El documento discute el tema de si los medicamentos deben considerarse bienes de consumo o bienes sociales. Argumenta que aunque los medicamentos son bienes privados durante su producción y comercio, su acceso y uso por la población los convierte en bienes públicos ligados al derecho a la salud y a la vida. También destaca que los medicamentos son tecnologías sanitarias que mejoran la calidad de vida pero generan desafíos para los sistemas de salud debido a su creciente uso e inequidad.