Situacion ocupacional de los Abogados en Argentina 2016

1. Situación ocupacional
por Dr. W. Augusto Wayar
Según el diccionario de la real academia española incumbencias significa:
“quien tiene el cargo de una obligación”, “quien está a cargo de realizar
determinada tarea”. Hace algunos años los colegas de San Isidro dijeron
“Incumbencias es el trabajo”; lo cual es cierto, cuanto mayores sean nuestras
incumbencias mayor será nuestro trabajo, más áreas tendríamos donde
desarrollar nuestra profesión.
Se trata entonces de aumentar nuestras áreas de actividad, aumentar
nuestras incumbencias, mantener las que tenemos, y recuperar las pérdidas.
Y como incumbencias es trabajo, voy a hacer una reflexión sobre nuestra
situación ocupacional actual.
En este sentido, todos tenemos amigos Abogados, que no ejercen la
profesión; algunos de ellos han dejado de ejercerla hace ya mucho tiempo. El
programa del gobierno denominado “Justicia 2020” tiene entre sus objetivos,
promover “Centros de acceso a la justicia coordinados con los gobiernos
locales”, promover una red de patrocinio gratuito en todo el país, Centros de
asistencia y asesoramiento gratuitos. Una reciente Ley de la Nación dice que
nuestros honorarios por la homologación de acuerdos provisionales es de $
500. El Estado a través de los Colegios de Abogados asiste a las víctimas de

2. delitos, abonando un 50% de los honorarios que se fijen. Mediación gratuita
para las partes, a cargo del Estado, Defensa del Consumidor a cargo de
Abogados del Estado, leyes nacionales que rebajan los honorarios fijados en
leyes provinciales; en otras palabras, el Estado estableciendo tarifas, y
ocupando el rol que antes ejercían los Abogados de manera particular. En
cuanto a la sociedad, nos relaciona con un mal que va en aumento: “Los
Caranchos”.
En los años 90, cuando yo me matriculé, con mucha ilusión, con mucho
entusiasmo, me podía jubilar a los 55 años, con un haber jubilatorio que
ciertamente era bueno. Hoy que estoy camino a los 55, si me quiero jubilar
tengo que esperar hasta los 65, y de seguir en el camino que vamos, la
jubilación posiblemente no me alcance a cubrir la prepaga. De hecho, si optara
por la nueva banda del 37,9 %, establecida excepcionalmente este año ante la
emergencia, seguramente no me va a alcanzar para pagar la prepaga.
En otras provincias la situación no está mucho mejor. El haber jubilatorio
básico en Mendoza es de $ 16.000, en Tucumán $ 8.000, en Entre Ríos $ 8.800,
en Río Negro no existe haber básico y todo depende de lo que los letrados
aporten, en Chubut directamente los abogados dejaron de aportar.
Entonces me preguntó a qué pasó?, qué nos pasó?.
Según los cálculos actuariales la CAO del 2016 debió ser de $ 43.000. En
el año 2015 la CAO debió ser de $ 34.600 y se cobró $ 21.700, este año se
pretendió cobrar $ 34.000 y la generalizada queja de los abogados la redujo a $
29.000

3. Inmediatamente surgen las críticas tangenciales, que por tangenciales no
menos ciertas: el exceso de gastos. Según el balance de la Caja en el año 2015
le pagamos a los Directores en concepto de viáticos la suma de $ 9.300.000,
mas precisamente $ 9.330.504, a lo que hay que sumarle $ 4.000.000 en
concepto a de gastos de traslado.
Tal vez deberíamos reducir los gastos, deberíamos reducir el número de
Directores, reducir el número de Delegaciones; como dijo quien me inició en
todos estos temas, la Dra. Yolanda Perez Buacar: “Autos para pensar”.
Lo cierto es que nadie cuestionaría los gastos, ni los directores, ni las
Delegaciones, ni los edificios que paga la Caja, ni los inmuebles que compra, si
los abogados pudiéramos pagar sin problemas la CAO; si ganáramos lo
suficiente para pagar los $ 40.000 ó $ 50.000 ó la cifra que exijan los cálculos
actuariales. Pero la realidad es que la mayoría de los Abogados, no está
pudiendo cumplir con la obligación mínima que exige la Caja.
Mientras que en el año 1995, el porcentaje de incumplimiento de la CAO
a nivel provincial era del 10%, en el 2015 el incumplimiento es cercano al 60%.
El 60% de los abogados no puede cumplir con la cuota anual obligatoria.
Evidentemente, está habiendo un problema con la tasa de rentabilidad
de nuestra profesión.
Para que la tasa de rentabilidad de una profesión liberal sea positiva, se
tiene que dar como mínimo tres presupuestos básicos:

