Contralínea 498

Año 15 • Número 498 • $30
Del 25 al 31 de julio de 2016
ISSN: 1665-1626
REVISTA SEMANAL

www.contralinea.com.mx 3
PASO A DESNIVEL MISCELÁNEO

4 18 de julio de 2016
DIRECTOR Miguel Badillo
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Av. Río Churubusco 590, colonia Del Carmen,
delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF
Según datos con los que
cuenta este Centro de Dere-
chos Humanos, el día 20 de
julio hacia las 12:30 horas se
efectuó el desalojo violento
en el tramo carretero San
Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez
del bloqueo de maestros y
maestras que la Coordinado-
ra Nacional de Trabajadores
de la Educación (CNTE)
mantenía como un acto de
resistencia y libre expresión
en contra de la reforma edu-
cativa. El hecho fue realizado
por cerca de 100 personas
encapuchadas, vestidas de
camisa negra y pantalón azul
provenientes del municipio de
Chamula junto con policías
municipales y estatales del
gobierno de Chiapas.
De acuerdo con la infor-
mación recibida, se lanzaron
gases lacrimógenos y se hicie-
ron disparos de arma de fue-
go; se habla, por el momento,
de dos personas heridas con
arma de fuego, a una de ellas
le dispararon en el hombro,
además de destruir y quemar
el campamento.
Es preciso recalcar que el
bloqueo estaba conformado
por maestros y maestras,
padres y madres de familia,
integrantes de organizaciones
sociales, de representantes
de barrios y colonias de la
ciudad de San Cristóbal de
Las Casas, así como personas
de todas las edades, con el
objetivo de solidarizarse y ma-
nifestar su inconformidad en
contra de la reforma educati-
va y las reformas estructurales
que el gobierno mexicano
está aplicando bajo acciones
represivas.
Después de estos hechos
nos reportan presencia del
Ejército Mexicano, en una
acción de ocupación y de re-
forzar las acciones represivas.
Este Centro de Derechos
Humanos se pronuncia
en contra de estos hechos
arbitrarios que no ayudan
al proceso de dialogo que se
mantiene con el gobierno
federal.
San Cristóbal de Las
Casas, Chiapas, México
Centro de Derechos
Humanos Fray Bartolomé de
la Casas
Llaman a estar
al pendiente de
maestros en plantó en
San Cristóbal
A las organizaciones de
derechos humanos; a los
gobiernos federal y estatal; al
pueblo de México:
El día 20 de julio del
presente año, en el tramo de
la carretera autopista San
Cristóbal de Las Casas-Tu-
xtla Gutiérrez, aproxima-
damente a las 12:30 horas
fueron desalojados inte-
grantes de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores
(CNTE) y organizaciones
civiles quienes respaldan la
resistencia contra la llamada
“reforma educativa”.
Quienes encabezaban
el desalojo fue el grupo
paramilitar Asociación de
Locatarios de Mercados
Tradicionales de Chiapas
(Almetrach). En noticieros
ligados al gobierno los hacen
llamar: “los chamulas”, for-
taleciendo un discurso añejo
“racista” y “clasista”. Este
grupo, es de conocimiento
de la población que está
auspiciado por el gobierno
de Manuel Velasco Coello
y Marco Cancino González
(actual presidente munici-
pal de San Cristóbal de las
Casas); detrás de esta tríada
está todo el control y venta
de drogas, armas y alcohol
que son el atractivo del
llamado “pueblo mágico”.
Quien lo encabeza es Nar-
ciso Sántiz Ruiz. Durante el
desalojo, usaron tubos, palos,
machetes y armas de fuego
para reprimir a las personas
que se encontraban en el
bloqueo.
Hacemos un llamado a
las colonias y barrios, orga-
nizaciones populares y a la
CNTE a estar pendientes de
las futuras acciones que el
Estado emprenderá para de-
tener la resistencia popular
contra la llamada “reforma
educativa”. El Estado deja
ver su rostro fascista en esta
represión que no es nueva,
porque la aplicaron en las
comunidades zapatistas
desde la década de 1990.
Basta recordar la masacre de
Acteal y el accionar de pa-
ramilitares en la zona Norte
de Chiapas, con el grupo
mal llamado Paz y Justicia,
quienes cometieron desapa-
riciones forzadas y asesinatos
selectivos.
Va toda nuestra solidari-
dad con la resistencia popu-
lar que emprende la CNTE
a lado de las organizaciones
sociales que hoy se suman
a ella. Exigimos justicia
y el cese a la represión y
criminalización del Estado
fascista hacia la resistencia
popular contra la “reforma
educativa”.
Contra la represión, la
movilización.
Todas y todos apoyemos
la lucha magisterial.
Colectivo Rosa
Luxemburgo-Frente Nacional
de Lucha por el Socialismo
NUESTROS LECTORESOPINIÓN
A MAESTROS EN SAN CRISTÓBAL
CENTRO FRAYBA REPUDIA AGRESIONES

Agresiones de cacique
contra ejidatarios de
Halachó, Yucatán
Ejidatarios de Halachó que
defienden sus tierras y que han
promovido la Acción Restitutoria
por el despojo que enfrentan
vivieron nueva agresión por
parte de un trabajador del señor
Herbert Zumárraga Rejón el
pasado lunes 18 de julio.
Estaagresióntambiénestuvo
dirigidacontraelequipoIndig-
nación,puestoqueeldañofue
precisamentealacamionetade
estecentrodederechoshumanos,
particularmentealasllantasdelan-
terasdelacamioneta,quefueron
dañadasconunobjetopunzocor-
tanteyquedaroninutilizables.
La agresión ocurrió alrede-
dor de las 13:30 horas, durante
un recorrido por los terrenos de
los ejidatarios para mostrar y
explicar la situación a un asesor
del ejido y del equipo Indigna-
ción. Un empleado del señor
Zumárraga tomaba fotos de las
personas que se encontraban
haciendo ese recorrido.
El evento ocurrió durante el
recorrido por una de las parcelas
que está en posesión de uno de
los ejidatarios, aunque colinda
con la entrada al rancho, por
lo que el empleado del señor
Zumárraga tuvo que entrar inde-
bidamente a este terreno para
dañar la camioneta.
Cuando los ejidatarios re-
gresaron a la camioneta, después
del recorrido que se hizo con
un asesor del ejido y del equipo
Indignación, encontraron ahí,
parado junto al vehículo, a Ray-
mundo Moo Yah, empleado de
Zumárraga, y encontraron las
dos llantas delanteras dañadas. El
trabajador no negó que él hubie-
se cometido el daño y amenazó
a los compañeros ejidatarios y al
asesor agrario.
Por el daño a las llantas la
camioneta estaba prácticamente
inutilizable, pero aún así los
compañeros decidieron retirarse
de ahí ante las amenazas y para
evitar enfrentamientos. En el ta-
ller donde se repararon las llantas
el mecánico dijo que el objeto
punzocortante atravesó todas las
capas, de ambas llantas.
Por estos hechos y después de
insistir puesto que el Ministerio
Público se negaba a aceptar la
denuncia, se abrió la carpeta de
investigación 516/2016 ante la
agencia décimo sexta con sede en
Maxcanú, Yucatán.
Atravésdeunademandade
acciónrestitutoria,presentadaen
abrilde2015anteelTribunalUni-
tarioAgrario,campesinosmayas
ejidatariosdeHalachódefienden
sustierras,invadidasporelseñor
HerbertZumárragaRejón.
Además del despojo de sus
tierras y la afectación de su te-
rritorio, los ejidatarios enfrentan
desde hace 5 años un hostiga-
miento judicial por parte del
señor Zumárraga, quien a raíz
de la adquisición de la Quinta
San Jerónimo Kuncheila, se arro-
ga la propiedad de una extensión
mucho mayor de hectáreas que
rodean la quinta.
La acción restitutoria pre-
tende obtener una resolución
agraria para enfrentar el despojo
de más de 500 hectáreas que ha
invadido y pretendido cercar el
empresario, y demostrar que se
trata de tierras ejidales y comu-
nales y, a fin de cuentas, parte del
territorio que como pueblo maya
les corresponde.
Más de 40 campesinos han
sido criminalizados, puesto que
el señor Zumárraga ha inter-
puesto denuncias acusándolos
falsamente y sin pruebas de daño
en propiedad ajena y robo (de
postes) y utilizando el aparato de
procuración y administración de
justicia para hostigarlos.
La diligencia del Ministerio
Público para atender las denun-
cias del señor Zumárraga cuando
ha intentado criminalizar a los eji-
datarios contrasta con la reticen-
cia del mismo Ministerio Público
para aceptar la denuncia por el
daño a las llantas de la camioneta
y por el permanente hostiga-
miento de personas empleadas
del señor Zumárraga contra
los ejidatarios, al amenazarlos
continuamente, mover o dañar
sus alambrados, cerrar caminos y
hostigarlos de distintas formas.
Indignación,Promoción
y Defensa de los derechos
Humanos
Tlachinollan invita a
presentación de informe
y aniversario
Queridos amigos y amigas: en
estos días convulsos, donde las
armas de las fuerzas de seguridad
y Armadas se han impuesto por
encima del diálogo, los pueblos
de la Montaña, a través de sus sa-
bios y sabias que leen las señales
del cielo, prevén torrentes dañi-
nos con secuelas de problemas
graves, como enfrentamientos,
encarcelamientos y muertes. En
los albores de julio vieron al sol
aprisionado en su casa, que pre-
sagia conflictos mayores.
Los y las Xiñá, elevan sus
rezos para que la palabra sabia
florezca en la mesa donde platica
el magisterio con el gobierno.
Con el número exacto de las
ofrendas y el rezo que sale del
corazón confían en que las po-
tencias sagradas ablandarán las
posturas duras de quienes no
escuchan el clamor del pueblo.
San Marcos parece recibir con
agrado lo que el pueblo ha pues-
to en sus altares: ha enviado el
agua buena y el viento suave. Los
rayos no descargan su ira contra
sus hijos e hijas y la planta de
maíz está brotando en el tlacolol.
No hay duda que la Monta-
ña siente lo que sufren sus hijos e
hijas. Reacciona y se estremece
ante lo que sucede en otras
partes. Está inquieta. Percibe
que la situación es grave y que
amenaza con desbarrancar a
quienes se oponen a los dictados
del poder. En nu’ saavi, me’ phaa
o nahua, la gente comenta en
sus asambleas la manera como
el gobierno está tratando a los
papás y mamás de los 43 estu-
diantes desaparecidos, y cómo ha
arremetido violentamente contra
el pueblo de Oaxaca. Saben de
viva voz cómo las autoridades se
niegan a atender las recomenda-
ciones del Grupo Interdisciplina-
rio de Expertos Independientes
(GIEI) y a no darle celeridad a la
implementación del nuevo me-
canismo de seguimiento de las
investigaciones y la búsqueda de
los 43 jóvenes normalistas.
Recientemente los papás
y mamás visitaron los pueblos
de la Montaña, que para varios
de ellos es su casa, con el fin de
compartir su ardua lucha. Se
reencontraron en el dolor y en la
calidez del cobijo comunitario.
Sintieron el cariño y el gran
aprecio que tienen por sus hijos.
Saben que cuentan con la gente
del pueblo para seguir deman-
dando la presentación de los
43. La memoria indómita sigue
viva y pujante hasta encontrar la
verdad y lograr la justicia.
En este ánimo cargado de
incertidumbre y de mucha espe-
ranza, nos es grato invitarles al
corazón de la Montaña para que
nos acompañen en la celebración
del XXII Aniversario de Tlachi-
nollan, que se llevara a cabo el
sábado 20 de agosto de 2016, a
partir de las 10 horas, en la Casa
Católica, donde presentaremos
nuestro informe ¡Pueblo indignado!
Resistir con el corazón por delante.
Con la grata presencia
del Consejo de Comunidades
Damnificadas de la Montaña y
de organizaciones sociales de la
región, refrendaremos nuestro
apoyo a los padres y madres de
los estudiantes desaparecidos, eje-
cutados y heridos de Ayotzinapa.
Con una gran marcha para exigir
justicia, verdad y para que preva-
lezca el diálogo y no la fuerza.
Por ellos y por ellas, nuestra
lucha no cesa. Se robustece con
su testimonio y la grandeza de
su corazón. La esperanza es más
refulgente donde el dolor es in-
conmensurable. Les esperamos
con la alegría de siempre.
Fraternalmente,
Las y los Tlachis
Centro de Derechos Huma-
nos de la MontañaTlachinollan
NUESTROS LECTORES OPINIÓN

