La contratación estatal es uno de los instrumentos más efectivos para que el Estado logre sus fines y propósitos de manera diaria y cotidiana. La contratación pública se rige por principios constitucionales como la igualdad, moralidad, eficacia y economía, y busca el bienestar de los ciudadanos. Además, la contratación pública es una de las actividades económicas más importantes en Colombia para satisfacer las necesidades del país. Sin embargo, pocas actividades generan más oportunidades de corrupción que la contratación pública,

1. La contratación estatal es, a todas luces, uno de los instrumentos más eficaces en la consecución
de los fines y propósitos del Estado en su accionar diario y cotidiano, y que concatena sin lugar a
dudas, los postulados de la planeación y el presupuesto con las aplicaciones pragmáticas que
persiguen el bienestar de los coasociados en el marco social de derecho al cual está sujeto por
clara disposición constitucional el aparato estatal.
Pero más allá de su justificación teleológica, la contratación presenta dos connotaciones que llevan
a comprender su verdadero contexto, la primera de ellas, de carácter eminentemente normativa, y
que encuentra su génesis en la Carta Política, allí se consagra el carácter y objetivos prioritarios de
la función pública, instituida en los postulados contenidos en el artículo 209 superior, que a su
tenor manifiesta: La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de
funciones (...). Estos serán pues, los fundamentos de derecho sobre los cuales deberá
desarrollarse la actividad contractual y con
los cuales los principios instituidos en el Estatuto General de la Contratación
Administrativa, se entronizan de manera armónica y congruente.
La contratación pública en Colombia es una de las actividades más importantes de la economía
colombiana1 y el medio por el cuál se compra bienes y servicios para satisfacer las necesidades de
bienestar y desarrollo del país. Sin embargo, pocas actividades generan tantas tentaciones y
oportunidades para la corrupción, como la contratación pública. Dado esta condición estratégica de
las compras públicas en el desarrollo de los colombianos, se requiere emprender acciones
relevantes, sistemáticas y contundentes para proteger este proceso de la gestión pública.
Existe la Ley 1474 de 2011, que a mi juicio permite algunos avances en esta materia, pero es
claramente insuficiente para eliminar los riesgos de corrupción presentes en la contratación. Creo
que prevenir y combatir la corrupción en la contratación es sobretodo una tarea del Estado en su
conjunto, pero también del sector privado que contrata con las instituciones públicas, así como de
los ciudadanos que deben vigilar el buen uso de los recursos públicos.