guerrilla, en oca-
siones frente al narcotráfico y en ocasiones frente a los paramilitares. ¿De dónde
proviene esa inseguridad?: de la primera plaga, la falta de diligencia del Estado
para protegerlos”. Esos mismos ciudadanos, desprotegidos por el Estado frente
a la violencia –campesinos, funcionarios, ganaderos, agricultores, etcétera– no
pueden quedar hoy desprotegidos frente a una justicia que permita la incrimina-
ción fácil y sin consecuencias; como tampoco pueden quedar desprotegidos los
miembros de las Fuerzas Militares y de Policía, en ocasiones guardianes únicos
de la soberanía nacional frente a los ataques de los violentos. La Ley, por tanto,
deberá involucrar los mecanismos de control para que el derecho a la verdad no
termine en una medieval “cacería de brujas”.
Un cuarto comentario tiene que ver con la reparación, sobre todo en el tema
“tabú” de la tierra. No creo en las exageraciones de una “contrarreforma agraria”,
pero es evidente que el asunto tampoco se despacha con la restitución de 100.000
hectáreas. Una vez más, la solución es de garantías dentro del proceso: garantías
para denunciar sin temores, garantías de una adecuada investigación judicial que
permita rastrear la tenencia y la propiedad, y garantías de apoyo logístico por
parte de las entidades competentes en los temas de registro inmobiliario.
Finalmente, no es bueno olvidar que “lo perfecto es enemigo de lo bueno”.
Creo que nos encontramos frente a un cuerpo normativo capaz y suficiente para
acometer la difícil tarea de facilitar la reinserción de los grupos al margen de la
ley –la guerrilla incluida–, a partir de un excelente mecanismo de justicia ad hoc,
el cual, sin consagrar la impunidad, contiene los elementos de verdad, reparación
y castigo, necesarios para abrir caminos a la paz, con respeto por los derechos de
los individuos y sin menoscabo de la dignidad de la Nación.
* Publicado en Carta Fedegán N.° 96 (Agosto-septiembre de 2006)

48
¡2006: año de la democracia!*
Para los seguidores del Feng Shui, 2006 es el año del Perro de Fuego, con todas sus
predicciones sobre personas, negocios y naciones inclusive. Para los seguidores de
Colombia –para nosotros, los colombianos–, 2006 es, sin duda, el año de la democracia,
por la trascendencia de las transformaciones en sus procesos electorales.
En el mes de marzo elegimos nuevo Congreso de la República, tanto senadores
como representantes a la Cámara, al tiempo con diputados y concejales en todo
el país. Y el próximo 28 de mayo elegiremos presidente de la República para el
periodo 2006-2010. Y bueno, eso es algo que hacemos cada cuatro años, dirán los
más desentendidos.
Pero en esta ocasión nos encontramos frente a cambios de alto impacto para
el quehacer político del país. En cuanto a las elecciones parlamentarias, el desta-
cado politólogo, Pedro Medellín, nos prestará su pluma para un análisis sobre la
incidencia del nuevo esquema de umbral, cifra repartidora y voto preferente, en
la conformación del nuevo Congreso y en el también nuevo sistema de bancadas.
Y frente a la elección presidencial, que estrenará la posibilidad de reelección del
mandatario en ejercicio, el doctor Gabriel Murillo, profesor de Ciencia Política de
la Universidad de Los Andes, nos da su visión sobre el impacto de la alta presen-
cia del presidente Uribe dentro del proceso. Hemos invitado igualmente a cuatro
de los candidatos, con el ánimo de auscultar suposiciones sobre temas relaciona-
dos con el sector agropecuario y la ganadería, en un ejercicio que consideramos
valioso para nuestros lectores.
No obstante, ello no riñe con las posiciones que, sin menoscabo del fuero de
cada uno de los ganaderos, hemos tenido desde tiempo atrás como gremio. La pri-
mera de ellas, nuestro apoyo a la reelección como un gran paso adelante de la demo-
cracia colombiana, que permitirá al electorado reiterar su voto de confianza a quien
ha desarrollado una buena gestión o retirarlo a quien no ha llenado sus expectativas.
Y la segunda, el apoyo a la candidatura de Álvaro Uribe para un segundo
periodo presidencial. Con la misma convicción con que abanderamos su primera
campaña, hoy acompañamos este propósito de continuidad en políticas, que han
dado fruto, y en horizontes, que compartimos para Colombia.