CONTENIDO
32
PORTADA
En lo que va de este gobierno, el déficit de
nuevos empleos formales es de, al menos,
1.5 millones. Aunado a ello, los 2 millones de
nuevos puestos de trabajo creados en los 3
años y medio son mal pagados, precarios e
inestables
CREAN 2 MILLONES
DE EMPLEOS, PERO SE
NECESITAN 3.5 MILLONES
OPINIÓN
NUESTROS LECTORES
OFICIO DE PAPEL UN CASO DE ABUSO Y CORRUPCIÓN EN HACIENDA
Miguel Badillo
DEFENSOR DEL PERIODISTA EL ATAQUE JUDICIAL DE MOREIRA
CONTRA SERGIO AGUAYO Álvaro Cepeda Neri
AGENDA DE LA CORRUPCIÓN POBREZA: LO QUE OCULTA EL
GOBIERNO Nancy Flores
ZONA CERO ESTADOS UNIDOS ADVIERTE: GUERRA DE AQUÍ A 2035
Zósimo Camacho
IQ FINANCIERO ¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE LAS RECUPERADORAS DE
CRÉDITO? Claudia Villegas
ARTÍCULOS
EL DERECHO A LA ELECTRICIDAD: LA CONSTITUCIÓN Y LOS
TRATADOS INTERNACIONALES Martín Esparza
MAESTROS Y ESTUDIANTES: PUNTA DEL ICEBERG DE CRISIS DE
DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO Ines M Pousadela/IPS
ROMA PAGA A LOS TRAIDORES Xavier Caño/CCS
LA BOMBA SÍSMICA QUE ESTREMECERÁ ESTADOS UNIDOS Luis Beatón/PL
4
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CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 15, núme-
ro 498, del 25 al 31 de julio de 2016– es una publicación sema-
nal editada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Avenida
Río Churubusco 590, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP
04100, México, DF; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.con-
tralinea.com.mx, info@contralinea.com.mx. Editor responsable: Agus-
tín Miguel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de
autor: 04-2001-1206164804 00-102. Número de certificado de li-
citud de título: 12264, y de contenido: 8918. ISSN: 1665-1626. Este
número se terminó de imprimir el 22 de julio de 2016. Distribuida
por la Unión de Voceadores de México, despacho de Gloria Santi-
llán, Ignacio Mariscal 44, col. Tabacalera, CP 06030, México, DF, te-
léfono 55 92 08 91.
CONTRALÍNEA reconoce el deber de veracidad y la cláusula de con-
ciencia de reporteros y articulistas. Los textos son responsabilidad de
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riamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda total-
mente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos o
imágenes de la publicación sin previa autorización de Editorial Liber-
tad y Expresión, SA de CV.
Circulación certificada por Romay
Hermida y Cía, SC, folio: 00010-RHY

CONTENIDO
ANÁLISIS
SOCIAL Del fracaso de la reforma energética a la educativa Fabio Barbosa
INTERNACIONAL Panamá en transición Guillermo Castro H/Prensa Latina
50
54
INVESTIGACIÓN
PORTADA Crean 2 millones de empleos, pero se necesitan 3.5 millones Marcos Chávez
RENDICIÓN DE CUENTAS Fondos Conacyt, multimillonarias irregularidades Mauricio
Romero
LÍNEA GLOBAL Desigualdad y exclusión social en el corazón de Guatemala Isabel Soto
Mayedo/Prensa Latina
32
38
44
MISCELÁNEO
EX LIBRIS Noé Zavaleta: el desgobernador Javier Duarte y su siniestro cinismo Álvaro
Cepeda Neri
SOCIEDAD BETA Riesgos vacacionales en la época del internet Gonzalo Monterrosa
PASO A DESNIVEL El Chavo de la Casa Blanca Miguel Galindo
62
64
66
Ilustración de portada: 123RF
50 54
38 44
PROSTITUCIÓN: CHICAS NUEVAS 24 HORAS Laura Zamarriego Mastre/CCS
MANIPULACIÓN EN TURQUÍA Thierry Meyssan/Red Voltaire
28
30

OFICIO DE PAPELOPINIÓN
D
urante 10 años –2003 a 2012– Jaime
Loe Rangel se desempeñó como repre-
sentante legal de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP) en el área de
Recursos Humanos, lo que le permitió conocer
y litigar decenas de juicios laborales y reinstala-
ciones ante las juntas de Conciliación y Arbitra-
je, juzgados, tribunales e incluso en la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.
Pero todos esos juicios que atendió Loe Ran-
gel y cuya firma como abogado y funcionario de
la SHCP rubricó en documentos oficiales, po-
drían ser anulados porque incurrió en falsedad
de declaración ante una autoridad judicial y en
uso de documentos apócrifos, al usurpar una
cédula profesional y mentir sobre su trayectoria
académica.
Por las fechas en que trabajó en Hacienda di-
cho servidor público, las irregularidades cometi-
das en cientos de casos jurídicos correspondieron
a los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe
Calderón; sin embargo, es al gobierno de Enri-
que Peña Nieto y directamente a su secretario de
Hacienda, Luis Videgaray, a quienes les ha esta-
llado este grave problema que puede echar aba-
jo juicios ganados por esa dependencia. Por ello,
algunos afectados por las gestiones de Loe Ragel
han presentado amparos ante la justicia federal, e
incluso han recurrido a la Procuraduría General
de la República para presentar denuncias penales
en contra de servidores públicos de la SHCP.
Este hecho está confirmado por la Secre-
taría de la Función Pública (SFP), a través del
Órgano Interno de Control, bajo el expediente
PAR-478/2013. Y aunque se trata documen-
tos clasificados como reservados, se puede con-
sultar un extracto en la siguiente liga (http://
dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5347094&fe-
cha=03/06/2014&print=true).
De acuerdo con lo publicado por la propia
SFP en el Diario Oficial de la Federación el 3 de ju-
lio de 2014, dicho exfuncionario “en el ejercicio
de su puesto como subdirector de Área NB23,
adscrito a la Dirección General de Recursos
Humanos de la Secretaría de Hacienda y como
apoderado legal de dicha dependencia, durante
el periodo comprendido del 5 de junio de 2006
al 11 de julio de 2012, se ostentó como licen-
ciado en derecho sin poseer título profesional
legalmente expedido y debidamente registrado,
y por consiguiente, sin haber obtenido de la Di-
rección General de Profesiones de la Secretaría
de Educación Pública la patente de ejercicio
correspondiente (cédula profesional), como lo
prevé el artículo 25 fracciones II y III de la Ley
Reglamentaria del Artículo 5 constitucional”.
No obstante, el periodo en el que usurpó la
profesión podría ser mayor, pues hay un caso que
Loe Rangel litigó desde 2003. Se trata del expe-
diente laboral 1418/03 de Lilia Cortés García
contra la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico, en el que la primera exigía su reinstalación
por considerar que su despido era injusto.
Según se deprende de la información de la
SFP, el exapoderado legal de Hacienda se osten-
tó en todos los juicios laborales como abogado.
Pero ese órgano de control descubrió que “la cé-
dula profesional número 1605805, de fecha 4 de
septiembre de 1991 (hoja 342 Tomo III), supues-
tamente expedida a su favor y que exhibió como
propia ante la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, para acreditar su grado de estudios, con
UN CASO DE ABUSO
Y CORRUPCIÓN EN HACIENDA
MIGUEL BADILLO

OFICIO DE PAPEL OPINIÓN
efectos de patente para ejercer la profesión de
licenciado en derecho, presuntamente expedida
por la Dirección General de Profesiones de la
Secretaría de Educación Pública, resultó apócri-
fa y, por ende carente de validez oficial”.
Para confirmar o desmentir la veracidad de
la documentación presentada por Loe Rangel
sobre su trayectoria académica, el Órgano In-
terno de Control acudió a la SEP. Con el ofi-
cio DCP/SCP/2020-AP/12, folio 7157, del 9
de agosto de 2012, el subdirector de Colegios
de Profesionistas dependiente de la Dirección
General de Profesiones, informó: “No se tienen
antecedentes del C Jaime Loe Rangel como pro-
fesionista”.
Además, la SEP le comunicó al Órgano Inter-
no que “con fecha 3 de septiembre de 1991, se
expidió la cédula profesional número 1605805,
a favor de la C María de Lourdes Corona Gue-
rrero, que la faculta para ejercer como contador
público”. Loe Rangel
utilizaba el número de
la cédula profesional de
esta mujer para acredi-
tarse como abogado.
Para la Contraloría,
Loe Rangel incurrió en
ejercicio profesional in-
debido, pues se entiende por ejercicio profesional
“la realización habitual a título oneroso o gratuito
de todo acto o la prestación de cualquier servicio
propio de cada profesión, aunque sólo se trate de
simple consulta o la ostentación del carácter del
profesionista por medio de tarjetas, anuncios,
placas, insignias o de cualquier otro modo”; “lo
anterior, al haber suscrito 57 documentos oficiales
relacionados con la defensa jurídica de los juicios
laborales promovidos en contra de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público”.
Expediente laboral
1418/03 de Lilia Cortés
“Durante 14 años he luchado por salvar mi
vida y la de mi familia, porque como funciona-
ria de la SHCP no acepté corromperme cuan-
do me ordenaron transferir 450 mil millones
de pesos del Presupuesto de Egresos a partidas
diferentes a las autorizadas por el Congreso de
la Unión y desde ese momento, en 2002, he su-
frido todo tipo de vejaciones, lesiones, crueldad,
tortura, barbarie, injusticia, discriminación,
amenazas, infamias, persecución y agresiones
de todo tipo.
“Acudí a las instancias de impartición de
justicia y tutela de mis derechos, afortunada-
mente me dieron la razón y pacientemente he
esperado mi reinstalación durante 14 años, y
que Hacienda cumpla con lo mandatado por el
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el
cual determinó que fui ilegal e injustificadamen-
te despedida a través de un proceso amañado al
margen de la ley, siendo testigo presencial Max
Alberto Diener Sala, actual procurador Fiscal
de la Federación, ya que fuimos compañeros y
vecinos de oficina, por lo cual se percató de todo
lo ocurrido, además que durante el proceso de
mi defensa le marqué
copia de mis escritos
para su atención y co-
nocimiento.
“Sin embargo, lo
único que he recibido
de los funcionarios de
la Secretaría de Ha-
cienda de manera reiterada y dolosa es maltrato,
discriminación, violación de mis derechos y ga-
rantías, negándose a cumplir con los tres acuerdos
plenarios emitidos por los magistrados de la Pri-
mera Sala del Tribunal de Conciliación y Arbi-
traje, los cuales fueron notificados legalmente en
tiempo y forma por dicho tribunal, tipificándose
el delito de desacato como consta en el expediente
laboral 1418/03, pudiendo confirmar lo aquí ex-
presado con la revisión de los archivos de la propia
Secretaría de Hacienda, concretamente en la ofi-
cina del secretario y en la Oficialía Mayor.”
Lilia Cortés García es una de las muchas víc-
timas del exservidor público Jaime Loe Rangel,
quien fue el apoderado legal de la SHCP en el
juicio de esa mujer que lo único que exige es
justicia y su reinstalación después de haber sido
despedida injustamente hace 14 años por opo-
nerse al entonces secretario Francisco Gil Díaz a
cometer un acto de corrupción.
Todos los juicios que atendió Loe Ran-
gel a nombre de Hacienda podrían ser
anulados, porque incurrió en falsedad de
declaración y uso de documentos falsos
Todos los juicios que atendió Loe Ran-
declaración y uso de documentos falsos

