Guía preeminencia ddhh

Universidad Nororiental Privada
Gran Mariscal de Ayacucho Página 1 de 14
Ciudad Guayana
Asignatura: Derechos Humanos. GUÍA DE ESTUDIO
Prof. Mairis Balza Solé Tercer corte

CONTENIDO: 5.1.- PREEMINENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS (DDHH)
5.2.- PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS
5.3.- JERARQUÍA CONSTITUCIONAL DE LOS TRATADOS DE DDHH

Nota: Este material ha sido elaborado con fines particularmente pedagógicos, tiene el propósito de
facilitar a los estudiantes la comprensión y el estudio de los temas tratados.
Para ello, es requisito indispensable la lectura y revisión de los artículos de la Constitución y
los Tratados Internacionales señalados en el texto de la guía, además de las referencias al pie de
página. Como guía de estudio es una orientación para el desarrollo de los contenidos planteados, no
limita la consulta e investigación de textos por parte de los estudiantes.
Contiene al final del mismo una serie de preguntas orientadoras o generadoras, elaboradas
con la misma finalidad pedagógica para direccionar el estudio. No significan en ningún caso que sean
preguntas de examen, ni es un cuestionario para la posterior realización de examen.

5.1.- PREEMINENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS (DDHH).

Revisar: artículos 2, 3, 74 y 350 CRBV.

La preeminencia se entiende como “la primacía, privilegio o ventaja que alguien o
algo tiene sobre otros por razón de sus méritos, calidad o categoría1”. En términos de
derechos humanos, se entiende como la superioridad y predominancia de estos en el ordenamiento jurídico
venezolano y la actuación de los órganos del poder público, en razón del valor y bien jurídico superior que
protegen: la persona. Su resguardo, respeto y garantía, supone una obligación ineludible para el Estado, a tenor
del texto Constitucional y los tratados internacionales.

“Este concepto de la preeminencia de los derechos humanos, dentro del contexto
jurídico venezolano, va mucho más allá del desarrollo sucesivo y programático
del catálogo de derechos humanos contenidos en la Constitución, porque al ser
definida como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico (art 2
CRBV), significa que debe armonizarse el mismo de manera tal, que sus normas
contengan una protección especial cuando éstas se relacionen, desarrollen o
contengan derechos humanos y la actuación de los órganos del Estado deben
fundamentarse entonces en el respeto y garantía de los mismos, atendiendo pues a
su preeminencia.

Al respecto, el artículo 74 del Texto Constitucional confirma la importancia
otorgada a los derechos humanos por parte del constituyente patrio, al establecer
que las leyes aprobatorias de los tratados internacionales y las leyes que
garanticen o desarrollen derechos humanos no podrán ser sometidas a referendo
abrogatorio, procedimiento éste previsto en el capítulo referente a los derechos
políticos y al referendo popular”2.

1
Diccionario de la Real Academia Española. (2005). Diccionario Enciclopédico Larousse. (2004). Ediciones
Larousse, México.
2
Mundraín, G. (2001) Ponencia con motivo del LIII Aniversario de la DUDH.

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Sumado a esto, está la obligación contenida en el art 350 de desconocer cualquier régimen, legislación
o autoridad que contraríe los principios y valores democráticos y menoscabe los derechos humanos.

Constituye, esta preeminencia, una premisa básica de la República y una manera privilegiada de
prevenir abusos, delitos y crímenes de cualquier naturaleza, que menoscaben la dignidad de la persona y
vulneren sus derechos constitucionales. Así, el carácter preeminente de los ddhh supone la
constitucionalización de la dignidad humana, con implicaciones bastante prácticas:

 El respeto y garantía de los ddhh son el norte del Estado Venezolano.
 El sometimiento del poder público y sus actuaciones a los principios de los derechos humanos
y sus garantías, es decir que limitan las actuaciones del Estado, protegiendo de los abusos y
arbitrariedades.
 Que los ddhh no pueden subordinarse a una ley que los desarrolle para su posterior aplicación,
sino que son operativos, es decir que son actuantes, obrantes y que se ejecutan
inmediatamente.

Entonces, la preeminencia constitucional de los ddhh, genera por un lado, derechos para los
ciudadanos que se encuentran en el territorio nacional, referente al goce y libre ejercicio de los derechos, de
forma irrenunciable, indivisible e interdependiente, con las únicas limitaciones establecidas en la misma
Constitución, por vía de excepción y cuando se configuren los presupuestos para ello. Y por el otro, genera
obligaciones para el Estado, cuales son:

1. Obligación de protección de los derechos constitucionales y los relativos a los tratados sobre
la materia. Que se traduce en respetar, garantizar, satisfacer y no discriminar3.
 Arts 19, 21, 25, 29, 30, 31, 271 CRBV
 Art 1.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos.
 Art. 2 Convención Americana sobre Derechos humanos.
 Art 2.1 del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos.
 Art. 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos sociales y Culturales

