EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO EN LA LEY DEL SERVICIO CIVIL

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En este trabajo, nos remitimos a desarrollar el tema sobre el Régimen Disciplinario Sancionador, tal como aparece en la Ley del Servicios Civil y su Reglamento General, y que más tarde podrá enriquecerse cuando sobre este tema tengamos las ejecutorias del Tribunal del Servicio Civil y la doctrina jurídica que sobre esta materia que con toda seguridad saldrá a la luz.

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EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO EN LA LEY DEL SERVICIO CIVIL

  1. 1. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO EN LA LEY DEL SERVICIO CIVIL 1
  2. 2. CIRO V. PALOMINO DONGO HUGO PALOMINO ALMANZA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO EN LA LEY DEL SERVICIO CIVIL Y SU REGLAMENTO GENERAL A MODO DE PRESENTACIÓN A pesar de la fuerte oposición de los servidores públicos a nivel nacional expresada en paros, marchas y propuestas alternativas, se aprobó y promulgó la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, con el objeto de establecer un régimen único y exclusivo para las personas que prestan o desean prestar sus servicios profesionales, técnicos o auxiliares en las entidades públicas del Estado. Como estaba previsto, esta ley de algún modo iba a involucrar dentro de sus alcances a los servidores públicos de los regímenes laborales del Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y del TUO del Decreto Legislativo Nº 278, Ley de Productividad y Competitividad Laboral del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, y así lo hizo en su Novena DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES, donde literalmente se señala: “NOVENA. Vigencia de la Ley a) A partir del día siguiente de la publicación de la presente Ley, son de aplicación inmediata para los servidores civiles en los regímenes de los Decretos Legislativos 276 y 728, las disposiciones sobre el artículo III del Título Preliminar, referido a los Principios de la Ley del Servicio Civil; el Título II, referido a la Organización del Servicio Civil; y el Capítulo VI del Título III, referido a los Derechos Colectivos. Las normas de esta Ley sobre la capacitación y la evaluación del desempeño y el Título V, referido al Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador, se aplican una vez que entren en vigencia las normas reglamentarias de dichas materias, con excepción de lo previsto en los artículos 17 y 18 de esta Ley, que se aplican una vez que se emita la resolución de inicio del proceso de implementación. Este dispositivo no afecta los programas de formación profesional y de formación laboral en curso. b) La disposición complementaria final tercera, la disposición complementaria modificatoria segunda, la disposición complementaria transitoria sexta y el literal l) del artículo 35 de la presente Ley rigen desde el día siguiente de la publicación de la presente Ley. c) Las demás disposiciones de la presente Ley entran en vigencia al día siguiente de la publicación de los tres (3) reglamentos descritos en los literales a), b) y c) de la décima disposición complementaria final de la presente Ley. d) Las disposiciones del Decreto Legislativo 276 y del Decreto Legislativo 728 y sus normas complementarias, reglamentarias y de desarrollo, con excepción de lo dispuesto en el literal a) de la novena disposición complementaria final de la presente Ley, son de exclusiva aplicación a los servidores comprendidos en dichos regímenes. De modo que se encuentra en plena vigencia para los servidores públicos (que así los llamaremos a lo largo de este trabajo) de los referidos regímenes laborales, varios importantes Títulos y Capítulos de esta Ley y su Reglamento General, a saber: 2
  3. 3. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO EN LA LEY DEL SERVICIO CIVIL A.- El Capítulo III del Titulo VI del de la Ley del Servicio Civil referido a LOS DERECHOS COLECTIVOS, que entraron en vigencia desde la publicación de la misma, que fue el día 04 de julio del 2013, veamos: CAPÍTULO VI: DERECHOS COLECTIVOS Artículo 41. Normas específicas respecto a la sindicación Artículo 42. Solicitudes de cambio de condiciones de trabajo o condiciones de empleo Artículo 43. Inicio de la negociación colectiva Artículo 44. De la negociación colectiva Artículo 45. Ejercicio de la huelga Los mismos que han sido ampliados en los Capítulos I al IV del Título V del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por el Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM. “TÍTULO V: DERECHOS COLECTIVOS CAPÍTULO I: DERECHO DE SINDICACIÓN Artículo 51.- De la libertad sindical Artículo 52.- Protección frente a actos de discriminación antisindical Artículo 53.- Protección frente a actos de injerencia Artículo 54.- Fines y funciones de la organización sindical Artículo 55.- Obligaciones de las organizaciones sindicales Artículo 56.- Número de servidores para constituir una organización sindical Artículo 57.- De las federaciones y confederaciones Artículo 58.- De la constitución Artículo 59.- Del registro sindical Artículo 60.- De la disolución de la organización sindical Artículo 61.- De las licencias sindicales Artículo 62.- Actos de concurrencia obligatoria Artículo 63.- Dirigentes con derecho a asistencia a actos de concurrencia obligatoria Artículo 64.- De la suspensión o destitución de dirigentes Sindicales CAPÍTULO II: NEGOCIACIÓN COLECTIVA Artículo 65.- Ámbito de aplicación Artículo 66.- Alcances de la negociación colectiva Artículo 67.- Representación en la negociación colectiva Artículo 68.- Definición de convenio colectivo Artículo 69.- Características del convenio colectivo Artículo 70.- Inicio de la negociación colectiva Artículo 71.- Comisión Negociadora Artículo 72.- Procedimiento de la negociación colectiva Artículo 73.- Vigencia del convenio Artículo 74.- Del arbitraje Artículo 75.- Conformación del Tribunal Arbitral Artículo 76.- Laudo Arbitral Artículo 77.- Aplicación supletoria de normas sobre arbitraje Artículo 78.- Nulidad de convenios y laudos CAPÍTULO III: DERECHO DE HUELGA 3
