Un país democrático es aquel donde el Estado se somete al ordenamiento jurídico. En Venezuela, el respeto al principio de legalidad obliga al Estado a actuar de acuerdo a las leyes, lo que crea la jurisdicción contencioso-administrativa. Sin embargo, según un estudio, menos del 1% de las demandas contra el Estado son falladas a favor de los demandantes. Aunque la ley garantiza los derechos contra el Estado, la realidad es que es muy difícil ganar un caso contra este.