1. TÍTULO
DE
EJECUCIÓN
9.-EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICA
8.-EL DOCUMENTO IMPAGO DE RENTA POR
ARRENDAMIENTO, SIEMPRE QUE SE
ACREDITE INSTRUMENTALMENTE LA
RELACIÓN CONTRACTUAL
7.- EL DOCUMENTO PRIVADO QUE CONTENGA
TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL
6.- A PRUEBA ANTICIPADA QUE CONTIENE UN
DOCUMENTO PRIVADO RECONOCIDO Y LA
O COPIA CERTIFICADA DE LA PRUEBA
ANTICIPADA QUE CONTIENE UNA ABSOLUCIÓN
DE POSICIONES, EXPRESA O FICTA
10.- OTROS TÍTULOS A LOS QUE LA LEY LES
DA MÉRITO EJECUTIVO
4.- LOS TÍTULOS VALORES QUE
CONFIEREAN ACCIÓN CAMBIARIA
3.- LOS ACTOS DE CONSILIACIÓN DE
ACUERDO A LEY
2.-LOS LAUDOS ARBITRALES FIRMES
1.- LAS RESOLUCIONES JUDICIALES
FIRMES
5.- LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN Y
TITULARIDAD EXPEDIDA POR LA INSTITUCIÓN DE
COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES, EN
EL CASO DE VALORES REPRESENTADOS POR
ANOTACIÓN EN CUENTA, POR LOS DERECHOS
QUE DEN LUGAR AL EJERCICIO DE LA ACCIÓN
CAMBIARIA, CONFORME A LO PREVISTO EN LA
LEY DE LA MATERIA
2. 9.-EL TESTIMONIO DE
ESCRITURA PÚBLICA
8.-EL DOCUMENTO IMPAGO DE
RENTA POR ARRENDAMIENTO,
SIEMPRE QUE SE ACREDITE
INSTRUMENTALMENTE LA
RELACIÓN CONTRACTUAL
7.- EL DOCUMENTO PRIVADO QUE
CONTENGA TRANSACCIÓN
EXTRAJUDICIAL
10.- OTROS TÍTULOS A LOS
QUE LA LEY LES DA MÉRITO
EJECUTIVO
A decir del artículo 1302 del CC, por la transacción las partes,
haciéndose concesiones recíprocas, deciden sobre algún asunto
dudoso o litigioso, evitando el pleito que podría promoverse o
finalizando el que está iniciado
a todos los documentos que evidencien el no cumplimiento de la prestación
pactada, siempre y cuando se demuestre documentalmente la existencia de la
relación contractual. (Ledesma Narváez, 2008, p. 368)
En atención a la persona que suscribe el testimonio, como es el
notario público, conlleva a que sea calificado como documento
público, generando la presunción de certeza sobre su contenido,
salvo prueba en contrario.
En estos casos, siguiendo a Casassa Casanova, tenemos un
sin número de títulos ejecutivos dispersos en nuestro
ordenamiento jurídico, enumeraremos algunos:
El extremo de la resolución final que ordena el cumplimiento
de una medida correctiva reparadora a favor del
consumidor, una vez que quedan consentidas o causan
estado en la vía administrativa.
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