  4. 4. CIRO V. PALOMINO DONGO HUGO PALOMINO ALMANZA Artículo 79.- Definición de huelga Artículo 80.- Requisitos para la declaratoria de huelga Artículo 81.- Huelga atípica Artículo 82.- Ámbito y vigencia de la huelga Artículo 83.- De los servicios indispensables Artículo 84.- De los servicios esenciales Artículo 85.- Deber de continuidad de servicios indispensables y servicios esenciales CAPÍTULO IV: DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Artículo 86.- De la Comisión de Apoyo al Servicio Civil Artículo 87.- Competencias de la Comisión Artículo 88.- De la designación de los miembros de la Comisión Artículo 89.- Periodo de designación B.- También se encuentra en vigencia el Capítulo III del Título III de esta Ley referidas a la capacitación y la evaluación del desempeño laboral: TITULO III: DEL RÉGIMEN DEL SERVICIO CIVIL CAPÍTULO III: DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Artículo 19. Finalidad del proceso de evaluación Artículo 20. Alcance de la evaluación de desempeño Artículo 21. Responsables del proceso de evaluación Artículo 22. Proceso de evaluación de desempeño Artículo 23.Tipos de evaluación de desempeño Artículo 24. Los factores de evaluación Artículo 25. Retroalimentación y calificación Artículo 26. Consecuencias de la evaluación Artículo 27. Supervisión de los procesos de evaluación Las mismas que han sido reglamentadas por los Títulos III y IV del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por el Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM. TÍTULO III: DE LA GESTIÓN DE LA CAPACITACIÓN Artículo 9.- De la Capacitación Artículo 10.- Actores en la Capacitación Artículo 11.- Funciones del Ente Rector Artículo 12.- De las Oficinas de Recursos Humanos Artículo 13.- De los Entes Rectores Artículo 14.- Planificación de la Formación Laboral Artículo 15.- Financiamiento de formación laboral a solicitud del servidor civil Artículo 16.- Formación laboral para servidores calificados como personal de rendimiento sujeto a observación Artículo 17.- Planificación de la Formación Profesional Artículo 18.- Acceso a la Formación Profesional Artículo 19.- Compromisos asociados a la Capacitación Artículo 20.- De las facilidades para capacitación Artículo 21.- Información de la capacitación Artículo 22.- Certificación de programas de capacitación Artículo 23.- De la evaluación de la capacitación 4
  5. 5. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO EN LA LEY DEL SERVICIO CIVIL 5 Artículo 24.- De los Becarios TÍTULO IV: DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO Artículo 25.- De la Gestión del Rendimiento Artículo 26.- Responsabilidades en materia de gestión del Rendimiento Artículo 27.- Ente Rector en la gestión del rendimiento Artículo 28.- Del Titular de la Entidad Artículo 29.- De la Oficina de Recursos Humanos Artículo 30.- De los Evaluadores Artículo 31.- Del Comité Institucional de Evaluación Artículo 32.- Conformación y votación del Comité Artículo 33.- Funciones del Comité Artículo 34.- De los Evaluados Artículo 35.- Factores, metodologías e instrumentos básicos Artículo 36.- Adecuaciones o modelos alternativos Artículo 37.- Ciclo de la Gestión del Rendimiento Artículo 38.- De la Etapa de Planificación Artículo 39.- Etapa de Establecimiento de Metas y Compromisos Artículo 40.- Consideraciones para la definición de Metas y Compromisos Artículo 41.- Modificación de Metas Artículo 42.- De la Etapa de Seguimiento Artículo 43.- De la Etapa de Evaluación Artículo 44.- Consideraciones para la realización de la Evaluación Artículo 45.- De la Etapa de Retroalimentación Artículo 46.- Personal de rendimiento sujeto a observación Artículo 47.- Personal con calificación de desaprobado Artículo 48.- Información personal de evaluación Artículo 49.- Impacto de la evaluación en la gestión de los recursos humanos Artículo 50.- Del informe sobre los resultados para el Congreso de la República y a la Contraloría General de la República. C.- Del mismo modo también han entrado en vigencia para los trabajadores de ambos regímenes, las normas del Título V de la Ley, a saber: TÍTULO V: RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR CAPÍTULO I: FALTAS Artículo 85. Faltas de carácter disciplinario Artículo 86. Régimen de los ex servidores de las entidades Artículo 87. Determinación de la sanción a las faltas CAPÍTULO II: RÉGIMEN DE SANCIONES Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Artículo 88. Sanciones aplicables Artículo 89. La amonestación Artículo 90. La suspensión y la destitución Artículo 91. Graduación de la sanción Artículo 92. Autoridades Artículo 93. El procedimiento administrativo disciplinario Artículo 94. Prescripción Artículo 95. El procedimiento de los medios impugnatorios
  6. 6. CIRO V. PALOMINO DONGO HUGO PALOMINO ALMANZA Artículo 96. Medidas cautelares Artículo 97. Medidas correctivas Artículo 98. Registro de sanciones Estas normas han sido reglamentadas por los capítulos I al IV del Título VI del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por el Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM: TÍTULO VI: RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES Artículo 90.- Ámbito de Aplicación Artículo 91.- Responsabilidad administrativa disciplinaria Artículo 92.- Principios de la potestad disciplinaria Artículo 93.- Autoridades competentes del procedimiento administrativo disciplinario Artículo 94.- Secretaría Técnica Artículo 95.- Competencia para el ejercicio de la potestad disciplinaria en segunda instancia Artículo 96.- Derechos e impedimentos del servidor civil en el procedimiento administrativo disciplinario Artículo 97.- Prescripción CAPÍTULO II: FALTAS DISCIPLINARIAS Artículo 98.- Faltas que determinan la aplicación de sanción disciplinaria Artículo 99.- Falta por inobservancia de restricciones para ex servidores civiles Artículo 100.- Falta por incumplimiento de la Ley N° 27444 y de la Ley N° 27815 Artículo 101.- Denuncias CAPÍTULO III: SANCIONES Artículo 102.- Clases de sanciones Artículo 103.- Determinación de la sanción aplicable Artículo 104.- Supuestos que eximen de responsabilidad administrativa disciplinaria Artículo 105.- Inhabilitación automática CAPÍTULO IV: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Artículo 106.- Fases del procedimiento administrativo disciplinario Artículo 107.- Contenido del acto que determina el inicio del procedimiento administrativo disciplinario Artículo 108.- Medidas cautelares Artículo 109.- Cese de los efectos de las medidas cautelares Artículo 110.- Del plazo legal para la emisión y notificación de la resolución que pone fin al procedimiento Artículo 111.- Presentación de descargo Artículo 112.- Informe Oral Artículo 113.- Actividad probatoria Artículo 114.- Contenido del informe del órgano instructor Artículo 115.- Fin del procedimiento en primera instancia Artículo 116.- Ejecución de las sanciones disciplinarias Artículo 117.- Recursos administrativos Artículo 118.- Recursos de reconsideración Artículo 119.- Recursos de apelación Artículo 120.- Agotamiento de la vía administrativa 6
