1. Derecho Procesal del Trabajo
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3.4.- EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
3.4.1.- EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Se trata del proceso para hacer efectiva la acción contencioso administrativa en
materia laboral y seguridad social, acordada por la LPT. Esta acción, como ya
lo dijimos anteriormente, tiene por objeto someter la actividad administrativa del
estado a un control jurisdiccional. El estado, al ejercer su función
administrativa, genera relaciones con los particulares o súbditos. Esta relación,
en la que el administrado es una de las partes y el estado la otra, pero a la vez
el juez ha sido menester establecer la acción contencioso administrativa, que
pueden utilizar los particulares frente a cualquier exceso del poder
administrador.
Concordante con la consideración anterior, la constitución vigente dispone que
las resoluciones administrativas que causen estado son susceptibles de
impugnación mediante la acción contencioso administrativa.
En el mismo sentido, la LPT establece que procede la impugnación del acto o
resolución de la autoridad administrativa de trabajo o de la administración en
general que haya causado estado, se refiera a derechos del régimen laboral de
la actividad privada o del régimen publico cuando, en este último caso, se haya
agotado y seguido la vía administrativa correspondiente.
Estos procesos se regulan por las normas previstas para el proceso ordinario
laboral y por las contempladas en el proceso especial que estamos comentado.
El objetivo que se busca es la declaración de nulidad del acto o resolución
administrativa que se impugna.
3.4.1.1.- SECUENCIA DEL PROCESO, DEMANDA Y CONTESTACION.
Del articulado de la LPT, fluye la siguiente secuencia de este proceso:
a. Demanda.
b. Contestación de la demanda.
c. Saneamiento procesal y actuación de pruebas.
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d. Dictamen del ministerio publico.
e. Sentencia.
f. Apelación.
3.4.1.2.- DEMANDA
La demanda debe contener los requisitos de admisibilidad y procedencia
señalados por la LPT. Además deben acompañarse los anexos comunes a
toda demanda laboral. Este proceso requiere un anexo especial, que
consiste en la copia autenticada de las resoluciones que se impugna, con la
respectiva constancia de notificación que acredite el fin de la instancia
administrativa.
La demanda debe interponerse dentro del plazo de tres meses de notificada
la resolución impugnada o de producida resolución ficta por silencio
administrativo. Esta última tiene que ver con el art. 87º de la ley de normas
generales de procedimientos administrativos, que dispone que transcurridos
treinta días, desde que se inicio el procedimiento administrativo sin que se
hubiera expedido resolución, el interesado podrá considerar denegada su
petición o reclamo.
La demanda se dirige contra la autoridad que realizo el acto o dicto la
resolución materia de impugnación, emplazando, si fuera el caso, al
procurador general de la república. En el emplazamiento se cita también,
con la demanda, al tercero que tenga legítimo interés en el acto o
resolución.
En conclusión, para que la demanda sea admitida se requiere:
 Que el acto o resolución impugnada cause estado.
 Que el acto o resolución haya sido objeto de impugnación en la vía
administrativa, agotando los recursos previstos.
 Que se interponga la demanda dentro de tres meses de notificada o de
producida la resolución ficta por silencio administrativo.
Al ser admitida la demanda, se ordena que la autoridad administrativa
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emplazada, remita el expediente, los informes y documentos relativos a la
resolución o acto impugnado.
3.4.1.3.- CONTESTACION DE DEMANDA
No remite a las normas previstas para el proceso ordinario laboral. Esto
significa por una parte, que la contestación debe reunir los requisitos
señalados por los artículos 21º y 22º y por otra que contestada la demanda
el juez notifica la misma al demandante, concediéndole un plazo de tres
días para que absuelva por escrito las excepciones y cuestiones
probatorias propuestas por el demandado, quien a su vez absolverá las
cuestiones probatorias propuestas contra sus pruebas en la audiencia
única.
3.4.1.4.- SANEAMIENTO PROCESAL Y ACTUACION DE PRUEBAS
Dispone que contestada la demanda o las excepciones, si estas se
hubieran deducido o convencido el plazo para hacerlo se dicta el
correspondiente auto de saneamiento procesal.
