El documento examina la declaración Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II, que establece la libertad religiosa como un derecho humano, generando debates dentro de la Iglesia Católica sobre su significado y aplicación. Se argumenta que la dignidad humana y la libertad religiosa son interdependientes, y que el estado debe adoptar una postura neutral frente a las diversas confesiones religiosas, garantizando derechos y evitando la coacción. A pesar de ciertas confusiones sobre el laicismo, se concluye que el Ecuador debe ser considerado un estado neutral que reconoce y protege la libertad de culto.