Observatorio Exterior de mayo de 2015. Una publicación con artículos de opinión sobre temas de la actualidad internacional elaborado por el Servicio de Riesgo País de CESCE.
Investigaciones en curso por maniobras con recetas falsas de insulina y tiras...
Observatorio exterior de mayo 2015
1. MMaayyoo 22001155
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Medidas de urgencia contra el ‘shock’ petrolero
Con el petróleo barato, puede que Angola deje atrás la etapa de vacas gordas. Este
país africano había disfrutado de una bonanza espectacular desde el final de su guerra
civil en 2002 gracias al colosal auge de la exportación de crudo que, en consecuencia,
se había convertido en la fuente de la inmensa mayoría de los ingresos fiscales y
exteriores. Los petrodólares permitieron acometer ambiciosas inversiones en
infraestructuras, muchas de ellas necesarias en el marco de la reconstrucción
posbélica, y otras de eficacia dudosa. Además, alimentaron un ritmo colosal de
crecimiento, el mayor del mundo entre 2002 y 2008, que posibilitó que la élite
angoleña prosperara
enormemente hasta incluso
convertirse en importantes
inversores en otros países, en
particular en Portugal. El auge
petrolero en Angola ha sido tan
sobresaliente que podía hacer
olvidar que todavía se trata de un
país con bajo nivel de desarrollo,
en reconstrucción posbélica, con
un funcionamiento institucional
deficiente y alta corrupción.
La caída del precio del barril de crudo es, por tanto, un revés formidable para la
economía angoleña que, súbitamente, ha visto cómo se disparaban sus déficits público
y por cuenta corriente. Para hacer frente al desequilibrio fiscal, en febrero de 2015 se
aprobó un nuevo presupuesto con previsiones de ingresos conservadoras, y una
enorme reducción de gastos. En el nuevo documento, la inversión pública se
desploma, y el resto de partidas se reducen sustancialmente. A pesar de los recortes,
el sector público se está retrasando en sus pagos lo que, en definitiva, es otra forma de
adaptarse a la caída de ingresos, si bien no resulta recomendable, ya que traslada el
problema de liquidez a los acreedores. Igualmente, se estima que el déficit público
podría llegar a un 7% del PIB en 2015 incluso a pesar de los recortes. Dado que casi
todos los bienes de consumo y de capital son importados, las medidas de austeridad
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2. 2
fiscal también reducirán las compras al exterior y, por tanto, ayudarán a paliar el
déficit externo.
En lo que respecta al desequilibrio en las cuentas exteriores, las autoridades han ido
aplicando una depreciación progresiva de la kwanza, han limitado las importaciones de
algunos productos básicos que también se producen dentro de Angola, y han
racionado la oferta de dólares. La relativa escasez de dólares ha tenido como efecto
colateral el incremento del tipo de cambio en el mercado negro, que se ha elevado
hasta un 40% por encima del oficial. Con todo, el déficit por cuenta corriente podría
superar el 10% del PIB en 2015.
Mientras estas medidas surten efecto, y
para suavizar la adaptación, el gobierno
está recurriendo a sus elevadas reservas
de divisas para compensar la caída de
ingresos y, además, negocia a nivel
internacional para obtener préstamos.
Así, por ejemplo, ya ha conseguido que el
Banco Chino de Desarrollo preste 2.000
mill.$ a la petrolera pública angoleña
Sonangol. Se estima que el nuevo
endeudamiento del sector público en 2015 podría alcanzar los 10.000 mill.$ (8% del
PIB).
A medio y largo plazo, existen dudas razonables sobre la capacidad de desarrollo de
Angola si los precios del petróleo no remontan, y si no se ejecutan grandes reformas
estructurales. El mal clima de negocios, las dificultades para obtener financiación y la
‘enfermedad holandesa’ son obstáculos enormes para el desarrollo de sectores
independientes del petróleo y que causan, entre otras cosas, que la tasa de inversión
sea muy baja, incluso minúscula en el caso de la inversión privada. Igualmente, la
escasez de capital humano es tan grave que se ha recurrido masivamente a
trabajadores expatriados de otras partes del mundo, sobre todo chinos y portugueses,
para realizar la gran mayoría de los trabajos técnicos, mientras que la formación de
capital humano local avanza lentamente. Por tanto, para aprovechar la buena fortuna
que implica poseer recursos naturales, sería necesario llevar a cabo reformas muy
ambiciosas que fomentaran el ahorro y la inversión, apostaran enérgicamente por la
formación de capital humano, y mejoraran drásticamente el clima de negocios y el
funcionamiento institucional. Si no se ejecutan esas reformas, y de momento no
parecen estar en el horizonte, el destino de la economía del país seguirá
absolutamente ligado al los vaivenes del mercado de petróleo.
3. 3
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Tormenta Petrobras
Brasil vive una de las mayores crisis políticas de su democracia apenas unos meses
después de las elecciones del pasado mes de diciembre, que supuso la reelección de
Dilma Rousseff por estrecho margen ante el conservador Aecio Neves. Más de un
millón de personas se manifestaron en las principales ciudades del país hace unas
semanas pidiendo la destitución de la Presidenta. La principal razón es el enorme
escándalo de corrupción en torno a la petrolera estatal Petrobras. Presuntamente,
durante años tanto directivos de la compañía como congresistas de diversos partidos
políticos habrían participado en una trama de sobornos para adjudicar contratos
inflados, especialmente a constructoras y a compañías de exploración. La magnitud de
lo desviado no se conoce con exactitud, pero se estima que podría alcanzar más de
20.000 mill.$. y son ya cerca de 100 los implicados en la investigación.
Todo ello sucedió principalmente durante la Presidencia de Lula, cuando la propia
Dilma Rousseff presidía la compañía. Aunque el escándalo se destapó con anterioridad
a las elecciones, la magnitud del mismo y la implicación casi sistemática de políticos,
entre ellos tanto del Partido de los Trabajadores como de sus socios de coalición, se
han conocido con más detalle con posterioridad. Aunque Dilma haya negado todo
conocimiento de los hechos y
nadie la haya acusado hasta el
momento, la implicación de
políticos de alto rango ha
cerrado el círculo en torno a
su persona. Según las últimas
encuestas, es la Presidenta
más impopular del
continente, con menos de un
20% de apoyo. El asunto,
además, ha supuesto la crisis
de la propia coalición de gobierno ya que el principal socio de Dilma en el Congreso, el
PMBD, uno de los más salpicados por la lista Janot (los acusados oficialmente por el
Fiscal General), ha acusado al gobierno de utilizar la investigación en su contra y ha
amenazado con paralizar los planes de ajuste fiscal si continuaban las actuaciones
contra su partido, lo que podría además provocar una parálisis de gobierno con todo el
mandato presidencial por delante.
Por otra parte, la trama de corrupción llegó a tomar por si sola un cariz alarmante para
las finanzas del país, ya que PricewaterhouseCoopers (PwC), el auditor de la compañía,
se negó a firmar las últimas cuentas ante la imposibilidad de valorar las pérdidas
ocasionadas por el escándalo. La compañía tenía de plazo hasta el 30 de abril para
presentar sus cuentas auditadas en EE.UU., donde cotiza. Si no cumplía, sus
acreedores extranjeros podrían activar el pago acelerado de buena parte de su deuda,
lo que podría, incluso, haber llevado a la empresa al default o a obligar a un rescate
por parte del gobierno de los más de 100.000 mill.$ de deuda que tiene la compañía.