DEFENSOR DEL PERIODISTA
OPINIÓN
S
e ha puesto de moda enriquecerse por me-
dio de demandas contra el ejercicio de las
libertades de prensa, como es el caso del ex-
desgobernador de Coahuila Humberto Moreira, en
una entidad donde los Moreira, despóticamente
han enraizado su caciquismo político-económi-
co. Ese tal Moreira ha escenificado otro de sus
ataques, ahora demandando al periodista Sergio
Aguayo, porque éste escribió que ese Moreira
genera un “hedor corruptor” y quien, peñis-
ta de corazón, hasta fue presidente del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) –ya van tres
con el mexiquense: Moreira, el político Beltro-
nes y ahora el cómico
Ochoa Reza–, y hubo
de renunciar cuando
dizque se fue a España
para “estudiar”.
Ahí fue aprehen-
dido para investigar-
lo por lavado de dinero,
encarcelado una semana y liberado, que no
absuelto con sentencia definitiva e irrevocable,
para regresar a su propiedad coahuilense des-
de donde amenaza con regresar electoralmente
para buscar una presidencia municipal, y estar
listo para la sucesión presidencial de 2018… si
es que el PRI logra llegar. O aliado con los par-
tidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución
Democrática (PRD) se enfrenta al Movimiento
Regeneración Nacional (Morena), en una con-
tienda de la derechización panista-priista-perre-
dista contra el populismo lopezobradorista que
se alza más que amenazante para otra transición
presidencial, que busca no fracasar como suce-
dió con la mancuerna Fox-Calderón; probando
que como sentenció el fallecido Carlos Castillo,
el PAN perdió el poder y el partido que no reco-
brará la complicidad Zavala-Calderón.
La demanda de Moreira contra Aguayo es la
clásica maniobra judicial contra un periodista.
Y todo porque, con la impunidad, los funciona-
rios no quieren ser puestos en la mira de la crí-
tica con arreglo a los derechos de las libertades
de prensa, asumiéndose discípulos de Antonio
López de Santa Anna, cuando éste amenazó
con darle “mil patadas” a quien había escrito
una crítica al cojo-dic-
tador, como lo narra
Guillermo Prieto en
sus: Memorias de mi
tiempo. Moreira quie-
re… ¡10 millones de
pesos! para engordar
su patrimonio, porque
alega que fueron “lastimados mis sentimientos,
afectos, mi honor, vida privada y mi imagen,
afectos, creencias, decoro, reputación, así como
la consideración que de mi persona tienen los
demás” (Reforma, 13 de julio de 2016).
¿Los demás? ¿Quiénes? ¿Acaso Peña, su
amigo? Porque los demás son muchos y al me-
nos este columnista se deslinda de esa inclusión.
Y es que el tal Moreira, hermano del actual des-
gobernador de Coahuila, ha estado en el escena-
rio de lo público unas 2 décadas, con lo cual
es objeto de la información y críticas por el pe-
riodismo de investigación; máxime que los dos
EL ATAQUE JUDICIAL DE MOREIRA
CONTRA SERGIO AGUAYO
ÁLVARO CEPEDA NERI
La demanda de Moreira contra Aguayo
es la clásica maniobra judicial contra un
periodista: los funcionarios no sólo tratan
de evitar la crítica sino de ser impunes
La demanda de Moreira contra Aguayo
de evitar la crítica sino de ser impunes

DEFENSOR DEL PERIODISTA OPINIÓN
Moreira han sido funcionarios que no pueden
escapar a los cuestionamientos por el tufillo a
corrupción que despiden. Porque Humberto,
por ejemplo, acaba de ser mencionado en una
Corte de Texas por presuntamente haber reci-
bido 2 millones de dólares por sus nexos con
los Zetas, como informa el reportero Mauro
de la Fuente (Reforma, 7 de julio de 2016). Y en
cambio no ha demando a quien lo acusa por su
“hedor corruptor”.
Moreira intenta silenciar de esta manera a
los periodistas que informan y critican los ac-
tos, omisiones e investigaciones periodísticas
de funcionarios y exfuncionarios; estos últimos
cada vez que aparecen en la escena de lo públi-
co, recurriendo a los tribunales sin legitimidad,
pero con su derecho a solicitar resoluciones ju-
diciales. Pero el periodista Sergio Aguayo no
está sólo, pues cuenta con sus abogados para
contestar la demanda y contrademandar, de
manera tal que las libertades de prensa estén
por encima de reclamos antidemocráticos para
querer silenciar la crítica; misma a la que han
de estar expuestos todos los que incurren en
materia objeto del derecho a la información, y
con ésta sujetar la crítica, el análisis y los hechos
a la conducta pú-bli-ca de los que se exhiben
con sus intolerancias y quisieran cobijarse como
intocables. Y Moreira no puede ni debe creerse
al margen de los dardos de la prensa con el seu-
doargumento de que se siente ofendido cuando
es cuestionado ante la opinión pública.
MIGUELGALINDO

AGENDA DE LA CORRUPCIÓNOPINIÓN
POBREZA
LO QUE OCULTA EL GOBIERNO
NANCY FLORES
U
na de las peores consecuencias del ca-
pitalismo neoliberal es, sin duda, la po-
breza. Un ser humano afectado por esta
condición ve limitado, desde su primer instante
de vida, todo su desarrollo (físico, mental, inte-
lectual, cultural, social, económico).
La pobreza va de la mano de otras dos con-
diciones: desigualdad e injusticia. Y en México,
ambas son explícitas en un solo ejemplo: en nues-
tro país vive uno de los hombres más ricos del
planeta (Carlos Slim) y también pueblos comple-
tos mueren de hambre (en Guerrero, Chiapas,
Oaxaca, la Sierra Tarahumara).
Para la mayoría de
las personas pobres y
marginadas, las posibi-
lidades de cambiar su
contexto son nulas, pues
no depende de ellas –de
su esfuerzo por generar
riqueza–, sino del mo-
delo económico en el que se desarrollan.
En el caso del capitalismo neoliberal, éste
funciona de una sola forma: para enriquecer a
un puñado, margina a millones. No hay más. Por
ello, alguien que nació en un hogar pobre prác-
ticamente no tiene posibilidades de formar parte
de ese puñado de gente rica. Es más, tampoco
existe la probabilidad de que, en su etapa adulta,
logre siquiera mejorar mínimamente las condi-
ciones que enfrentó en su niñez y juventud.
Para un pobre, los escenarios son catastróficos
tanto en la ciudad como en el campo. En las zo-
nas urbanas, si consigue un empleo estable será
en condiciones precarias: salarios injustos por
jornadas desgastantes.
En zonas rurales, el campo –devastado por
el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte– no representa de ninguna manera una
oportunidad de movilidad social. Además, los re-
cursos naturales que antaño auxiliaban a los
pueblos originarios, son despojados y explota-
dos irracionalmente –desde hace unas 4 déca-
das– por ese puñado de ricos.
Esa lacerante realidad no cambia por más
modificaciones que hagan en sus metodologías
aquellos que miden oficialmente la pobreza. Por
ello, lo hecho por el
Instituto Nacional de
Estadística y Geografía
(Inegi) es un descaro
total, una tomadura de
pelo.
Como se recorda-
rá, el Inegi presentó
sus mediciones respecto del ingreso con el que
sobreviven los hogares pobres de México. Pero la
aplicación de la nueva metodología derivó en un
inexplicable aumento del 33.6 por ciento de los
ingresos mensuales por hogar.
El cinismo del Inegi es indescriptible, pues
las condiciones del país no han mejorado. Por el
contrario, la crisis económica ha empeorado y
miles de personas han sido despedidas, tanto del
sector público como del privado.
Así que nada parece indicar que los 55.3 mi-
llones de personas que sufren pobreza en Méxi-
co –según el Consejo Nacional de Evaluación de
Los pobres no tienen posibilidad de
cambiar su contexto: no depende de su
esfuerzoporgenerarriqueza,sinodelmo-
delo económico en el que se desarrollan
Los pobres no tienen posibilidad de
delo económico en el que se desarrollan

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN OPINIÓN
la Política Pública– hayan mejorado su nivel de
vida. Ni siquiera con los apoyos públicos que,
además de ser escasos, se desvían.
Y es que mientras en 2014 –año al que corres-
ponde la más reciente medición– los cálculos ofi-
ciales del Coneval reconocían que 20 millones de
personas en México sufrían la peor de las pobre-
zas, la alimentaria, la Cruzada Nacional Contra
el Hambre únicamente atendió a 5 millones 499
mil 926 personas a través del Programa Prospera.
Los cambios de metodología en el Inegi, para
maquillar más las cifras, sólo se pueden entender
en un contexto en el cual las autoridades mienten,
pues pretenderían pintar un país próspero que, en
realidad, es inexisten-
te. Al tiempo, las nue-
vas cifras permitirían
recortar aún más los
subsidios a los pobres.
La Auditoría Su-
perior de la Federa-
ción, en su Informe de
fiscalización de la Cuen-
ta Pública 2014, revela
que las autoridades
son conscientes de
que la pobreza se in-
crementa día a día.
“De acuerdo con
los registros de la
Coordinación Nacio-
nal de Prospera Pro-
grama de Inclusión
Social, en el ejerci-
cio 2014, a los 400 municipios considerados en
el decreto original con el que se atendió el 51.7
por ciento de la población objetivo, se les incre-
mentaron 612 en una segunda etapa, para tota-
lizar 1 mil 12 municipios distribuidos en las 31
entidades federativas y el Distrito Federal [ahora
Ciudad de México] en los que se atiende una
población objetivo de 5.5 millones de personas;
sin embargo, aún cuando se preveía una tercera
etapa de inclusión de municipios en el ejercicio
2015, hasta alcanzar el 100 por ciento de la po-
blación objetivo estimada en 7.1 millones de per-
sonas en pobreza extrema, el crecimiento de la
pobreza en el país también se ha incrementado
cada año y con ello el número de personas en
situación de pobreza extrema, lo que implica que
las cifras que reporta la Cruzada Nacional Con-
tra el Hambre se incrementen cada año en tanto
no se disminuya la pobreza en el país.”
La auditoría 14-0-20G00-02-0217 indica que
el presupuesto del Prospera que se ejerció en los
31 estados y el Distrito Federal por 25 mil 398
millones 722.2 pesos, en 2014, incidió en el aba-
timiento de las necesidades básicas de la pobla-
ción objetivo (alimentación, salud y educación),
“con lo cual se abaten las necesidades fundamen-
tales de la población objetivo establecida en el
Decreto por el que se establece el Sistema Nacional de la
Cruzada Nacional con-
tra el Hambre, del 22
de enero de 2013”.
Según la Audi-
toría Superior, se
comprobó que la
incidencia de las ac-
ciones de Prospera
se realizaron en los
1 mil 12 municipios
que actualmente es-
tablece la Cruzada y
que dichas acciones
se relacionan con
los objetivos I y II
de la estrategia: cero
hambre a partir de
una alimentación y
nutrición adecuada
de las personas en
pobreza multidimensional extrema y carencia de
acceso a la alimentación; y eliminar la desnutri-
ción infantil aguda y mejorar los indicadores de
peso y talla de la niñez.
Estos resultados alegres sumados a la nueva
metodología del Inegi para desaparecer a los po-
bres de un plumazo podrían derivar en una dis-
minución de las ayudas, pese a que la pobreza
en realidad no se ha abatido en ninguno de los
municipios atendidos por la Cruzada. Ojalá
los gobernantes se dieran un baño de pueblo, inclu-
so en la Ciudad de México, para que conozcan
de primera mano las urgencias reales de quienes
mueren literalmente de hambre.
MIGUELGALINDO

ZONA CEROOPINIÓN
L
a semana pasada, el Departamento de
Defensa de Estados Unidos publicó su
más reciente Joint Operating Environment,
conocido generalmente por su sigla JOE, al que
en su título le agregó el año en que fija sus pro-
yecciones: 2035. La fecha de aparición de estos
documentos es variable (el anterior JOE data
de 2010), pero son muy esperados porque toda
la Fuerza Conjunta del país más poderoso del
mundo, militarmente hablando, da a conocer
hacia dónde se encaminan sus proyectos y po-
líticas. Proporciona una perspectiva sobre las
tendencias, los riesgos a su seguridad nacional,
los próximos choques que vislumbra, los contex-
tos y las consideraciones que deberán tomar en
cuenta los comandantes de las Fuerzas Armadas
de ese país, así como los civiles con responsabi-
lidades en materia de seguridad y defensa na-
cionales.
Claramente el documento describe lo que la
Fuerza Conjunta debe hacer y ser para proteger
a Estados Unidos, sus aliados, sus socios y sus
intereses en todo el mundo de aquí a 2035.
Es un documento que puede consultar de ma-
nera directa cualquier ciudadano de esa nación
(o los interesados de otras latitudes, vía inter-
net). Los gobernantes mexicanos, tan proclives
a emular a los estadunidenses y hasta adoptar
su agenda, ojalá copiaran también su política de
información. Aquí, en México, se mantiene bajo
caja fuerte –literalmente– el Plan Militar de De-
fensa Nacional, mientras que la Agenda Nacio-
nal de Riesgos sólo es conocida por un reducido
grupo de funcionarios. Ni de lejos un investiga-
dor, estudiante o cualquier persona puede tener
acceso a esos documentos. Quien los solicite
se topará con la infalible cantaleta: “¡eso es un
asunto de seguridad nacional!”. Y no habrá po-
der que saque de las penumbras esos escritos.
Volviendo al documento, los gringos señalan
que el escenario que observan de aquí a 2035
será de una confrontación “abierta y violenta”
con sus adversarios.
El escrito está dividido en tres grandes sec-
ciones. En la primera se describen los cambios
sociales, económicos y tecnológicos que están
en marcha y que pudieran alterar el entorno de
seguridad de Estados Unidos. En la segunda se
explora cómo la interacción de estos cambios
afectará la manera en que se hará la guerra en el
futuro inmediato. Por último, la tercera se refiere
a toda la gama de misiones en las que ya está
involucrada la Fuerza Conjunta y cómo puede
evolucionar con el tiempo.
Según el documento, el futuro inmediato del
orden mundial será de conflicto porque varios
Estados tendrán la voluntad política, la capaci-
dad económica y las capacidades militares para
intentar imponer sus intereses. Es decir, estarán
en posibilidad de hacer frente a los gringos. La
brecha entre la otrora superpotencia y las poten-
cias emergentes se reducirá drásticamente.
En materia de geografía humana, se presen-
tará una serie de presiones sociales, económicas,
ambientales y políticas al interior de algunos
países más allá del punto de ruptura; el proble-
ma se derramará sobre las fronteras, y gene-
rarán amplios problemas internacionales, que
convulsionarán regiones enteras donde Estados
Unidos tiene intereses.
Los militares autores del documento están
conscientes de que la “razón” y la política no
bastarán para imponer sus intereses; con seguri-
dad, los políticos requerirán de la “asistencia” de
ZÓSIMO CAMACHO
ESTADOS UNIDOS ADVIERTE
GUERRA DE AQUÍ A 2035

