La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) juzgará a todos los participantes directos e indirectos en el conflicto armado, incluyendo miembros de las FARC, agentes del Estado y terceros. La JEP busca satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, verdad y reparación, así como contribuir a la no repetición del conflicto. Para quienes reconozcan su responsabilidad se impondrán sanciones de 5 a 8 años con fines restaurativos, mientras que para quienes no reconozcan su respons

1. LOS ACUERDOS DE LA HABANA PARA
EL JUZGAMIENTO DE LA GUERRILLA
CÁTEDRA DE PAZ

2. QUÉ ES LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ
Es un órgano con funciones judiciales
y que tras finalizar el conflicto se
centrará en satisfacer el derecho de
las víctimas a justicia, verdad,
reparación, lucha contra la
impunidad y brindar seguridad
jurídica a los participantes del
conflicto.
La JEP tendrá competencia exclusiva
respecto de todos quienes
hayan participado de manera
directa o indirecta en el conflicto
armado, de manera diferenciada,
equitativa, equilibrada, simultánea y
simétrica, incluyendo a los miembros
de las FARC, los agentes del Estado
y terceros.
Objetivos de la J.E.P
• Satisfacer el derecho de las víctimas a
la justicia
• < Obtener verdad para la sociedad
colombiana
• < Contribuir a la reparación de las
víctimas
• < Contribuir a luchar contra la
impunidad
• < Otorgar seguridad jurídica a quienes
participaron de manera directa o
indirecta en el conflicto armado
• < Contribuir al logro de una paz
estable y duradera

3. FUNCIONES DEL TRIBUNAL PARA LA PAZ
Juzgar e imponer sanciones a los
responsables de los delitos cometidos
en el contexto y en razón del conflicto
armado, particularmente los más graves
y representativos como los crímenes de
lesa humanidad, el genocidio, y los
graves crímenes de guerra, entre otros.
Para quienes reconozcan su
responsabilidad: Proferir sentencias
fundadas en las conductas
reconocidas, una vez contrastadas
con las investigaciones adelantadas
por la Fiscalía General de la Nación
y las sentencias judiciales existentes,
además de la información que
provean las organizaciones de
víctimas y de derechos humanos.
Para quienes no reconozcan su
responsabilidad: Llevar a cabo un
juicio contradictorio y proferir las
sentencias correspondientes.
- Fijar y verificar las condiciones y
modalidades de ejecución de la
sanción
- Supervisar y certificar el
cumplimiento de la sentencia

4. TRATAMIENTO ESPECIAL DE JUSTICIA
A la terminación de las
hostilidades, de acuerdo con el
DIH, se otorgará la amnistía o
indulto posible por delitos
políticos y conexos. Una ley de
amnistía precisará el alcance de
la conexidad.
Para quienes reconozcan su
responsabilidad de manera
temprana por los delitos más
graves, el Tribunal para la Paz
impondrá sanciones de
restricción efectiva de la libertad
de a 5 a 8 años, que permita el
cumplimiento de las funciones
reparadoras y restauradoras.
 Quienes no reconozcan su
responsabilidad y sean
declarados culpables por el
Tribunal para la Paz, serán
condenados a pena privativa
de la libertad de hasta 20 años,
en condiciones ordinarias de
ejecución.
La JEP deberá concentrarse
desde un inicio en los casos más
graves y representativos.
Graduará las sanciones
dependiendo del grado de
participación determinante en
las conductas más graves y
representativas.

5. CÓMO SERÁ EL SISTEMA DE RECLUSIÓN
Depende de cada caso. La
Jurisdicción Especial para la Paz
contempla un régimen de reclusión
diferenciado:
 Para quienes reconozcan su
responsabilidad de manera
temprana por los delitos más
graves, las sanciones serán de
restricción efectiva de la libertad
de 5 a 8 años. Será un sistema de
restricción de la libertad bajo un
régimen de vigilancia y control
pero con un grado de flexibilidad
que permita el cumplimiento de las
funciones reparadoras y
restaurativas de las sanciones,
como contribuir al desminado o a
la sustitución de cultivos.
Los formas de ejecución de las
sanciones de restricción efectiva
de la libertad, tales como el lugar
y las condiciones del régimen no
han sido acordadas todavía.
Por su parte, las sanciones de
restricción efectiva de la libertad
suponen un régimen especial de
cumplimiento, supeditado a un
mecanismo especial de
administración, vigilancia y
control que permita, a su vez, el
cumplimiento de las funciones
reparadores y restaurativas que
impondrá el Tribunal para la Paz.

