Este documento discute la Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros (MIFID) de la Unión Europea, la cual introduce un régimen regulatorio común para los servicios financieros en Europa. MIFID tiene como objetivo proteger a los consumidores e inversores mediante mayor transparencia, seguridad y lucha contra el fraude. Sin embargo, también existe la preocupación de que la gran cantidad de normas y papeleo puedan asfixiar al sector privado.

1. MIFID, FRAUDE Y LIBRE MERCADO.
Manfred Nolte
El pasado miércoles 3 de Enero entró en vigor MIFID 2, una prolongación con
ajuste fino de MIFID 1, ambas directivas comunitarias que según los usos se
transponen o adaptan a las respectivas normativas nacionales. La última lleva
en aplicación desde noviembre de 2007. MIFID (‘Markets in Financial
Instruments Directive’ en inglés; ‘Directiva sobre los mercados de instrumentos
financieros’ en castellano) introduce un régimen regulatorio común para los
servicios financieros de los 28 estados miembros de la Unión Europea y otros
tres más, (Islandia, Noruega y Liechtenstein) del área de libre comercio. Es, por
lo tanto, un producto de la Europa unida coordinándose en la transparencia,
seguridad, homogeneidad y lucha contra el fraude en el ámbito de los servicios y
actividades financieras de la zona, afectando a Compañías de seguros, Empresas
de Inversión y Entidades financieras. Pero si vamos al fondo de la cuestión, su
objetivo último consiste en la protección de los consumidores e inversores en el
espacio comunitario.
Las normas MIFID afectan a particulares y empresas por una lado y a entidades
financieras o de servicios y a sus reguladores por otras, en relación a sus clientes
actuales o potenciales, a los que debe segmentar en función de su perfil de
riesgo, vocación inversora y formación financiera. A su vez los integrantes de las
redes comerciales que oferten productos y servicios financieros deben formarse
adecuadamente y alcanzar un elevado nivel de capacitación. Algunos o tal vez
muchos de los lectores tendrán sufrida experiencia de la interminable retahíla
de documentos que el cliente bancario se ve obligado periódicamente a firmar
en cumplimiento de la normativa que estamos comentando. Paralelamente la
normativa MIFID está pensada para controlar a los intermediarios de servicios
financieros y conducirlas a plataformas operativas cada vez mas transparentes.
Uno de los objetivos es derivar la contratación hacia espacios oficiales o
mercados cotizados y evitar las operaciones de circuito privado (over-the-
counter) más propicias al abuso del operador financiero.
Volviendo a la protección del inversor, la nueva normativa aboga por la mayoría
de edad del cliente siempre que este se decida por productos más complejos y
sofisticados. La larga lista de presuntos abusos luego recurridos por vía legal
debería ir reduciéndose al máximo. Por bien del inversor pero también de la

2. entidad de servicios financieros, que en alguna ocasión ha podido leer el papel
de chivo expiatorio.
Viene esto al hilo, por ejemplo, de cuando la Sala de lo Civil del Tribunal
Supremo falló anular la compra de acciones de Bankia en la oferta pública de
suscripción que llevó a cabo la entidad en 2011. Una decisión de este tipo
garantiza a todos los clientes minoristas querellantes que acudieron a la Oferta
la recuperación de la inversión íntegra más los intereses y las costas del proceso,
después de haber visto cómo el valor de su acciones se reducía a cero con la
quiebra del banco, su intervención y rescate por 22.424 millones de euros. El
alcance de la anulación se extiende a las acciones compradas incluso en el
mercado secundario, entre julio de 2011-fecha de la salida a Bolsa- y mayo de
2012, cuando Bankia fue intervenida como consecuencia de su situación de
inviabilidad, con la salvedad de las adquiridas por entidades que acudieron al
tramo mayorista por ser Inversores Institucionales.
La resolución de 3 de febrero de 2016 confirma que hubo “error en el
consentimiento por parte de los compradores debido a las graves inexactitudes
del folleto de la oferta pública”.
Pero aducir que el folleto contenía cifras incorrectas, engañosas o falsas tiene
algún sentido si pensamos que los clientes que acudían a la Oferta pública se lo
leían y si me apuran, se lo estudiaban. Pero los minoristas no leyeron
presuntamente el folleto, y ello por dos razones: la primera porque tiene 402
páginas. Pero si lo leyeron habrían perdido bastante interés en la compra y, en
su caso, carecerían de justificación para llevar a juicio a la entidad financiera,
dada la machacona iteración de los riesgos que en el folleto se exhiben, las
cautelas que se advierten, y las contingencias que se simulan. Un inversor
realmente conservador que hubiese ojeado el folleto de la oferta pública no
habría acudido a la OPS y de hacerlo no osaría ir a juicio –salvo ausencia de
buena fe- como consecuencia de adversidades posteriores. Y un inversor
altamente especulativo debería apechugar con los riesgos asumidos.
MIFID 1 y 2quieren evitar la coyuntura de tener que apelar a la judicatura
mediante una terapia preventiva vigorosa. Ojalá que lo consigan.
Para terminar una reflexión de orden lógico o metodológico. La necesaria
protección del inversor conduce a que los proveedores de servicios financieros
se vean inmersos en un papeleo y un seguimiento sencillamente extenuantes. Lo
cual tiene una doble lectura.
De una parte promueve la figura de un sector público interventor que controle y
evite los desmanes de una economía de mercado que en ocasiones se deja llevar
por la irracionalidad y también por los desmanes de conductas fraudulentas.
Ahí están los banqueros yanquis con sus hipotecas sub-prime, los Madoff
americanos y nuestros Madoff domésticos, como Germán Cardona Soler artífice
de una megaestafa ‘piramidal’ que montó a base de promesas de grandes
intereses a los capitales que le confiaban sus incautos inversores, como hicieron
en su momento los dueños de Fórum Filatélico y Afinsa, -entre otros muchos-
aunque estos tejieron una red comercial de miles de gestores y Cardona se basó
en un puñado de fieles colaboradores, su novia, Internet y la perenne estulticia

3. humana. Y recordar también las 700.000 victimas en la comercialización de las
‘preferentes’. O sea que bien por la intervención.
Pero la otra reflexión es que estamos montando un sistema donde la presencia
del sector publico, léase normas, intervenciones, condicionantes o impuestos
amenaza al sector privado con la asfixia. Lo digo porque no acierto a discernir
qué clase de ‘Estado impío neoliberal’ tratan aun de derribar algunas
formaciones nostálgicas antisistema.