El documento resume la situación política y económica de Costa Rica antes de las elecciones presidenciales de 2018. Señala que el 42% de los votantes aún están indecisos y que capturar su voto será clave. Los principales retos para la próxima administración incluyen el déficit fiscal, el desempleo y la pobreza, y la competitividad e infraestructura. Se presentan los principales candidatos a la presidencia y sus antecedentes.

1. ¿Qué sabemos de las elecciones
del 2018?

2. Estrategia de
Inversión
Angélica Villegas
Estrategia de Inversión
avillegas@aldesa.com
Emmanuel Agüero
Análisis Económico
eaguero@aldesa.com
Octubre 2017
¿Qué sabemos de las elecciones del 2018?
Las elecciones presidenciales en Costa Rica se llevarán a cabo el próximo
febrero, donde la captura del votante indeciso será clave. De acuerdo con una
encuesta realizada por el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP),
42% de las personas consultadas aún se encuentran indecisas. En ese sentido,
al igual que en las elecciones pasadas, el ciudadano parece estar cambiando de
aquel “casado” con un partido, por aquel que se enfoca en las características
propias del candidato y sus principales propuestas.
Actualmente, es muy pronto para determinar el liderazgo de algún candidato
específico, es necesario esperar que cada uno los candidatos desarrolle su
campaña electoral y, más importante, los debates presidenciales. En Aldesa
plantearemos los tres principales retos económicos para la próxima
administración y cuando tengamos disponible los planes de gobierno de cada
candidado analizáremos cómo se ajustan a las necesidades del país.
Iniciamos con información de las últimas cuatro administraciones, así como la
intensión de voto de acuerdo con la encuesta de CIEP, para evaluar el
comportamiento histórico de la toma de decisiones del electorado
Percepción de los Gobiernos y primera intención de voto
En la actualidad, el ambiente político ha estado combinado tanto por eventos
polémicos (por ejemplo, el “Cementazo” ), como por situaciones puntuales que
han elevado la percepción del Gobierno (la reacción del gobierno ante el
Huracán Otto). Esos acontecimientos se han reflejado en el nivel de aprobación
del Gobierno en la Encuesta del Índice de Confianza del Consumidor de la
Universidad de Costa Rica. Al cierre de agosto de 2017, 12% de los encuestados
calificaban de bueno el trabajo del Gobierno; dicha aprobación estuvo en 4,1%
durante el 2016.

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Al comparar esos resultados con administraciones pasadas, las cifras muestran
que el Gobierno de Arias es el que obtuvo una mayor calificación, donde su
máximo llegó a 41,7% en 2007. Ese mismo periodo coincide con dos elementos
que pudieron influir el resultado de la percepción de las personas: 1) En el 2007
la tasa de pobreza fue 16,7%, siendo esta la más baja de los últimos 30 años y
la tasa de desempleo se ubicó 4,6%, frente al 6,0% del año (2006) en que inició
la administración Arias. 2) El balance fiscal durante el 2007 fue superavitario
(+0,6% del PIB), lo que influye de manera positiva la percepción del manejo del
gasto del gobierno. Es importante destacar que esto no quiere decir que esos
cambios en dichos indicadores (desempleo, pobreza y balance fiscal) fueron
causados por políticas directas del gobierno, y que pudieron obedecer a factores
coyunturales.
Sin embargo, en los últimos dos gobiernos el nivel de pobreza y desempleo se
ha mantenido anclado en 9,0% (último reporte se ubicó en 8,5%), mientras que
el balance fiscal se ha deteriorado con fuerza en los últimos años. Esa situación
afectó en mayor nivel a la administración Solís, debido al débil acuerdo político
en el Congreso y a los comunicados públicos sobre las finanzas del gobierno,
que han perjudicado su imagen, como fue el discurso de “La crisis de iliquidez
del Gobierno”. En ese sentido, esperar hasta agosto 2017 para enviar una
reforma fiscal integral a la Asamblea Legislativa se considera un desacierto, ya
que esa fecha se acerca al periodo de la campaña electoral, por lo que el cálculo
político de los partidos se incrementa y todas sus armas se enfocan en las
elecciones.
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5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
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45,0
2002 2004 2006 2008 2010 2011 2013 2015 2017
Pacheco
Arias
Chinchilla Solis
Tasa de aprobación del gobierno
% buen trabajo
Fuente: Elaborado por Aldesa, cifras ICC de la UCR

