El documento define la comunicación pública como un proceso de interacción entre la sociedad civil, el Estado y la sociedad política. Explica que el papel del comunicador ya no es solo transmitir información, sino dinamizar las relaciones de poder entre los actores. También destaca la importancia de una comunicación bidireccional que permita la participación ciudadana y el conocimiento de las necesidades de las comunidades por parte de los gobernantes.