4. 1) Conocimiento; el profesional debe saber lo que hace, tener
conocimiento de su ciencia. En nuestro caso, saber interpretar un caso,
plasmarlo en una demanda, llevar adelante el proceso, y finalmente cobrar
nuestro trabajo.
2) Tiene que existir un mercado, que requiera los servicios de este
profesional. Obviamente este mercado tiene que tener capacidad
económica para poder pagar.
3) Debe haber una adecuada relación entre la cantidad de
habitantes y la cantidad de profesionales que prestan el servicio.
Una vez en un curso, un alumno le preguntó a un destacado especialista
en derecho civil y laboral, el Dr. Ricardo Foglia ¿porqué en E.E.U.U. se pagan
indemnizaciones millonarias en dólares, y en la Argentina se paga tan poco? y
el Dr. Foglia respondió: que en E.E.U.U. se pagan esas cifras porque existe un
mercado que las puede pagar; y en Argentina se pagan las indemnizaciones que
el mercado puede pagar; aunque la vida de un argentino sea tan valiosa como
la de un norteamericano, o la de un uruguayo, o la de un boliviano.
El P.B.I per cápita de la Argentina, según informes del Banco Mundial,
entre los años 1993 y 1999 era aproximadamente de U$S 8.188, en tanto que
en el período 2013-2015 fue de U$S 14.000.
En el año 1990, existían en la provincia de Buenos Aires 17 Colegios con
21.400 abogados, en tanto que en el 2016 somos 20 Colegios con 110.000
abogados.
Mientras el número de abogados se multiplicó por cuatro, el producto
bruto interno per cápita no llegó a duplicarse.

5. Si bien el P.B.I. per cápita aumentó, no lo hizo en la misma relación que
el aumento de abogados, y en consecuencia, hoy no existe un mercado que
absorba la cantidad de profesionales que somos.
En el año 1995, se sanciona la Ley de Educación Superior N° 24.521, que
tenía entre sus fines “promover una adecuada diversificación de los estudios
superiores”, y uno de sus principales controladores y gestores es la CONEAU,
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria.
Según un informe del “Centro de estudios de la Educación Argentina”
publicado en junio de este año, cada 100 abogados se reciben 31 ingenieros; en
las universidades nacionales por cada ingeniero se gradúan 2,4 abogados,
mientras que en las privadas la cifra asciende a 20.
Mientras que en los países desarrollados se gradúan a un ingeniero cada
2.000 habitantes, en la Argentina tenemos 1 ingeniero cada 5.000 habitantes
Han transcurrido más de 20 años desde la sanción de la ley, y en lugar de
tener diversificación de estudios, tenemos una hiperinflación de abogados,
generados fundamentalmente por las Universidades privadas.
En diciembre del año 2012, el diario “La ventana de San Juan”, publicaba:
que San Juan era la provincia con mayor cantidad de abogados por habitante,
uno cada 200. En noviembre del año 2013, el diario “Uno” de Entre Ríos
publicaba: “Preocupa la sobrepoblación, con un abogado cada 200 habitantes”.
Si tomamos en cuenta los datos de nuestra provincia nos da un promedio de un
abogado cada 300 habitantes aproximadamente. Si a este número le quitamos
el porcentaje correspondiente a niños y adolescentes que no hacen juicios, nos
queda un número de entre 150 a 200 personas, las cuales quizás nunca en su