  7. 7. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO EN LA LEY DEL SERVICIO CIVIL Como tenemos dicho, a la fecha todos estos dispositivos se encuentran vigentes por mandato del c) de la Novena DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES de la Ley del Servicio Civil, que señalaba lo siguiente: c) Las demás disposiciones de la presente Ley entran en vigencia al día siguiente de la publicación de los tres (3) reglamentos descritos en los literales a), b) y c) de la décima1 disposición complementaria final de la presente Ley”. Lo que efectivamente ha sucedido el día 13 de junio del 2014 con la publicación en el Diario Oficial “El Peruano” del Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, del 11 de junio del 2014, que aprobó el Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, y las otras dos normas reglamentarias más, de modo a partir del día 14 de junio del 2014, estas normas involucran directamente a los servidores públicos de los regímenes laborales del Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y del TUO del Decreto Legislativo Nº 278, Ley de Productividad y Competitividad Laboral del Decreto Supremo Nº 003-97-TR. En este trabajo, nos remitimos a desarrollar el tema sobre el Régimen Disciplinario Sancionador, tal como aparece en la Ley del Servicios Civil y su Reglamento General, y que más tarde podrá enriquecerse cuando sobre este tema tengamos las ejecutorias del Tribunal del Servicios Civil y la doctrina jurídica que sobre esta materia que con toda seguridad saldrá a la luz. 7 Abancay, octubre del 2014 1 DÉCIMA. Disposiciones reglamentarias En un plazo de ciento ochenta (180) días calendario se dictan las normas reglamentarias de la presente Ley, que se estructuran en, al menos, los siguientes reglamentos: a) Reglamento general de la Ley del Servicio Civil, aprobado mediante decreto supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, a propuesta de Servir. b) Reglamento de compensaciones, aprobado mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas. A propuesta de Servir para el caso de compensaciones no económicas; y a propuesta de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos, en coordinación con la Dirección General de Presupuesto Público, para el caso de compensaciones económicas. c) Reglamento del régimen especial para gobiernos locales, aprobado mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, a propuesta de Servir.
  8. 8. CIRO V. PALOMINO DONGO HUGO PALOMINO ALMANZA RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DISPOSICIONES GENERALES ¿A quienes se aplica esta parte de la Ley? a) Los funcionarios públicos de designación o remoción regulada.- Son aquellos puestos cuyos requisitos, proceso de acceso, período de vigencia o causales de remoción están regulados en norma especial con rango de Ley. Entre estos están los Magistrados del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y Defensor adjunto, el Contralor General de la República y Vicecontralor, el Presidente y miembros del Jurado Nacional de Elecciones, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, el Director General y miembros del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, los titulares, adjuntos, presidentes y miembros de órganos colegiados de los organismos constitucionalmente autónomos, los titulares, adjuntos y miembros de órganos colegiados de entidades que cuenten con disposición expresa sobre la designación de sus funcionarios, los jueces que integren el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación del Ministerio Público, Presidente de la Corte Suprema, los Rectores y vicerrectores de las universidades públicas, los titulares, adjuntos, presidente y miembros del consejo directivo de los organismos técnicos especializados y reguladores y tribunales administrativos, los gobernadores y aquellos señalados por norma con rango de ley, siempre que cumplan con lo dispuesto en los artículos 53º y 54º de la Ley del Servicio Civil. b) Los funcionarios públicos de libre designación y remoción.- Son aquellas personas cuyo acceso al Servicio Civil se realiza por libre decisión del funcionario público que lo designa, basada en la confianza para realizar funciones de naturaleza política, normativa o administrativa, entre estos están los Ministros de Estado, Viceministros, Secretarios generales de Ministerios y aquellos que por ley expresa tengan igual jerarquía, los Titulares, adjuntos, presidentes y miembros de los órganos colegiados de libre designación y remoción, los Gerentes Generales del Gobierno Regional y el Gerente Municipal. c) Los directivos públicos.- Son los que dirigen, bajo la orientación estratégica de la Alta Dirección de la entidad, las estructuras y procesos mediante los cuales se implementan las políticas públicas y se proveen bienes y servicios públicos, también tienen la obligación de velar por el logro de los objetivos asignados, supervisar el logro de metas y gestionar el desarrollo de los servidores civiles bajo su responsabilidad. d) Los servidores civiles de carrera.- Son las personas que se han incorporado a una entidad, mediante concurso público de méritos, para desarrollar actividades sustantivas y de administración interna en el ejercicio de una función administrativa, la prestación de servicios públicos o la gestión institucional. En este grupo se incluye a los servidores públicos de carrera del régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276. e) Los servidores de actividades complementarias.- Son aquellas personas que ejecutan actividades de soporte y complemento, así como actividades operativas o manuales, respecto de las funciones sustantivas y de administración interna de una entidad. En buena cuenta la ley se está refiriendo a que hasta ahora hemos llamado “personal auxiliar”. 8
