Este documento declara que la educación superior es un derecho humano y un bien público social. Resume los principales puntos discutidos en la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe de 2008, incluyendo que la educación superior debe ser accesible para todos, promover el desarrollo sustentable, y no debe ser mercantilizada. También enfatiza la importancia de expandir la cobertura de educación superior con calidad e inclusión, y promover la diversidad y equidad.