 El respeto, de ciertos derechos supone una mera abstención de ofenderlos por parte
del poder público, esto se traduce en que “la actuación de los Órganos del Estado no
puede traspasar los límites que señalan los derechos humanos, como atributos
inherentes a la dignidad de la persona y superiores al poder del Estado” 4 ocurre en
general, con las libertades fundamentales y con ciertos derechos como la vida o a la
integridad personal. También el Comité de Derechos Económicos Sociales y
Culturales de la ONU, en su Observación General sobre el Derecho a la Salud ha
señalado que “los Estados tienen la obligación de respetar el derecho a la salud, en
particular absteniéndose de denegar o limitar el acceso igual de todas las personas,
incluidos los presos o detenidos, los representantes de las minorías, los solicitantes
de asilo o los inmigrantes ilegales, a los servicios de salud preventivos, curativos y
paliativos”5. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión
Consultiva 6/86 del 9 de mayo de 1986, expresó que:

“la protección a los derechos humanos, en especial a los derechos
civiles y políticos recogidos en la Convención, parte de la
afirmación de la existencia de ciertos atributos inviolables de la
persona humana que no pueden ser legítimamente menoscabados
por el ejercicio del poder público. Se trata de esferas individuales
que el Estado no puede vulnerar o en las que solo puede penetrar

3
Fernández de Daniels, F. (2005). Las Fuentes de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Curso
Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. UCAB.
4
Ver Corte Interamericana, Opinión Consultiva 6, 1986.
5
Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, ONU, Observación General 14, 12.05.2000, pág 10

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limitadamente. Así, en la protección de los derechos humanos, está
necesariamente comprendida la noción de la restricción al ejercicio
del poder estatal”6.

 La obligación de garantía, implica una obligación más amplia que el respeto,
significa un hacer, un actuar diligente y oportunamente, constituye por parte del
Estado generar y crear todo lo necesario, suficiente y eficaz para la mejor y mayor
protección de un derecho. Lo cual va desde la modificación legislativa hasta la
instauración de mecanismos, órganos, políticas públicas, tendientes a la protección
efectiva de los derechos.
Se traduce sustancialmente en obligaciones positivas por parte del Edo., como las de
prevenir, investigar, sancionar reparar o, en su caso, asegurar la reparación; y
sancionar, en sentido amplio, las violaciones a tales derechos. En La práctica, es
frecuente que las obligaciones internacionales referidas al respeto y la garantía de
los ddhh, aparezcan estrechamente relacionadas7. El alcance y contenido de esta
obligación de los Estados ha sido definido por la jurisprudencia de la Corte
Interamericana, en la Sentencia del caso Velásquez Rodríguez, de la siguiente
manera
“Esta obligación implica el deber de los Estados partes de
organizar todo el aparato gubernamental y en general, todas las
estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del
poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar
jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.
Como consecuencia de esta obligación los Estados deben
prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos
reconocidos por la Convención y procurar, además, el
restablecimiento si es posible, del derecho conculcado y, en su
caso, la reparación de los daños producidos por la violación de
los derechos humanos”8.

Viene a bien señalar que la mención del poder público abarca además de los cinco
poderes que en el caso venezolano lo comprenden, a todo ente que realice actividad
pública por concesión del Estado. Por ello la Defensoría, de acuerdo con la
Constitución de la República tiene mando para la defensa de las personas en materia
de servicios públicos (ver art 281.2 CRBV)

 La satisfacción de un derecho humano supone el cumplimiento real, acostumbrado y
cotidiano del mismo

 La No discriminación es una obligación general de los Estados en materia de
derechos humanos, tanto por la doctrina, como por la jurisprudencia y por la mayoría
de los instrumentos de ddhh. En este sentido la generalidad de los instrumentos
contempla condiciones prohibidas de discriminación tales como raza, sexo, religión,
nacionalidad, entre otras y estipulan a su vez una cláusula abierta a cualquier otro
tipo de condición, en donde se podrían edad, orientación sexual, origen étnico, por
ejemplo9.

6
Corte IDH. La expresión Leyes en el artículo 30 de la convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión
Consultiva OC &/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A, Nº 6, párr 21
7
Nikken, P. (2006). Código de Derechos humanos. 2da ed. Pág 29
8
Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C. Nº 4 párr 166; también párrs 164-177.
Corte IDH caso Godinez Cruz, sentencia de 20 de enero de 1989, serie C. N! 5, párrs 173-188
9
Fernández de Daniels, F. (2005). Las Fuentes de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Curso Sistema
Interamericano de los Derechos Humanos. UCAB, pág 13

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2. Obligación de investigar, sancionar e indemnizar los delitos contra los derechos humanos
cometidos por sus autoridades (artículo 29). Queda establecido además la imprescriptibilidad
de los delitos de lesa humanidad (consagrado también en el art 271), los crímenes de guerra y
las violaciones graves a los derechos humanos. Establece la competencia exclusiva de los
tribunales ordinarios y excluye los beneficios que puedan conllevar a su impunidad, como es
el indulto y la amnistía.

Una violación de derechos humanos constituye una trasgresión de las obligaciones de un
Estado en virtud del derecho internacional. Tal infracción genera nuevas obligaciones para el
Estado, que debe investigar tal abuso, someter a los responsables a un proceso justo y eficaz e
imponerles un castigo apropiado y ofrecer a la víctima de violación de derecho una reparación del
mismo.

La Convención Americana, en su artículo 63, establece la obligación de los Estados de
indemnizar:

“1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en
esta Convención, la Corte dispondrá así mismo, si ello fuera procedente, que
se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la
vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte
lesionada.