ZONA CERO OPINIÓN
la Fuerza Conjunta. En este sentido, las Fuerzas
estadunidenses tendrán enfrente un oponente
ideológico y la lucha será “violenta”. El escena-
rio que se observa será de subversiones y derro-
camientos de gobiernos establecidos.
En el JOE 2035 se establece que, incluso, el
propio territorio y la soberanía de Estados Uni-
dos estarán amenazados.
Mención aparte merecen los riesgos genera-
dos por agentes estatales y no estatales, quienes
estarían dispuestos a usar la intimidación, la des-
estabilización y el uso de la fuerza.
Con todo lo anterior, los estadunidenses jus-
tifican el despliegue militar que redoblarán en
los próximos años. Advierten: “la Fuerza Con-
junta debe prepararse para una amplia gama
de misiones diseñadas para hacer frente a estos
contextos”. Los objetivos son claros: “proteger
nuestros intereses nacionales, disuadir conflictos,
castigar la agresión o derrotar adversarios”.
Por lo que se ve, lo que están anunciando
es que utilizarán todos los métodos disponibles
para asegurarse que sigan siendo el país que im-
pone sus intereses a todo el mundo. Y que no
permitirán que otra potencia les dipute los re-
cursos que considera suyos. Aún en su trayecto
final, el gobierno de Obama anuncia que, gane
quien gane la próxima elección presidencial,
vendrán días de más guerra y saqueo.
Fragmentos
Y mientras, en tierras mexicanas, ¿quién les
cree a los gobiernos federal y estatales, de Mi-
choacán y de Chiapas, que quienes desalojaron
a los maestros fueron espontáneos ciudadanos
hartos de las protestas y bloqueos? Es triste y
preocupante que quienes mandan en el país
no hayan aprendido nada de Nochixtlán. Ya
adelantábamos en este espacio, en entregas an-
teriores, que la estrategia en marcha de las auto-
ridades sería enfrentar a civiles contra maestros y
activistas. Si siguen en este empeño, reaparece-
rán con fuerza los grupos paramilitares. ¿A eso
le apuestan los cerebros del régimen? ¿Calculan
las consecuencias?
DAVIDMANRIQUE

IQ FINANCIEROOPINIÓN
E
n España el movimiento ciudadano que cul-
minó en la fundación del partido de izquier-
da Podemos tuvo en las quejas de usuarios
de los créditos hipotecarios en aquel país uno de sus
motores más poderosos.
Podemosysusecretariogeneral,PabloIglesias,lle-
varon el tema de los desahucios al Congreso. Incluso,
condicionó mesas de negociación a que el gobierno
en turno y los legisladores tomaran cartas en el asun-
to ante la crisis social que las deudas millonarias con
la banca por financiamientos hipotecarios. Suicidios
y tragedias familiares ocuparon las primeras planas
de los periódicos españoles. La crisis de los desahucios
se convirtió en la punta del iceberg de una crisis eco-
nómica que en España ha dejado muchas víctimas,
entre ellas su propio sistema político que no termina
derecomponerse.Enfin,quelacomparaciónvieneal
caso porque a esta columna le han hecho llegar infor-
mación que deberían conocer los banqueros honestos
y socialmente responsables. Me constan que sí existen
yquesepreocupandequeenMéxicoelnegociodela
intermediación crediticia se desarrolle de manera so-
cialmente responsable y transparente. Esa, al menos,
eslalíneadetrabajoyfilosofíaqueLuisRoblesMiaja,
hamarcadodesdelaAsociacióndeBancosdeMéxico
(ABM). Al presidente de la Comisión Nacional para
la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financie-
ros (Condusef), Mario Di Constanzo, seguramente le
interesa esta situación que se está convirtiendo en un
verdadero alud de irregularidades.
Sucede que las llamadas recuperadoras de cré-
dito –tal y como sucedió en la crisis del Fobaproa,
¿se acuerda usted de Fénix que compraba deuda
en centavos?– están protagonizando un negocio
millonario a expensas de la tragedia económica, fi-
nanciera y social de miles de familias. Es cierto que
los bancos tienen derecho a recuperar el monto
principal del crédito que otorgaron. Sin embargo,
el problema se encuentra en los incentivos perver-
sos que se tejen en este problema. Resulta que a las
recuperadoras de crédito les interesan los bienes in-
muebles que se ubican en zonas estratégicas de las
principales ciudades y regiones del país. Tienen la
encomienda de comprar deuda a toda costa de in-
muebles bien ubicados con el objetivo de construir
grandes edificios de oficinas, multifamiliares y, por
supuesto, centros comerciales. Y es que el dinero
fluye de instrumentos del mercado de valores y de
fortunas personales de mexicanos “más afortuna-
dos”. Mala noticia para los dueños de casas a quie-
nes la crisis los obligó a incumplir los pagos de sus
créditos hipotecarios y a iniciar un juicio contra la
banca para recuperar sus viviendas. Para ellos, apa-
rentemente, no hay clemencia. El juicio lo pierden
porque lo pierden y su deuda se vende –sin previo
aviso– y, por supuesto, no pueden aspirar a pagar
los 900 mil pesos (un ejemplo) que se paga cuando
la deuda original era por tres o cuatro millones
de pesos. Las recuperadoras, sin embargo, sí tienen
ese derecho y posibilidad. Allí está el negocio. Para
los deudores auténticos de la banca no hay clemen-
cia mientras los accionistas de las recuperadoras de
crédito que operan en el país hacen el negocio de la
década. Muy bien, que pague quien deba pero que
la banca responsable vigile que se elimine cualquier
tráfico de información o corrupción en juzgados.
Trump, proteccionismo
y negocios
Fue a principios de este gobierno cuando la Se-
CLAUDIA VILLEGAS
¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS
DE LAS RECUPERADORAS
DE CRÉDITO?

IQ FINANCIERO OPINIÓN
cretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a
cargo de Luis Videgaray, anunció que endurecería
la vigilancia de las reglas, estímulos y condiciones
que rigen al sector maquilador a través de un de-
creto.
La medida provocó que autoridades de varios
estados de la Unión Americana ofrecieran incen-
tivos para atraer inversiones que, desde hace varias
décadas, habían preferido el territorio mexicano
y a sus trabajadores.
Fue en octubre de 2013 cuando el fabricante
de elevadores Ottis anunció que saldría de México
ante los cambios de la reforma fiscal. En ese mo-
mento, se vaticinó una ola migratoria de maquila-
doras hacia Estados Unidos. Es cierto, aumentaron
los incentivos. La buena noticia para México fue
que la mano de obra mexicana no pudo ser susti-
tuida en muchos casos. No sólo es más barata sino
altamente especializada. Así sucedió con otras ma-
quiladoras que migraron a China.
Ahora que formalmente Donald Trump se
convirtió en candidato a la Presidencia de Estados
Unidos por el Partido Republicano, la industria ma-
quiladora volverá a temblar porque el político anta-
gonista del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN) ha advertido que buscará el
regreso de las inversiones estadounidenses para re-
cuperar los empleos perdidos. Son malos tiempos,
pero que pondrán a prueba los atractivos del mo-
delo económico de México. La industria automo-
triz es un claro ejemplo de cómo la mano de obra
mexicana y su conocimiento de este sector generó
los incentivos adecuados para retener el capital.
Impuesto a refrescos
En el Hospital General de la Ciudad de México los
especialistas que dan seguimiento a los casos mórbi-
dos vinculados con la epidemia de la obesidad están
convencidos que los impuestos y las políticas públi-
cas vinculadas con la prevención del sobrepeso en-
tre la población no están funcionando. Así de grave.
Para ellos, el impuesto de 10 por ciento que se
aplica a las bebidas carbonatadas resulta insufi-
ciente. Por ello, se suman a la propuesta de algu-
nos senadores como Mario Delgado de elevar a 20
por ciento el Impuesto Especial sobre Producción
y Servicios (IEPS) que se aplica a los productos de
este sector. Además de elevar los impuestos, las po-
líticas sanitarias tienen que incrementar la educa-
ción entre la población para sustituir el consumo
de refrescos por bebidas preparadas en casa con
poca azúcar. Es un hecho, por lo tanto, que en el
próximo debate rumbo al Presupuesto de Egresos
de la Federación para 2017 el debate en torno a los
impuestos a los refrescos y a los alimentos con alto
contenido calórico serán materia de trabajo para
expertos en cabildeo y relaciones institucionales
con el Congreso de la Unión. La propuesta genera
ya una señal de alerta entre la llamada Industria de
Coca-Cola y entre los embotelladores del sistema
Pepsico, que argumentarán que un impuesto de
20 por ciento afectará la generación de empleos,
el consumo de azúcar (la cadena que sostienen los
ingenios azucareros) y, por supuesto, la rentabilidad
de sus operaciones. Un tema que, sin duda, gene-
rará grandes acciones por parte de los equipos de
lobbying de estas multinacionales.
El cotilleo del Inegi
Cuando en Argentina el gobierno federal decidió
intervenir en las mediciones de precios para gene-
rar una imagen de estabilidad y prosperidad ante
los mercados internacionales, los grandes opera-
dores de fondos iniciaron una nueva etapa de des-
confianza respecto a la administración pública de
ese país. Mientras tanto en México, el gobierno de
Felipe Calderón mostraba con transparencia los
números de la economía respaldados por el Inegi
y el Banco de México. Fueron buenos tiempos los
de Eduardo Sojo y Guillermo Ortiz y se fortaleció
el prestigio de México con dos instituciones que go-
zando de autonomía se apartaban de criterios polí-
ticos para privilegiar la transparencia en el manejo
de cifras. Este fin de semana, sin embargo, el Inegi
y su presidente Julio Santaella (un exfuncionario del
Bando de México) se convirtieron en el objeto de
comentarios y cotilleos, luego de que modificaron
la metodología para medir el ingreso de las fami-
lias, lo que hace parecer que en México la pobreza
disminuye. La pregunta obligada se dirigió hacia
la autonomía del Inegi, el instituto que, por cierto,
está encargado de medir la evolución de los precios,
la inflación y el empleo, tres de los indicadores clave
del gobierno de Enrique Peña Nieto.