Todo esto se llevara a cabo en la forma establecida por el art. 65º el mismo
que ya fue objeto de análisis cuando tratamos el proceso ordinario.
3.4.1.5.- DICTAMEN Y SENTENCIA
Emitido el auto de saneamiento o culminada la audiencia única, según el
caso, el juez remite el expediente al Ministerio Publico para que emita su
dictamen a través del fiscal correspondiente.
El plazo para el cumplimiento de tal pronunciamiento es de 15 días,
contados a partir de la fecha de recepción del expediente.
Finalmente respecto a este proceso, la LPT se refiere a la sentencia, la
misma que debe expedirse en un plazo de 15 días de concluida la
actuación de pruebas o de evacuado el dictamen del Ministerio Publico de
ser el caso
La sentencia puede declarar la nulidad o anulación total o parcial del acto o
resolución, en cuyo caso ordenara que la autoridad administrativa emplace
expida nueva resolución subsanado los defectos que contiene.
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La otra posibilidad es que la sentencia revoque el contenido de la
resolución administrativa impugnada, en esta eventualidad el juez resuelve
el fondo del conflicto, expresando los términos en los que se reforma la
resolución u acto materia del proceso contencioso administrativo.
3.4.1.6.- RECURSO DE APELACION
La LPT en el caso de este proceso no dice respecto al recurso de
apelación, tratándose de la aplicación del principio de doble instancia y de
la naturaleza de la resolución, no cabe que procede el recurso de apelación
contra la sentencia recaída en primera instancia.
En cuanto al plazo para interponer el recurso de apelación, es de cinco
días de conformidad con el párrafo segundo del art. 52º de la LPT
disposición general y común a todos los procesos, en vista que dentro del
articulado de este proceso no se señala plazo distinto.
En el CPC la impugnación de acto o resolución administrativa se tramita en
el proceso abreviado. De conformidad con el mismo, cabe el recurso de
apelación con efecto suspensivo contra las sentencias recaídas en este
tipo de acción, aunque en todos los casos son resueltos por la Corte
Suprema. Hay demandas que se platean ante jueces civiles del lugar
donde se produjo el acto o se dicto la resolución.
3.4.2.- PROCESO DE IMPUGNACION DE LAUDOS ARBITRALES
3.4.2.1.- ARIBTRAJE Y LAUDO ARBITRAL
El arbitraje en lo laboral, es una forma de solución pacifica de los conflictos
de trabajo ya sean individuales o colectivos. Consiste en la designación de
un tercero llamado árbitro, por parte de los sujetos en conflicto, para que
decida en forma extrajudicial el diferendo existente, mediante un
pronunciamiento denominado laudo arbitral.
El arbitraje esta contemplado por la Constitución como vía de solución de
conflictos derivados de la resolución contractual, según los mecanismos de
protección previstos en el contrato o contemplados en la ley.
Poe la forma como se resuelve el conflicto se suele distinguir el arbitraje de
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conciencia y el arbitraje de derecho. El primero quienes arbitran de
amigables componedores que fallan de acuerdo con su leal saber entender.
No están obligados a fundamentar legalmente sus fallos por que son
expedidos con criterio de conciencia.
En cambio, en el arbitraje de derecho quienes arbitran el diferendo deben
hacerlo de acuerdo a preceptos jurídicos, debiendo motivar sus fallos y
respetar estrictamente las disposiciones que regulan el procedimiento del
arbitraje.
El concepto de aludo arbitral lleva implicada la obligatoriedad de
acatamiento por las partes en conflicto. Esta obligatoriedad, no depende
una vez dictado, de la voluntad de las partes, sino de la fuerza interna de la
misma decisión, emanada de la voluntad del tercero en cuestión.
Pero esa fuerza interna no tiene su fundamento en el carácter del órgano
que la dicta, como ocurre en la sentencia del juez, sino en la adhesión que
las partes le han prestado de antemano es decir, en el compromiso
adquirido por las mismas con carácter previo.