3. Obligación de obedecer las decisiones de los órganos internacionales. (Art 31 CRBV). Según
Nikken10, es en este terreno donde se han revelado las carencias más importantes de la
operación del sistema interamericano de derechos humanos. Los trabajos emprendidos dentro
del seno de la OEA, así como en la Cumbre Hemisférica de Québec, sobre el estudio de las
reformas tendientes a mejorar el sistema regional de los ddhh, han puesto de relieve que, antes
que la reforma en cuanto innovaciones institucionales, habría que ocuparse de mejorar el
funcionamiento de las instituciones existentes, lo que comienza por el respeto y el acatamiento
que deben merecer a los Estados parte en la Convención, las decisiones de la Comisión y de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Las sentencias de la Corte, más allá de ninguna discusión, son de obligatorio cumplimiento
para los Estados sometidos a su jurisdicción en un caso contencioso. Así lo estipula el artículo
68 de la Convención:

“1. Los Estados parte en la Convención se comprometen a cumplir las
decisiones de la Corte en todo caso en que sean parte.
2.- La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se
podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno
vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado”

Esta disposición debe interpretarse en su más amplio sentido, pues no debe restringirse solo a
la sentencia sobre el fondo del caso sino a todas las sentencias, resoluciones y además
providencias que adopte el Tribunal en el curso del proceso, en particular a aquellas que se
refieren las excepciones preliminares, a reparaciones o a la ejecución de la sentencia, así como
a las medidas provisionales que ordena la Corte de conformidad en el artículo 63.2 de la
Convención.

Lamentablemente, la Sala Constitucional del TSJ, se ha puesto al margen de lo preceptuado en el
artículo 31 Constitucional, con relación a hacer todo lo necesario para dar cumplimiento a las decisiones

10
Nikken, P. (2006). Código de Derechos Humanos. 2da ed. Págs 50-51

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emanadas de los órganos internacionales de protección de los ddhh, por el contrario este alto Tribunal de la
República, alega supuestas causales para no dar cumplimiento a tales decisiones 11.

En ese orden la Corte Interamericana tuvo la oportunidad de censurar la doctrina de la Sala y asumida
por el Estado Venezolano de desconocimiento de las decisiones y sentó lo siguiente:

“Que la obligación de cumplir con lo dispuesto en las decisiones del Tribunal
corresponde a un principio básico del derecho de la responsabilidad internacional
del Estado, respaldado por la jurisprudencia internacional, según el cual los
Estados deben cumplir sus obligaciones convencionales internacionales de buena fe
(pacta sunt Servanda) y, como ya ha señalado esta Corte y como lo dispone el
artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, no
pueden por razones de orden interno, dejar de atender la responsabilidad
internacional ya establecida. Aún cuando Venezuela alegó no ser parte de la
Convención de Viena, la obligación internacional del pacta sunt Servando, es norma
de derecho consuetudinario de obligatorio cumplimiento”

A manera de conclusión podemos afirmar que la Constitución patria, deja claramente establecido los
límites del ejercicio del poder público, quedando sujetas a la infranqueable barrera que representan los derechos
humanos, es una Norma Suprema garantista, al servicio de la persona humana y su dignidad. El Poder Público,
no puede ser empleado lícitamente para ofender atributos inherentes a la persona. 12

Establece el principio de la limitación al Poder, que es la base del Estado de derecho con el objeto de
garantizar la libertad. Eso es lo que distingue al Estado de derecho del Estado absoluto 13. Esta limitación se
concretó en las Constituciones modernas mediante la distribución del poder para que, como lo decía
Montesquieu, el poder limite al poder14, lo que se logra al distribuirlo y al separarlo.

5.2.- PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS

Revisar artículos 19, 22 y 25 Constitucionales.

Este principio está reconocido explícitamente en el art. 19, con lo cual todo retroceso en materia de protección
de los derechos reconocidos como inherente a la persona, debería considerarse inconstitucional. Implica:
a.- protección consecutiva de los derechos;
b.- ampliación del catálogo de derechos conforme a las conquistas históricas de los derechos humanos;
c.- desarrollo progresivo del contenido de los derechos e;
d.- interpretación no restrictiva de un derecho conocida en doctrina como la cláusula del individuo más
favorecido.

“Este principio define la obligación de los Estados de reconocer y velar por la defensa de los ddhh de manera
consecutiva, afirmando la condición de la dignidad humana frente al Estado y definiendo la actividad de los
poderes públicos al servicio del ser humano” 15. Es importante comprender que “la progresividad es relativa a la

11
Nikken, Op.Cit. págs 55 y 56
12
Nikken, P. (2006). La garantía internacional de los derechos humanos. Colección Estudios Jurídicos nº 78.

13
Brewer-Carías, A. (2002). El fortalecimiento de las instituciones de protección de los derechos humanos en el ámbito
interno I.I.D.H. XX CURSO INTERDISCIPLINARIO EN DERECHOS HUMANOS.

14
"Es una experiencia eterna que todo hombre que tiene poder tiende a abusar de él; y lo hace hasta que encuentra límites.
Para que no se pueda abusar del poder es necesario que por la disposición de las cosas, el poder limite al poder", Carlos
Secondat, Barón de Montesquieu, De l'Espirit des lois, ( ed. G. Tunc) Paris 1949, Vol. I, Libro XI, Cap. 4, pp. 162-163.

