Este documento establece las responsabilidades de los diferentes actores sociales en cuanto a la identificación, evaluación, prevención e intervención de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Abarca a empleadores públicos y privados, trabajadores dependientes e independientes, y contratistas. Define los factores psicosociales y establece instrumentos para su evaluación, así como medidas preventivas y de seguimiento de la información recopilada.