Finalmente, el 22 de abril Petrobrás presentó sus cuentas, declarando unas pérdidas
4. 4
de 8.100 mill.$. Además, la compañía ha registrado el valor de sus activos a la baja en
19.000 mill.$, y ha contabilizado 2.300 mill.$ en pérdidas directas por sobornos. La
grave situación, unida a la caída de los precios del crudo, que pone en peligro la
rentabilidad de las fuertes inversiones en los yacimientos de gran profundidad de la
empresa, ya ha precipitado que una de las agencias de rating retirase el grado de
inversión a la compañía y que las otras dos la hayan puesto en revisión. La propia
calificación de grado de inversión de la deuda soberana de Brasil está ahora en juego, y
es que, además de este escándalo, el país atraviesa una coyuntura económica delicada.
En efecto, Brasil sufre una situación recesiva y graves problemas para controlar la
inflación. En 2014 apenas creció un 0,1% y los últimos pronósticos para 2015 apuntan a
una contracción entre el 1% y el 2% del PIB. La política monetaria no sólo no ha podido
actuar de forma anticíclica, sino que se ha visto obligada a subir de forma reiterada los
tipos de interés ante la persistente
inflación. Tras subir un 1,3% el
pasado febrero, el IPC brasileño
acumulaba un ascenso anual del
8,13%, muy por encima todavía de
la banda objetivo del 2,5%-6,5% del
Banco Central. La autoridad
monetaria ha elevado los tipos de
interés hasta el 12,75% en el último
año, pero el impacto ha sido
limitado, ya que los precios internos
se han visto muy afectados por la
sequía y la revisión de los precios de
los combustibles. Por otra parte, la caída internacional de los precios de las materias
primas ha afectado notablemente a las cuentas externas brasileñas, que tras años de
superávit arrojan ahora un saldo deficitario por cuenta corriente que supera ya el 3%
del PIB. No es de extrañar que el real brasileño haya sido uno de los más afectados en
los últimos meses por el deterioro del clima inversor hacia los países emergentes y el
impacto anticipado de las subidas de tipos de interés en EE.UU.. Así, el real ha llegado
a cotizar a 3,2 reales por dólar en 2015, lo que supone una depreciación de más del
30% en poco más de seis meses, agravando con ello también los problemas
inflacionarios.
Así pues, el país parece estar viviendo una tormenta perfecta en lo político y en lo
económico que está provocando ya serias dificultades a muchas empresas brasileñas
para acceder al mercado de capitales. La situación ha obligado, como suele ser el caso,
al gobierno a acudir, al menos sobre el papel, a la senda de la ortodoxia fiscal con el
nombramiento de Joaquim Levy como Ministro de Hacienda. Levy, un independiente
que proviene de la banca y cuenta con la aprobación del mundo empresarial, tiene la
difícil misión de poner en orden las maltrechas cuentas públicas y mantener la
confianza de los mercados mientras arrecia la Tormenta Petrobrás. Tanto de su pericia
como de que se resuelva la investigación en la compañía con la transparencia
suficiente como para tranquilizar a los mercados depende buena parte del futuro del
país y de la supervivencia política de Dilma Rousseff.
5. 5
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El hombre honesto de Washington
El pasado 11 de abril Raúl Castro y Barak Obama mantuvieron una breve entrevista
durante la séptima Cumbre de las Américas que sirvió para escenificar el nuevo marco
de relaciones entre ambos países. El Presidente cubano, aunque mantuvo buena parte
de la clásica retórica anti imperialista en
su discurso, hablo también de trabajar
alejados de la ideología y terminó por
elogiar a Obama calificándole como “un
hombre honesto”. Al día siguiente de la
entrevista, la Secretaria de Estado
estadounidense enviaba petición formal
al Congreso de retirar a Cuba de la lista
de países promotores de terrorismo.
Podría despejarse así en breve (está
sujeta a un proceso de evaluación de 45
días) uno de los puntos más espinosos en las negociaciones emprendidas desde que
ambos líderes sorprendieran al mundo en diciembre con el anuncio del
restablecimiento de las relaciones diplomáticas y el inicio de un proceso para ir
desmantelando el llamado embargo.
En efecto, para sorpresa de muchos analistas, tras 18 meses de contactos, 9 rondas de
negociación en secreto y la intermediación de Canadá y el Vaticano, ambos países
llegaron el 17 diciembre a un histórico acuerdo que puede suponer la transformación
de las relaciones políticas y de la propia economía cubana en los próximos años. El
acuerdo ha sido posible gracias a que Cuba liberó a Alan Gross, y a cambio EE.UU. hizo
lo propio con tres agentes de inteligencia cubana, la demanda que Cuba siempre
mantuvo para acceder a la excarcelación de Gross. Washington ha obtenido también la
libertad de un agente estadounidense que llevaba preso en Cuba 20 años.
Aunque lejos de suponer un
levantamiento total del complejo
sistema de sanciones lo anunciado
hasta la fecha tiene ya un efecto
positivo. En primer lugar, mejora la
imagen del país y da mayores
facilidades para viajar a la isla por
parte de los estadounidenses, lo que
supone un importante impulso para
el sector turístico, posiblemente el
sector que más podría beneficiarse a
corto plazo del deshielo diplomático. Tras varios años de estancamiento, el número de
visitantes registró ya en enero de 2015 un fuerte aumento apoyado en un incremento
del 14% de los norteamericanos, lo que permite proyectar una cifra record de
visitantes para todo el año, por encima ya de los 3 millones de turistas. No obstante, lo
que verdaderamente supondría una autentica revolución para el sector, sería la
6. 6
libertad total para viajar por razón de turismo. Se estima que, de tomarse esta medida,
la cifra de turistas podría elevarse en un millón más casi de forma inmediata y,
potencialmente, doblarse a medio plazo. Sólo el impacto directo podría elevar los
ingresos por turismo de los algo menos de 2.000 mill.$ actuales a 4.000 mill.$,
elevando de igual forma las importaciones. Además, el sector se convertiría en este
escenario en un importante foco de inversión y potenciaría también el crecimiento de
los sectores de construcción y de los servicios necesarios para acomodar la oferta
turística.
Por otra parte, el impacto inmediato sobre la inversión directa de momento no se ha
notado y sería en todo caso un proceso lento. Las empresas, aunque atentas, siguen
todavía a la espera de ver cómo evoluciona el levantamiento de las sanciones. No
obstante, en caso de permitirse con total libertad y de darse ciertas garantías jurídicas
con la profundización de la nueva Ley
de Inversiones, según algunas
estimaciones sólo la IED
estadounidense podría pasar de ser
inexistente a alcanzar cerca de 1.500
mill.$ anuales. Algo similar sucede
con el comercio. Aunque se amplían
las posibilidades a otros sectores, las
restricciones financieras limitan de
momento enormemente el impacto,
ya que no se permite vender a crédito a empresas estadounidenses. De todas formas,
debería elevarse significativamente. Las exportaciones norteamericanas (hasta ahora
se permitían medicinas y alimentos), tras alcanzar unos notables 800 mill.$ en 2008,
han caído a menos de 300 mill.$ en el último año. Se estima que dichas exportaciones
podrían elevarse al menos a unos 500 mill.$ en 2015-16, y a más largo plazo se calcula
que el comercio bilateral debería estar en torno a 2.500 mill.$, de los cuales 1.500
mill.$ serían exportaciones estadounidenses y los otros 1.000 mill.$ exportaciones
cubanas. La medida aprobada de elevar los importes que es posible enviar a la isla
también debería tener un impacto inmediato en el incremento de las remesas, aunque
dadas las características de la emigración cubana, se espera que sea un impacto
moderado. Por último, hay que señalar la posibilidad de que EE.UU. levante el veto a la
pertenencia de Cuba a las Instituciones Financieras Internacionales, lo que abriría una
puerta más para la financiación de proyectos en la isla.