  9. 9. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO EN LA LEY DEL SERVICIO CIVIL f) Los servidores de confianza.- Aun cuando la Ley, ni su Reglamento General señalan las funciones de estos servidores, sin embargo si precisa que deben cumplir con el perfil del puesto en función de conocimientos y experiencia y que estos ingresan al servicio civil sin concurso público de méritos y por tanto no están sujetos a período de prueba. Estos servidores desempeñan sus funciones en el órgano o unidad orgánica para los que fue designados y reportan su trabajo al jefe del órgano o unidad orgánica que lo solicitó. A estos servidores no se les aplica las reglas sobre desplazamiento y su cese no genera ningún pago indemnizatorio, compensatorio ni similar. No están sujetos a la evaluación del desempeño, a menos que el titular de la entidad así lo determine. Tampoco pueden hacer uso de la totalidad de su descanso vacacional. No les cabe la protección contra la destitución injustificada o nula de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79º2 de la Ley del Servicio Civil. En el caso de que el funcionario que los designó sea removido o desplazado, estos deben poner su cargo a disposición de su reemplazante, quien puede ratificarlos dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendarios siguientes. Si no se produce la ratificación dentro de dicho plazo, la terminación de su designación se produce automáticamente, hecho que no los exime de entregar formalmente el puesto. ¿A qué trabajadores o funcionarios no se les aplica el Procedimiento administrativo Disciplinario? A los trabajadores, servidores, obreros, entidades y carreras no comprendidos en la Ley del Servicio Civil, según lo dispuesto por la Primera Disposiciones Complementarias Finales; en consecuencia, no podrán ser sometidos al Procedimiento Administrativo Disciplinario establecido por el esta Ley y su Reglamento General: - Los trabajadores de las empresas del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en la tercera disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1023; - Los servidores del Banco Central de Reserva del Perú; - Los servidores del Congreso de la República; - Los servidores de la Superintendencia Nacional de Aduanas; - Los servidores de la Superintendencia de Administración Tributaria; - Los servidores de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP; - Los servidores de la Contraloría General de la República; - Los obreros de los gobiernos regionales y gobiernos locales; - Los servidores sujetos a carreras especiales como: a) Ley 28091, Ley del Servicio Diplomático de la República. b) Ley 23733, Ley universitaria. c) Ley 23536, Ley que establece las normas generales que regulan el trabajo y la carrera de 9 los Profesionales de la Salud. d) Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial. 2 Artículo 79. De la contratación y designación El vínculo entre los servidores de confianza y la entidad se establece en un contrato escrito de naturaleza temporal, cuya vigencia se condiciona a la confianza de quien los designa, y donde se precisan las condiciones de empleo, el puesto a ocupar y la contraprestación a percibir, conforme a lo establecido en el artículo 31 de la presente Ley. El contrato puede resolverse, sin que ello genere el derecho a pago compensatorio, otorgamiento de suma a título de liberalidad ni indemnización alguna por la terminación del vínculo con la entidad pública. La designación de servidores de confianza se realiza mediante el acto administrativo que corresponda de acuerdo a ley o mediante el acto de administración contemplado en la presente Ley, según sea el caso. Dicha designación debe ser publicada en la página web de la entidad.
  10. 10. CIRO V. PALOMINO DONGO HUGO PALOMINO ALMANZA e) Ley 28359, Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas. f) Decreto Legislativo 1149, Ley de la Carrera y Situación del personal de la Policía 10 Nacional del Perú. g) Ley 29709, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria. h) Decreto Legislativo 052, Ley Orgánica del Ministerio Público. i) Ley 29277, Ley de la Carrera Judicial. ¿Quiénes están exonerados de Procedimiento Administrativo Disciplinario? El Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, el Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, los miembros del Directorio del Banco Central de Reserva y el Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y los Ministros de Estado. ¿Pueden los funcionarios públicos de elección popular, directa y universal sometidos al Procedimiento Administrativo Disciplinario? En la práctica y con el anterior régimen sancionador no podían ser sometidos al procedimiento administrativo disciplinario dentro del régimen laboral del Decreto Ley Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público. Sobre este particular el Tribunal Constitucional ya se había pronunciado en ese sentido a través de la Sentencia recaída en el Expediente Nº 4698-2004-AA/TC LAMBAYEQUE: “No procede sancionar vía proceso administrativo disciplinario a los alcaldes y las autoridades políticas elegidas”. De modo que esta parte de la Ley y su Reglamento General no alcanzan a los funcionarios públicos a que se contrae el inciso a) del artículo 52º de la Ley del Servicio Civil. Veamos quiénes son estos: “Artículo 52. Clasificación de los funcionarios públicos Los funcionarios públicos se clasifican en: a) Funcionarlo público de elección popular, directa y universal. Es el elegido mediante elección popular, directa y universal, como consecuencia de un proceso electoral conducido por la autoridad competente para tal fin. El ingreso, permanencia y término de su función están regulados por la Constitución Política del Perú y las leyes de la materia. Son funcionarios públicos de elección popular, directa y universal: 1) Presidente de la República. 2) Vicepresidentes de la República. 3) Congresistas de la República y del Parlamento Andino. 4) Presidentes, Vicepresidentes y Consejeros Regionales. 5) Alcaldes, Teniente Alcaldes y Regidores”. Pero el hecho de que estos funcionarios públicos estén exonerados del procedimiento administrativo disciplinario, no los exonera de que sea directamente denunciados ante el Ministerio Público por la comisión de delitos perseguibles de oficio cometidos dentro del ejercicio de sus funciones.