15
Nikken, P. (2006). La garantía internacional de los derechos humanos, págs 114-115

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naturaleza de los derechos humanos, los cuales están llamados a ampliarse gradualmente sin admitir regresiones,
y no una obligación de los Estados; la obligatoriedad de estos significa el respeto y la garantía de tales derechos,
obligación que se hace exigible de inmediato y no de manera progresiva, salvo que se trate de derechos
económicos, sociales o culturales, que por su naturaleza son realizables progresivamente”. 16

Está expresamente incorporado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al consagrarse
en el artículo 29.b, que ninguna de las disposiciones de dicha convención puede ser interpretada en el sentido
de: “limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las
leyes de cualquiera de los Estados partes o de acuerdo con otra Convención en que sea parte uno de dichos
Estados”. Se desprende una relación muy estrecha entre el derecho internacional y el derecho constitucional,
por lo tanto, si un mismo derecho es regulado con un contenido diferente por la Constitución y por un tratado, el
principio de la progresividad lleva como consecuencia, a que deba aplicarse la disposición más favorable a la
persona17.

Lo que es importante señalar es que, desde el punto de vista jurídico sea que las declaraciones de
derechos estén incorporados en normas internacionales, sea que se hayan incorporado al derecho interno y que
formen parte de las Constituciones, no son declaraciones constitutivas de los mismos sino, como lo dice su
propia denominación, tienen carácter declarativo, de reconocimiento de derechos. En consecuencia, ni las
Constituciones, ni las Convenciones internacionales los crean o establecen, sino que los reconocen como
inherentes a la persona humana.

Art. 22: El carácter enunciativo y no taxativo, es lo que la doctrina ha considerado llamar “ventana
abierta” o “cláusula abierta” de los derechos inherentes a la persona. Cláusulas de este tipo se encuentran, por
ejemplo en las Constituciones de Colombia (art. 94), Guatemala (art. 44), Paraguay (art. 45) y en Venezuela se
encuentra consagrado en el art. 22 Constitucional, conforme a la cual se indica expresamente que la declaración
y enunciación de los derechos que se hace en los textos constitucionales, no se puede entender como negación
de otros que no estando enumerados en ellos, son inherentes a la persona humana o a la dignidad de la persona
humana. En razón de ello, cualquier derecho que sea reconocido internacionalmente como inherente a la
persona, merece igual protección (respeto y garantía) que aquellos contenidos en la Constitución. Lo importante
entonces para la protección de un derecho no es su mención específica en la Constitución, sino que tenga el
carácter de inherente a la condición de dignidad humana, cuya fuente son los tratados internacionales. Así
mismo, el carácter enunciativo de los derechos nos pone en la situación de que pudiendo las violaciones de los
derechos humanos adoptar nuevas formas hasta ahora desconocidas, es responsabilidad del Estado investigarlas
y sancionarlas como las violaciones a los derechos consagrados por la Constitución.

Del carácter enunciativo de los derechos se deriva la llamada garantía objetiva de la Constitución;
principio que para el constitucionalismo europeo contemporáneo descubrió Hans Kelsen [6], pero que en el
constitucionalismo latinoamericano está incorporado en nuestras Constituciones, desde principios del siglo XIX
como sucedió en la Constitución de Venezuela de 181118.

Para Brewer-Carías19, este principio implica que toda decisión del Estado contraria a los derechos
fundamentales establecidos en la Constitución es nula, con lo cual la garantía objetiva del propio texto
constitucional deriva del mismo, declarando expressis verbis la nulidad de lo que sea contrario a los derechos;
principio que tiene una larguísima tradición en el constitucionalismo latinoamericano. En tal sentido, por
ejemplo, en el artículo 25 de la Constitución venezolana de 1999, se dispone que "todo acto dictado en ejercicio
del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la Ley es nulo; y

16
Ibidem, pág 115.
17
Ayala (1996). Citado por Picard de Orsini, M, en El principio de progresividad y la actuación de los órganos del Poder
Público conforme a la Constitución vigente (2005). Universidad de Carabobo.
18
Allan R. Brewer-Carías. (2002). El fortalecimiento de las instituciones de protección de los derechos humanos en el
ámbito interno I.I.D.H. XX CURSO INTERDISCIPLINARIO EN DERECHOS HUMANOS
19
ibidem.

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los funcionarios públicos que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa,
según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores".

Por último debe mencionarse que esta enunciación de derechos, con toda la ampliación que hemos
indicado, incluso con el señalado carácter enunciativo, se ha establecido, en paralelo, con la precisión del
ámbito de las limitaciones a los derechos. Es cierto que hay derechos absolutos, es decir, derechos no limitables,
como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a no ser torturado o el derecho a no sufrir penas infamantes;
pero fuera de estos existe el principio de la limitabilidad de los derechos y libertades, que siempre tienen como
frontera tanto el derecho de los demás como el orden público y social, porque, en definitiva, los derechos se
ejercen en sociedad y tienen una pluralidad de titulares. Ello exige, por tanto, conciliar el ejercicio de los
derechos, por todos, de manera que ello no signifique, en particular, la violación del derecho de los demás y, en
general, del orden público y social.