3.4.2.2.- CAUSALES DE IMPUGNACION DEL LAUDO
La impugnación del laudo arbitral no puede interpretarse como una
instancia, porque ello atendería contra su carácter de inapelable. Se trata
de una acción que solo procede en circunstancias excepcionales. La ley de
relaciones colectivas de trabajo, en su art. 66º señala como causales de
impugnación:
a. Por razón de nulidad .- no cabe duda que la norma antes citada es
imprecisa porque se refiere a causales de impugnación, dentro de la
causal señala la nulidad, pero no dice cuando el laudo adolece de
nulidad. Algunas circunstancias que puedan encasillarse dentro de las
caudales de nulidad:
· Por nulidad del convenio arbitral, que puede darse cuando el mismo no
reúna los requisitos de validez del acto jurídico a que se refiere el art.
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140º del CC.
· Haber actuado como arbitro. Las personas impedidas, tales como
abogados, asesores, representantes, apoderados o en general las
personas que tengan relación con las partes o intereses directo o
indirecto en el resultado.
· Por no haber laudo recogiendo en su integridad la propuesta final de una
de las partes o haber combinado los planteamientos de trabajadores y
empleadores.
· Haber expedido el laudo fuera de plazo.
· Por violación del debido proceso es decir no haberse respetado las
nomas de procedimientos, establecidas por la ley de relación colectiva.
b. Por establecer menores derechos a los contemplados por a ley a
favor de los trabajadores.- en el derecho del trabajo, la ley laboral tiene
como finalidad garantizar al trabajador un mínimo de condiciones, las
mismas que son irrenunciables. De manera que el pacto o la convención
colectiva es un medio para mejorar esos beneficios mínimos pero no
para recortarlos. Para una mejor visión de las causales de impugnación
del laudo arbitral me la legislación peruana, veamos que aspectos tiene
en cuenta la ley general de arbitraje. Para esta los laudos arbitrales de
derecho y de conciencia solamente pueden ser anulados por los
siguientes motivos:
· Nulidad del convenio arbitral, salvo que se haya formalizado
judicialmente.
· Haber actuado como arbitro quien no hubiera aceptado el cargo o quien
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tuviera incompatibilidad.
· Haber laudo sin las mayorías requeridas.
· Haber expedido el laudo fuera de plazo, siempre que la parte que
invoque esta causal lo hubiera manifestado por escrito a los árbitros,
antes de ser notificado con el laudo.
· Haber laudado sobre materia no sometida expresa o implícitamente a
decisión de los árbitros.
3.4.2.3.- PLANTEAMIENTO DE LA DEMANDA Y SECUENCIA DEL
PROCESO
Ya vimos que la demanda debe ser planteada ante la sala laboral o mixta,
según el caso en el plazo de cinco días de notificado el laudo definitivo. La
demanda debe formularse con las formalidades establecidas por la LPT,
hay que tener presente que ya no se puede hablar de recurso de
impugnación, tal como lo conceptuaba la LRC, sino de pretensión.
Del tenor de la LPT y de la LRC, podemos establecer la siguiente
secuencia en el presente proceso:
1) Interposición de la demanda.
2) Admisibilidad y procedencia de la demanda.
3) Solicitud, por parte de la sala del expediente administrativo en el que se
expidió el laudo.
4) Traslado de la demanda.
5) Alegato de las partes.
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6) Sentencia de primera instancia.
7) Apelación de la sentencia.
8) Sentencia de la sala de derecho constitucional y social de la corte
suprema.
3.4.2.4.- ALEGATOS Y SENTENCIA
Los alegatos pueden ser escritos u orales a través de los informes. La LPT
no señala plazo para los alegatos escritos, peor el reglamento de la LRC lo
fija en tres días hábiles de ingresado el expediente a la mesa de partes de
la sala respectiva. Si se trata de informes orales, se entiende que los
mismos deben llevarse a cabo en la fecha señala para la vista y resolución
de la causa. La LPT no hace en la fecha señala para la vista y resolución
de la causa. La LPT no hace referencia a esta audiencia, la misma que si
esta prevista en la ley general del arbitraje.
La sala laboral o mixta resuelve por el solo merito de los alegatos de las
partes y del expediente remitido por la autoridad administrativa de trabajo
en el termino de diez días de la ultima actuación ocurrida.