ARTÍCULOOPINIÓN
L
a propuesta de elevar a rango constitucional
el derecho a la electricidad como un derecho
humano en México, inscrita en la Cámara
de Diputados por el Sindicato Mexicano de Elec-
tricistas (SME) y la Asamblea Nacional de Usuarios
de la Energía Eléctrica (ANUEE), encuentra sóli-
dos fundamentos para su estudio, análisis y aproba-
ción, en los tratados internacionales en la materia
adoptados por nuestro país, y que reafirman la tesis
de no considerar la prestación de este servicio como
una simple mercancía sino como un derecho social
al que deben acceder todos los habitantes en igual
rango de importancia como el derecho a la alimen-
tación, a la salud y a la educación.
En el plano económico, la electricidad a un
precio justo permite además el desarrollo integral
y sostenido de todas las ramas productivas, co-
merciales y de prestación de servicios; por ello, las
naciones más desarrolladas buscan que el precio
de la electricidad no impacte en los costos de pro-
ducción de los productos o manufacturas.
Cuando el 14 de agosto de 1937, el presiden-
te Lázaro Cárdenas decretó el nacimiento formal
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo
hizo consciente de que si su gobierno no toma-
ba una medida nacionalista de esta naturaleza, la
economía del país no despegaría por falta de elec-
tricidad. El monopolio de este sector era entonces
controlado por dos empresas extranjeras, la Mexi-
can Ligth and Power y la American and Foreign
Power, convertidas en un lastre para el desarrollo
nacional y en una pesada carga para la economía
de las familias mexicanas.
Además de que estas firmas se negaban a
reinvertir en proyectos de electrificación que
fomentaran la aparición de nuevas industrias y
centros de población, imponían a su antojo las
tarifas eléctricas causando un grave deterioro a
la economía de las familias. Para este monopolio,
era evidente que la electricidad era una valiosa
mercancía ajena a todo proyecto social y de na-
ción; por estas circunstancias adversas fue que el
general Cárdenas buscó convertir a la CFE en la
alternativa que necesitaba el país para construir
su propio sistema eléctrico nacional.
Esta visión de desligar el acceso a la electri-
cidad del plano comercial y empresarial para
ubicarlo dentro de un sentido social, es una posi-
ción que diversos organismos internacionales –la
Organización de las Naciones Unidas (ONU)
incluida– han destacado en el contenido de mu-
chos de sus tratados y que ahora, en el debate que
deberá iniciarse al interior de la Cámara de Di-
putados con el apoyo de legisladores de diversos
partidos, tendrán que ser valorados para que con
el cambio propuesto al artículo cuarto de nuestra
Carta Magna, todas las familias mexicanas ten-
gan acceso a este servicio, mediante el pago de
una tarifa social justa que evite cobros ilógicos y
estratosféricos, como lo que ahora han generado
millones de quejan en contra de la CFE.
Vayamos, pues, por partes para detallar
los fundamentos de la iniciativa planteada al
Congreso: si partimos de la premisa de que los
derechos humanos adquirieron rango constitu-
cional luego de las reformas al artículo primero
EL DERECHO A LA ELECTRICIDAD
LA CONSTITUCIÓN Y LOS
TRATADOS INTERNACIONALES
MARTÍN ESPARZA FLORES, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MEXICANO DE
ELECTRICISTAS

ARTÍCULO OPINIÓN
concretadas en el 2011, tenemos entonces que
la redacción de este ordenamiento quedó de la
siguiente manera: “En los Estados Unidos Mexi-
canos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en
los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, así como de las garantías
para su protección, cuyo ejercicio no podrán res-
tringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo
las condiciones que esta Constitución establece”.
Y apuntala los conceptos en la materia: “Las
normas relativas a los derechos humanos se inter-
pretarán de conformidad con esta Constitución
y con los tratados internacionales de la materia
favoreciendo en todo tiempo a las personas con
la protección más amplia”.
Si ubicamos el contenido de los tratados in-
ternacionales en el plano de los derechos huma-
nos consagrados en nuestra Ley Fundamental,
tenemos que para el asunto que nos ocupa de
garantizar el acceso
de todas las personas
a la electricidad, es
importante concitar la
Declaración Universal
de los Derechos Hu-
manos que en su ar-
tículo 22, contempla:
“Toda persona, como miembro de la sociedad,
tiene derecho a la seguridad social, y a obtener,
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación
internacional, habida cuenta de la organización
y los recursos de cada Estado, la satisfacción de
los derechos económicos, sociales y culturales, in-
dispensables a su dignidad y a libre desarrollo de
su personalidad”.
Y en su artículo 25, abunda al respecto:
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida
adecuado que le asegure, así como a su familia, la
salud y el bienestar, y en especial la alimentación,
el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los
servicios sociales necesarios”.
Como se aprecia claramente, la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, establece
que no puede ser factible ni viable el ideal del ser
humano, libre del temor y la miseria, a menos
que sus gobiernos garanticen la creación de con-
diciones que le permitan a toda persona gozar de
sus derechos económicos, sociales y culturales, lo
mismo que de sus derechos civiles y políticos. No
por algo la Carta de las Naciones Unidas impone
a los Estados la obligación de promover el respe-
to universal y efectivo de los derechos y libertades
de las personas.
En este sentido, también el Pacto Internacio-
nal de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
les, en su artículo 11, refiere: “Los Estados Partes
en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona a un nivel de vida adecuado para sí y su
familia, incluso alimentación, vestido y vivienda
adecuados, y a una mejora continua de las condi-
ciones de existencia. Los Estados Partes tomarán
medidas apropiadas para asegurar la efectividad
de este derecho, reconociendo a este efecto la im-
portancia esencial de la cooperación internacio-
nal fundada en el libre consentimiento”.
Incluso la Convención sobre la Eliminación
de todas las formas de Discriminación contra la
Mujer, menciona en su
artículo 14, inciso h):
“Gozar de condicio-
nes de vida adecuadas,
particularmente en las
esferas de la vivienda,
los servicios sanitarios,
la electricidad y el es-
tablecimiento de agua, el transporte y las comu-
nicaciones”.
Resulta innegable que todos los tratados coin-
ciden en que la energía eléctrica constituye un
derecho humano, o elemento fundamental para
el disfrute de los demás derechos humanos, mis-
mos que están reconocidos en los principios de
universalidad, interdependencia e indivisibilidad
y progresividad, por lo que así como el Estado
mexicano reconoció a plenitud los derechos hu-
manos en su artículo primero, ahora debe re-
glamentar el acceso de todas las personas a la
electricidad, como lo propone la iniciativa pro-
puesta por el SME y la ANUEE, y que al pie de
la letra, dice: “Único.- Se adiciona un párrafo al
artículo 4 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
‘Toda persona tiene derecho a la energía eléctri-
ca. La Ley definirá las bases y modalidades para
el acceso al suministro de la energía eléctrica”.
La energía eléctrica constituye un
derecho humano. Por ello, el Estado
mexicano debe reglamentar el acceso
de todas las personas a la electricidad
La energía eléctrica constituye un
de todas las personas a la electricidad

ARTÍCULOOPINIÓN
M
ontevideo, Uruguay. México está ex-
perimentando una monumental crisis
de derechos humanos. Hay abundante
evidencia de las extendidas violaciones de dere-
chos humanos en el país, que incluyen torturas,
ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forza-
das y violencia contra periodistas y defensores y
defensoras de derechos humanos.
Si los datos duros son preocupantes, lo es aún
más la negativa persistente del gobierno mexicano
a reconocer la situación. En las palabras de Yésica
Sánchez Maya de Consorcio Oaxaca, una orga-
nización de la sociedad civil local, el Estado “está
invirtiendo más esfuerzo y recursos en negar un
problema que de todos modos es evidente, que en
resolverlo”.
Pese a las garantías constitucionales, en Méxi-
co el imperio de la ley
es incompleto y muy
desparejo. En estados
como Oaxaca, donde
las protestas de maes-
tros fueron reciente-
mente reprimidas con
violencia, o Guerrero,
donde 43 estudiantes de magisterio rural fueron
desaparecidos y dados por muertos desde 2014,
organizaciones y activistas de la sociedad civil en-
frentan fuertes restricciones.
Ellas se derivan de la violencia ligada al nar-
cotráfico, la infiltración de gobiernos locales por
parte de operaciones de crimen organizado cre-
cientemente diversificadas, la penetración de la
corrupción, la represión policial, y las severas vio-
laciones de derechos humanos cometidas por las
fuerzas de seguridad.
En junio, los maestros de Oaxaca se manifesta-
ban en las calles en contra de la reforma educativa
emprendida por el gobierno. En el fin de semana
del 19 y 20 las fuerzas de seguridad mataron a por
lo menos nueve personas e hirieron a varias dece-
nas al atacar a maestros y pobladores movilizados.
Una declaración firmada conjuntamente por
numerosos grupos de la sociedad civil mexicana
subrayó entonces que la gente de Oaxaca vive “en
un contexto de violencia generalizada” en el cual
los movimientos sociales –en particular los que in-
volucran a los maestros– llevan largo tiempo cri-
minalizados por el sistema judicial, las fuerzas de
seguridad y los medios de comunicación.
El hostigamiento judicial contra los líderes sin-
dicales de los maestros es en efecto frecuente, e in-
cluye arrestos y detenciones. Precisamente uno de
esos arrestos tuvo lugar
el pasado 11 de junio,
al tiempo que el clima
de protesta se recalen-
taba.
Los maestros de-
nunciaron el arresto
como un acto de aco-
so judicial motivado políticamente, desestimaron
los cargos de malversación y lavado como meras
excusas destinadas a desactivar la protesta y, acto
seguido, redoblaron su estrategia de bloqueo de
rutas.
En los días y horas que precedieron al desen-
cadenamiento de la violencia, las autoridades con-
virtieron el área en una zona de guerra: a medida
que la tensión se incrementaba, una ﬂotilla aérea
sobrevolaba la zona y eran desplegados nume-
rosos efectivos de las fuerzas de seguridad. Nada
INES M POUSADELA, OFICIAL DE POLÍTICAS E INVESTIGACIÓN DE CIVICUS ALIANZA MUN-
DIAL PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA/INTER PRESS SERVICE
El hostigamiento judicial contra los lí-
deres magisteriales es frecuente, e inclu-
ye arrestos, como el del 11 de junio, en el
contexto del aumento de la protesta
El hostigamiento judicial contra los lí-
contexto del aumento de la protesta
MAESTROS Y ESTUDIANTES
PUNTA DEL ICEBERG DE CRISIS DE
DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO

ARTÍCULO OPINIÓN
más que tragedia podía resultar del encuentro
cara a cara de esos efectivos fuertemente armados
con las multitudes de manifestantes.
A la represión le siguió la consabida discusión
acerca de las virtudes morales de los maestros
(¿eran lo suficientemente pacíficos?), sus opciones
tácticas (¿cuán legítimo es el bloqueo de rutas, uno
de sus métodos disruptivos preferidos?), sus prefe-
rencias de política pública (¿es la reforma educa-
tiva tan mala como ellos afirman?) e incluso sus
razones subjetivas para rechazar los cambios pro-
puestos por el gobierno (¿tenían miedo de perder
sus empleos en caso de imponerse evaluaciones de
desempeño?).
Mientras que las opciones de política pública
son en efecto el tema de una discusión que ha de
ser saldada por los mexicanos –y de hecho uno
de los principales reclamos expresados en las calles
era justamente que el gobierno trataba de impo-
ner su proyecto de reforma en vez de someterlo
a debate público– no existe justificación alguna
para el uso de fuerza letal por parte de las autori-
dades estatales.
A contramano de los estándares de buenas
prácticas vigentes sobre el manejo de manifes-
taciones, el gobierno federal de México y el go-
bierno del estado de Oaxaca han recurrido una
vez más a medidas punitivas de mantenimiento
del orden público. Han tratado a los bloqueos de
rutas, históricamente parte de las tácticas de resis-
tencia de los movimientos sociales, como delitos
graves.
Han utilizado el sistema de justicia penal como
herramienta para inhibir las protestas a la vez que
castigar a los manifestantes por participar en ellas.
La violenta reacción gubernamental frente a la
protesta social de los días 19 y
20 de junio fue todo menos sor-
presiva.
Según las autoridades, fue
cuando la policía trató de des-
alojar a los manifestantes que
unos individuos armados no
identificados (pero según todos
los indicios no vinculados con
las organizaciones que lidera-
ban la protesta) abrieron fuego y
desataron el caos. Tras los inci-
dentes, numerosos testigos ocu-
lares coincidieron en afirmar
que los manifestantes se encon-
traban desarmados.
Lejos de carecer de prece-
dentes, esta tragedia siguió el
guion de una masacre similar
ocurrida 1 década atrás. Fue,
precisamente, la impunidad
reinante la que habilitó la re-
petición: tal como lo enfatiza
Sánchez Maya, “todavía hoy no
tenemos ni una persona detenida y sentenciada
por la terrible represión ocurrida en 2006… El
Estado no ha sido capaz o no ha querido garan-
tizar el acceso a la justicia, ni siquiera en los casos
en que se sabe quién es el culpable de la violación
de derechos humanos a partir del testimonio de
las víctimas. Ello ha generado impunidad, y por
lo tanto permisibilidad (hacia las violaciones de
derechos humanos)”.
En la práctica, las libertades básicas que com-
ponen el espacio cívico –las de asociación, pro-
testa pacífica y expresión– no son plenamente
DAVIDMANRIQUE