6. SOBRE AMNISTÍAS E INDULTOS
A la terminación de las
hostilidades, de acuerdo con el
DIH, se otorgará amnistía o
indulto para delitos políticos y
conexos. En el caso de las
guerrillas se amnistiará o
indultará el delito de rebelión. Se
consideraran delitos conexos
como el porte ilegal de armas, el
narcotráfico, o las conductas no
prohibidas por el DIH. No
obstante de ninguna manera
podrán considerarse conexos al
delito político los crímenes de
lesa humanidad, el genocidio ni
los graves crímenes de guerra.
¿Cómo se va a determinar la
conexidad?
Será una ley de amnistía la que
determine cuáles serán los delitos
amnistiables e indultables, y cuáles
los criterios de conexidad.
¿Quién va a conceder las
amnistías o indultos?
Las amnistías o indultos las
concederá una Sala dentro de la
Jurisdicción Especial para la Paz
de conformidad con lo establecido
por la Ley de Amnistía.

7. ¿LOS DELITOS QUE HAYAN COMETIDO LOS AGENTES DEL ESTADO
TAMBIÉN SERÁN CONOCIDOS EN LA JPE?
Sí. La eficacia en la materialización
de los objetivos del Sistema Integral
de Verdad, Justicia, Reparación y
No Repetición demanda la
participación de todos quienes
participaron de manera directa e
indirecta en el conflicto armado,
incluyendo a los miembros de las
FARC y a los agentes del Estado.
Los agentes del Estado no podrán
ser amnistiados o indultados
porque la Constitución solo autoriza
a los responsables de los delitos
políticos y conexos, y como es
obvio los agentes del Estado no
cometen este tipo de delitos.
¿Este acuerdo se aplicará a otros
grupos guerrilleros?
Este acuerdo ha sido suscrito
únicamente por la guerrilla de las
FARC. Cualquier aplicación de los
tratamientos especiales de
justicia al ELN dependerá de la
firma de un acuerdo en el que se
comprometan con la dejación de
las armas, la reincorporación a la
vida civil, y la contribución a la
satisfacción de los derechos de
las víctimas a la verdad, la
justicia, la reparación y la no
repetición.

8. CÓMO SERÁ EL SISTEMA DE RECLUSIÓN
Depende de cada caso. La
Jurisdicción Especial para la Paz
contempla un régimen de reclusión
diferenciado:
 Para quienes reconozcan su
responsabilidad de manera
temprana por los delitos más
graves, las sanciones serán de
restricción efectiva de la libertad
de 5 a 8 años. Será un sistema de
restricción de la libertad bajo un
régimen de vigilancia y control
pero con un grado de flexibilidad
que permita el cumplimiento de las
funciones reparadoras y
restaurativas de las sanciones,
como contribuir al desminado o a
la sustitución de cultivos.
Los formas de ejecución de las
sanciones de restricción efectiva
de la libertad, tales como el lugar
y las condiciones del régimen no
han sido acordadas todavía.
Por su parte, las sanciones de
restricción efectiva de la libertad
suponen un régimen especial de
cumplimiento, supeditado a un
mecanismo especial de
administración, vigilancia y
control que permita, a su vez, el
cumplimiento de las funciones
reparadores y restaurativas que
impondrá el Tribunal para la Paz.

9. ¿QUÉ SE HA ACORDADO EN LA HABANA?
Política de Desarrollo Agrario
Integral
Este acuerdo tiene cuatro pilares:
1. El primero es el acceso y el uso
de la tierra: Se acordó un Fondo de
tierras de distribución gratuita para
los campesinos sin tierra o con
tierra insuficiente. Pero no se trata
sólo de entregarle tierra al que no
tiene, sino de darle “acceso
integral”: que la tierra esté
acompañada de riego, crédito,
asistencia técnica, y apoyo para la
comercialización, entre otros
2. El acceso a la tierra incluye
también ofrecer un subsidio
integral y crédito especial para la
compra de tierra, así como
garantizar derechos de propiedad.
Se acordó impulsar un plan masivo
de formalización de la pequeña y
mediana propiedad, y la creación
de una jurisdicción agraria para
asegurar la protección judicial
eficaz a los derechos de
propiedad de los campesinos y de
todos los habitantes del campo.