49
Estaremos atentos a su gestión, como lo estaríamos hacia la de cualquier
otro presidente. Creemos, por ejemplo, que se deben redoblar los esfuerzos para
reducir la pobreza, y en ello compartimos con Carlos Gaviria que la política fiscal
es el factor por excelencia para la redistribución de la riqueza. Frente a los actuales
retos de competitividad, es total nuestro acuerdo con Antanas Mockus sobre que
“el camino es educar”; y secundamos la importancia que Horacio Serpa le brinda
al sector agropecuario en su programa.
La apuesta de Fedegán para los próximos cuatro años, y para los subsi-
guientes hasta 2019, está consignada en su Plan estratégico de la ganadería colombia-
na 2019, dentro del cual cobra especial interés nuestra propuesta de capitalización
rural a través de inversiones sustitutivas de impuestos, la cual promoveremos y
defenderemos ante el nuevo Congreso y el nuevo Gobierno. Colombia ha dado
grandes pasos en su evolución democrática, pero lo realmente importante es que
éstos se traduzcan en desarrollo y bienestar para los ciudadanos. El 2006 será el
año de la democracia; pero esperamos que el próximo cuatrienio sea también el
de la recuperación del campo colombiano.
Publicado en Carta Fedegán N.° 94 (Abril-mayo de 2006)

50
No podemos ser inferiores*
Después de cuatro años del proceso de paz con las autodefensas y dos de vigencia de la
Ley de justicia y paz, debemos darle una verdadera oportunidad a la reconciliación, a
la propia Ley 975 y a las instituciones legítimamente constituidas. El primer paso, quizá
sea sentir y actuar como Nación y reconocer que hubo una responsabilidad colectiva.
Una condición que nos puede llevar a construir los consensos que necesita el país.
Cuando el Gobierno abocó el camino de la justicia transicional, hace cuatro años,
lo hizo en pos de un objetivo superlativo: la búsqueda de la reconciliación y la
paz. El reto se montó sobre tres pilares fundamentales: la verdad, la justicia y la
reparación, cuerpos de musculatura robusta, que hoy se tambalean ante la sor-
presiva e inmanejable dinámica, que generó la aplicación de la Ley de justicia y
paz. La realidad desbordó la norma, la capacidad institucional del Estado y la
sensatez de la sociedad civil, para construir consensos calificados, en torno a estas
tres supremas categorías.
Aunque sabíamos que el proceso transicional implicaba enormes sacrificios
en materia de impunidad –indeseable en términos absolutos en el mundo de hoy–
había conciencia de que era el camino expedito para habilitar la salida política
con los paramilitares. No obstante, el discurso de muchos sectores se radicalizó
y se ató a las prerrogativas de un supuesto escenario de negociación con los
movimientos guerrilleros. Pero además, afloró una peligrosa carrera vindicativa
contra todos los señalados en esta singular grilla, independientemente del grado
de involucramiento con ese pasado de barbarie.
Por este camino, la verdad fue proscrita al escenario de mayores rencillas
y enfrentamientos. Verdades de todos los pelambres saltaron al ruedo y nos vol-
vimos exegéticos, hasta convertirla en un instrumento, un “arma” de valor “rela-
tivo”. La verdad se “ideologizó”, se “politizó”, se “personificó” y tomó el rostro
“interesado” de los actores involucrados. Hoy no pensamos en la verdad histórica
o judicial que podremos compartir y aceptar como Nación, sino en un engendro
producto de la venganza.
A su turno, la justicia corre el riesgo de colapsar. Entre otras razones, por-
que se modificó el sistema procesal probatorio. La autoincriminación, proscrita

51
por la Constitución, se convirtió en una obligación para los perpetradores. Con
dos agravantes. El primero, que las confesiones de los 2.771 sometidos a la ley,
deberán ser confrontadas con las víctimas –unas 70.000 censadas hasta el mo-
mento por la Fiscalía–. Sólo en el caso de Mancuso podrían participar 5.000, en
el de Jorge 40 otras 11.000 y en el de Don Berna unas 13.000. Y, segundo, que la
responsabilidad para reconstruir los crímenes, que se cometieron en más de tres
décadas del accionar de los grupos paramilitares, se endilgó a escasos 23 fiscales
y 150 investigadores.
Por su parte, la reparación adquirió un matiz “maximalista” por la justa cau-
sa de las víctimas. La arista hoy reviste la principal angustia para el país, desde el
punto de vista económico y fiscal, pues los estimativos hablan de un presupuesto
que oscilaría entre 19% y 33% del PIB de 2005 –entre $55,5 y $96,3 billones– para
resarcir el daño desde 1964. Una deuda impagable en la que el Estado asumiría
una responsabilidad subsidiaria, en el caso de resultar responsable, por acción o
por omisión o cuando los recursos de los desmovilizados no sean suficientes. Una
premisa que hoy perece más una certeza que una percepción.
Aunque los cuestionamientos son de grueso calibre, pregunto si no es hora
de darle una verdadera oportunidad a la paz, a la propia Ley 975 en sus dos años
de vigencia y a las instituciones, dada la prolongación del conflicto y el duro
camino que hemos transitado hacia este repunte del posconflicto, en el que más
de 40.000 hombres dejaron las armas y se recuperaron territorios vedados para la
civilidad. No podemos ser inferiores, como sociedad, a los compromisos para en-
frentar y resolver nuestro pasado. El primer paso, quizá sea sentir y actuar como
Nación y reconocer que hubo una responsabilidad colectiva. Quizá, entonces,
podamos superar la etapa de incertidumbre, que desató la reconstrucción de esta,
aún incipiente, memoria colectiva, que nos guste o no, debemos llevar a su pleno
reconocimiento.
*Publicado el 3 de agosto de 2007