ARTÍCULOOPINIÓN
respetadas en México, y predomina la impunidad.
De acuerdo con los datos difundidos por el gobier-
no mexicano, desde 2007 más de 22 mil personas
han desaparecido en el país.
Un reciente informe de Front Line Defenders
registró ocho asesinatos de defensores de derechos
humanos ocurridos en México durante 2015, en
tanto que el capítulo mexicano de Artículo 19 do-
cumentó 23 desapariciones de periodistas entre
2003 y 2015, es decir un promedio de dos al año.
El último informe anual de la misma organización
describe una situación de temor extendido entre
los trabajadores de medios, con 397 agresiones
contra la prensa documentadas en 2015 (una cada
22 horas, un aumento de 22 por ciento en relación
con 2014), incluidos siete asesinatos.
No resulta sorprendente que el espacio para la
libre expresión, tanto en los medios tradicionales
como en la web, quede restringido por efecto de la
autocensura.
La participación en protestas callejeras tam-
bién conlleva riesgos,
en la medida en que
la menor chispa de
violencia por parte de
los manifestantes suele
constituir una excu-
sa bienvenida para el
despliegue de fuerza
excesiva por parte de las fuerzas de seguridad, a
menudo seguida de detenciones arbitrarias e in-
cluso torturas bajo custodia.
Varios estados cuentan con legislación que
permite a la policía utilizar armas de fuego o fuer-
za letal para dispersar manifestaciones.
La violencia y la represión son parte de la vida
cotidiana en numerosos estados y localidades de
México, aunque sólo unos pocos casos selecciona-
dos terminan colocados bajo los reﬂectores de la
atención internacional.
El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa
que en 2014 desaparecieron en camino a una
protesta en Iguala, en el estado de Guerrero,
constituyó en ese sentido un punto de inﬂexión.
Cuando nuevos activistas mexicanos son asesina-
dos por decir su verdad o exigir explicaciones al
poder, sus conciudadanos ya no están mirando
para el otro lado.
Desde la desaparición de los 43 de Ayotzinapa
ha existido una demanda sostenida por una inves-
tigación independiente, la cual se ha renovado vi-
gorosamente en las últimas semanas.
De igual modo, la represión en Oaxaca em-
pujó a miles de estudiantes y pobladores locales
hasta entonces ambivalentes hacia las reformas
educativas propuestas a manifestarse en las calles
en solidaridad con los maestros. Enormes multi-
tudes sumaron sus voces en otras partes del país,
incluida la Ciudad de México. Manifestaciones
menores también tuvieron lugar en ciudades de
todo el mundo.
Desde las calles, los medios y los foros inter-
nacionales se elevan un fuerte llamamiento al go-
bierno mexicano. Las demandas son claras. En
primer lugar, las autoridades mexicanas en todos
los niveles de gobierno deben buscar y mantener
el diálogo con los grupos de la sociedad civil mo-
vilizados, entre ellos los sindicatos docentes. En
segundo lugar, deben dar instrucciones a las agen-
cias de mantenimiento
del orden para que cese
de inmediato el uso de
fuerza excesiva contra
organizaciones y ac-
tivistas de la sociedad
civil en pleno ejercicio
de su legítimo derecho
a reunirse y peticionar a las autoridades. Terce-
ro, deben iniciar una investigación independiente
de toda instancia de uso de la fuerza contra ma-
nifestantes y de todas las violaciones de derechos
humanos perpetradas en conexión con aquellas.
Cuarto, deben adoptar las mejores prácticas para
el manejo de manifestaciones recomendadas por
el Relator Especial sobre el derecho a la libertad
de reunión pacífica y de asociación de las Nacio-
nes Unidas.
Finalmente, deben fortalecer y utilizar en
forma efectiva las instituciones de protección ya
existentes, tales como la Unidad Especializada en
Búsqueda de Personas Desaparecidas y el Meca-
nismo de Protección para Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas.
En pocas palabras, medidas efectivas de pro-
tección más sólidas garantías de no repetición: he
aquí la simple fórmula del cambio.
Las autoridades mexicanas deben
buscar y mantener el diálogo con los
grupos de la sociedad civil movilizados,
entre ellos los sindicatos docentes
Las autoridades mexicanas deben
entre ellos los sindicatos docentes

ARTÍCULOOPINIÓN
V
iriato fue un caudillo lusitano que venció
a las legiones de Roma en Iberia (lo que
hoy es España y Portugal) una y otra vez
hace más de 2 mil años. Para acabar con Viriato,
en 138 antes de Cristo, los jefes romanos soborna-
ron a tres lugartenientes del caudillo lusitano para
que lo asesinaran. Lo apuñalaron mientras dor-
mía y luego fueron al campamento romano a co-
brar la recompensa por su crimen. Pero el cónsul
Quinto Servilio se la negó, arguyendo que “Roma
no paga a traidores”.
Pero sí los paga. Y bien, por cierto. En nuestros
días. No Roma, precisamente, sino quien tiene el
poder. Quien tiene el
dinero.
Ésta es crónica bre-
ve de una desvergüen-
za impune en la Unión
Europea. Los medios la
llaman “puertas gira-
torias”. Los enjuagues
oscuros y pasteleos de ida y vuelta entre cargos
públicos, grandes empresas privadas y corpora-
ciones. Es traición porque se olvida la lealtad de-
bida al pueblo trabajador. La que han de tener sí o
sí los mandatarios políticos con la ciudadanía que
representan. ¿O acaso los intereses de las grandes
empresas, corporaciones y sector financiero, que
esos mandatarios maquinadores defienden con
ardor en la Unión, son los de la gente común?
Ni en sueños.
He aquí un breve recuerdo de que Roma sí
paga a los traidores. Por ejemplo, el exministro de
Economía, Rodrigo Rato (escándalos de Bankia
aparte) fue nombrado consejero asesor de Tele-
fónica para Europa y América Latina. El mismo
Rato que privatizó Telefónica, por cierto. Y dos
expresidentes del Gobierno (presuntamente de
signo contrario), Felipe González (Partido Socia-
lista Obrero Español, PSOE) y Aznar (Partido Po-
pular, PP), fueron fichados por grandes empresas
tras dejar de ser presidentes. González por Gas
Natural (empresa que había privatizado en la dé-
cada de 1990) y Aznar como asesor externo de
Endesa, empresa que casualmente acabó de pri-
vatizar. Casualidades con sinecuras anuales de seis
cifras.
Luis Croissier, mi-
nistro de Industria,
unió a finales de la dé-
cada de 1980 todas las
empresas públicas pe-
troleras bajo la marca
Repsol y preparó el ca-
mino para privatizarla.
En 2007, fue nombrado consejero del Repsol pri-
vado. Pero más exministros han sido consejeros o
asesores de grandes empresas españolas. Abel Ma-
tutes (Banco Santander), Marcelino Oreja (FCC),
Ana Palacio (HC Energía), Josep Piqué (Vueling),
Eduardo Serra (Everios), Elena Salgado (Ende-
sa), Jordi Sevilla (PwC), Javier Solana (Acciona)…
Suma y sigue.
Y en la Unión Europea, tres cuartos de lo mis-
mo. Hace poco, la siempre equívoca banca de in-
versión Goldman Sachs contrató al expresidente
de la Comisión de la Unión Europea, José Manuel
Barroso, como consejero y presidente de su nego-
XAVIER CAÑO TAMAYO/CENTRO DE COLABORACIONES SOLIDARIAS
ROMA PAGA
A LOS TRAIDORES
Goldman Sachs contrató al expresi-
dentedelaComisióndelaUniónEuropea,
José Manuel Barroso, como consejero y
presidente de su negocio internacional
Goldman Sachs contrató al expresi-
presidente de su negocio internacional

ARTÍCULO OPINIÓN
cio internacional. Sven Giegold, ponente en el
Parlamento Europeo del informe Transparencia,
rendición de cuentas e integridad en la Unión Eu-
ropea, ha denunciado que “las vergonzosas puer-
tas giratorias entre política y negocios siembran
muchas dudas sobre el gobierno de Europa. La
contratación de Barroso perjudica la reputación
de la Comisión Europea”. ¿Puertas giratorias?
Más bien autopistas siempre abiertas. ¿Dudas?
Certeza de al servicio de quien están los actuales
mandatarios europeos. Por cierto, Barroso cobra-
rá buena pasta de Goldman… y recibirá una pen-
sión de 18 mil euros mensuales de la Unión.
Pero en la vieja Europa hay más desertores de
la lealtad pública, como recuerda Moha Gerehou.
Empezaron en el ámbito público y pasaron al pri-
vado. O al revés. Todo sea por la pasta. El pre-
sidente del Banco Central Europeo, Mario Dra-
ghi, antes fue alto ejecutivo de Goldman Sachs en
Europa. La misma Goldman Sachs que maquilló
y ocultó las cifras reales de la economía griega
para que Grecia ingresara en la eurozona. Mario
Monti, exprimer ministro de Italia, es hoy asesor
internacional de Goldman y con Draghi y otros,
“asesoraron” a Grecia cuando falseó sus cuentas
para la Unión Europea. Romano Prodi, exprimer
ministro de Italia, presidió la Comisión Europea
de 1999 a 2004 y también fue cargo importante
en Goldman. Mark Carney, gobernador del Ban-
co de Inglaterra, trabajó muchos años para esa
banca. Y Otmar Issing, miembro del Bundesbank
y del Consejo del Banco Central Europeo, es con-
sejero internacional del repetido Goldman. Sin ol-
vidar a Huw Pill quien, tras 10 años en las oficinas
del Banco Central Europeo, fichó por Goldman
como economista jefe europeo… ¿Quién da más?
A esa caterva de mandatarios europeos, que
tanto llevan ésta como aquella camiseta, ¿les sona-
rán las palabras ética, decencia? Habrá que fajar-
se para una larga lucha por otra Europa en la que
no esté esa gente ni parecida. Porque otra Europa
es posible.
DAVIDMANRIQUE

ARTÍCULOOPINIÓN
E
stados Unidos será estremecido por una
potente bomba que mataría al menos 1 mil
800 personas, causará heridas a unas 53
mil y generará daños estimados en 213 mil millo-
nes de dólares, estiman hoy científicos.
El estallido de la presión y la energía sísmica
acumulada desde hace más de 1 siglo en la falla de
San Andrés producirá un terremoto devastador
que moverá dos placas tectónicas, las de América
del Norte y el Pacífico.
Todos están avisados pero nadie se aventura a
predecir cuándo ocurrirá el llamado Big One (el
Grande), una sacudida que aunque recreada en
películas y documentales, será de tal magnitud
que aterra a todos.
Años de observaciones y estudios llevaron a
los expertos a predecir el Big One, un fenómeno
que es hoy objeto de
especulaciones y de las
más variadas interpre-
taciones.
Algunos de los ha-
bitantes de la gran
metrópoli que es Los
Ángeles viven con un
miedo interno porque parecen convencidos de
que el desastre se acerca en tiempo real, y no se-
guirá mostrándose como un esquema elaborado
por las computadoras.
Los estudios indican que se inició la cuenta re-
gresiva para que ocurra la ruptura de la falla de
San Andrés, la que ahora sería mayor que cuando
golpeó la región en 1857 con su fuerza de 7.9 gra-
dos Richter y caminó por 400 kilómetros entre los
condados de Monterrey y San Bernardino.
Algunos expertos consideran que ahora esa
monstruosa sacudida puede llegar a los 8.1 gra-
dos de magnitud y avanzar unos 700 kilómetros
en una región altamente poblada desde el conda-
do de Monterrey hasta Salton Sea, en el norte del
estado, donde se asienta una de las grandes eco-
nomías del mundo y la “ensaladera” de Estados
Unidos.
Son muchos los que hablan del sacudión de
8.1 grados, entre ellos, Thomas Jordan, director
del Centro de Sismos del Sur de California, quien
al igual que otros prestigiosos geólogos alertan de
que el despertar del gigante dormido pudiera ser
devastador para personas e infraestructuras.
Un reciente informe de un grupo de empre-
sarios y políticos asegura que el punto crítico del
estado de California es el Puerto del Cajón, un
estrecho sitio montañoso donde la falla de San
Andrés pasa bajo vías
vitales como carrete-
ras, tramos ferroviarios,
acueductos, oleoduc-
tos, gasoductos y cables
de alta tensión de la red
eléctrica.
Si hay una afecta-
ción allí, los suministros de ayuda humanitaria a
unas 20 millones de personas estarían en peligro
al igual que las labores de reconstrucción, indican
los expertos.
La sismóloga Lucy Jones, asesora de la comi-
sión de Reducción de Riesgos de Desastres del sur
de California, piensa en las formas para paliar las
carencias de agua de los afectados por el fenóme-
no sísmico, entre ellas contar con acueductos de
reserva.
Pese a que hace decenas de años se preparan
LUIS BEATÓN/PRENSA LATINA
Ya inició la cuenta regresiva para
que ocurra la ruptura de la falla de San
Andrés. Ahora sería mayor a la de 1857,
con su fuerza de 7.9 grados Richter
Ya inició la cuenta regresiva para
con su fuerza de 7.9 grados Richter
LA BOMBA SÍSMICA
QUE ESTREMECERÁ ESTADOS UNIDOS