6. vida tengan que hacer un juicio; si a eso le sumamos el P.B.I. que cada persona
tiene, aunque tengamos clientes, estos tampoco dispondrán de mucho capital
para pagar nuestros servicios.
Nos queda por analizar ahora el tercer presupuesto básico: el
conocimiento.
Según la Resolución 3246/15 del Ministerio de Educación, dictada en
conjunto con el Consejo de Universidades, y la Secretaria de Políticas
Universitarias, dijeron expresamente: “que resulta claro que la deficiente
formación de los abogados comprometen interés público, poniendo en riesgo
de modo directo los derechos y los bienes de los habitantes”
Y vuelvo a la Ley de Educación Superior dictada en el año 1995, que
establecía entre sus fines:
- proporcionar formación profesional y humanística en el más alto nivel,
- garantizar crecientes niveles de calidad y excelencia,
- formar profesionales con solidez profesional,
y estableció que los órganos encargados de llevar adelante estos fines
serían la CIN, Consejo Interuniversitario Nacional que reúne a la mayoría de las
Universidades nacionales y privadas del país, el Consejo de Universidades y la
CONEAU.
Al cabo de 20 años los órganos que debían darnos excelencia, calidad y al
más alto nivel profesional, terminan concluyendo que nuestra formación es
deficiente y compromete a los habitantes de la sociedad.

7. Como el problema de nuestra calidad profesional no es de ahora, la
Universidad Nacional de La Plata hace algunos años readecuó su programa de
estudios, y hasta el día de la fecha no tuvo la aprobación de la CONEAU.
Por otro lado, escuchamos hasta el hartazgo la insistente publicidad de
carreras universitarias de Derecho aprobadas por la CONEAU.
Mucho pavor causa escuchar en la presentación del Programa Justicia
2020 del gobierno nacional: “Programa patrocinado por la Universidad Siglo
XXI…”
En consonancia con lo antedicho, en el programa Justicia 2020, en el “eje
justicia comunidad”, “evaluación de la calidad previa al ingreso de los
profesionales de derecho”, se realizó una encuesta en las universidades
nacionales para detectar cuáles eran los vacíos pedagógicos, y se concluyó que
a los profesionales de derecho les falta: investigación jurídica, ética profesional,
práctica profesional, gestión judicial, razonamiento y decisión judicial; y para
eso ya tiene fondos destinados al gobierno y la CONEAU para tratar el tema. Si
hubieran preguntado los Colegios de abogados cuáles eran los vacíos
pedagógicos se lo hubieran respondido en un minuto, y se hubieran ahorrado
toda la encuesta.
Paradójicamente, los mismos órganos que nos llevaron a una deficiente
formación, son los mismos que ahora pretenden cambiarla.
Los Colegios de abogados tenemos el control de la matrícula; nosotros
debemos sancionar a los abogados que ejercen mal su profesión, adrede o por
desconocimiento; y cubrir los vacíos pedagógicos que las a universidades

8. generaron. Estamos encargados del control del producto terminado, pero no
intervenimos de su formación.
Si queremos mejorar la calidad, elevar el nivel profesional, lograr la
excelencia, sin dudas los Colegios deben tener intervención protagónica en la
formación.
Autos para actuar¡¡¡. No puede seguir ideándose programas de estudio,
proyectos pedagógicos, sin la intervención de los Colegios
Ahora bien, podemos aceptar que nuestro nivel educativo es bajo, que
tenemos que mejorar, que existen deficiencias en nuestra formación, y
podemos estudiar y analizar la manera de mejorarla; lo que no podemos hacer,
en la desesperación, es adoptar decisiones disparatadas como puede ser la
habilitación profesional.
Antes, cuando una persona tenía problemas de salud recurría al médico
general; luego los médicos empezaron a especializarse. Hoy, si una persona
tiene un problema de salud puede recurrir al médico general como lo hacía
antes, o puede ir al especialista; y la realidad es que va al especialista. La
especialización fue madurando en la sociedad, y hoy, sociedad y profesionales
se ven beneficiados de esa especialización.
Hace muchos años hecho concurrí a una mediación voluntaria sin
muchas esperanzas, ya que descreía del instituto. Sin embargo, la actuación del
mediador, hizo que el tema se resolviera, y nos fuimos todos conformes, el
mediador, mi cliente y yo.