De todas formas, aunque las medidas anunciadas por Washington comportan ya cierto
impacto económico positivo, el levantamiento total depende en buena medida del
Congreso de los EE.UU.. Ambas cámaras están dominadas por los republicanos que,
aunque no de forma unánime, sí son mayoritariamente contrarios a la relajación de las
sanciones. Es cierto que a partir de ahora sufrirán la presión de los lobbies
empresariales con interés en establecer negocios en la isla. Además, cabe la
posibilidad de que el Presidente apruebe medidas que dejen sin efecto práctico
muchas de las disposiciones de la llamada Ley Helms-Burton. No obstante, no está
claro que Obama pueda ir mucho más allá de lo anunciado si no es a cambio de
contrapartidas por parte cubana, ya que en términos estrictamente políticos este
acuerdo aparece como muy favorable a Cuba y le ha valido al Presidente no pocas
7. 7
críticas. Dando a esto una lectura positiva, ello implica que el proceso de
desmantelamiento del embargo debería ir acompañado de nuevas medidas por parte
de La Habana, lo que puede ser un enorme incentivo para el hasta ahora tímido
proceso de reformas económicas emprendidas con la llegada de Raúl Castro. De todas
formas, el proceso corre todavía el riesgo de estancarse o incluso, aunque improbable,
de sufrir retrocesos, sobre todo en el caso de un cambio de signo en la administración
norteamericana en 2016.
En definitiva, aunque sujeto a un complejo e incierto proceso, el anuncio de la revisión
de las sanciones por parte de EE.UU. tiene con carácter inmediato un efecto
moderadamente positivo, y a largo plazo, de realizarse con éxito, podría constituir
junto con el proceso de reformas el eje de la transformación de la economía cubana y
conducir a un periodo relativamente largo de crecimiento económico. El proceso
resulta especialmente atractivo para las autoridades cubanas, dado que su principal
aliado exterior, Venezuela, pasa por graves dificultades financieras.
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El retorno de la izquierda decepciona
El rotundo triunfo de Michelle Bachelet en la segunda vuelta de las elecciones
(legislativas y presidenciales) celebradas en diciembre de 2013 supuso el retorno de la
centroizquierda al poder, tras el único gobierno de derecha en 20 años de democracia.
La presidenta de la coalición de izquierda “Nueva Mayoría” volvió a hacer historia. Tras
convertirse en la primera mujer en alcanzar la Presidencia del país en 2006, en las
pasadas elecciones ha sido la primera
mandataria reelegida después de
más de 60 años. Además, lo logró con
el porcentaje de votos más alto
cosechado por ningún presidente
desde el retorno de la democracia: el
62% en segunda vuelta. La victoria de
Bachelet es el resultado de su
capacidad de canalizar el
descontento social por la falta de
reflejo del “milagro económico” chileno en el bienestar de la población a través de un
programa político que recogió gran parte de las demandas de los movimientos
sociales; en especial, un nuevo sistema educativo y una reforma fiscal para acabar con
la desigualdad, y una nueva constitución que consagrase un sistema político más
representativo.
Apenas un año después de su toma de posesión, el 11 de marzo de 2014, los niveles de
popularidad de la mandataria se han desplomado: el apoyo a la gestión del gobierno
ha bajado de un 50% en julio de 2014 a un 39% en marzo de 2015. Nunca antes había
caído Bachelet a niveles tan bajos de popularidad, ni siquiera en los peores momentos
de su primera Administración (2006-2010), cuando encaró problemas con los
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estudiantes y con el transporte público. Las causas son, por una parte, la
desaceleración económica (el crecimiento en 2014 se ha reducido a la mitad) y, por
otra, la creciente decepción de la ciudadanía con las reformas y planes estructurales
del gobierno, a lo que se suman los problemas en los últimos meses en servicios
públicos como el metro.
Por si esto fuera poco, los recientes escándalos de corrupción tanto en su partido
como en la propia familia de la mandataria
han hecho el resto. Los más sonados han
sido, en primer lugar, el caso Caval, la
empresa de su nuera, que está siendo
investigada por posible uso de información
privilegiada y tráfico de influencias tras la
compraventa de un terreno; esta operación
le costó la salida de la dirección sociocultural
de la Moneda a su hijo, Sebastián Dávalos, a
quien se acusa de utilizar su influencia para cambiar la calificación del terreno, de
agrícola a inmobiliario, y así aumentar exponencialmente su valor. A lo anterior se
suman los casos Penta y SQM, ambos relacionados. El primero hace referencia a un
proceso por delitos tributarios y soborno en el que están involucrados empresarios y
políticos. El Grupo Penta, un holding empresarial chileno con inversiones en las áreas
de seguros, finanzas, salud, inmobiliaria y educación, habría supuestamente
organizado un sistema de financiación irregular a candidatos presidenciales y al
Parlamento con el fin de contar con una red de influencias en el Congreso para sacar
adelante las iniciativas que les favorecían. Por último, el caso Soquimich o SQM está
relacionado también con la financiación ilegal de partidos. Supuestamente el
recaudador de la campaña política de la Presidenta Michelle Bachelet y otros
funcionarios públicos, tanto del Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014) como del
actual, emitieron facturas a la sociedad minera Soquimich sin haber trabajado nunca
para ella. El dinero que recibieron a cambio lo entregaron a partidos y dirigentes. Por si
estos escándalos no fueran suficiente, a la crisis de popularidad de Bachelet se suman
las divisiones dentro del propio oficialismo: los continuos encontronazos en el seno de
la Nueva Mayoría entre los democristianos y el ala izquierda de la coalición son tan
evidentes que la propia Presidenta ha hecho varios llamamientos a la unidad.
El contexto político no podría ser más complejo
de cara a la puesta en práctica del programa
político y económico de Bachelet. De los tres
pilares de la agenda política de “Nueva Mayoría”,
la reforma tributaria, aprobada en septiembre de
2014, ha sido recibida con un rechazo
generalizado, por la percepción de que perjudica
directamente a la clase media, como han
insistido la derecha y el empresariado. Sin
embargo, esta reforma es la piedra angular de la agenda política del gobierno, ya que
los ingresos obtenidos por el aumento de la carga tributaria (se prevé una recaudación
de unos 8.200 mill.$) permitirán, entre otras cosas, financiar con ingresos
9. 9
permanentes la reforma de la educación, que es el segundo pilar de la agenda del
gobierno.
La promesa electoral de lograr un sistema educativo gratuito y de calidad generó altas
expectativas, pero la complejidad de la reforma ha retrasado la agenda legislativa. De
hecho, el titular de Educación, Nicolás Eyzaguirre, es el ministro peor evaluado del
gabinete del gobierno. El primer
proyecto de ley, que fue aprobado en
enero de 2015 y entrará en vigor en
2016, contempla cambios en la
educación primaria. Por un lado,
garantiza la educación gratuita, al
eliminar gradualmente los copagos en
los colegios subvencionados (que
pasarán a ser financiados por el Estado).
También prohíbe que las instituciones
educativas que reciben financiación
pública apliquen mecanismos de
selección de estudiantes, para evitar
discriminaciones. Todos los establecimientos que reciban algún tipo de aporte del
Estado deben destinar esos recursos a mejorar la calidad y, en un plazo de tres años, se
transformarán en corporaciones o fundaciones sin fines de lucro. La gratuidad de la
enseñanza universitaria se deja para una segunda fase de la reforma, lo que ha
provocado que el movimiento estudiantil la tache de insuficiente.