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Por otro lado, el contexto político incierto del gobierno se refleja en las encuestas
de intención de voto. En julio el CIEP presentó los resultados de la Encuesta
Sociopolítica, destacando que 42,2% de las personas están indecisas. A pesar
de ello, ese grupo afirman que sí votarán, por lo que su decisión será
determinante en el resultado de las elecciones. Los denominados “indecisos”
fueron clave en las elecciones anteriores, en gran medida afectados por la
incertidumbre política vivida en aquel entonces.
Los principales retos económicos de la próxima administración
En la actualidad la situación macroeconómica del país se clasifica con una
perspectiva moderada. El crecimiento económico en los últimos seis años ha
estado en 4,0%, producto de una demanda interna sólida. En esa misma línea,
la política monetaria del Banco Central de Costa Rica (BCCR) ha tenido
importantes logros en materia de credibilidad, ejemplo de ello es que las
expectativas de inflación llevan 12 meses consecutivos dentro del rango meta.
Asimismo, dada la flexibilidad cambiaria, el efecto traspaso del tipo de cambio
disminuyó considerablemente, atenuando un importante factor de presiones
inflacionarias que vimos durante muchos años.
42,2
25,2
11,5
8,0 5,8 2,9 2,5 1,1 0,4 0,3 0,1
55,8
0
10
20
30
40
50
60
Intención de voto en julio 2017 (% del total)
Fuente: Elaborado por Aldesa, cifras CIEP de la UCR

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Sin embargo, existen críticas a su política cambiaria y la manera en cómo
interviene en el mercado. En relación con el balance externo, el déficit de cuenta
corriente es sostenible (3,6% del PIB) y financiado por el importante flujo de
inversión de extranjera directa (5,2% del PIB).
A pesar de que los puntos anteriores hacen pensar que la situación
macroeconómica del país está sana, el talón de Aquiles se encuentra en la
perspectiva de las finanzas públicas.
Si bien entre el 2015 y 2016 hubo una reducción del déficit fiscal (pasó de 5,7%
a 5,2% del PIB), la deuda continúa creciendo y ejerciendo una importante
presión en el gasto de intereses por parte del gobierno.
De acuerdo con nuestro análisis, el riesgo fiscal se sitúa en la sostenibilidad de
la deuda en el mediano plazo. Desde el último trimestre del 2016 la colocación
de deuda en dólares ha venido aumentando considerablemente, dejando como
resultado el incremento del riesgo cambiario dentro del perfil de la deuda.
Asimismo, debido al deterioro fiscal, las tasas de interés exigidas por los
inversionistas son mayores, por lo que incrementa el costo de la deuda del
gobierno.
A partir de lo anterior en Aldesa sostenemos que el tema fiscal está entre los
principales retos de la próxima administración. Gran parte del desafío va estar
en la propuesta de un paquete fiscal integral que contenga medidas de control
de gasto y aumento de ingresos y en el diálogo político que permita acuerdos en
el Congreso.
Por otro lado, conforme con un informe especial del Estado de la Nación, la
oportunidad para conseguir un buen empleo figura como uno de los principales
descontentos de los ciudadanos. Dicha percepción está en línea con los datos,
al registrarse en los últimos 10 años una tasa de desempleo estancada en torno
al 9% y el porcentaje de hogares pobres en 20%. Ese estancamiento en la tasa
de desempleo obedece, en gran medida, a un desfase entre la oferta y la
demanda laboral, debido a los cambios estructurales de la economía.

