La Ley Laínez de 1905 estableció escuelas rurales en áreas con baja alfabetización donde los residentes lo solicitaran, con maestros que recibirían el mismo salario que en los territorios nacionales. El Presidente Manuel Quintana y el Consejo Nacional de Educación serían responsables de la implementación de esta ley, con un presupuesto inicial de $60,000 pesos. Las provincias administrarían las escuelas rurales pero recibirían fondos de la nación ya que no podrían financiarlas por sí mismas.