El tercer pilar del programa electoral era la
aprobación de una nueva Constitución, "que
se haga cargo de los cambios" de las últimas
décadas, que refleje "el Chile de hoy" y que
establezca "una nueva relación entre el Estado
y los ciudadanos". El objetivo es borrar lo que
sobrevive de la dictadura militar, en especial el
llamado sistema de elección binominal. Esta
fórmula electoral, instaurada en 1980 por
Pinochet, difumina las diferencias entre el
primer y el segundo clasificado en las
elecciones, y beneficia fuertemente a la
primera minoría del país, ya que el partido
ganador debe duplicar los votos de la segunda
fuerza para lograr el segundo escaño en cada
uno de los distritos electorales, y el resto de
las minorías quedan excluidas. Este método
posibilitó durante los casi 25 años de
democracia la consolidación de dos grandes
alianzas políticas, limitando el acceso de los
partidos más pequeños y los independientes al Congreso. En enero de 2015 se aprobó
la reforma, que instaura a un nuevo sistema electoral con carácter proporcional, lo que
dará indudablemente más opciones a terceras fuerzas. La nueva ley electoral, además,
10. 10
aumenta el número de diputados de 120 a 155, mientras que los senadores pasarán de
38 a 50, y establece que al menos el 40% de los candidatos deben ser mujeres.
Por último, se está tramitando el proyecto de ley de la reforma laboral, en el que
destaca el fortalecimiento de la negociación colectiva y la prohibición de reemplazar a
los trabajadores en caso de huelga. La oposición y los empresarios señalan que la
reforma tendrá un impacto negativo en la creación de empleo, sobre todo en un
escenario de desaceleración económica. Empresas como BHP Billiton, Rio Tinto y Anglo
American han manifestado su preocupación por el posible aumento de los costes
laborales y el riesgo de que se incentive la huelga, y consideran que desincentivará la
inversión y puede afectar al atractivo ambiente de negocios de Chile, al que tanto debe
el éxito económico del país.
Afectada por los escándalos que han deteriorado la confianza de los ciudadanos y
expuesta al desgaste político por acometer reformas de gran calado, la presidenta
Michelle Bachelet afronta actualmente el momento más difícil de sus dos mandatos.
Los problemas se le acumulan: a la crisis política se suma la desaceleración económica,
producto, en gran medida, de la caída del precio del cobre. En 2014 Chile ha registrado
el menor crecimiento del último lustro (1,9%, frente a un promedio del 5,6% entre
2010 y 2012). Las autoridades
económicas han reaccionado muy
bien en el pasado (sin duda mejor
que sus homólogos en otras
regiones) ante los shocks externos,
con lo que es previsible que ante
este escenario apliquen adecuadas
políticas contracíclicas, para las
que aún disponen de margen, tal y
como ya lo están haciendo a día de
hoy. Las previsiones recogen esta
confianza en la capacidad del
ejecutivo de manejar la situación económica y barajan un crecimiento entre el 2,5% y
el 3,5%. Manejar el escándalo político será, sin duda, más complejo, pero es
imprescindible para que la puesta en práctica de la agenda reformista pueda
acometerse con garantías de éxito.
11. 11
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Abdel Fattah Al-Sisi: un paso obligado para
Occidente
A mediados de marzo, durante la clausura de la Conferencia Económica Internacional
para Egipto organizada en Sharm el Sheik, a orillas del Mar Rojo, al Presidente Abdel
Fattah Al-Sisi le costó ocultar su júbilo. La Conferencia, de tres días de duración, fue la
culminación de su triunfo y
un plebiscito internacional al
nuevo régimen. Siempre se
pensó que las
manifestaciones que
defenestraron hace poco
más de un año al Presidente
islamista Mohamed Morsi
habían sido en gran parte
manipuladas por el ejército y
su principal referente, el
General y Ministro de Defensa Al-Sisi. En un corto proceso, digno de Maquiavelo, las
fuerzas armadas egipcias volvieron a controlar el país de los faraones prometiendo lo
que todo el mundo deseaba: estabilidad interna, ayuda externa y desarrollo
económico.
Desde entonces la actividad del mandatario egipcio ha sido frenética. Devolviendo
favores, firmando contratos y resituando a su país en una posición de sólido aliado del
campo occidental en la región, la lista de sus actuaciones diplomáticas en tan poco
tiempo es sorprendente.
Con las monarquías del Golfo y en el conflicto del Yemen, como buen paladín de los
Saud, que tanto le han dado, Al-Sisi ha integrado sin discutir la fuerza de intervención
árabe contra los rebeldes hutíes y los intereses iraníes.
Al oeste de Egipto, participa activamente en
los combates contra el recién constituido
Estado Islámico en Libia, bombardeando sus
posiciones sin ningún reparo, y al noreste
colabora con Israel para luchar contra las
mismas guerrillas instaladas en el Sinaí.
En el sur, el acuerdo con Sudán y Etiopia sobre las aguas del Nilo marca un hito en la
política egipcia en este tema tan sensible para la opinión pública. El Cairo ha aceptado
finalmente que se finalice el macro-embalse etíope “Del Renacimiento”, que todos los
gobiernos anteriores habían vetado.
En lo que concierne a Occidente, al ser el primer comprador de los caza-bombarderos
Rafale -contrato de 5.000 mill.€ por 24 aviones- Egipto se ha ganado el siempre difícil
apoyo diplomático de París, al que de repente se le ha olvidado la defensa de los
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derechos humanos. En cuanto a Estados Unidos, y visto el estado de la región, Barak
Obama no puede permitirse el lujo de prescindir de un aliado de la importancia de
Egipto. Imitando a Paris, ha corrido un tupido velo sobre la legitimidad del actual
gobierno y ha desbloqueado la ayuda al ejército egipcio, entregando material militar
de última generación y los 1.300
mill.$ anuales que le concede
EE.UU. desde los acuerdos de Camp
David.
Con Rusia, durante el proceso pre-
constitucional y en calidad de
Ministro de Defensa del gobierno
provisional, Al-Sisi visitó a Vladimir
Putin para asegurarse alternativas
en caso de rechazo de su liderazgo
por parte de los occidentales. Como
su estrategia prioritaria está teniendo éxito, las relaciones con el mandatario ruso no
han progresado.
Pero es en el tema económico donde el éxito del nuevo gobernante es clave para el
futuro de su país.
Aceptando las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, y a partir de julio
de 2014, Al-Sisi empezó a recortar los subsidios a la población. Desde hace más de 50
años los egipcios no pagan precios de mercado en ciertos productos básicos -el pan en
particular-, en los carburantes y en la energía eléctrica. Acosado por un déficit público
insoportable (12% del PIB) y considerando que un tercio del presupuesto del Estado
era absorbido por ayudas a la población, mal distribuidas e ineficaces, Al-Sisi, como
buen militar, está intentando poner orden en el tema. Apoyándose en las nuevas
tecnologías de los medios de pago para distribuir los subsidios, ha tomado medidas de
economía drásticas: subir el precio de los carburantes hasta un 78%; anunciar que el
precio de la energía eléctrica se doblará a lo largo de los próximos cinco años y
controlar la distribución de las ayudas al
pan con tarjetas electrónicas, que
impiden el fraude generalizado que
existía anteriormente. Egipto podría
ahorrar en este ejercicio fiscal 5.500
mill.$ de los 17.800 mill.$
presupuestados inicialmente.
Volviendo a la Conferencia Económica
Internacional, los resultados obtenidos
por el nuevo mandatario de Egipto
justifican ampliamente su sonrisa. En el evento participaron 22 Jefes de Estado y 3.500
personas, entre ellas innumerables ejecutivos de grandes multinacionales. A la vista de
la lista de las inversiones pactadas se puede hablar de un “Plan Marshall para Egipto”.
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Vaya por delante que el mayor país árabe -90 millones de habitantes- tiene una tasa de
crecimiento de la población del 3% anual, lo que implica que de aquí a 10 años habrá
que contar con 26 millones de nuevos egipcios. Las necesidades de inversión en
infraestructuras se estiman en 300.000 mill.$, y Al-Sisi parece querer ser recordado
como “el Raïs” que sacó al país del subdesarrollo.