  11. 11. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO EN LA LEY DEL SERVICIO CIVIL Sobre este punto, en su Mensaje a la Nación del día 28 de julio del 2014, el Presidente Ollanta Humala, ha dado algunas pistas de qué es lo que se piensa hacer con estos funcionarios dentro del ámbito de la administración pública: “Asimismo, la coyuntura actual nos obliga a revisar la forma en que los gobiernos subnacionales (quiso regiones y municipalidades) rinden cuentas al control político del Congreso de la República y a la Contraloría. Y lo debemos hacer de modo firme, respetando las reglas que la democracia impone, pero a la vez sin permitir que ninguna autoridad, en ninguno de los rincones del país, pueda aprovechar o defraudar la confianza que el pueblo le ha otorgado” ¿Qué es la responsabilidad administrativa disciplinaria? Etimológicamente la palabra “responsabilidad” proviene del latín responsum, que es una forma de ser considerado sujeto de una deuda u obligación. La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona, es la que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos. Una persona responsable es aquella que actúa conscientemente sabiendo que él y solo él, es la causa directa o indirecta de un hecho ocurrido y por eso está obligado a responder por sus actos respecto de alguna y ante alguna persona. En el plano jurídico, la responsabilidad surge cuando un sujeto transgrede un deber de 11 conducta señalado en una norma jurídica. En este punto es importante señalar que la disciplina significa instruir a una persona a tener un determinado código de conducta u orden, pero la garantía de que las instrucciones u obligaciones se lleven a cabo puede ser regulada a través de una sanción, es decir, a través de una acción de disciplinar, que significa: “Imponer, hacer guardar las normas o la disciplina”. En el plano administrativo, las acciones disciplinarias son aquellas que el Estado le impone a sus servidores por las faltas que cometen en el ejercicio de sus funciones o en la prestación de los servicios públicos, para lo cual debe iniciarles un procedimiento administrativo disciplinario con el objeto de aplicarles una sanción o, si fuera el caso, absolverlos de alguna imputación. El Reglamento General de la Ley del Servicio Civil garantiza que dentro de los procedimientos administrativos disciplinarios, las autoridades competentes deben observar estrictamente las disposiciones previstas por la Ley y su Reglamento General, de modo que quebrar estos mandamientos significaría que el procedimiento sancionador es ilegal y por lo tanto nulo de pleno derecho. El servidor afectado por el incumplimiento de las disposiciones legalmente previstas tiene el derecho de denunciar a los encargados de instruir y sancionar un procedimiento administrativo disciplinario por la comisión del delito de Abuso de Autoridad. La investigación y la sanción impuesta como consecuencia de un procedimiento administrativo disciplinario, no dejan sin efecto las responsabilidades civiles y/o penales que pudieran derivarse de la falta cometida por el funcionario o servidor procesado, por ejemplo, si comete la falta prevista en el inciso f) del artículo 85º de la Ley del Servicio Civil: “f) La utilización o disposición de los bienes de la entidad pública en beneficio propio o de terceros”, además de la sanción administrativa que pueda corresponderle, el sancionado no dejará de ser denunciado por la comisión de los delitos de robo o apropiación ilícita o demandado civilmente
  12. 12. CIRO V. PALOMINO DONGO HUGO PALOMINO ALMANZA para que reponga el bien y pague la indemnización por los daños y perjuicios resultantes, según sea el caso. ¿Qué es la potestad disciplinaria? La potestad disciplinaria es aquella facultad de la administración pública de imponer sanciones a través de un procedimiento sancionador. Debiendo entenderse la sanción administrativa como aquel castigo infligido a un servidor como consecuencia de una conducta ilícita, consistiendo en la privación de un bien o de un derecho, o la imposición de un deber. Respecto del ámbito de aplicación del procedimiento sancionador, el inciso 229.3 del artículo 229º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, incorporado por el artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 1029, que modificó la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y la Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo, publicado el 24 junio 2008, señala lo siguiente: “229.3 La potestad sancionadora disciplinaria sobre el personal de las entidades se rige por la normativa sobre la materia.”. ¿Cuáles son los principios de la potestad disciplinaria? Sobre este punto el artículo 92º del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil señala expresamente lo siguiente: “La potestad disciplinaria se rige por los principios enunciados en el artículo 230º de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, sin perjuicio de los demás principios que rigen el poder punitivo del Estado.” Ahora bien, veamos estos principios: “Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 1. Legalidad.- Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de libertad. 2. Debido procedimiento.- Las entidades aplicarán sanciones sujetándose al procedimiento establecido respetando las garantías del debido proceso. 3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deberán ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, debiendo observar los siguientes criterios que en orden de prelación se señalan a efectos de su graduación: a) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; b) EI perjuicio económico causado; c) La repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción; d) Las circunstancias de la comisión de la infracción; e) EI beneficio ilegalmente obtenido; y f) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor." 12