10. LO ACORDADO EN CUBA
3. Este acuerdo mejorará el uso de
la tierra. El Gobierno definirá
lineamientos generales de uso del
suelo que tengan en cuenta su
vocación y pondrá en marcha
programas de reconversión.
También la formación y
actualización del catastro y la
puesta al día del predial (“el que
más tiene, más paga”) creará los
incentivos para darle un uso más
productivo a la tierra. Se fortalecerá
la participación ciudadana en la
planificación del ordenamiento del
territorio y se facilitará el diálogo
El diálogo entre gobierno,
comunidades rurales y sector
privado.
Delimitar la frontera agrícola y
proteger las áreas de especial
interés ambiental: avanzaremos en
un plan de zonificación ambiental
que haga compatible el interés de
preservación con las alternativas
económicas de las comunidades y
de desarrollo del país y promueva
diferentes planes de desarrollo que
contribuyan a la preservación
ambiental

11. LO ACORDADO EN CUBA
El segundo pilar es el
establecimiento de programas
especiales de desarrollo con
enfoque territorial. Se trata de
reconstruir las regiones más
afectadas por el conflicto y la
pobreza con verdaderos
planes de desarrollo que
transformen esos territorios,
garanticen derechos y faciliten la
reconciliación. Se construirán de
manera participativa planes de
acción para la transformación
regional.
Un tercer pilar son planes
nacionales que deberán lograr una
reducción radical de la pobreza y
la eliminación de la pobreza
extrema. Estos planes están
orientados a proveer bienes y
servicios públicos en infraestructura
(vías, distritos de riego,
electricidad, conectividad),
desarrollo social (planes
especiales de salud, educación,
vivienda y agua potable para el
campo,) y estímulos de todo tipo a
la productividad de la agricultura.

12. LO ACORDADO EN CUBA
El cuarto y último pilar es un
sistema especial de seguridad
alimentaria y nutricional: se
fortalecerán los mercados locales
y regionales, se harán campañas
para un manejo adecuado de
alimentos por parte de las familias
y se aplicarán programas
especiales contra el hambre.
Crearemos consejos de seguridad
alimentaria y nutricional en todos
los niveles territoriales y pondremos
en marcha toda una
institucionalidad para mejorar la
seguridad alimentaria de las
comunidades.
Participación Política
1. Primero es una nueva apertura
democrática que promueva la
inclusión política como
mecanismo para consolidar la
paz, luego de la terminación
del conflicto.
Se trata de facilitar la creación de
nuevos partidos políticos, sin poner
en riesgo los avances en la
consolidación del sistema de
partidos. desligar la obtención y
conservación de la personería
jurídica del requisito de la
superación del umbral.

13. LO ACORDADO EN CUBA
Se acuerda la creación de
Circunscripciones Transitorias
Especiales de Paz en las regiones
más golpeadas del conflicto. Los
habitantes de estas regiones
podrán elegir, durante la fase de
transición y de manera temporal,
representantes a la Cámara
adicionales con unas reglas
especiales. (El número de regiones,
curules y periodos electorales aún
no se han acordado).
Se acordaron unas medidas
especiales para promover el voto.
Esto también exige el
fortalecimiento de la transparencia
El segundo pilar es una mayor
participación ciudadana para
consolidar la paz, en el espíritu de
la Constitución del 91.
Para ello se acordaron toda una
serie de medidas: el desarrollo de
una Ley de Garantías para las
organizaciones y movimientos
sociales; medidas para promover
una cultura de tolerancia, no
estigmatización y reconciliación;
garantías para la protesta social,
tanto para quienes se manifiesten
como para los demás ciudadanos;
promoción de espacios en medios
de comunicación institucionales.

14. LO ACORDADO EN CUBA
Revisión de todo el sistema de
participación ciudadana en los
planes de desarrollo, en particular
del funcionamiento de los
Consejos Territoriales de
Planeación; fortalecimiento de la
participación en la construcción
de políticas públicas y
fortalecimiento del control
ciudadano a la gestión pública
mediante la promoción de
veedurías y observatorios de
transparencia en todas las
regiones.
El tercer pilar -y la idea
fundamental del fin del conflicto-
es asegurar que se rompa para
siempre el vínculo entre política y
armas: nadie nunca más utilice las
armas para promover una causa
política. Y que quienes han dejado
las armas para transitar a la
política tengan todas las garantías
de que no serán objeto de la
violencia. El Gobierno establecerá
un Sistema Integral de Seguridad
para el ejercicio de la Política en
un marco de garantías de los
derechos y libertades.