Por supuesto, nos sigue ilustrando el autor, este principio puede conducir a situaciones extremas como
la que lamentablemente todavía queda en alguna Constitución latinoamericana, como es el caso de la
Constitución cubana, que deja abierto un campo "ilimitado" de limitaciones a los derechos fundadas en la
conservación de unos principios que sólo el poder puede determinar, con lo cual se hacen nugatorios los
derechos. Pero salvo este caso, en general, la limitación a los derechos que permiten las Constituciones está
vinculada a las exigencias del orden público y social y al ejercicio de los derechos por demás.

5.3.- JERARQUÍA CONSTITUCIONAL DE LOS TRATADOS DE DDHH.

La clásica pirámide de Kelsen estable la jerarquía de las normas, en primer lugar la Constitución
Política del Estado, por debajo de ella las leyes y los decretos y así bajando de jerarquía el resto de las normas.
En la mayoría de los países de América Latina se otorgaba a los convenios y tratados internacionales en materia
de derechos humanos la misma jerarquía que las leyes. Las últimas reformas constitucionales han realizado una
sustancial modificación a esta situación; en algunas constituciones se les otorga la misma jerarquía que la
Constitución; en otros casos por debajo de la Constitución pero en mayor jerarquía que la Leyes internas.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela expresa en su artículo 23:

“Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y
ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el
orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio
más favorables a las establecidas por esta Constitución y la ley de la
República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás
órganos del Poder Público”.

El artículo mencionado supra constituye un verdadero avance y progreso vanguardista en materia de
protección de los derechos humanos. “Constituye un proceso de expansión y de transformación que representa
una evolución constante tanto en el ámbito conceptual como en lo que respecta al reconocimiento y
mecanismos de protección de estos derechos” 20

Elementos que encontramos en el texto constitucional:
 Constitucionalización del derecho internacional de los derechos humanos (Jerarquía
constitucional de los tratados en materia de ddhh)
 Predominancia de los tratados en el ámbito interno, si contienen normas más favorables que
la Constitución y las leyes.
 Su aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público.

20
Paz de Henríquez, N. (2004). Incidencia de la participación ciudadana en la efectiva defensa de los derechos humanos.
Universidad de Carabobo.anuario Nº 27.

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En este mismo sentido, y en perfecta sintonía con el contenido del artículo 23, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, ha expresado que “si en una misma situación son aplicables la Convención Americana
y otro tratado internacional, debe prevalecer la norma más favorable a la persona humana”21

Ahora bien, para examinar el tema de la incorporación del derecho internacional al derecho interno, su
interpretación y su vigencia en el ámbito nacional, es necesario una revisión de las teorías monista y dualista.

El dualismo, Fundada por Triepel y Anzilotti y representada todavía hoy por la doctrina italiana, asume al
derecho internacional y el derecho interno como dos ordenamientos jurídicos distintos y separados, que se
encuentran en un plano de igualdad sin que exista entre ellos jerarquía alguna. Afirma que el derecho
internacional regula las relaciones entre Estados soberanos, mientras que el derecho interno regula las
relaciones entre los individuos y entre el Estado y los individuos. Según esta doctrina, para que el derecho
internacional pueda afectar el derecho interno tienen que ser transformadas en derecho interno mediante un
acto legislativo o cualquier otro apropiado con un procedimiento de promulgación, proclamación y
publicación, para luego ser aplicada como ley nacional.
El monismo, de inspiración neokantiana, sostiene que ambos ordenamientos –internacional e interno-
forman un único sistema jurídico, no separados, y que todos los ordenamientos jurídicos regulan las relaciones
entre individuos, aunque en el ámbito internacional tal conducta se atribuya al Estado. Prevé la incorporación
del derecho internacional de forma automática, es decir sin necesidad de un acto legislativo expreso. En
consecuencia, el derecho internacional puede ser aplicado de forma inmediata y directa por los tribunales
nacionales.

“En ese sentido, en materia de derechos humanos, un Estado que acepta formar parte de una sociedad
interdependiente, que acepta que hay valores universalmente compartidos que deben ser respetados por todos,
y que percibe los tratados como compromisos que generan beneficios recíprocos a las partes, estará mucho más
cerca de aceptar esta tesis de la unidad del derecho, con supremacía del derecho internacional, y la
incorporación automática del Derecho Internacional en el Derecho interno” 22

De acuerdo con Faúndez, todo Estado está obligado a cumplir con los compromisos asumidos a través
de los tratados válidamente celebrados, pero la forma en que cada Estado debe ejecutar el tratado en el ámbito
nacional es una materia que, en principio no está regulado por el derecho Internacional y que está sujeta al
ordenamiento jurídico de cada Estado, especialmente al constitucional. 23

Constitucionalización del derecho internacional de los derechos humanos

La ampliación progresiva de las declaraciones de los derechos en el derecho interno ha conducido a la
incorporación al régimen constitucional de los países, de los derechos declarados internacionalmente, sobre todo
en los Pactos Internacionales de las Naciones Unidas y en la Convención Americana de Derechos Humanos. En
este sentido, una de las grandes innovaciones de la reciente Constitución venezolana de 1999 ha sido el
otorgarle rango constitucional a los Tratados internacionales sobre derechos humanos (art. 23), siguiendo los
antecedentes de la Constitución del Perú de 1979 (art. 105), y de la Constitución Argentina de 1994 (art. 75).