3.4.2.5.- APELACION Y SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA
Como los procesos laborales están basados en el principio de doble
instancia, la LPT ha previsto el recurso de apelación ante la sala de
derecho constitucional y social de la corte suprema. Esta ley en la parte
relativa a los medios impugnatorios establece un plazo de cinco días para
la interposición del recurso de apelación que seria aplicable a esta clases
de procesos, por ser una disposición general y común a todos los
procesos, salvo al sumarísimo.
Debemos señalar que ni la LRC, menos la LPT ha previsto que sucede con
el expediente de negociación colectiva cuando la demanda de impugnación
del laudo arbitral es acogida y por lo tanto, se declara nulo e insubsistente
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el pronunciamiento de los árbitros. Aquí cabe alguna interrogantes como
las relativas a que árbitros deben laudar en esta segunda oportunidad, que
sucede cuando los árbitros que expidieron el primer fallo tienen
inconvenientes o impedimentos. Están obligados los árbitros que dictaron
el laudo anulado a expedir el nuevo.
El proyecto de una nueva ley de relaciones colectivas trata de resolver
estas inquietudes en los siguientes términos, art. 63º la impugnación de un
ludo se sujeta a lo dispuesto por la ley procesal del trabajo.
De declararse la nulidad del laudo, se prorroga automáticamente la
jurisdicción del árbitro a efectos de emitir nuevo laudo, conforme al
dispuesto por la resolución judicial pertinente, dentro de un plazo de 10
días calendario. El nuevo laudo se sujetara a lo resuelto.
En cado de no poder integrarse el tribunal arbitral o asumir un árbitro
unipersonal se procederá conforme al artículo 53º y siguiente de la
presente ley.
En este ultimo caso, el que remite al art. 53º, significa que para designar a
los nuevos árbitros habrá que seguir el mismo procedimiento que la LRC
establece para el efecto.
3.4.2.6.- EJECUCION DEL LAUDO
La LPT no incluye dentro de los títulos ejecutivos o de ejecución al laudo
que pone fin a un negociación colectiva, luego no esta comprendido dentro
del proceso de ejecución contemplado por esta ley. Esto implicaría que en
el caso que un empleador se negara a cumplir con el laudo, el trabajador
tendría que interponer una demanda para que previamente se dicte una
sentencia que declare el derecho del trabajador al beneficio o prestación
establecida en el laudo.
Se podría alegar, a favor de este comportamiento que el laudo que se
expide en el proceso de negociación colectiva tiene un carácter constitutivo
de derecho y no declaratorio, razón por la que la autoridad judicial,
previamente, debe declarar el derecho, tal como sucede con una ley. Este
podría haber sido el espíritu de la LPT, al considerar que tienen merito de
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ejecución, solo los aludos recaído en controversias de carácter jurídico.
Aunque con naturaleza distinta, la ley general del arbitraje tiene un
comportamiento distinto en este tema. Sobre el particular, el art. 76º
dispone que el laudo arbitral consentido o ejecutoriado, tenga un valor
equivalente al de una sentencia y es eficaz y de obligatorio cumplimiento
desde su notificación a las partes. Solo ordenado en el laudo no se cumple
por la parte o partes a quienes corresponda hacerlo, el interesado podrá
solicitar su ejecución forzosa. Estamos pues, en caso, ante un titulo de
ejecución.
3.4.3.- PROCESOS NO CONTENCIOSOS
3.4.3.1.- ASPECTOS QUE SE TRAMITAN EN ESTE PROCESO
La LPT considera como un proceso especial, al no contencioso. Sin
embargo dentro de su articulado solo trata de la consignación. Tal vez
hubiera sido más apropiado que el titulo V de la sección séptima se
denominara simplemente proceso de consignación, antes que procesos no
contenciosos.
El hecho de que la LPT hable de procesos no contenciosos, aunque solo
se refiera a uno, abre la posibilidad de que laboralmente se puedan
plantear otro tipo de asuntos que reúnan las características del no
contencioso. Tal por ejemplo, la verificación de que a un trabajador no se le
permite el ingreso a su centro de trabajo, al margen de las razones que
puedan existir para ello.
En cambio el CPC señala hasta doce procesos no contenciosos, tales
como el de inventario, administrativo judicial de bienes, adopción
ofrecimiento de pago y consignación, etc.