15. LO ACORDADO EN CUBA
“Solución al Problema de las
Drogas Ilícitas”
1. la sustitución y erradicación de
los cultivos ilícitos. Se fijan las
bases de un Nuevo Programa de
Sustitución de Cultivos Ilícitos y
Desarrollo Alternativo de alcance
nacional.
Este Programa busca trabajar con
las comunidades para resolver
definitivamente el problema de los
territorios y de los cultivos, en una
lógica de integración territorial e
inclusión social.
También se pondrán en marcha
planes de asistencia inmediata
para los cultivadores. En los casos
donde algunos cultivadores
incumplan sus compromisos o no
quieran participar en el Programa,
el Gobierno erradicará los cultivos
de forma manual.
La puesta en marcha de procesos
de planeación participativa en
torno a la solución al problema de
los cultivos de uso ilícito y la
superación de las condiciones de
pobreza.

16. LO ACORDADO EN CUBA
Consumo. Se reconoce que el
tema del consumo de drogas
ilícitas, es una cuestión de salud
pública que requiere un
tratamiento prioritario. Se acordó
crear un Programa Nacional de
Intervención Integral frente al
Consumo de Drogas Ilícitas que
articule a las autoridades para
prevenir y abordar el problema del
consumo. y por otra, un “Sistema
Nacional de Atención al
Consumidor de Drogas Ilícitas que
incluya acciones complementarias
de rehabilitación e inserción social.
Narcotráfico. Se acordó una
estrategia integral para reforzar y
ampliar la lucha contra el crimen
organizado, en especial en las
regiones.
El Gobierno se comprometió a
“intensificar la lucha contra el
crimen organizado y sus redes de
apoyo en el marco del fin del
conflicto (…) y en general de
desarticular las redes de estas
organizaciones”.

17. LO ACORDADO EN CUBA
Compromisos. El Gobierno se
comprometió a “poner en marcha
las políticas y programas de este
punto”; y las FARC-EP se
comprometieron a “contribuir de
manera efectiva, con la mayor
determinación y de diferentes
formas y mediante acciones
prácticas con la solución definitiva
al problema de las drogas ilícitas, y
…de poner fin a cualquier relación,
que en función de la rebelión, se
hubiese presentado con este
fenómeno”.
Las partes manifestan “su firme
compromiso con la solución
definitiva al problema de las
drogas ilícitas” y se
comprometieron “a contribuir con
el esclarecimiento de la relación
entre el conflicto y el cultivo, la
producción y la comercialización
de drogas ilícitas y el lavado de
activos”.

18. REVISIÓN DE LA DOCTRINA MILITAR EN EL POSCONFLICTO
El mayor general Alberto José
Mejía Ferrero anunció que se
realizará la primera revisión formal
y total que determine una doctrina
acorde con el futuro que se espera
del Ejército colombiano.
Colombia revisará su doctrina
militar de cara al posconflicto, con
ayuda de Estados Unidos y la Otan,
anunció el Ejército, luego de que el
Gobierno y las Farc acordaran una
fecha límite para firmar la paz (a
más tardar el 23 de marzo de
2016).
Claro debe finalizar la doctrina de
la seguridad nacional vigente en el
país desde los años 60.
Las condiciones hoy son distintas
por las siguientes razones:
1. El derrumbe de la Unión
Soviética en 2001 y del campo
socialista europeo, eliminó la
llamada guerra fría ente este y
oeste.
2. El restablecimiento de
relaciones entre estados unidos
y Cuba.
3. La posibilidad del acuerdo de
paz en la Habana

19. REVISIÓN DE LA DOCTRINA MILITAR EN EL POSCONFLICTO
 Igualmente debería revisarse el costo militar, ya que Colombia
posee el segundo ejército más grande de América Latina
después de Brasil.
 Colombia reclama mayor inversión en aspectos sociales como
la educación y la salud. En Cali el 48% de la población entre 17 y
21 años, es decir en capacidad de realizar estudios universitarios
no ingresa a la universidad. Son los estratos 1 y 2.