La Ley de Bases de Reforma Agraria de 1932 tenía como objetivo expropiar tierras de grandes propietarios y redistribuirlas a campesinos y jornaleros. La reforma tuvo dos fases: la primera entre 1932-1933 logró expropiar 116,837 hectáreas y asentar 12,260 familias, mientras que la segunda fase bajo el Frente Popular entre 1936 expropió 572,055 hectáreas y asentó 110,921 familias. Sin embargo, la reforma no logró sus objetivos debido a la falta de tiempo para su aplicación y alarm

1. COMENTARIO DE TEXTO 8 – LEY DE BASES DE REFORMA AGRARIA (1932)
Este comentario incluye dos documentos diferentes pero complementarios. El primero es de
tipo jurídico-político, es una fuente primaria y de carácter público. El autor, al tratarse de
asuntos legislativos, debe ser las Cortes Españolas, a partir de una propuesta inicial del
gobierno. Ya que el documento está fechado en 1932 se refiere al gobierno republicano-
socialista de Manuel Azaña y, concretamente, a una de sus principales políticas reformistas, la
Ley de Bases de Reforma Agraria (1932). Las gráficas posteriores son sin embargo una fuente
secundaria e historiográfica, recogida en 2004 en un libro de Historia de España de Segundo de
Bachillerato. Las gráficas abarcan un periodo más amplio que el primer documento, ya que,
además del Bienio Reformista y parte del Bienio Conservador, la segunda incluye el periodo de
gobierno del Frente Popular. Por último, la finalidad de estas leyes es dar solución a los
problemas del campo, siendo España uno de los países más atrasados de Europa en ese
momento. Por lo tanto los destinatarios serán los colectivos afectados, campesinos y sobre
todo jornaleros del sur de España y los propietarios latifundistas de esas zonas.
En cuanto al análisis, este documento en un principio nos ofrece tres de los artículos de la ley
cuya intención es legislar de que se va a realizar una expropiación de tierras con el apoyo del
IRA y que procederán de: (1) Las ofrecidas por los propietarios voluntariamente. (2) Aquellas
en las cuales se denote que no fueron compradas para ser cultivadas sino con fines
especulativos o para percibir su renta. (3) Aquellas que se considere que no se aprovechan
bien. Más adelante, observamos una comparativa de las tablas donde se nos muestra la
diferencia del volumen de tierras expropiadas y familias asentadas en ellas en el Bienio
Reformista y los meses de gobierno del Frente Popular, siendo muy superiores los datos de
esta última etapa a pesar de su corta duración: 116.837 hectáreas expropiadas en la primera
fase y 572.055 en la segunda. Las familias campesinas asentadas en la primera fase fueron
12.260, y 110.921 lo fueron en la segunda fase. Estas diferencias se hacen aún más patentes si
se considera la diferente duración temporal de las dos fases de la Reforma Agraria.
Situándonos en el contexto histórico debemos saber que la Reforma Agraria es considera el
proyecto de mayor envergadura que se realizó durante la Segunda República. Primero,
tenemos que hacer referencia a los procedentes, es decir, al problema agrario que se venía
arrastrando. Destacamos: los latifundios de la época romana, los repartimientos que fueron
favorecidos por la Reconquista y encomiendas que dieron lugar a grandes latifundios durante
la Edad Media, la preocupación de los ilustrados en el s. XVIII y por último, las primeras
reformas de los gobiernos liberarles del s. XIX y las desamortizaciones que no consiguieron el
objetivo de dar tierras al campesinado, sino que consiguió que las tierras se concentraran en
manos de la nueva clase burguesa terrateniente que apoyaría al gobierno liberal de Isabel II
(Medizábal).
Sin embargo, existen unas razones claras por las cuales esta reforma se llevo a cabo. La
primera, y más importante, es que en los años 30, la principal actividad económica en España
era aún la agricultura. Casi el 50% de la población activa eran agricultores, y de ellos, casi la
mitad jornaleros sin tierras. Un 25% de las tierras pertenecían a pequeños propietarios, y unos
pocos eran aquellos que poseían el 50% de las tierras. Los latifundios se concentraban en el
Sur, Extremadura y Andalucía, donde amplios sectores sociales soportaban paro o miseria lo