9. De un día para el otro se instaló la mediación obligatoria con habilitación
profesional en la Pcia. de Buenos Aires, bajo el argumento de que en otros
países funcionaba, de que iba a alivianar la poder judicial, que se iban a
resolver los conflictos, que había abogados que iban a poder vivir de la
mediación. Lo cierto, es que alguien trajo la idea, y la idea se instaló.
En la provincia de Buenos Aires si alguien quiere ser mediador tiene que
lograr la “Habilitación Profesional”. Debe hacer un curso, pagarlo; obtener su
matrícula, pagarla; y pagar por el resto de su vida cursos de actualización, que
le permitan mantener la matrícula vigente, además debe pagar por ella.
En el Departamento de La Matanza las quejas de los Mediadores son
permanentes, y a pesar de ello se siguen dando matrículas de mediadores. A la
sociedad no le convence el instituto y a los profesionales tampoco. No se dio el
tiempo necesario para que la mediación madurara en la sociedad
Los mediadores no pueden cubrir los gastos, y exigen un aumento en las
materias a mediar, cobrar un mínimo por apertura de la mediación, etc. Las
compañías de seguro extorsionan a los mediadores para que acepten
honorarios por debajo de la tabla que fija la ley (como condición para cerrar un
acuerdo), caso contrario no lo cierran, o lo llevan a la Capital Federal donde los
costos son más bajos.
Conclusión: muchos mediadores terminan aceptando una rebaja de sus
honorarios para poder percibir algo. Pero esto no termina aquí. En un caso
“Suárez Raúl c/ Andersen Celia s/ Daños y Perjuicios”, en el curso del juicio se
llegó a un acuerdo. En la homologación, por el monto del acuerdo, el juez fijó
los honorarios del mediador en la suma de $ 10.080. La compañía de seguros

10. apeló los honorarios por considerarlos altos y el expediente se elevó a cámara.
La Sala II de la Cámara Civil y Comercial de La Matanza, bajo el argumento de
que las leyes nacionales 24.432 y 24.522 los facultan a morigerar los
porcentajes tarifados en las leyes de honorarios, y establecer honorarios de
acuerdo a su saber y entender, en base al mérito, la labor y calidad del trabajo
que según ellos el profesional realizó, redujo los honorarios de $ 10.080 a $
2.500.
Con lo cual cabe preguntarnos ¿qué futuro les espera a los mediadores
en la Pcia. de Buenos Aires?.
Exceso de abogados, falta de preparación, patrocinios gratuitos a cargo
del Estado, leyes nacionales disminuyendo nuestros honorarios, imposición de
tarifas… parte de nuestra realidad.
En la provincia de Buenos Aires existen según el balance de nuestra Caja,
55.800 abogados activos en la matrícula:
- ¿cuántos fueron suspendidos a su propio pedido, o por
abandono de la profesión por adeudar dos anualidades de la CAO? :
- 30.000
El 53,8% de los abogados debió abandonar la profesión y dedicarse a otra
actividad.
En el año 2010 el porcentaje era del 50,8%, por lo que en 6 años
elevamos el número en 3 puntos porcentuales.

11. Evidentemente la situación ocupacional de los abogados esta crisis, en
un estado crítico, y así hemos de tomarlo.
La idea de estas palabras, es convencernos de que estamos mal.
La crisis debe movilizarnos a un cambio inmediato, ya, a partir de ahora;
de otra manera, sí soslayamos nuestra situación, sin minimizamos nuestra
crisis, lo único que lograremos es seguir cayendo; y cuanto más profundo
caigamos más difícil será recuperarnos
Ojalá dentro de algunos años volvamos hablar de la situación
ocupacional de los abogados, y festejemos que nuestro haber jubilatorio está
creciendo, que bajamos nuestro nivel de deserción, que aumentamos nuestra
tasa de rentabilidad, que mejoramos nuestra calidad profesional, y que en la
consideración social volvimos a ser lo que los abogados hemos sido durante
siglos:
“La herramienta más eficaz para una sociedad mejor”
Dr. W. Augusto Wayar