2. 1. QUE ES LA JURISPRUDENCIA?
2. ¿Qué ES EL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL?
3. ¿Qué ES UN CONTRATO OPS O POR PRESTACION DE SERVICIOS?
4. CARACTERISTICAS
5. VINCULACION LABORAL CON EL ESTADO
6. LABORAL Y CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-Criterios
que delimitan y definen los conceptos y sus elementos
7. PROTECCION DE LA VINCULACION LABORAL CON EL ESTADO Y
DERECHOS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y APLICACION DEL
PRINCIPIO DE PRIMACIA DE LA REALIDAD SOBRE LA FORMA
8. PROTECCION DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL TRABAJO Y
ESPECIAL PROTECCION AL VINCULO LABORAL CON EL ESTADO
3. La Jurisprudencia: Es el conjunto de decisiones, de los
tribunales sobre una materia determinada, de las cuales se
puede extraer la interpretación dada por los jueces a una
situación concreta. Tiene un valor fundamental como fuente de
conocimiento del Derecho positivo, con el cual se procura
evitar que una misma situación jurídica, sea interpretada en
forma distinta por los tribunales, esto es lo que se conoce como
el principio unificador (art. 321 CPC) de la jurisprudencia
4. El precedente judicial o derecho precedente, es una fuente
formal de creación del Derecho, consiste en que éste se derive,
no de la ley aprobada por los órganos legislativos, sino por las
soluciones que adoptan, ante determinados casos, sobre todo
los tribunales, de forma que constituyen una suerte de doctrina,
un paradigma de solución, justamente un precedente, al cual
deben ajustarse en lo adelante, todos o algunos otros órganos
jurisdiccionales.
5. Es el contrato mediante el cual una persona,
normalmente un profesional en algún área, se obliga
con respecto a otra a realizar una serie de servicios a
cambio de un precio. Es importante señalar que el
pago del contrato es dirigido al cumplimiento de
metas, horas, objetivos, proyectos
6. • Principal
• Bilateral
• Oneroso
• conmutativo
• consensual en oposición a formal
• instantáneo,
• de tracto sucesivo
• intuitu personae.
7. La jurisprudencia de esta Corte ha resaltado la
especial protección constitucional para la
vinculación laboral con el Estado, en cuanto la
Constitución ha consagrado normas especiales
orientadas a la garantía de los derechos de los
servidores públicos, conjuntamente con la defensa
de los intereses generales.
8. (i) al criterio funcional, que hace alusión a “la ejecución de
funciones que se refieren al ejercicio ordinario de las labores
constitucional y legalmente asignadas a la entidad pública
(ii) al criterio de igualdad, esto es, cuando “las labores desarrolladas
son las mismas que las de los servidores públicos vinculados en
planta de personal de la entidad
(iii) al criterio temporal o de habitualidad, si “las funciones
contratadas se asemejan a la constancia o cotidianidad
(iv) al criterio de excepcionalidad, si “la tarea acordada corresponde
a “actividades nuevas” y éstas no pueden ser desarrolladas con el
personal de planta o se requieren conocimientos especializados o
de actividades
(v) al criterio de continuidad, si “la vinculación se realizó mediante
contratos sucesivos de prestación de servicios pero para
desempeñar funciones del giro ordinario de la administración.
9. La jurisprudencia de esta Corte ha afirmado categóricamente que la
protección del derecho al trabajo y la relación laboral, la especial
protección de la vinculación laboral con el Estado y los derechos de
los servidores públicos, así como la aplicación del principio de
primacía de la realidad sobre la forma, obliga tanto a los
particulares o empleadores del sector privado, como a todas las
autoridades públicas o empleadores del sector público, a respetar
las prohibiciones legales dirigidas a impedir que los contratos
estatales de prestación de servicios sean utilizadas como formas de
intermediación laboral, de deslaboralización, o de tercerización
como regla general, de manera que deben ser obligados a responder
jurídica y socialmente por la burla de la relación laboral.
10. La Sala reitera las reglas jurisprudenciales en relación con la
protección del derecho fundamental al trabajo y la especial
protección al vinculo laboral con entidades del Estado, y por
tanto, en relación con los límites planteados a la potestad de
contratación de las entidades estatales cuando se trata de
funciones permanentes o propias de entidades estatales