2. que les llevaba a ocupar tierras de forma ilegal siguiendo el movimiento anarquista. Por
último, deberíamos de nombrar que el campo era fuente permanente de conflictividad social,
por lo que la proclamación de la II República había hecho pensar a los campesinos que había
llegado el momento de cambiar la situación.
Entre los objetivos que la reforma agraria tenía destacamos:
Aumentar la rentabilidad de la agricultura española que, en 1930, presentaba un
índice de 61 frente a los 180 de Italia o 153 de Francia.
Paliar la miseria del campesinado español que representaba la mitad de la población
activa española. De los 8,5 millones de población activa la mitad trabajaba en el campo
y de éstos, unos 2 millones eran jornaleros.
Redistribuir la propiedad latifundista ya que en regiones como Andalucía, Extremadura
o Castilla el 50% de la tierra estaba en manos de un reducido grupo de propietarios.
La Reforma se puso en marcha a partir de la aprobación, en septiembre de 1932, de la Ley para
la Reforma Agraria, dentro del programa del denominado Bieno Reformista. Pero su aplicación
tuvo dos fases:
En la primera fase fechada entre los años 1932-33, se aprobó esta reforma tras las discusiones
que se produjeron entre los dos grandes partidos que formaban parte del gobierno de Manuel
Azaña: socialistas y republicanos. El republicano quería respetar la propiedad privada y a los
cultivadores directos y, en caso de expropiación, indemnizaría a los afectados; y el socialista
quería más expropiaciones y menos indemnizaciones. Al final se impuso el modelo más
moderado, es decir, el de los Republicanos. Una vez establecido el criterio sobre las fincas que
expropiar, que hemos visto en el articulado de la ley a comentar, cabían dos actuaciones: (1)
La primera era la de expropiar y no indemnizar. (2) La segunda era expropiar, no indemnizar a
la nobleza pero sí a todos los demás propietarios (posición que triunfó)
Una vez hecho esto, se procedía a reasignar las tierras a los campesinos, buscando promover la
explotación colectiva de dichas tierras. Para organizar todo este proceso se instituyó el citado
en el texto Instituto de Reforma Agraria (IRA), encargado de todas las cuestiones técnicas y
legales del proceso.
Los resultados de esta primera etapa no fueron de gran envergadura porque, como hemos
visto en las tablas, se expropiaron menos hectáreas de las previstas y se asentaron menos
campesinos de los deseados. Por otra parte, la respuesta del campesinado más radical fue la
ocupación directa de tierras, lo que obligó a intervenir a las fuerzas del orden de la república,
dejando en muy mala imagen al gobierno republicano-socialista.
Esta primera fase reformista acabó cuando, en el otoño 1933, el gobierno republicano-
socialista dimitió y al presidente, Alcalá Zamora, no le quedo más remedio que convocar las
elecciones para el 18 de noviembre. El Partido Radical (Lerroux), comenzó a gobernar con el
apoyo de la CEDA en el denominado Bienio Negro o Conservador (1934-36), en el que se
enfriaron o paralizaron todos los programas reformistas y, por supuesto, el de la Reforma
Agraria.

3. La segunda fase, el nuevo gobierno del Frente Popular retomó el proceso y lo desarrolló con
más repercusión. Los propios campesinos, sin esperar la legalidad, se decidieron a ocupar
tierras, y el gobierno simplemente normalizó los hechos. El clima social estaba ya muy
deteriorado. La nueva Ley de Reforma Agraria del Frente Popular se aprobó el 18 de junio de
1936. Pero, por razones sobradamente conocidas, prácticamente no se aplicó.
Finalmente esta reforma tan esperada no consiguió los objetivos previstos, principalmente por
la falta de tiempo en su aplicación. Alarmó a los pequeños y medianos propietarios, en vez de
limitarse a solucionar el problema del latifundismo. Puso en contra a los grandes
terratenientes y a la Banca. Provocó la radicalización del campesinado, jornaleros hambrientos
de tierra que se sintieron decepcionados con la República y prefirieron apoyar iniciativas más
revolucionarias y extremistas propuestas por los anarcosindicalistas. Para algunos estudiosos,
produjo el deterioro del clima social y de la convivencia hasta llevar a posturas irreconciliables
que desembocaron en la Guerra Civil.