La Constitución de 1925 estableció cambios importantes en el sistema educativo chileno, incluyendo el derecho a la educación primaria obligatoria y gratuita para todos los niños, la separación definitiva entre la iglesia y el estado en materia educativa, y la creación de la Superintendencia de Educación Pública para la inspección y dirección de la enseñanza bajo la autoridad del gobierno.