Durante la reunión se ha anunciado un plan de inversión que se estructura a través de
tres ejes. En primer lugar, y con la ayuda de las monarquías del Golfo, se confirma que
se va a doblar la capacidad del Canal de Suez. En segundo lugar se construirán dos
nuevas ciudades alrededor de El Cairo, una de las cuales será la capital administrativa
de Egipto. Para finalizar, se generará suficiente energía eléctrica para dar servicio a las
necesidades de un país donde los cortes eléctricos son “el pan nuestro de cada día”.
Además se firmaron innumerables acuerdos y preacuerdos. Las cifras anunciadas son
mareantes: los contratos de inversión en firme representan 36.200 mill.$, los
préstamos y ayudas 5.200 mill.$ y los equipamientos “llave en mano”, 18.600 mill.$.
Completando el panorama y según lo comunicado, la suma de los protocolos de
acuerdo firmados representaría una inversión a medio plazo de 93.000 mill.$.
La gran mayoría de los proyectos conciernen
al sector energético: 12.000 mill.$ de
inversión en un yacimiento de gas (British
Petroleum), 4.000 mill.$ en nuevas centrales
eléctricas (Siemens) y 1.700 mill.$ en centrales
con turbinas de gas (General Electric). Como
no podía ser de otra manera, los principales
apoyos en este proceso provienen de las
monarquías del Golfo (Arabia Saudí, EAU y
Kuwait), que se comprometen entre inversiones y ayudas financieras a entregar cada
una 4.000 mill.$, a sumar a lo que ya han aportado para apoyar al nuevo régimen
después del golpe de Estado. Uno de los resultados más perceptibles de todos estos
compromisos es que, tras haber atravesado a mediados de 2014 una situación crítica
en el nivel de divisas, Egipto dispone al día de hoy de una posición holgada en sus
reservas internacionales, que le permitirán asumir sin demasiados problemas sus
compromisos internacionales de 2015.
El cuadro sería casi idílico si no tuviéramos que hablar de la situación política y de
seguridad interna. En el Sinaí cada vez son más preocupantes las noticias sobre las
acciones de guerrilla de la rama egipcia del Estado Islámico contra las fuerzas de
seguridad. Y no parece que la situación vaya a cambiar con respecto a la más que
probable radicalización de la oposición islámica, duramente reprimida por el nuevo
régimen. Según diferentes ONGs, alrededor de 40.000 militantes de los Hermanos
Musulmanes estarían encarcelados, y los tribunales siguen distribuyendo a diestro y
siniestro penas de muerte. Prueba de esta represión es la condena a veinte años de
cárcel de Mohamed Morsi, primer Presidente democrático de Egipto, por haberse
opuesto al golpe de Estado que le derrocó.
14. 14
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De la mano de su vecino del norte
México presenta una fortísima imbricación con el ciclo económico de Estados Unidos,
como pudo observarse con el desproporcionado impacto que tuvo la crisis financiera
estadounidense en 2009, cuando el PIB experimentó la mayor contracción de la región
latinoamericana (una caída del 4,7%), y las exportaciones llegaron a contraerse casi un
35%. Alrededor de tres cuartas partes del comercio mexicano son con Estados Unidos
pero, además, el comercio exterior representa en torno al 60% del PIB de México; así
pues, una baja demanda de bienes por parte de EE.UU. tiene no solo un impacto
directo en el crecimiento vía comercio exterior, sino también un impacto indirecto, ya
que se traduce en una menor demanda interna.
La evolución de 2013 y 2014 también ha estado muy condicionada por el
comportamiento de su vecino del norte, tanto a la baja, en el primer año, como al alza,
en el segundo. México cerró 2013 con un crecimiento del 1,1% (frente al 4% registrado
en 2012), la tasa más baja desde 2009. El factor más importante detrás de esta
desaceleración fue la débil demanda externa, como consecuencia de la atonía en
Estados Unidos. De hecho, la desaceleración se inició en el sector exterior. Las
exportaciones cayeron acusadamente ya en la segunda mitad de 2012, lo que afectó al
sector industrial desde mediados de ese año, y a los servicios a partir del primer
trimestre de 2013.
Fuente: Fondo Monetario Internacional
En cambio, en 2014 México creció al 2,4% gracias al impulso de la actividad en la
segunda mitad del año de la mano de un mayor dinamismo de Estados Unidos
(principal impulsor del crecimiento mundial) y, por otra parte, por un mayor gasto
público en infraestructuras. Las previsiones para 2015 apuntan a un crecimiento en
torno al 3,5%, si bien el FMI en la última revisión al alza de esta cifra señaló que las
reformas estructurales que se aprobaron en México pueden elevar el crecimiento a
tasas cercanas al 4% en un periodo de cinco años.
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tasa de crecimiento del PIB
México Estados Unidos
15. 15
Pero si dejamos de lado estos vaivenes, propiciados por la estrecha relación de las dos
economías de América del Norte, y nos centramos en una perspectiva de largo plazo,
es indiscutible que el desempeño de la economía mexicana en la última década, en
términos de crecimiento, ha sido decepcionante. Entre 2003 y 2013 el país ha crecido a
una media del 2,5%, frente a un 4% en Latinoamérica y en el mundo. El contraste entre
la estabilidad macroeconómica de México y sus modestas tasas de crecimiento ha sido
objeto de un amplio debate. La opinión mayoritaria es que las reformas estructurales
han sido insuficientes, lo que ha condenado al país a un lento crecimiento de la
productividad y a la pérdida de competitividad. El índice de competitividad de 2013-14
del World Economic Forum colocaba a México en el puesto 55 de 152 países
analizados, cuando llegó a ocupar el puesto 33 en 1999. La elevada corrupción, la
inseguridad jurídica y la excesiva burocracia desincentivan la inversión; el sistema
jurídico no proporciona ni la certidumbre ni la eficacia legal necesarias para que la
actividad económica pueda prosperar adecuadamente; y la falta de competencia en
algunos sectores clave, como la energía y las telecomunicaciones, junto con las
grandes carencias en infraestructuras, se trasladan en altos costes de producción. En
definitiva, la llave al crecimiento no reposa en medidas de política macroeconómicas,
ya que México destaca por gozar de un marco adecuado y sólido, que ha permitido
una estabilidad envidiable, en comparación con la región, sino en la puesta en práctica
de reformas estructurales de calado. Es cierto que, al comparar las tasas de
crecimiento con las de sus vecinos, no debe obviarse que éstos se vieron muy
favorecidos por el boom de las materias primas, que no benefició a México, pero que,
a día de hoy, les hace más vulnerables ante la desaceleración de China.
Es por ello por lo que las reformas estructurales incluidas en la agenda del ejecutivo
generan grandes expectativas. En los dos últimos años se han logrado aprobar más
reformas que en las dos pasadas legislaturas. El “Pacto por México”, a día de hoy ya
muerto por el desacuerdo en la reforma energética, permitió en su momento la
negociación, previa a su paso por las cámaras, de una serie de grandes reformas
estructurales necesarias para el país desde hace años. El FMI estima que el impacto de
todas las reformas (energética, fiscal, de las telecomunicaciones, educativa y político-
electoral) podría aumentar el crecimiento potencial ente 0,75 y 0,9 puntos
porcentuales a medio plazo, con lo que se alcanzaría un crecimiento potencial próximo
al 4% entre 2016 y 2019 (actualmente se sitúa por debajo del 3%). Todavía queda la
16. 16
CANAL NICARAGUA
CANAL PANAMÁ
RUTA DISEÑADA
difícil fase de la aplicación de estas reformas, de cuyo éxito dependerá gran parte de la
evolución del país en el medio plazo.