En Venezuela ha habido una amplísima evolución jurisprudencial de la extinta Corte Suprema de
Justicia que reconoce al Derecho Internacional forma parte del ordenamiento jurídico interno que deben aplicar
los tribunales venezolanos, a manera de ejemplo se señala la sentencia publicada el 6 de noviembre de 1997, en
Sala Plena, declarando la inconstitucionalidad de la Ley sobre Vagos y Maleantes, sobre la base, entre otros, de
los siguientes fundamentos:

21
Corte Interamericana de Derechos Humanos_ La colegiación obligatoria de periodistas. Opinión Consultiva OC – 5/85 de
fecha 1e de noviembre de 1985, serie A nº 5, párrafo 52.
22
Faúndez, H. (2004). El Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su aplicación por el Juez Nacional. Proyecto de
capacitación para jueces en Derechos Humanos: Manual de Participantes para Jueces y Juezas. TSJ, AI, PNUD y STATOIL,
Caracas, pp 29-32
23
Faúndez, H. op. Cit., pág 34

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“(…) omite las garantías establecidas por las normas internacionales para un
juicio justo, incluyendo el derecho a la defensa y a la presunción de inocencia. Así
lo establecen los artículos 9 y 14 del Convenio Internacional sobre derechos
Civiles y Políticos y los artículos 7 y 8 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.

(…) al quedar constitucionalizados los derechos humanos, conforme a la
disposición contenida en el artículo 50 de la Constitución de la República, la Ley
sobre Vagos y Maleantes vulnera ipso iure, Convenciones Internacionales y
Tratados sobre los derechos del hombre (sic), en la medida en que dichos tratados
adquieren jerarquía constitucional(…)

La Convención Americana de Derechos humanos se ha incorporado a nuestro
derecho interno como norma ejecutiva y ejecutable reforzada por la
jurisprudencia, la cual le ha dado el carácter de parámetro de constitucionalidad.

Ello entraña la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico interno del
régimen previsto en Convenios Internacionales

Así mismo, el art. 31 constitucional, establece una relación directa, entre el ordenamiento jurídico
internacional y el derecho interno, el cual establece la posibilidad de dirigir peticiones o quejas a los órganos
internacionales para solicitar el amparo a sus derechos, con lo cual queda expresamente establecida la unidad
de ambos ordenamientos jurídicos, también vistos en afinidad con los artículos 44 y 1.1 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.

Entonces, la Constitución Nacional de 1999, incorpora automáticamente el contenido del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos a la legislación nacional, otorgándole aplicación inmediata por parte
de los tribunales nacionales y con preferencia al derecho interno, lo que expresa una supraconstitucionalidad de
tales Tratados. Lamentablemente esto ha sido negado de forma recurrente por el TSJ, desconociendo que es
propio texto constitucional el que otorga tal jerarquía a los tratados, pactos y convenciones en materia de ddhh,
como es el caso de la Convención Americana 24. Ejemplo de ello lo tenemos en la sentencia 1505 de la Sala de
Casación Penal del Tribunal Supremo, de fecha 21 de noviembre de 2000, ante la denuncia de haberse
infringido los artículos 8 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativos a las garantías
judiciales y los derechos políticos, afirmó en el punto previo al recurso en cuestión:

“Ha habido una notoria insistencia de la Sala sobre los tratados
internacionales sobre derechos humanos, lo cual en principio está muy bien;
pero pareciera que a veces en Venezuela se le quisiera dar ahora más
importancia a esos tratados que a la propia Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela. En efecto, en Venezuela ya muchos están
creyendo, incluso muy distinguidos abogados penalistas, que hay una
supraconstitucionalidad de tales tratados sobre la Constitución. No hay tal:
La Sala Constitucional ha decidido que esos tratados son aplicables por
mandato de la Constitución.(…) No puede ser "supraconstitucional" sino
constitucional, porque la misma Constitución lo ordena cuando haya
principios más favorables. Entonces habría la prevalencia, por la remisión
que hace la Constitución a esos tratados. Pero esos tratados son aplicables
en lo que a la substancialidad se refiere y no respecto a lo procesal o
adjetivo, porque sería renunciar a la soberanía”.

24
Cisneros, Y. (2003). Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho interno. Curso Sistema Interamericano
de Derechos Humanos. UCAB, Caracas, pág 58.

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De igual manera la Sala Constitucional del Tribunal Supremo ha afianzado esta posición en su
sentencia 1013 de fecha 12 de junio de 2001, originada de una acción de amparo intentada por Elías Santana y
otros, por habérseles negado el derecho de réplica, previstos en los artículos 57 de la Constitución y 14 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, declarando la improcedencia de la acción y señalando
expresamente que sus decisiones no están sometidas a instancias internacionales. “…porque ellas constituyen
ejercicio pleno de nuestra soberanía y e dictan conforme a nuestro ordenamiento jurídico, en nombre del
pueblo venezolano y como expresión de una patria libre…” Lamentablemente, la Sala constitucional ignoró un
principio fundamental del Derecho Internacional, consagrado en el artículo 27 de la Convención de Viena
sobre Derecho de los Tratados el cual establece que “un Estado no podrá invocar las disposiciones de un
derecho interno como justificación para el incumplimiento de un tratado”, y en este caso, la Sala
Constitucional lo hizo 25