El referido código, en lo que respecta a este tema, contiene disposiciones
generales que son aplicables a todos los procesos no contenciosos. Luego
legisla por separado cada uno de ellos tiendo en cuenta sus peculiaridades.
En consecuencia en esta oportunidad solo nos referimos al proceso de
consignación. Para el efecto veremos los aspectos puntuales que contiene
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la LPT, siendo necesario además recurrir al CPC.
3.4.3.2.- CONSIDERACIONES SOBRE LA CONSIGNACION
La consignación dentro del contexto del tema que estamos tratando es un
depósito judicial de una cantidad reclamada o adeudada, para evitar de esa
manera una ejecución forzosa o simplemente liberarse de la obligación. De
manera que estamos frente a una forma de pago cuando exista un
requerimiento judicial de por medio o en caso que el acreedor se niegue a
recibir lo adeudado.
Sobre el particular, el CPC dispone que en los casos que establece el
código civil, quien pretenda cumplir una prestación, puede solicitar su
ofrecimiento judicial y en su caso que se le autorice a consignarlo con
propósito de pago.
En el proceso laboral el tratamiento es distinto al qye sigue el CPC. En
efecto, la LPT dispone que la consignación de una obligación exigible no
requiere que el deudor efectué previamente su ofrecimiento de pago, ni que
solicite autorización del juez para hacerlo.
El proceso de consignación tiene dos etapas: la primera consiste en
efectuar el depósito. La segunda, en seguir el procedimiento judicial para
que lo consignado se encuentra a disposición del acreedor de manera que
pueda retirar el bien o cantidad depositada, o en su defecto, contradecir la
consignación.
La primera etapa se cumple haciendo el depósito o entrega de valores en
el Banco de la Nación y recabando el certificado correspondiente,
documento con el cual se inicia la segunda etapa.
Si la obligación consiste en la entrega de otro tipo de bienes, el CPC
dispone que en el acto de la audiencia el juez decida la manera, lugar y
forma de su depósito.
Tratándose de prestaciones no susceptibles de depósito, el juez dispone la
manera de efectuar o tener por efectuado el pago según lo que el titulo de
la obligación tenga establecido o subsidiariamente, lo expuesto por las
partes.
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3.4.3.3.- COMPETENCIA Y SECUENCIA DEL PROCESO DE
CONSIGNACION
En aplicación del art. 750º del CPC, son competente para conocer los
procesos no contenciosos los jueces de trabajo y los de paz letrado de
acuerdo a la cuantía señalada por la LPT. En estos procesos no es
aplicable la competencia por razón de turno.
De conformidad con la LPT, el proceso de consignación tiene la siguiente
secuencia:
 Solicitud del peticionario, la mima que debe reunir los requisitos de una
demanda, en los aspectos que fueran pertinentes.
 Calificación de la solicitud para determinar su admisibilidad.
 Notificación de la consignación al acreedor.
 Contradicción, por parte del acreedor, en el plazo de tres días contados
a partir de la notificación sobre el efecto cancelatorio de la consignación.
 Planteada la contradicción, el juez corre traslado del mismo al
consignante.
 Absolución del traslado por parte del consignante sobre el efecto
cancelatorio de la consignación.
 Resolución de la contradicción.
3.4.3.4.- RETIRO DE LA CONSIGNACION
La LPT dispone que el retiro de la consignación se hace a la sola petición del
acreedor, sin trámite alguno, aun cuando se haya formulado contradicción.
La ley posibilita el retiro de la consignación aun habiendo sido objeto de
contradicción, en razón de que la misma solo esta dirigida al efecto
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cancelatorio, circunstancia que no invalida el pago parcial o tala de la
obligación. De declararse fundada la contradicción formulada por el trabajador,
el retiro del importe consignado, no impedirá la reclamación de la diferencia
adeudada.
El hecho de que la cantidad consignada se entregue sin tramite alguno, se
debe a la naturaleza y fines de sustento alimentario que tiene las cantidades
que se adeudan a los trabajadores.
De manera que planteada la solicitud de retiro el juzgado endosa el certificado
a nombre del trabajador acreedor y se le hace entrega para hacerlo efectivo en
el banco de la nación.
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