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La gran apuesta de Nicaragua
A lo largo de la historia reciente de Nicaragua, hasta en 72 ocasiones se han llevado a
cabo estudios para la construcción de un canal interoceánico que uniera el mar del
Caribe y el océano Pacífico. Sin embargo, en todos los casos los proyectos finalmente
han fracasado debido a las dificultades técnicas y económicas. En un mundo cada vez
más globalizado, impulsado por el auge del comercio internacional, el proyecto del
canal surge nuevamente, con la esperanza de las autoridades nicaragüenses de que
sea el intento definitivo.
Nicaragua, el segundo país con menor renta per capital de América por detrás de
Haití, aspira a convertirse en un punto de referencia del transporte internacional con la
apertura del canal interoceánico. El objetivo de las autoridades es converger hacia el
desarrollo económico de su vecina Panamá (PIB per cápita 6 veces superior), que se ha
beneficiado del los recursos generados tras la apertura del canal de Panamá en 1914.
En junio de 2013 las autoridades nicaragüenses otorgaron la licencia para la
construcción y gestión del proyecto por un periodo de 50 años ampliables a otros 50, a
la empresa privada china HKND, con sede en Hong Kong. De esta forma, el pasado
diciembre se iniciaron las obras para la construcción de una vía navegable que
atravesará el país de costa a costa.
De acuerdo a los datos del proyecto, el canal tendrá una longitud de 278 kilómetros,
tres veces superior a la del canal de Panamá, una anchura entre 230-520 metros y una
profundidad máxima de 27,6 metros. Estas dimensiones permitirán el paso a buques
de hasta 23 mil contenedores, mientras que el límite en el canal de Panamá se situará
en 14 mil contenedores una vez que concluyan las obras de ampliación. Los defensores
del proyecto destacan que supondrá entre 800-900 kilómetros menos en el caso de
envíos de mercancías de costa a costa de Estados Unidos, en comparación con la ruta
actual.
Fuente: Elaboración propia - Empresas participantes
17. 17
Ahora bien, se trata de un mega proyecto que necesitará una inversión estimada de
50.000 mill.$, una cifra que supone más de cuatro veces el PIB de Nicaragua y más de
10 veces el coste de la ampliación del canal de Panamá, lo cual suscita serías dudas
acerca de su viabilidad. Las autoridades confían en que la ejecución de las obras
finalice en el año 2020; el estudio
realizado por la consultora
Mckinsey apunta a que el
proyecto se prolongará durante 10
años. Sin embargo, teniendo en
cuenta que las obras de
ampliación del canal de Panamá
han requerido al menos 7 años,
parece más realista pensar que el
de Nicaragua precisará más de
una década, si es que llegara a concluirse. El proyecto incluye además la construcción
de dos puertos, un aeropuerto, una línea ferroviaria, una zona comercial, 7 complejos
turísticos y una zona de libre comercio.
Dejando a un lado su viabilidad técnica, el proyecto suscita no pocos interrogantes. En
primer lugar, los beneficios no llegarán al país hasta dentro de mucho tiempo. El
Gobierno nicaragüense estima que el tráfico de mercancías podría alcanzar hasta
9.000 buques al año, y generar 4.200 mill.$ anuales, equivalentes al 35% del PIB. Sin
embargo, los ingresos que recibiría el Estado de Nicaragua se limitarían a 10 mill.$ el
primer año de funcionamiento más un 1% del capital de la empresa concesionaria. Esta
participación se incrementará un 10% cada 10 años hasta culminar el traspaso
transcurridos los 100 años de la concesión. Además, el canal de Nicaragua tendrá que
competir con el canal de Panamá, por lo que los rendimientos potenciales serán más
volátiles en un escenario competitivo.
En segundo lugar, aún no
está claro cómo va a
financiarse el proyecto.
Aunque la compañía
HKND no es de dominio
estatal, es probable que
cuente con el respaldo de
las autoridades chinas,
dado que aumentaría su
influencia económica, política y comercial en la región, en contraposición al actual
predominio de Estados Unidos. Pese al escepticismo sobre el proyecto mostrado por
Estados Unidos, las autoridades nicaragüenses con fían en que el país norteamericano
finalmente se sume mediante la participación de empresas privadas. Pero, hasta el
momento, no se ha producido ninguna de las dos cosas.
Por último, se ha suscitado una seria polémica con respecto a la planificación del
proyecto y a las repercusiones sociales y medioambientales que conllevaría. En un
entorno político cada vez más concentrado en las manos del presidente de Nicaragua,
Daniel Ortega, la concesión de las obras se realizó en un proceso poco transparente.
18. 18
Las dudas no solo se sustentan en la ausencia de experiencia de HKND en este tipo de
proyectos, sino también en la apropiada gestión del impacto ambiental. La empresa
adjudicataria anunció que la repercusión medioambiental sería mínima. Sin embargo,
numerosos expertos internacionales declaran que los estudios ambientales publicados
hasta la fecha no son lo suficientemente técnicos y completos, algo fundamental
teniendo en cuenta que el canal atravesará la mayor fuente de agua dulce, y segundo
mayor lago de Latinoamérica, el conocido como El Gran Lago de Nicaragua.
Asimismo, se verán afectadas al menos 20.000 personas, que tendrán que ser
trasladadas a otras áreas. Las autoridades defienden que las expropiaciones, que
comenzaron en el primer trimestre del 2015, se llevarán a cabo a precios de mercado,
aunque existen dudas de que realmente se cumpla en la práctica.
De hecho, el mayor rechazo al canal lo han protagonizado los propios campesinos de
las zonas rurales afectadas. Ante el inicio de las obras, se organizaron movilizaciones
en contra del proyecto que fueron respondidas con dureza por parte de las
autoridades. Finalmente las protestas se saldaron con más de 50 heridos y numerosos
detenidos. Asimismo, los trabajadores chinos desplazados a Nicaragua para el
desarrollo del proyecto están enfrentándose al malestar de los ciudadanos
nicaragüenses que temen la expropiación de sus tierras. Aunque Daniel Ortega cada
vez está acaparando un mayor control de las instituciones, su popularidad puede
recudirse sensiblemente ante una escalada de la confrontación social.
Así pues, se trata del proyecto más serio y ambicioso de Nicaragua de construir un
canal interoceánico. Sin embargo, la obra tendrá que enfrentarse no sólo ante
dificultades técnicas y financieras propias de la magnitud y complejidad del proyecto,
sino también ante un posible incremento de la tensión ciudadana.
19. 19
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La democracia se abre paso
La célebre definición de Adam Przeworski afirma que una democracia es un sistema en
donde el gobierno puede perder elecciones. Bajo este prisma, la derrota electoral de
presidente Goodluck Jonathan es un avance muy importante para la democracia de
Nigeria. El triunfo del líder opositor Muhammadu Buhari y la pronta aceptación de la
derrota por parte de Jonathan suponen un hito histórico, ya que es la primera vez que
un presidente nigeriano en ejercicio no sale victorioso en unas presidenciales. Más
aún, es la primera ocasión en la que el candidato del partido de gobierno, el Partido
Democrático Popular, pierde unas elecciones de este tipo. A pesar de numerosos
problemas ligados a la caótica administración y de algunos ataques aislados a centros
de votación, el proceso ha sido considerado libre y justo.