Para Pedro Nikken, “carece de sentido invocar la soberanía nacional como reducto para escapar a la
protección internacional de los derechos humanos, pues conceptualmente éstos, como atributos inherentes a la
persona humana y no concesiones del Estado, son anteriores y superiores a este y no están condicionados por
su soberanía. Además, históricamente fue el abuso del poder soberano contra la dignidad humana lo que
justificó y dio origen, dentro del marco de la Carta de las Naciones Unidas, a la construcción de un sistema
internacional para la salvaguarda de tales derechos. Por último, la ratificación de las Convenciones
Internacionales, incluidas las relativas a los derechos humanos, es el resultado de un acto soberano, adoptado
con arreglo a los procedimientos constitucionales de cada Estado, como la ha hecho Venezuela. El
sometimiento a un sistema internacional de protección de los derechos humanos, que comprende la aceptación
de órganos internacionales que velan por su respeto y garantía, es un acto soberano del Estado y como tal el
mismo Estado está obligado a honrarlo”26

Resulta muy oportuno y por demás pertinente reproducir parte del discurso del ExDefensor del
Pueblo, Dr. Germán Mundraín con motivo del LIII Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos (2001)

“Los derechos humanos tienen tanta importancia dentro de nuestro ordenamiento
jurídico, que se incluye en la Constitución, en su artículo 22, norma que deja abierta
la posibilidad de que no debe considerarse la negación de otros derechos que no
estén previamente enunciados en la Constitución o en los instrumentos
internacionales sobre derechos humanos y que sean inherentes a la persona humana
y el hecho de que no estén previstos no menoscaba su ejercicio.

Ahora bien, adentrándonos más en el tema de los instrumentos internacionales,
dentro de los cuales se encuentra la Declaración Universal de Derechos Humanos,
las Constituciones, en términos generales, pueden otorgarle a los instrumentos
internacionales cuatro tipos de rango o valor, a saber: 1) supraconstitucional, 2)
constitucional, 3) supralegal, 4) legal.

En nuestro derecho constitucional, por su parte, los tratados internacionales gozan de
tal jerarquía que pueden prevalecer sobre el ordenamiento interno de la República,
en la medida en que contengan normas más favorables a las contempladas en la Ley
Fundamental, razón por la cual pudiéramos hablar de la supraconstitucionalidad de
los tratados. Por ello, en el caso de que un tratado internacional suscrito y ratificado
por Venezuela reconozca y garantice un determinado derecho humano, en forma más
amplia y favorable que la Constitución, prevalece en todo caso el instrumento
internacional y debe ser aplicado en forma preferente, directa e inmediata por los
tribunales y demás órganos del Estado, por tanto, no requieren de una acción jurídica

25
Cisneros, Y. op. Cit, pág 59.
26
Nikken, Op.Cit. págs 54 y 55

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complementaria, ni ser desarrollados por una ley, para su implementación o su
exigibilidad”.

Predominancia de los tratados en el ámbito interno, si contienen normas más favorables que la
Constitución y las leyes. Significa que se aplican con preferencia no solo por encima de las leyes, sino
también por encima de la propia Constitución siempre que contengan normas más favorables

La aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público, deja sin
lugar el procedimiento de transformación legislativa de los tratados internacionales para que estos sean ley
nacional, por el contrario significa, que se incorporan automáticamente, sin que medie un acto legislativo
expreso que lo convierta en ley nacional, es decir, rescatando lo citado anteriormente del defensor del pueblo
“no requieren de una acción jurídica complementaria, ni ser desarrollados por una ley, para su
implementación o su exigibilidad”.
Estos dos últimos elementos particulares, por una parte dejan sin dudas la autoejecutabilidad de los
tratados y por la otra, han sido definidos de forma clara y abundante por la doctrina como características
propias de la supraconstitucionaldiad de los tratados.

5.4.- PRINCIPIO PRO HOMINE.

Es uno de los principios generales del derecho señalado por Faúndez27 en los siguientes términos: “El
derecho de los derechos humanos, debe inclinarse siempre a favor del ser humano. En consecuencia sus
normas se deben interpretar de la manera que resulte más favorable al individuo, acogiendo la interpretación
más extensiva cuando se traten de normas que consagran derechos individuales, y la interpretación más
restrictiva cuando se trate de disposiciones cuyo propósito es restringir o coartar el ejercicio de tales derechos.
Esta misma regla debe observarse en caso de pluralidad de fuentes sobre una misma materia, dando prioridad
a aquellas normas –derivadas del Derecho Internacional o interno, de carácter convencional o
consuetudinario- que hacen explícito el contenido de un derecho, o que desarrollan el contenido de un derecho
consagrado en un tratado o en una norma de Derecho interno”

Obras consultadas:

.- Brewer Carias, A. (2001). La Constitución de 1999.

.-_______________ (1998). Instituciones Políticas y Constitucionales. Tomo V, el derecho y la acción de
amparo, 1998.

.- _______________(2002). El fortalecimiento de las instituciones de protección de los derechos humanos en el
ámbito interno I.I.D.H. XX Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos

.- Cisneros, Y. (2003). Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho interno. Curso Sistema
Interamericano de Derechos Humanos. UCAB, Caracas, Venezuela.