  13. 13. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO EN LA LEY DEL SERVICIO CIVIL 4. Tipicidad.- Sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley permita tipificar por vía reglamentaria. 5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 6. Concurso de Infracciones.- Cuando una misma conducta califique como más de una infracción se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes. 7. Continuación de infracciones.- Para determinar la procedencia de la imposición de sanciones por infracciones en las que el administrado incurra en forma contínua, se requiere que hayan transcurrido por lo menos treinta (30) días hábiles desde la fecha de la imposición de la última sanción y que se acredite haber solicitado al administrado que demuestre haber cesado la infracción dentro de dicho plazo. Las entidades, bajo sanción de nulidad, no podrán atribuir el supuesto de continuidad y/o la imposición de la sanción respectiva, en los siguientes casos: a. Cuando se encuentre en trámite un recurso administrativo interpuesto dentro del plazo contra el acto administrativo mediante el cual se impuso la última sanción administrativa. b. Cuando el recurso administrativo interpuesto no hubiera recaído en acto administrativo firme. c. Cuando la conducta que determinó la imposición de la sanción administrativa original haya perdido el carácter de infracción administrativa por modificación en el ordenamiento, sin perjuicio de la aplicación de principio de irretroactividad a que se refiere el inciso 5. 8. Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable. 9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. 10. Non bis in idem.- No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento. Dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la concurrencia del supuesto de continuación de infracciones a que se refiere el inciso 7.” 13
  14. 14. CIRO V. PALOMINO DONGO HUGO PALOMINO ALMANZA A estos principios, la Ley del Servicios Civil agrega: “sin perjuicio de los demás principios que rigen el poder punitivo del Estado”. ¿Quiénes son competentes para conducir un procedimiento administrativo disciplinario en primera Instancia? PRIMERA INSTANCIA TIPO DE SANCION INSTRUCTOR SANCIONADOR Amonestación Escrita Jefe inmediato Jefe inmediato Suspensión Jefe Inmediato Jefe de Recursos Humanos Destitución Jefe de Recursos Humanos Titular de la Entidad La oficialización de la imposición de una sanción en primera instancia, se hace a través del registro de la sanción en el legajo y mediante la notificación personal al servidor sancionado. ¿Quién instruye y sanciona al jefe de recursos humanos? Cuando el Jefe de Recursos Humanos sea el imputado por la comisión de una infracción, susceptible de ser sancionada con una Amonestación Escrita, instruye y sanciona su jefe inmediato y en los demás casos instruye el jefe inmediato y sanciona el titular de la entidad, así: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO AL JEFE DE RECURSOS HUMANOS EN PRIMERA INSTANCIA TIPO DE SANCION INSTRUCTOR SANCIONADOR Amonestación escrita Jefe inmediato Jefe inmediato Suspensión Jefe Inmediato Titular de la Entidad Destitución Jefe Inmediato Titular de la Entidad ¿Quién sanciona al servidor que se trasladó de centro de trabajo? En los casos de progresión transversal, la competencia para el ejercicio de la potestad disciplinaria corresponde al jefe inmediato, al jefe de recursos humanos o al titular de entidad en la que se cometió la falta, conforme al tipo de sanción a ser impuesta y los criterios antes detallados; sin perjuicio de que la sanción se ejecute en la entidad en la que al momento de ser impuesta, el servidor civil presta sus servicios. ¿Quién instruye y sanciona a los funcionarios del Gobierno Regional o de las municipalidades? Para el caso de los funcionarios de los Gobiernos Regionales y de las municipalidades, el instructor es el Jefe inmediato, y quien sanciona es una Comisión Ad-hoc nombrada por el Consejo Regional y el Concejo Municipal, según corresponda. En esta parte resulta necesario aclarar que ni la Ley ni su Reglamento General han señalado quiénes serían los integrantes ni cuántos serían los componentes de esta comisión Ad-Hoc. Los funcionarios del Gobierno Regional son los señalados por la Ley Nº 27867, Ley 14 Orgánica de Gobiernos Regionales, a saber: a) Gerente General;
  15. 15. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO EN LA LEY DEL SERVICIO CIVIL b) Gerente Regional de Desarrollo Económico; c) Gerente Regional de Desarrollo Social; d) Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; e) Gerente Regional de Infraestructura; f) Gerente Regional de Recursos naturales y gestión del medio ambiente. Para el caso de las municipalidades de conformidad a la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Gobiernos Municipales, les correspondería a los siguientes funcionarios: a) Gerente Municipal; b) Jefe de la Procuraduría Pública Municipal; c) Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica; y d) Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. ¿Quién instruye y sanciona a los funcionarios? Para instruir las faltas cometidas por los funcionarios, se debe formar una comisión compuesta por dos (2) funcionarios de rango equivalente y el Jefe de Recursos Humanos, mediante Resolución del titular del Sector. Esta comisión se encargará de la etapa instructiva del procedimiento administrativo disciplinario, y la sanción será impuesta por el titular de la entidad. En el caso que la entidad no cuente con dos funcionarios de rango equivalente al funcionario sujeto a procedimiento administrativo disciplinario, excepcionalmente se podrá designar a funcionarios de rango inmediato inferior. ¿Qué es la Secretaría Técnica? Para el apoyo de los funcionarios de los órganos instructores del procedimiento administrativo disciplinario, el titular de la entidad deberá designar una Secretaría Técnica integrada por uno o más servidores que ejercerán esta función en adición a sus funciones regulares. El miembro o los miembros de la Secretaría Técnica de preferencia deben ser abogados. ¿Qué autoridades son competentes para conducir un procedimiento administrativo disciplinario en segunda Instancia? Los recursos de