El documento discute el papel del estado y las escuelas en la educación inclusiva. Argumenta que las capacitaciones sobre educación inclusiva son insuficientes y que los planes de estudio deben adaptarse mejor a las necesidades de los estudiantes. También señala que el estado no brinda el apoyo necesario a los maestros para atender a estudiantes con necesidades especiales y que las escuelas deben cualificar su atención para garantizar infraestructura, materiales y recursos humanos que permitan el desarrollo integral de todos los estudiantes.