ARTÍCULO OPINIÓN
para enfrentar el problema, los californianos vivi-
rán días trágicos, algo que no es una predicción de
pitonisos sino la realidad que evidencian diferen-
tes estudios sobre algo que parece inevitable.
Robert Graves, sismólogo estadunidense, con-
sidera que el desastre ocurrirá tarde o temprano
y que el llamado estado dorado debe actuar en sus
vulnerabilidades para limitar daños.
En ese escenario, recientes informes señalan
que los latinos son los menos preparados ante un
desastre mayor en Los Ángeles y sólo el 38 por
ciento de sus hogares reportaron tener un plan en
caso de desastre, el más bajo de cualquier grupo
racial o étnico.
De acuerdo con el Community Health Assess-
ment 2014 del Departamento de Salud Pública
del condado de Los Ángeles, el 48 por ciento de
sus 10 millones de habitantes son latinos, por lo
que muchos están en peligro.
Los temores aumentaron cuando durante la
Conferencia Nacional de Terremotos celebrada
en la localidad californiana de Long Beach, los
científicos advirtieron que la sección sur de la falla
de San Andrés está “cargada y lista” para provo-
car un gran temblor.
Ese accidente geográfico, que recorre Califor-
nia de norte a sur a lo largo de 1 mil 300 kilóme-
tros fue la causante del devastador terremoto de
7.8 grados que destruyó gran parte de San Fran-
cisco en 1906, provocando la muerte de más de
tres mil personas.
El evento puede desencadenarse a partir de
la ruptura de la parte sur, la que, según Jennifer
Andrews, sismóloga del Instituto de Tecnología de
California (Caltech), no se quebró en cerca de 3
siglos y durante este tiempo la tensión se acumuló.
No obstante las advertencias, la gran incógnita
para todos es cuándo estallará la bomba.
DAVIDMANRIQUE

ARTÍCULOOPINIÓN
“¿Que la prostitución es el oficio
más antiguo del mundo? No. El
oficio más antiguo del mundo
es mirar hacia otro lado”. Las palabras de Lau-
ra van cargadas de rabia. Y de conocimiento de
causa. Un litro de whisky y hasta 6 gramos de
coca diarios que años más tarde le provocarían
una trombosis coronaria. Cada tres semanas, un
club distinto. “Después de 21 días ya eres carne
vieja. No mujer, no persona: carne. Y los clientes
quieren ver carne nueva. Cuanto más borracha
y drogada estés, más les gustas. Y si no hablas el
idioma, mejor, porque –perdonad mi vocabula-
rio– para follar no hace falta hablar”.
El testimonio de
esta brasileña que ate-
rrizó en España, enga-
ñada, hace ya 12 años,
estremece. Tras perder
su empleo en Brasil,
gracias al que se cos-
teaba la carrera de de-
recho, una red de tráfico de personas la captó. Le
ofrecían un trabajo en España, “limpiando casas
y cuidando ancianos o niños”. En seis meses –le
aseguraron– habría ganado lo suficiente para pa-
gar los años de universidad que le quedaban para
licenciarse.
Una semana después se topó con la realidad.
“Vosotras habéis venido a ejercer la prostitución.
Y si no os sometéis iremos a por vuestra familia”,
recuerda que le dijeron. Hoy, Laura habla con
fuerzas renovadas. Logró salir de su calvario. Su
“eterno” agradecimiento se lo debe a Apramp,
la Asociación para la Prevención, Reinserción y
Atención a la Mujer Prostituida.
Tras un proceso de recuperación “muy lento”,
hoy es Laura la que media, desde Apramp, con
otras mujeres prostituidas.
Según la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU), este problema afecta a millones de
víctimas en todo el mundo y que mueve nada me-
nos que 8.3 millones de euros al día en España.
“No es un problema, es un delito. Usemos bien
el lenguaje”, puntualiza la cineasta Mabel Loza-
no, autora de documentales como Chicas nuevas
24 horas. “Estamos en la época audiovisual y hay
que ir a las ventanas de los nativos de internet. Es
mucho más fácil construir directamente que de-
construir y construir. Por eso hay que dirigirse a
chicos muy jóvenes, de
13 y 14 años”, asegura.
Sin olvidar la res-
ponsabilidad de los
medios. “La gente en
general sabe qué es la
trata desde un único
patrón: el que mues-
tran los medios, que muchas veces hablan de la
trata de mujeres desde el amarillismo. De la des-
nudez de sus cuerpos, no de la desnudez de sus
derechos”, añadió Lozano. En su opinión, “Si
cuando un niño pregunta qué hace esa mujer en
la calle en tanga, tacones y sombrilla, la madre le
responde que esperando al autobús, que esa ma-
dre sepa que tuvo la oportunidad de explicarle a
su hijo que esa mujer es una víctima de la trata y
no lo hizo. A los menores se les educa en casa, no
en los centros”.
“Putas, decimos. La misma palabra es el ma-
yor desprecio”, denuncia Rocío Nieto, presidenta
de Apramp. “En las calles hay mujeres que pa-
LAURA ZAMARRIEGO MAESTRE/CENTRO DE COLABORACIONES SOLIDARIAS
Siempre que pensamos en una víc-
tima imaginamos a alguien muerto. No
pensamos que está con una copa en la
mano sonriendo por obligación
Siempre que pensamos en una víc-
mano sonriendo por obligación
PROSTITUCIÓN
CHICAS NUEVAS 24 HORAS

ARTÍCULO OPINIÓN
gan 50 euros pos estar en una esquina, chicas que
hacen entre 10 y 15 servicios la noche, que pue-
den aportar a ‘sus amos’ hasta 1 mil 500 euros y,
cuando se ponen enfermas, se les descuenta del
mínimo que perciben. Y todo esto está ocurrien-
do en nuestras calles”. Nieto asegura que “es muy
difícil denunciar sin ofrecerlas alternativas reales
de trabajo”.
Para José Nieto, inspector jefe de la Policía Na-
cional, la trata es “el delito invisible”. “Siempre
que pensamos en una víctima imaginamos a al-
guien muerto, que sangra. No pensamos que está
con una copa en la mano sonriendo por obliga-
ción. Detrás de las luces y de las copas, existe la
esclavitud, un delito invisible porque se confunde
ocio con negocio”. “Sí, la esclavitud sigue existien-
do en nuestros días. Son mujeres sometidas. No
son prostitutas, sino mujeres prostituidas”, recalca
Cruz Sánchez de Lara, abogada y consejera de El
Español. Laura lo define de forma clara: “Las mu-
jeres prostituidas no ganan dinero, se lo generan a
los proxenetas”.
Por su parte, la fiscal delegada de Extranjería
en Madrid, Beatriz Sánchez, apunta las dos pe-
culiaridades de la trata como delito. Uno: es tras-
nacional, lo que hace que la colaboración entre
países sea indispensable. “Esto es como una espe-
cie de pulpo. Podemos acabar con un tentáculo,
pero sin cooperación entre países, no acabamos
con la cabeza, con la máquina”. Y dos: se trata
de organizaciones que tienen muy claras cuáles
son sus funciones. “Hay personas que las trans-
portan, otras que se encargan de los papeles, que
las alojan, que las explotan… Pues bien, si ellos
están organizados, nosotros tenemos que estarlo
también”.
DAVIDMANRIQUE

ARTÍCULO
OPINIÓN
D
amasco, Siria. La conspiración que in-
tentó derrocar al ilegítimo presidente
Erdogan era un secreto a voces. Tanto
Francia como Estados Unidos, e incluso el pro-
pio gobierno de Erdogan, conocían su existencia.
Pero mientras que en París y Washington espera-
ban con impaciencia el cambio de régimen, los
hombres de Erdogan se infiltraban entre los cons-
piradores para llevarlos al fracaso.
El presidente turco Erdogan proviene de la
Milli Gorus, una milicia islamista que apoyaba a
los yihadistas en Rusia en la década de 1990 y que
trató de tomar el poder en Turquía urdiendo un
golpe de Estado en 1999.
En 2003, Recep
Tayyip Erdogan se con-
virtió en primer ministro
de un Estado miembro
de la Organización del
Tratado del Atlántico
Norte (OTAN).
Para 2011, el go-
bierno del entonces primer ministro Erdogan
firmó un tratado secreto con Francia que lo im-
plicaba en las guerras contra Libia y Siria. Er-
dogan obtenía así el “derecho” a expulsar de
Turquía a los kurdos empujándolos hacia un
nuevo Estado que sería creado precisamente con
ese objetivo.
En 2013, el ahora presidente Erdogan se con-
vierte en sucesor del emir Hamad, de Catar, como
padrino de la Hermandad Musulmana. Posterior-
mente, Erdogan instala en la ciudad turca de Es-
mirna (Izmir) el Mando Conjunto de las Fuerzas
Terrestres de la OTAN (LanCom), que se ocupa
de coordinar la guerra contra Siria.
Un año después, en 2014, el gobierno de Er-
dogan participa en la transformación del Emirato
Islámico en Irak aportando a este último los 80
mil combatientes de la cofradía de los naqchban-
dis, la mismo que creó la Milli Gorus turca.
El intento de derrocamiento contra Erdogan
parecía significar el fin de la guerra contra Siria.
Pero no habría hecho otra cosa que desorganizar
la coalición internacional que agrede ese país so-
lamente hasta que las diferentes funciones que el
presidente Erdogan realiza en el seno de dicha
coalición pasaran a manos de otros líderes.
Los militares que participaron en la intentona
del 16 de julio fueron traicionados desde dentro de
su propio movimiento:
no fue arrestada ningu-
na de las personalida-
des del régimen turco,
como Hakan Fidan o
el propio Recep Tayyip
Erdogan.
Los militares que
ocuparon los locales de la televisión nacional –
la Turkish Radio and Television Corporation,
TRT– anunciaron que controlaban el país, a pe-
sar de que en realidad nadie trató de controlar
ninguno de los objetivos estratégicos del país. De
hecho, hubo muchos rumores pero ningún indi-
cio verdadero de golpe de Estado, exceptuando el
ataque contra las instalaciones (vacías) de la Gran
Asamblea Nacional, donde los estragos materiales
hoy pueden verse como una advertencia a los di-
putados.
Ningún líder del supuesto golpe se puso en
contacto con la oposición para tratar de asociar-
la al nuevo régimen. Resultado: asustada ante la
MANIPULACIÓN
EN TURQUÍA
THIERRY MEYSSAN/REDVOLTAIRE
Losmilitaresqueparticiparonenelfalli-
do golpe fueron traicionados desde dentro
de su propio movimiento: ninguna perso-
nalidad del régimen turco fue arrestada
Losmilitaresqueparticiparonenelfalli-
nalidad del régimen turco fue arrestada

ARTÍCULO OPINIÓN
idea de un posible regreso a la dictadura militar,
esa oposición se puso del lado de su enemigo, el
derechista Partido de la Justicia y el Desarrollo (en
turco: Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP).
La intentona golpista ni siquiera había ter-
minado cuando los hombres del presidente Er-
dogan ya estaban arrestando a los oficiales de la
gendarmería contrarios al presidente, pero que
no tenían nada que ver con el golpe. Y cuando
terminó el golpe, no sólo arrestaron a los golpis-
tas sino que además suspendieron a 2 mil 700
magistrados y al vicepresidente del Tribunal
Constitucional, cuyos nombres ya estaban desde
hace tiempo en las listas negras del Palacio Blan-
co. Actualmente continúa la gran purga desti-
nada a sacar de circulación a los discípulos de
Fethullah Gulen.
Estados Unidos parece ser la parte más sor-
prendida por esta traición. Después de haber en-
trado en contacto con el expresidente Abdullah
Gul y posteriormente con un magistrado, para
utilizarlos como posibles sucesores de Erdogan,
Washington respaldó al Partido Democrático de
los Pueblos (Halkların Demokratik Partisi, HDP).
Es evidente que en Washington sabían que el gol-
pe iba a producirse y que además estaban muy
contentos con ello. Francia, que también estaba al
corriente, había cerrado su embajada y su consu-
lado desde la noche del 13 de julio.
Ahora, después de haber aplastado a sus opo-
sitores, el presidente Erdogan puede continuar –
con las manos más libres que nunca– llevando su
país por la senda del sultán Abdulhamid II y de los
Jóvenes Turcos: la de la limpieza étnica.
MIGUELGALINDO