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Es importante mencionar que 10 años atrás el sector manufacturero y comercial
representaban en conjunto casi el 40% del PIB, mientras que actualmente solo
pesan un 27% del PIB. Durante los últimos años el sector servicios viene
tomando cada vez más fuerza y se caracteriza por demandar trabajadores más
calificados y con más de un idioma. El tema de empleo forma un reto
fundamental para la próxima administración por el impacto directo que este tiene
a nivel de pobreza y desigualdad.
Finalmente, el tercer reto se relaciona con los aspectos de competitividad e
infraestructura. De acuerdo con el Índice de Competitividad Global del World
Economic Forum en 2016 ocupamos la posición 54 de 138, destacando que los
dos problemas más importantes para el ambiente de los negocios son la
ineficiencia de la burocracia del gobierno y una inadecuada oferta de
infraestructura. Esos dos problemas están directamente relacionados con la
competitividad y el flujo de inversiones en el país, por lo que la próxima
administración debe hacer un esfuerzo significativo en esta materia (También
puede ver: Retos de Costa Rica en Infraestructura) .
Los candidatos a presidente para las próximas elecciones:
Antonio Álvarez Desanti (PLN): Posee una amplia carrera en el Partido
Liberación Nacional, iniciando como Tesorero Nacional de la Juventud
Liberacionista durante la campaña de Luis Alberto Monge en 1981. Dentro de
sus últimos cargos políticos, se destaca Presidente de la Asamblea Legislativa
y primer diputado por la provincia de San José.
Retos de la próxima
administración
Reto fiscal Competitividad e
infraesctructura
Empleo y pobreza

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Rodolfo Piza (PUSC): Dentro su trayectoria política destaca el cargo de
presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) durante
la administración de Miguel Ángel Rodriguez, así como Magistrado Suplente de
la Corte Suprema de Justicia. El rol de Piza como candidato arranca desde las
elecciones pasadas, donde logró colocar al PUSC con 6% de los votos totales.
Carlos Alvarado (PAC): Durante la administración Solís fue inicialmente
Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y Presidente Ejecutivo del
Instituto Mixto de Ayuda Social, para luego dirigir el Ministerio de Trabajo. Dentro
de sus principales aportes, destacan el proyecto Puente al Desarrollo, focalizado
en un plan estratégico para la reducción de la pobreza y la incorporación del
índice de pobre multidimensional.
Juan Diego Castro (PIN): Aspirante por parte del Partido Integración Nacional
y reconocido abogado. Ocupó el puesto de Ministro de Seguridad Pública
durante la administración Figueres Olsen; sin embargo, fue reubicado de su
cargo luego de rodear con la policía la Asamblea Legislativa, en ese momento
dirigida por Desanti.
Otto Guevara (ML): Fundador del partido donde actualmente es candidato, por
quinta vez consecutiva. Guevara se desempeña como diputado de la Asamblea
Legislativa. Dentro de los mejores resultados obtenidos fue en el 2010, al
obtener un 20% del total de votos. Fue uno de los líderes dentro de la campaña
del referéndum sobre el TLC con los Estados Unidos, bajo el nombre de Alianza
por el Sí.
Rodolfo Hernández (PRSC): Candidato del nuevo partido republicano y
respetable médico pediatra que fungió desde el 2001 hasta el 2014 como
director del Hospital de Niños. Su carrera política ha sido escaza y polémica, al
renunciar en las pasadas elecciones presidenciales como el candidato oficial del
PUSC.
Edgardo Araya (FA): Actualmente es diputado del partido Frente Amplio y su
área de especialización es el derecho ambiental. Dentro sus principales
reconocimientos se encuentra el triunfo del caso Crucitas, donde integraba el
equipo jurídico que bloqueó el avance de ese proyecto.

8. Las opiniones aquí expresadas corresponden a Aldesa y son
susceptibles de modificación. No existe ninguna garantía de que
las proyecciones expresadas se cumplan. El presente material no
constituye un asesoramiento en materia de inversiones y no
pretende respaldar ninguna inversión en particular. Toda inversión
conlleva riesgo.
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