Desde que se restablecieran las elecciones
multipartidistas, a finales de los años 90, se
han ido dando pasos hacia la completa
democratización del país. La empresa no está
resultando sencilla, y en muchas ocasiones los
retrocesos hacían difícil mantener la
esperanza. En los comicios del año 2007, por
ejemplo, las irregularidades y el fraude fueron
tan masivos que los observadores de la UE las
describieron como las peores elecciones que
habían visto en todo el mundo. En 2011, las mejoras en el proceso no evitaron que un
enfrentamiento a raíz de los resultados acabara causando un brote de violencia que se
saldó con 800 muertos. En esta ocasión, la concesión de Jonathan ha sido clave para
evitar enfrentamientos generalizados. El presidente saliente hizo una llamada a la paz,
declarando que “ninguna ambición vale la sangre de un nigeriano”. Por todo esto,
resulta evidente que los logros en 2015 han sido muy importantes; los ciudadanos han
confirmado que votando pueden cambiar a sus líderes políticos, los dirigentes también
han comprobado las consecuencias
de la rendición de cuentas en las
urnas e, igualmente, la alternancia ha
creado esperanzas de renovación y
revigorización en la acción de
gobierno. Nigeria, además, es la
mayor economía y el país más
poblado de África y, por tanto, lo que
sucede en esta nación tiene un fuerte
eco en todo el continente.
Muhammadu Buhari tomará posesión del cargo el 29 de mayo de 2015. Sus votos
provienen mayoritariamente de la región norte, de donde es originario, aunque
también ha ganado en las regiones del suroeste, en particular en Lagos. Buhari es
musulmán, militar, y ya fue presidente durante año y medio tras dar un golpe de
Estado a finales de 1983, y hasta ser derrocado por otro golpe de Estado. En ese
20. 20
periodo el poder se mostró muy duro contra la corrupción, y también contra la
oposición. Sus críticos dicen que su caída fue consecuencia de su incapacidad para
afrontar los problemas económicos del país, y sus partidarios sostienen que su dureza
contra la corrupción propició el abrupto final de su mandato.
En los últimos meses, durante la campaña, Buhari se comprometió a derrotar a Boko
Haram y a luchar contra la fortísima corrupción que sufre el país. Además, el nuevo
presidente deberá afrontar numerosos problemas económicos, como la caída de
ingresos exteriores y fiscales a causa del abaratamiento del petróleo, la fuerte
depreciación de la divisa nacional, la elevada pobreza o la escasez de infraestructuras
de todo tipo, en particular eléctricas.
Millones de nigerianos celebraron el
resultado de las elecciones, y muchos
esperan que el cambio traiga consigo
una nueva Nigeria. Así pues, la
responsabilidad del nuevo presidente
es enorme, y tanto su ejemplo como las
consecuencias de su gestión se harán
sentir en todo el continente.
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Terremoto suizo
Parece difícil pensar que un país con tan solo 8 millones de
habitantes pueda generar temblores tan intensos en la economía internacional. Suiza,
un país históricamente neutral en el ámbito geopolítico no puede lograr, sin embargo,
“la neutralidad” en el ámbito monetario.
Tras el descenso del franco suizo respecto al euro
en el tercer trimestre de 2011, el Banco Central
Suizo (SNB) anunció la intervención en el mercado
para mantener el tipo de cambio por encima de
1,20 CHF/EUR. De esta forma, cuando la tasa
cambiaria descendía por debajo del objetivo
establecido, el SNB actuaba comprando euros y
vendiendo francos. La demanda de la divisa suiza
responde a la búsqueda de activos refugio por
parte de los inversores. Desde que el SNB estableció el objetivo de 1,20 CHF/EUR, el
banco duplicó su balance con la compra de divisas hasta situarse en un equivalente al
85% del PIB suizo.
Sin embargo, justo una semana antes de que el Banco Central Europeo anunciase, el
pasado enero de 2015, su programa de Quantitative Easing (QE), se produjo un
movimiento inesperado. Ante la imposibilidad de contrarrestar los efectos que
21. 21
ocasionaría en el mercado de divisas un posible QE (concretado posteriormente en un
objetivo de compra de deuda de la zona euro por un volumen de 60.000 mill.€ al mes
hasta septiembre 2016), el SNB anunció que dejaba de intervenir para mantener el
franco suizo en el nivel establecido.
De esta forma, como se puede ver en la gráfica, tras el anuncio del SNB el 15 de enero,
el franco suizo se apreció hasta situarse por debajo incluso de la paridad con el euro.
Aparte de las consecuencias que ocasionó a las sociedades de inversión, la fuerte
apreciación del franco se expandió a la renta disponible de ciudadanos de países
vecinos, especialmente de Centro Europa y Europa del Este.
En la última década, en estos países numerosos préstamos hipotecarios se firmaron en
francos suizos, debido a que el tipo de interés era inferior. Como consecuencia de la
fuerte apreciación de la moneda suiza, los créditos fijados en dicha divisa aumentaron
más de un 20% su valor en apenas un día.
Sólo en Hungría se calcula que hay más de 60.000 hogares afectados, debido a la
depreciación del forinto húngaro frente al franco suizo en los últimos años, superior al
100%. Sin embargo, la lista de países damnificados se extiende también a Polonia,
Croacia, Rumanía o la República Checa. En el caso de Polonia, se estima que el 31% de
las hipotecas estarían vinculadas
a la divisa suiza, un equivalente
al 9,2% del PIB.
La apreciación del franco se ha
convertido en muchos países en
una cuestión de Estado. Por ello,
en los últimos meses, los
distintos gobiernos han tomado
medidas de distinta naturaleza e
intensidad.
Fuente: Yahoo Finance
22. 22
En el caso de Hungría, el problema se remonta a los últimos dos años en los que el
forinto húngaro se depreció sensiblemente frente al franco suizo. El pasado noviembre
de 2014, el Primer Ministro Viktor Orban anunció la posibilidad de los prestatarios de
convertir las hipotecas a forintos húngaros. El riesgo de conversión a un tipo inferior
sería asumido por parte de las entidades financieras.
De igual forma, el gobierno croata ha propuesto la posibilidad, durante un año, de
realizar una conversión de las hipotecas a un tipo de cambio similar al establecido
antes del cambio de política del SNB. Al igual que en el caso de Hungría, son los bancos
los que tendrían que afrontar las potenciales pérdidas de la conversión.
Por su parte, Polonia no ha optado de momento por medidas tan directas. Sin
embargo, sí ha presionado a los bancos para que apliquen el tipo de interés LIBOR-CHS
a los préstamos hipotecarios, con el objetivo de que los deudores puedan beneficiarse
de tipos de intereses negativos. Además, se están revisando individualmente las
operaciones y llevando a cabo medidas para facilitar los pagos a través de la
ampliación del vencimiento.
La nueva política del SNB no sólo ha convulsionado a países de Europa Oriental, sino
también a países del núcleo europeo, como Francia y Austria. Sólo en el mercado
austríaco el volumen de crédito ligado al franco suizo alcanzaría la cifra de 20.800
millones de euros. El caso de Francia es aún más excepcional, dado que los principales
damnificados no han sido titulares de préstamos hipotecarios, sino municipios,
hospitales o asociaciones. Gran parte de las operaciones fueron firmadas en 2008-
2009, con una activa participación del otrora banco privado Dexia. Se calcula que más
de 700 municipios y asociaciones podrían estar atrapados en este tipo de operaciones.
En el caso de Francia, el gobierno ha optado por la creación de un fondo para aliviar la
carga financiera a las localidades o instituciones afectadas. El fondo, dotado con 3.000
mill.€, se mantendrá durante 15 años y se estructurará mediante aportaciones al 50%
del Estado francés y las entidades financieras.
Después de todo, si resulta complejo para un ciudadano de Polonia o de Austria
predecir el desarrollo de su economía nacional, más difícil aún es pronosticar la
evolución del mercado de divisas. Por ello, no hay que olvidar el riesgo asociado a las
operaciones crediticias en monedas extranjeras, más aún en el caso de operaciones
con amplios vencimientos, como los préstamos hipotecarios.