apelación contra la sanción de Amonestación Escrita, serán resueltos por el Jefe de Recursos Humanos, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 89º3 de la Ley del Servicio Civil, pero cuando se trate de la sanción de Amonestación Escrita impuesta a los funcionarios, será resuelto por el titular de la entidad. Cuando la sanción en primera instancia ha sido de suspensión o destitución la autoridad competente para conocer y resolver el recurso de apelación en materia disciplinaria es el Tribunal del Servicio Civil, según lo dispuesto por el artículo 90º4 de la misma Ley. 15 3 Artículo 89. La amonestación La amonestación es verbal o escrita. La amonestación verbal la efectúa el jefe inmediato en forma personal y reservada. Para el caso de amonestación escrita la sanción se aplica previo proceso administrativo disciplinario. Es impuesta por el jefe inmediato. La sanción se oficializa por resolución del jefe de recursos humanos o quien haga sus veces. La apelación es resuelta por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces. 4 Artículo 90. La suspensión y la destitución La suspensión sin goce de remuneraciones se aplica hasta por un máximo de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario previo procedimiento administrativo disciplinario. El número de días de suspensión es propuesto por el jefe inmediato y aprobado por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces, el cual puede modificar la
  16. 16. CIRO V. PALOMINO DONGO HUGO PALOMINO ALMANZA SEGUNDA INSTANCIA SANCION CONDICION RESUELVE Amonestación Escrita Servidor Público Jefe de Recursos Humanos Amonestación Escrita Funcionario Publico Titular de la Entidad Suspensión Servidor o funcionario Tribunal del Servicio Civil Destitución Servidor o funcionario Tribunal del Servicio Civil ¿Cuáles son los derechos del servidor público sometido a un proceso administrativo disciplinario? 16 Tiene derecho: - AL DEBIDO PROCESO.- El derecho al debido proceso se encuentra previsto por el inciso 3.- del artículo 139º5 de la Constitución Política del Perú, aplicable no sólo a nivel judicial sino también en sede administrativa e incluso entre particulares. Este derecho supone el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos y conflictos entre privados, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto que pueda afectarlos. El derecho al debido proceso, y los derechos que contiene son invocables, y, por tanto, están garantizados, no solo en el seno de un proceso judicial, sino también en el ámbito del procedimiento administrativo. En el artículo correspondiente, la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, señala el derecho al debido procedimiento como un principio del Procedimiento Administrativo por el cual: “Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.” - A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA.- También en el inciso 3. del artículo 139º de la Constitución Política de 1993, por primera vez se ha consagrado como principios sanción propuesta. La sanción se oficializa por resolución del jefe de recursos humanos o quien haga su veces. La apelación es resuelta por el Tribunal del Servicio Civil. La destitución se aplica previo proceso administrativo disciplinario por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces. Es propuesta por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces y aprobada por el titular de la entidad pública, el cual puede modificar la sanción propuesta. Se oficializa por resolución del titular de la entidad pública. La apelación es resuelta por el Tribunal del Servicio Civil. 5 Artículo 139.- Principios de la Administración de Justicia (….) 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. N inguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación.
  17. 17. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO EN LA LEY DEL SERVICIO CIVIL y derechos de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. La tutela judicial efectiva es un derecho constitucional de naturaleza procesal en virtud del cual toda persona o sujeto justiciable puede acceder a los órganos jurisdiccionales, independientemente del tipo de pretensión formulada y de la eventual legitimidad que pueda, o no, acompañarle a su petitorio. En un sentido extensivo, la tutela judicial efectiva permite también que lo que ha sido decidido judicialmente mediante una sentencia, resulte eficazmente cumplido. En otras palabras, con la tutela judicial efectiva no solo se persigue asegurar la participación o acceso del justiciable a los diversos mecanismos (procesos) que habilita el ordenamiento dentro de los supuestos establecidos para cada tipo de pretensión, sino que se busca garantizar que, tras el resultado obtenido, pueda verse este último materializado con una mínima y sensata dosis de eficacia. En el plano administrativo la tutela jurisdiccional efectiva se limita a que tanto el denunciante como el servidor público procesado pueda tener acceso a todos los mecanismos legales establecidos para el procedimiento administrativo disciplinario (ofrecer pruebas, acceder al expediente, cumplimiento de plazos, obtener copias de los documentos, invocar cuestiones de puro derecho, etc.) - AL GOCE DE SUS COMPENSACIONES.- Lo que quiere decir, que mientras un servidor público se encuentre sometido a un procedimiento administrativo disciplinario tiene derecho al goce de sus remuneraciones, bonificaciones y beneficios que viene percibiendo. - AL DERECHO IRRESTRICTO DE LA DEFENSA.- El derecho de defensa está establecido como principio de la función jurisdiccional por el inciso 14.- del artículo 139º de la Constitución Política del Perú, en los siguientes términos: “14. El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad.” Como consecuencia de ello, este derecho constituye una de las condiciones indispensables para que un proceso judicial o administrativo sea realizado con arreglo al debido proceso. El ejercicio del derecho de defensa, particularmente en el procedimiento administrativo 17 disciplinario, tiene dos dimensiones: a) La material.- Que está referida al derecho del imputado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de una falta; en consecuencia, no tiene todavía que esperar a que se le inicie un procedimiento administrativo disciplinario en su contra; y b) La formal.- Que supone el derecho a una defensa técnica; esto es, al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor durante todo el tiempo que dure el procedimiento. Con ambas dimensiones del derecho de defensa se garantiza que se está cumpliendo efectivamente con un derecho constitucionalmente protegido, y solo de ese modo no se postra al servidor procesado a un estado de indefensión, que a la postre puede ser considerado como un