INVESTIGACIÓN PORTADA
CREAN 2 MILLONES
DE EMPLEOS, PERO
SE NECESITAN
3.5 MILLONES

INVESTIGACIÓNPORTADA
En lo que va de este
gobierno, el déficit de
nuevos empleos formales
es de, al menos, 1.5
millones. Aunado a ello,
los 2 millones de nuevos
puestos de trabajo
creados en los 3 años y
medio son mal pagados,
precarios e inestables
C
omo Narciso ante su espejo que le arroja
una indulgente imagen distorsionada de
la trágica realidad laboral de México, En-
rique Peña Nieto exalta los 2 millones de empleos
nuevos que se han creado en lo que va del actual
gobierno,pero nada dice sobre la calidad de las pla-
zas concebidas con salarios pagados, su estabilidad
y seguridad laboral, como tampoco si esa cifra es
la adecuada para equilibrar la oferta y la demanda
anual de empleo, históricamente rezagada desde
1983.
Otro problemas del empleo son la creciente pre-
cariedad y flexibilidad de los puestos existentes; el
alto número de desempleados,subempleados y tra-
bajadores no remunerados,sin prestaciones sociales
u obligados a ocuparse por su cuenta para subsistir;
desertores que dejaron de buscar una ocupación por
considerar que no la encontrarán y pasan a la infor-
malidad.
Tampoco se esclareció cómo se generó esa cifra
declarada “histórica”por el presidente Peña Nieto y
que guarda un aroma artificiosamente estadístico.
MARCOS CHÁVEZ, @marcos_contra
123RF

El escenario económico es similar a la de sus pre-
decesores panistas que terminaron con un balance
laboral mediocre: la tasa media anual de crecimien-
to económico hasta el momento (2.2 por ciento) es
igual a la de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe
Calderón, y la peor desde el sexenio de Miguel de
la Madrid (0.3 por ciento) que,a su vez,sólo es su-
perada por las negativas de principios de los años de
1930;una estructura productiva exportadora subor-
dinada al ciclo económico estadunidense escasa-
mente creadora de empleos formales y un mercado
interno crónicamente débil.
Mucho menos hay preocupación por los sínto-
mas recesivos internos y externos de 2016, reforza-
dos con el alza en los réditos impuestos por Agustín
Carstens,que eliminarán parte de los empleos crea-
dos, proceso que, por cierto, ya inició la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público con recortes al gas-
to estatal, que arrojará a la calle a unos 24 mil em-
pleados públicos.
“No es un asunto mágico”, dijo el secretario del
Trabajo, Alfonso Navarrete Prida. Es una “buena
noticia”, insistió Peña Nieto, a la “cual debe dársele
justa dimensión porque representa una cifra histó-
rica. En esta administración se han generado más
fuentes de trabajo de los que nunca antes se logra-
ron en el pasado”. Son “cuatro veces más [que las
creadas] en el mismo periodo del sexenio pasado
(498 mil 941) y en la gestión de Vicente Fox a estas
alturas había 200 mil menos; uno de cada tres em-
pleos, 36 por ciento es para jóvenes”. Todo gracias
a la política económica y las reformas estructurales.
Peña y Navarrete se basan en los dudosos registros
de trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS).
Comparativamente con otros sexenios, en 3
años y medio del gobierno de Ernesto Zedillo, el
IMSS contabilizó 802 mil nuevos trabajadores
afiliados; con Fox, apenas 19 mil; con Calderón,
750 mil,y con Peña Nieto 2 millones 284 mil.Si se
excluye a los trabajadores temporales, los incorpo-
rados permanentemente en el mismo periodo y or-
den,sumaron 1.1 millón,97 mil,450 y 1.4 millones.
Si se considera que sexenalmente se requiere
alrededor de un millón de nuevos empleos, 6 mi-
llones en total, el gobierno de Peña Nieto tiene un
saldo negativo de al menos 1.2 millones hasta el
momento.
En tanto que los nuevos trabajadores registrados
en el IMSS, considerados como el mercado laboral
formal,sólo equivalen al 36 por ciento de los ocupa-
dos en el país:18.1 millones de 50.8 millones.Nada
se dijo,sin embargo,de las condiciones en que fue-
ron creadas esas plazas.
OCDE critica bajos
salarios
En la presentación de los informes Employ-
ment Outlook 2016, Perspectivas para el empleo 2016
e igualdad de género en la alianza del Pacífico y la
Evolución del Mercado Laboral en México, Gabriela
Ramos, de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE), delineó con
unas cuantas pinceladas la “situación complicada
y preocupante” del mercado laboral en México:
los bajos salarios pagados, la baja productividad,
El presidente Enrique Peña Nieto durante la presentación del empleo 2 millones

mayor con relación a ocho administraciones ante-
riores.El pasado día del trabajo agregó que esa me-
joría era de 5 por ciento y esperaba que llegara a 6
por ciento al término de 2016,“la mayor recupera-
ción para un periodo igual en los últimos 36 años”.
En las estadísticas se reconoce una mejoría acu-
mulada en salario mínimo real, pero ésta sólo es de
2.4 por ciento durante el peñismo.Para 2016 quizá
se reducirá debido a los efectos inflacionarios de la
devaluación.
En cualquier caso, de qué sirve esa mejoría si al
cierre de 2016 el salario mínimo real registrará una
pérdida histórica de 72 por ciento en su poder de
compra desde 1976 o de 75 por ciento si se conside-
ra la canasta básica.Los salarios contractuales reales
presentan retroceso de 45 por ciento o de 65 por
ciento en el caso de la canasta básica desde 1982.
Globalmente,el poder adquisitivo es el peor des-
de 1934, cuando se oficializan las percepciones mí-
nimos, por lo que no sería extraño que su poder de
compra sea similar al existente a finales del porfiriato.
Gabriela Ramos,de la OCDE,también observa
otrahistoria:elsalariomedioreal(delconjuntodelos
trabajadores) cayó, en promedio anual, 1 por ciento
entre 2007 y 2015; y agrega: el ingreso de los tra-
bajadores mexicanos es el peor entre los trabajadores
de los 34 países miembros de la OCDE.El Outlook
señala una pérdida acumulada de 2.4 por ciento, ya
sea medido el salario medio real en pesos mexicanos,
en dólares o por el poder de compra de las monedas.
Peña Nieto señaló que por primera vez en 40
años se ha revertido la tendencia negativa en ma-
teria de competitividad, si bien de forma modesta,
dijo,pero el 1.4 por ciento rompe con la tendencia.
La competitividad implica mayor productivi-
dad, lograda por los avances tecnológicos, raciona-
lización del proceso productivo, la reducción de los
costos de producción.
Pero Ramos agrega otro dato curioso: entre
los trabajadores de los 34 países de la OCDE, los
mexicanos son los que más horas trabajan al año, 2
mil 246 horas o 280 días,suponiendo jornadas de 8
horas. La media laborada en dichos países es de 1
mil 766 horas o 221 días. Sin embargo, los menos
productivos y los peores pagados son los connacio-
nales.En cambio,en naciones donde los asalariados
ganan más y trabajan menos horas,como Alemania
(1 mil 371 horas o 171 días), Holanda (1 mil 419
ISAACESQUIVEL/CUARTOSCURO
un menor nivel del empleo y de mala calidad, altas
tasas de desempleo e “informalidad”, la exclusión
juvenil y de los llamados “ninis”,entre otros rasgos.
La tasa de empleo (población ocupada de 15 a
64 años de edad) no ha recuperado su nivel existen-
te antes de la crisis sistémica. En 2007 la tasa era
de 61.5 por ciento, al inicio del peñismo de 61 por
ciento y en el primer trimestre de 2016 de 60.9 por
ciento. En 2016, en la OCDE la media fue de 60
por ciento.Además,los trabajadores mexicanos en-
frentan la inseguridad y las dificultades financieras
en caso de pérdida del empleo.
La ocupación en los jóvenes (15-24 años de
edad) ha declinado con mayor fuerza: su tasa de
empleo era de 46 por ciento al cierre de 2007 y ac-
tualmente es de 41 por ciento.
En su tercer informe de gobierno, el presidente
de la República dijo que durante su mandato el po-
der adquisitivo del salario mínimo general prome-
dio acumuló una recuperación de 5.8 por ciento, la

horas o 177 días), Noruega (1mil 424 horas o 178
días) o Dinamarca (1mil 457 horas o 182 días), la
productividad es mayor, sea cual sea el método en
que se mida ese indicador.
La competitividad mexicana está dada por sus
bajos salarios pagados,los peores del mundo,la“fle-
xibilidad” laboral, los privilegios fiscales, las laxas
normas ambientales, su cercanía al mercado esta-
dunidense,entre otros factores.
El trabajador mexicano labora más horas por-
que lo obligada el patrón o por la necesidad de am-
pliar su pésimo salario con horas extras laborables.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi), en el 2000 el 22 por ciento de
los ocupados (8.5 millones de 39 millones) traba-
jaba más de 48 horas a la semana. En lo que va de
2016, equivale a 27 por ciento (14 millones de 51
millones). Al inicio del peñismo la tasa era de 28
por ciento (13.7 millones de 48.7 millones).
Es cierto que el desempleo abierto se ha reduci-
do durante el peñismo,Su nivel inicial era de 5 por
ciento y en enero-mayo de 2016 bajó a 4 por ciento.
Pero no ha recuperado la tasa media que existía an-
tes de la crisis: 3.7 por ciento en 2007.
En el caso de los jóvenes (15-25 años de edad),
su tasa de desempleo al inicio de 2016 se ubicó en
8.5 por ciento, el doble del porcentaje de los des-
movilizados totales. Peña Nieto inició con una tasa
de 9.4 por ciento.En pleno colapso,en 2009,llegó a
10 por ciento.La reducción de este año,aunque sea
temporal, es de 6 por ciento. Pero en 2007 la tasa
era de 7.2 por ciento y ya mostraba una tendencia
ascendente, pues en 2005, cuando la OCDE inicia
su registro,era de 6.9 por ciento.
Al presumir sus 2 millones de empleos, Peña
Nieto resaltó el compromiso de los trabajadores por
adquirirunamayorcapacitaciónparaformalizarseen
el mercado laboral.Del total de los desempleados,en
2005,el 32 por ciento tenía estudios medio-superior
y superior. En 2012 la proporción se elevó a 37 por
ciento y en 2016 a 45 por ciento.La menor cantidad
de desmovilizados se concentran entre las personas
que tienen primaria incompleta y completa.
Simétricamente,lo anterior puede verse del lado
de los empleos generados.De acuerdo con el Inegi,
entre 2012 y 2016 se concentraron entre quienes
perciben hasta tres veces el salario mínimo (pasa-
ron del 58 por ciento del total a 63 por ciento, de
29 millones a 32 millones) y son los trabajadores
con menos calificación. En cambio, quienes obtie-
nen más de cinco veces el salario mínimo y que son
especializados, declinaron de 8 por ciento a 6 por
ciento del total, de 4 millones a 3 millones. En el
2000 equivalían a 11 por ciento,y eran 4.2 millones.
El trabajador mexicano
labora más horas porque
lo obligada el patrón o por
la necesidad de ampliar su
pésimo salario con horas
extras laborablesextras laborables
Las mujeres han sido las más afectadas laboralmente.Su tasa de ocupación y sus remuneraciones son me

En los documentos citados se añaden otros
aspectos relevantes. Uno de ellos es el caso crí-
tico de los jóvenes (15-29 años de edad) que no
estudian ni trabajan y ni concluyeron los estu-
dios secundarios. Ellos representan la mitad de
ese segmento de la población. El promedio de la
OCDE es de 38 por ciento de ese colectivo y
más del 50 por ciento en lugares como España
o México, donde uno de cada cinco jóvenes en
edad laboral ni tiene empleo ni se está formando.
Estos jóvenes, dice la funcionaria de la OCDE,
corren un alto riesgo de quedar desconectados
del mercado laboral.
Alta tasa de trabajo
informal
La incidencia del trabajo informal se mantiene
alta. Antes de la crisis, en 2007, la de tasa de ocu-
pación en el sector informal —la población ocu-
pada que trabaja para una unidad económica no
agropecuaria, que opera con los recursos del hogar
y no son una empresa — era de 27.2 por ciento
(12 millones de personas); en 2016 es de 27.1 por
ciento (13.8 por ciento).
La tasa de informalidad laboral —los ocu-
pados laboralmente vulnerables, los trabajadores
domésticos pagados, por cuenta propia, los tra-
bajadores agrícolas de subsistencia, los no remu-
nerados y otros— pasaron de 58.3 por ciento a
57.4 por ciento, de 25.8 millones de personas a
29 millones.
Las mujeres han sido las más afectadas la-
boralmente. Su tasa de ocupación y sus remu-
neraciones son menores a las de los hombres, su
coeficiente de desempleo y de informalidad tam-
bién son mayores. La informalidad de los hom-
bres es de 49.7 por ciento y la de las mujeres de
57.2 por ciento.
ISAACESQUIVEL/CUARTOSCURO
raciones son menores a las de los hombres

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MULTIMILLONARIAS
IRREGULARIDADES
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