.- Corte Interamericana de Derechos Humanos. (1986) La expresión Leyes en el artículo 30 de la convención
Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC &/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A, Nº 6

.- ____________________________________ (1985). La colegiación obligatoria de periodistas. Opinión
Consultiva OC – 5/85 de fecha 1e de noviembre de 1985, serie A nº 5, párrafo 52.

.- Diccionario de la Real Academia Española. (2005).

27
Faúndez, H. op. Cit., pág 166

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.- Diccionario Enciclopédico Larousse. (2004). Ediciones Larousse, México.

.- Declaración de las Naciones Unidas sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de
Delitos y del Abuso del Poder (1985), Principio 11. Resolución 40/34 de la Asamblea General.

.- Faúndez, H. (2004). El Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su aplicación por el Juez Nacional.
Proyecto de capacitación para jueces en Derechos Humanos: Manual de Participantes para Jueces y Juezas. TSJ,
AI, PNUD y STATOIL, Caracas, pp 29-32.- Fernández de Daniels, F. (2005). Las Fuentes de Derecho
Internacional de los Derechos Humanos. Curso Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. UCAB.

.- Mundraín, G. (2001) Ponencia con motivo del LIII Aniversario de la DUDH.

.- Nikken, P. (2006). Código de Derechos humanos. Colección de textos legislativos Nº 12. 2da ed. Editorial
Juídica Venezolana. UCV. Caracas, Venezuela

.-_________ (2006). La garantía internacional de los derechos humanos. Colección de textos legislativos.
Editorial Jurídica Venezolana. UCV. Caracas, Venezuela

.- ONU. (2000). Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, Observación General 14, 12.05.2000

.- Paz de Henríquez, N. (2004). Incidencia de la participación ciudadana en la efectiva defensa de los derechos
humanos. anuario Nº 27. Universidad de Carabobo. Valencia, Venezuela.
.-
Picard de Orsini, M. (2005). El principio de progresividad y la actuación de los órganos del Poder Público
conforme a la Constitución vigente. Universidad de Carabobo. Valencia, Venezuela.

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PREGUNTAS GENERADORAS DE APRENDIZAJE

1. Que se entiende por preeminencia de los derechos humanos y cuáles son los artículos Constitucionales
que la sustentan.

2. Enumere los elementos que componen el principio de preeminencia de los derechos humanos.

3. Establezca tres (3) relaciones entre los artículos 2, 3, 74 y 350 Constitucionales.

4. Cómo se explica la constitucionalización de la dignidad de la persona.

5. Mencione las obligaciones que se generan para el Estado del principio de la preeminencia de los
derechos humanos.

6. Elabore un cuadro comparativo de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos donde
exprese relaciones de semejanza - diferencias entre ellas y su alcance. Como se indica en el siguiente
cuadro:

Obligación semejanzas diferencias alcance

7. Explique en consiste el respeto, la garantía, la satisfacción y la no discriminación en materia de
derechos humanos. Señale el fundamento constitucional. Diferéncielas.

8. Explique el contenido de la obligación de investigar, sancionar e indemnizar los delitos contra los
derechos humanos cometidos por sus autoridades.

9. Analice el contenido y alcance del artículo 31 Constitucional en el contexto de las obligaciones del
Estado en materia de derechos humanos.

10. Qué se entiende por Principio de progresividad de los derechos humanos.

11. Enumere las implicaciones del Principio de progresividad de los derechos humanos.

12. Explique las relaciones que se derivan de los artículos 19 y 22 de la Constitución.

13. Qué se entiende por cláusula del individuo más favorecido.

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14. Analice la expresión “la progresividad es relativa a la naturaleza de los derechos humanos” en
concordancia con la afirmación de que “ni las Constituciones, ni las Convenciones internacionales los
crean o establecen, sino que los reconocen como inherentes a la persona humana”

15. Explique los elementos y alcance de los Tratados Internacionales sobre derechos humanos.

16. Conceptualice las teorías del monismo y dualismo.

17. Implicaciones prácticas y constitucionales de la teoría monista en materia de derechos humanos.

18. Qué se entiende por Constitucionalización del derecho internacional de los derechos humanos.

19. Analice en el contexto constitucional venezolano la siguiente expresión del autor Pedro Nikken
“carece de sentido invocar la soberanía nacional como reducto para escapar a la protección
internacional de los derechos humanos, pues conceptualmente éstos, como atributos inherentes a la
persona humana y no concesiones del Estado, son anteriores y superiores a este y no están
condicionados por su soberanía”

20. Analice el discurso del Exdefensor del Pueblo, Dr. Germán Mundraín con motivo del LIII Aniversario
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (2001).

21. Enumere los elementos contenidos en el artículo 23 Constitucional.
22. En Venezuela, los Tratados Internacionales requieren de una acción jurídica complementaria, y su
desarrollo por una ley, para su implementación o su exigibilidad.
Si___ No____ Argumente su respuesta.

23. Conceptualice el Principio Pro Homine.
24. Mencione las características del principio Pro Homine.
25. Mencione la diferencia entre la Cláusula del Individuo más Favorecido y el Principio Pro Homine.

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