52
Tamaña responsabilidad no la podemos eludir*
Aparte de mostrar las mejoras en las actividades propias del sector, Agroexpo debe
servir para enfatizar que el campo, además de producir los alimentos y proveer
seguridad alimentaria, es también el espacio del conflicto. Por eso los productores,
congregados en el recinto ferial, piden la paz como premisa para su desarrollo.
Como es tradicional en nuestra cita bianual de acercamiento del campo a la ciudad, en
esta oportunidad el entorno económico y social es propicio para analizar una serie de
temas que están en la palestra y obligan a establecer liderazgos, a consensuar y avan-
zar, que es lo que nuestros compatriotas y la dirigencia mundial nos está exigiendo.
Tamaña responsabilidad no la podemos eludir. El posconflicto, esa fase que
se nos está refundiendo entre la maraña de interpretaciones y exigencias que se le
está imponiendo al proceso de paz, no se puede excluir en este encuentro. Aparte
de mostrar las mejoras en las actividades propias del sector, Agroexpo debe servir
para enfatizar que, además de producir los alimentos y proveer seguridad alimen-
taria, el campo es también el espacio del conflicto.
No es un resultado fortuito, pues la gran política ha relegado el desarrollo
del sector rural a un segundo lugar. En parte, ello ha alimentado la perversa
correlación que existe entre pobreza rural y conflicto, y entre pobreza rural y
narcotráfico. Por eso, el sector agropecuario, congregado en el recinto ferial, pide
la paz como premisa para su desarrollo.
Esta expresión colectiva, al igual a la que se registró contra el infame acto
de violencia contra los 11 diputados y en miles de compatriotas anónimos, entre
ellos cientos de ganaderos, constituye y simboliza un referente incuestionable del
despertar de la protesta civilista no violenta. Y eso es lo que debemos capitalizar.
Ese hecho demuestra, una vez más, que la violencia nos atañe a todos, y que si
bien el conflicto y el disenso son inevitables, también pueden seguir el camino de
la búsqueda civil de las soluciones.
Vemos, en ese extraordinario crecimiento del 8% que registra nuestra eco-
nomía en el primer trimestre de 2007, una de las vías de acercamiento entre los
dos sectores, máxime ahora que el reordenamiento del sector rural surge por los
biocombustibles, en función del uso más eficiente de los suelos.

53
Esa recomposición deja el nicho del suministro mundial de carne y leche
bovinas a los países de los trópicos, que tienen capacidad para la producción
ininterrumpida de pastos y forrajes. De los 24 millones de toneladas en que se
incrementará la demanda mundial por carne de bovino en 2020, los países en
desarrollo tendrán la posibilidad de colocar 20 millones y los desarrollados sólo
cuatro. Y ahí Colombia tiene una enorme oportunidad que hay que apuntalar
con todo el arsenal institucional y legislativo posible, así como el productivo, para
alcanzar ese mercado, cuyo efecto, sin duda blindará el proceso de paz en que nos
hemos comprometido.
Para ello, el campo necesita mucha inversión. Inversión sostenible en forma
importante. Nuestro mensaje al sector urbano es que los ganaderos nos la esta-
mos jugando toda por alcanzar la paz y modernizar la ganadería colombiana para
sacarle, a la imparable globalización, el máximo provecho; pero que esa tarea
demanda más solidaridad y compromiso del sector urbano, para tener éxito.
Fedegán lamenta el fallecimiento del ex presidente Alfonso López Michel-
sen y expresa sus condolencias a los familiares de este insigne hombre que du-
rante su vida pública tuvo para con las cuestiones del sector rural, una especial
deferencia. Su marcha deja un vacío de liderazgo, el cual ejerció con denuedo
hasta sus últimos días, exhibiendo siempre una mentalidad analítica y creativa.
Adiós al hombre que siempre ponía a pensar al país.
*Publicado en el diario El Tiempo el 14 de julio de 2007

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