La Superintendencia de Competencia (SC) solicitó amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por la violación del derecho a la seguridad jurídica cometida por la Sala de lo Contencioso Administrativo. La Sala declaró ilegal una resolución de la SC, no por una actuación de ella misma sino por la del juez que autorizó el allanamiento en un proceso sancionatorio.

1. COMUNICADO DE PRENSA C. 10-12
Antiguo Cuscatlán, 7 de marzo de 2012.
SC presentó amparo contra Sala de
lo Contencioso Administrativo
La Superintendencia de Competencia (SC) solicitó amparo ante la Sala de lo Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia (CSJ) por la violación del derecho a la seguridad jurídica1 cometida
por la Sala de lo Contencioso Administrativo. La Sala declaró ilegal una resolución de la SC, no
por una actuación de ella misma sino por la del juez que autorizó el allanamiento en un proceso
sancionatorio.
“Se ha violado el La SC presentó demanda de amparo contra la Sala de lo Contencioso
derecho a la Administrativo, quien declaró ilegal la resolución dictada por la SC
seguridad jurídica en fecha 04/09/08, por medio de la cual se multó a Molinos de El
establecido en la Salvador (MOLSA) y otro agente económico tras comprobar el
Constitución de la cometimiento de acuerdos anticompetitivos entre competidores
República”, recalcó el sancionados por la Ley de Competencia (LC) en su artículo 25 letra
Superintendente de d).
Competencia,
Francisco Díaz
Molsa, tras haber sido sancionada y multada por la Superintendencia,
Rodríguez, luego de
presentar el amparo
demandó al Consejo Directivo (CD) de la SC ante la Sala de lo
en contra de la Sala de Contencioso Administrativo de la CSJ, reclamando la ilegalidad de la
lo Contencioso sanción económica y de la orden de cese de la conducta
Administrativo de la anticompetitiva.
CSJ.
Molsa planteó ante la Sala de lo Contencioso Administrativo argumentos que no correspondía
discutirse ante dicha Sala, entre otros, que la orden judicial emitida por el Juez Primero de lo
Civil de San Salvador, consistente en autorizar el registro con prevención de allanamiento
[regulado por los artículos 13 letra r) y 44 de la LC] en contra de dicha empresa, debió regularse
bajo el procedimiento señalado en Código Procesal Penal.
1 Tal derecho está contenido en el artículo 2 de la Constitución: “Toda persona tiene derecho a la vida, a la
integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la
conservación y defensa de los mismos…”.

2. La Sala de lo Contencioso Administrativo, en fecha 01/12/2011, falló otorgando la razón a
Molsa, declarando ilegales las resoluciones por medio de las cuales la SC impuso la multa y en
la que declaró sin lugar el recurso de revisión interpuesto por Molsa.
Lo particular del caso es que se declaró ilegal lo actuado por la SC, no por una actuación de
ella propiamente, sino porque la Sala consideró ilegal un acto judicial realizado durante el
procedimiento sancionatorio, acto que escapa a la competencia de la Sala: la orden judicial
que autorizó el registro con prevención de allanamiento en MOLSA.
En virtud de esa consideración, aunque la SC no realizó el acto declarado ilegal, se le ordena
reponer el procedimiento sancionatorio en contra de Molsa desde el último acto válido
realizado, es decir, desde antes del registro con prevención de allanamiento realizado a Molsa.
Después de analizar la resolución de la Sala de lo Contencioso Administrativo, la SC identificó y
determinó que se ha vulnerado el derecho a la seguridad jurídica consagrado en el artículo 2 de
la Constitución de la República, en las manifestaciones siguientes:
1. Interdicción de la arbitrariedad del poder público: la Sala de lo Contencioso conoció de un acto
judicial que no es de su competencia, en tanto el mandato judicial (orden de registro) es un acto
estrictamente judicial y no un acto administrativo. La Sala ha excedido su competencia material, en
el sentido de que pretendiendo analizar la legalidad de las resoluciones impugnadas, enjuició la
legalidad de una actuación judicial y no administrativa, sin tener competencia para ello ni tampoco
exponer las razones que le llevaron a concluir que ese era un acto sujeto a su control.
2. Obligación de motivar las resoluciones judiciales. La Sala de lo Contencioso Administrativo omitió
fundamentar dos aspectos:
a. Los motivos por los cuales la orden judicial de registro fue considerada como un acto
excepcionalmente administrativo, de los que sí tiene competencia para conocer, y no como
un acto de naturaleza puramente judicial.
b. Las razones por la cuales la Sala consideró que en una actuación de un juez civil y mercantil,
realizada en el curso de un procedimiento sancionatorio de Ley de Competencia, la
legislación aplicable era el Código de Procesal Penal vigente a la época, lo que le llevó a
concluir que la resolución del referido Juez incumplió con los requisitos establecidos en la
normativa de competencia.
Antecedentes
1 abril 2008 SC inició procedimiento sancionador contra Molsa y Harisa.
4 septiembre 2008 CD determinó que Molsa y Harisa tenían acuerdo de división del mercado de harina de trigo.
14 octubre 2008 CD declaró sin lugar recurso de revisión interpuesto por Molsa
28 octubre 2008 Molsa demandó al CD ante Sala de lo Contencioso Administrativo
1 diciembre 2011 Sala de lo Contencioso Administrativo dictó sentencia acogiendo argumentos de Molsa
19 de enero 2012 Sala de lo Contencioso Administrativo notificó dicha sentencia a SC
7 marzo 2012 SC presenta amparo contra Sala de lo Contencioso Administrativo ante Sala de lo
Constitucional.