  18. 18. CIRO V. PALOMINO DONGO HUGO PALOMINO ALMANZA abuso de autoridad por parte de su autor, y ser causal de la declaración de nulidad de todo lo actuado dentro del procedimiento administrativo disciplinario. El mismo Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, señala expresamente: “El servidor público puede ser representado por abogado y acceder al expediente administrativo en cualquiera de las etapas del procedimiento administrativo disciplinario”. ¿Cuáles son los impedimentos del servidor público sometido a un proceso administrativo disciplinario? Mientras dure dicho procedimiento no se le concederá licencias por interés del servidor procesado, a que se refiere el literal h)6 del artículo 153º del Reglamento General, que sean mayores a cinco (05) días hábiles. Cuando el servidor público deba ser denunciado penalmente, de conformidad a lo dispuesto por el segundo párrafo de la Segunda7 Disposición Complementaria Final de la Ley del Servicio Civil, la autoridad competente deberá solicitar un informe técnico jurídico de la entidad donde prestó sus servicios el trabajador procesado. Cuando la dependencia correspondiente no cumpla con evacuar el aludido informe técnico jurídico dentro de un plazo máximo de diez (10) días hábiles, la autoridad competente formulará denuncia sin contar con ese informe. Cuando la comisión de la presunta falta se haya establecido dentro de un Examen de Control y que la misma esté consignada en el informe correspondiente, son competentes de tramitar el procedimiento administrativo disciplinario, las autoridades de la entidad pública materia de la acción de control. Pero si fuera el caso que la Contraloría General de la República notifica a la entidad auditada que ha dado inicio al procedimiento sancionador por responsabilidad administrativa funcional, esta deberá cortar el procedimiento a fin de respetar los principios de competencia y non bis in ídem. El principio non bis in ídem, tal como lo ha señalado reiterativamente el Tribunal Constitucional, supone en definitiva, la prohibición de un ejercicio reiterado del ius puniendi del Estado, que impide castigar doblemente tanto en el ámbito de las sanciones penales como en el de las administrativas, y proscribe la compatibilidad entre penas y sanciones administrativas en aquellos casos en los que adecuadamente se constate que concurre "...la identidad de sujeto, hecho y fundamento..." ¿Cómo opera la prescripción dentro del proceso administrativo disciplinario? La prescripción es un instituto jurídico por el cual el transcurso del tiempo produce el efecto de consolidar las situaciones de hecho, permitiendo la extinción de los derechos o la adquisición de las cosas ajenas. La prescripción en el ámbito del procedimiento administrativo disciplinario se produce bajo 18 dos modalidades: 6 h) Otras licencias que la entidad decida otorgarle por interés de ella o del propio servidor civil. 7 Para iniciar cualquier denuncia de carácter penal, la autoridad que conozca del caso debe solicitar un informe técnico jurídico emitido por la respectiva entidad en donde presta o prestó Servicio Civil el denunciado. Dicho informe sirve de sustento para efectos de la calificación del delito o archivo de la denuncia.
  19. 19. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO EN LA LEY DEL SERVICIO CIVIL a) Según lo dispuesto por el artículo 94º8 de la Ley del Servicio Civil, la facultad para determinar la existencia de faltas disciplinarias e iniciar el procedimiento disciplinario prescribe, a los tres (3) años calendario de cometida la falta; b) Si durante ese período de tres (03) años, pese a que la oficina de recursos humanos ha tomado conocimiento de la comisión de una falta, no se inicia el proceso el proceso administrativo disciplinario dentro de un (01), este quedará prescrito. Para el caso de los ex servidores, el plazo de prescripción es de dos (2) años calendario, computados desde que la entidad conoció de la comisión de la infracción. De oficio o a petición de parte, la prescripción será declarada mediante acto administrativo (resolución) por el titular de la entidad, dentro de la cual establecerá la responsabilidad administrativa de los funcionarios que por su acción u omisión propiciaron que se produzca a este beneficio a favor del infractor conforme a lo establecido por el inciso 233.39 del artículo 233º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. FALTAS DISCIPLINARIAS ¿Qué faltas son susceptibles de una sanción disciplinaria? El artículo 85º de la Ley del Servicio Civil y el inciso 2.- del artículo 98º de su Reglamento General señalan cuales son esta faltas disciplinarias para los servidores públicos, y para el caso de los servidores civiles además se tendrá en cuenta las faltas previstas en el Reglamento Interno de los Servidores Civiles – RIS. 19 Así tenemos: LEY DEL SERVICIO CIVIL “Artículo 85. Faltas de carácter disciplinario Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con suspensión temporal o con destitución, previo proceso administrativo: 8 Artículo 94. Prescripción La competencia para iniciar procedimientos administrativos disciplinarios contra los servidores civiles decae en el plazo de tres (3) años contados a partir de la comisión de la falta y uno (1) a partir de tomado conocimiento por la o

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