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Depurando Vietnam
La historia económica demuestra cómo en la mayoría de los casos los monopolios no
suelen ser la representación de máxima eficiencia en la gestión empresarial. Si,
además, el término monopolístico incluye la presencia del Estado en sectores clave de
23. 23
la economía, se juntan los ingredientes para desarrollar un escenario de corrupción,
pésima gestión y pérdidas millonarias.
Vietnam es un paradigma de mala gestión empresarial, que tuvo su punto álgido en el
periodo 2002-2010 y que a día de hoy sigue representando uno de los principales
factores que frenan su rápido crecimiento.
Desde el fin de la guerra, el país ha estado dirigido por un partido único (PCV),
caracterizado por la paulatina apertura económica y el inmovilismo político. El control
de la economía por parte de PCV se traduce en un elevado proteccionismo que se
refleja en la prohibición de participación de empresas extranjeras en sectores
considerados estratégicos; energía, banca o infraestructuras. De esta forma, las
empresas públicas denominadas SOE’s (State-owned enterprise) se han consolidado
como un sistema cuasi monopolístico, financiadas por bancos también bajo el control
estatal.
Vietnam ha crecido a un fuerte ritmo en
la última década, con un promedio
superior al 6% en el periodo 2000-2013,
y ha conseguido triplicar el PIB en los
últimos diez años. Aunque estos datos
macroeconómicos serían la envidia de
toda economía desarrollada, el país lleva
enfrentándose los últimos años al
problema derivado de la oligarquía
instalada en las principales compañías
del país.
Parte del crecimiento estuvo sustentado por el apalancamiento de las SOE’s, gracias a
la financiación laxa de los bancos públicos. La evolución de la deuda llegó a alcanzar un
incremento del 50% anual en el 2007; además, este endeudamiento se destinó a la
inversión en sectores no estratégicos, principalmente en activos inmobiliarios, con la
intención de aprovechar del auge de los precios en plena formación de una burbuja
inmobiliaria.
De acuerdo a los datos del Banco Mundial, el crédito privado en términos de PIB
ascendió del 40% al 120% en el periodo 2002-2010. Como consecuencia de la vorágine
de endeudamiento, la inflación llegó a alcanzar cotas del 23,1%, como ocurrió en 2008,
en un entorno caracterizado por la ausencia de transparencia y un nivel rampante de
corrupción. En contraste, los países del Sudeste Asiático mantuvieron el crédito en un
nivel relativamente estable, cerca del 70%.
24. 24
Juntar en una misma ecuación endeudamiento y sector inmobiliario suele derivar en
resultados catastróficos. El crédito continúa ascendiendo hasta que las compañías
encuentran dificultades para asumir sus deudas y se inicia la caída del castillo de
naipes constituido por la montaña de deuda acumulada en los años previos.
Del total de la deuda privada, se estima que más del 50% corresponde a las empresas
públicas, con un elevado porcentaje de créditos de dudoso cobro (NPLs). Según las
fuentes oficiales, el volumen de créditos de mala calidad podría ascender al 6% de la
cartera crediticia (7.800 millones de dólares). Sin embargo, otras fuentes indican que la
cantidad real se ajustaría más fehacientemente a un volumen tres veces superior.
Además, como ocurrió en Europa, el estancamiento del sector financiero implica la
paralización del flujo de crédito y el bloqueo del acceso a la financiación al tejido
empresarial.
De esta forma, las autoridades vietnamitas se han tenido que enfrentar en estos
últimos 5 años a dos focos de incendio simultáneos: la insolvencia de las SOE’s y el
colapso del sistema bancario.
Actualmente, el país se encuentra en una fase más avanzada del proceso de
depuración que se inició tras el estallido de la burbuja de las SOE’s en el año 2010, que
tuvo en la caída de la compañía Vinashin uno de sus mayores exponentes. Vinashin se
declaró insolvente ante la incapacidad de hacer frente a su deuda (4.400 millones de
$). Tras destaparse una serie de acciones fraudulentas, las autoridades, en un acto de
disciplina al resto de las SOE’s, decidieron no acudir a su rescate y dejaron quebrar a la
compañía.
Aunque es un proceso que comenzó en la década de los 90, ha sido a partir del
aumento de casos de insolvencia cuando el gobierno ha acometido con mayor
Fuente Banco Mundial
25. 25
seriedad el saneamiento de las SOE’s a través de distintos planes de reestructuración.
Dichos planes han tenido como objeto establecer un mayor control y transparencia de
la gestión mediante la obligación de las SOE’s de publicar anualmente sus cuentas,
convenientemente auditadas, y la recomendación de desinvertir en los negocios
considerados no estratégicos.
Por otro lado, se está impulsando la llamada “equitization”, que supone la conversión
de las empresas públicas en joint ventures a través de la entrada de compañías
internacionales. Sin embargo, el proceso de privatización no avanza al ritmo esperado
debido a la dificultad de su aplicación.
Muchas de las SOE’s se muestran reacias a perder el control ante la entrada de nuevos
inversores, más aún si una vez privatizadas se destapa la ineficiente gestión de sus
directivos y se reconoce el volumen de NPLs, lo que a su vez podría conducir a los
dirigentes a enfrentarse a los tribunales, como ocurrió en el caso de Vinashin.
No sólo las empresas públicas se muestran contrarias a perder su independencia, sino
que también los inversores internacionales desconfían del proceso, entre otras cosas
porque se mantiene el límite de adquisición del 49% del capital por parte de las
empresas internacionales en sectores estratégicos, y del 30% del capital en el caso de
entidades financieras. Un claro ejemplo es el de Vietnam Airlines, en el que ningún
inversor privado acudió a la emisión de acciones el pasado noviembre de 2014.
Respecto al sector financiero, en julio de 2013 comenzó a operar el VAMC (Vietnam
Asset Management Company), entidad pública encargada de la adquisición de activos
tóxicos a las entidades bancarias, con el fin de depurar el sistema financiero. Además,
el pasado año 2014 se endureció el marco regulatorio y de supervisión, con medidas
para la identificación de entidades sistémicas, creación de un índice clasificatorio de
solvencia y la mejora de la
medición de los préstamos de
dudoso cobro. Actualmente,
uno de los principales objetivos
del banco central (SBV) es
empujar a los pequeños bancos
a iniciar un proceso de fusión o
adquisición por parte de otras
entidades. De hecho, el propio
SBV ha comprado
recientemente algunas
entidades en situación
delicada.
Todo este proceso de depuración acometido en los últimos años ha producido mejoras
visibles. Prueba de ello es la evolución del flujo del crédito, que muestra ligeros signos
de mejora. En 2014 se produjo un crecimiento del crédito del 12%, una cifra más
equilibrada y en consonancia con las necesidades de financiación de un tejido
empresarial y una población pujante. A su vez, la inflación se ha reducido hasta una
tasa más estable (5,3%, en comparación con el 18,1% registrado en 2011).
26. 26
Así pues, Vietnam está modificando su patrón de crecimiento hacia una estructura
económica más sostenible y equilibrada, una vez depurados los excesos de la burbuja
crediticia. En el 2015 se darán nuevos pasos hacia la limpieza del sistema crediticio y se
espera la privatización parcial de algunas empresas públicas. Sin embargo, el éxito de
las medidas adoptadas dependerá de su adecuada aplicación. Se trata de un escenario
complejo, teniendo en cuenta que las SOE’s, al ser empresas públicas, comparten el
mismo origen que las autoridades gubernamentales, e incurren en conflictos de
interés. Por ello, es de esperar que la divergencia entre los distintos actores continúe.
Finalmente, la correcta aplicación de las medidas dependerá del grado de firmeza que
adopten las autoridades vietnamitas.