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Fotografía: Funcasblog.
DEFICIT FISCAL: ¿QUÉ DEFICIT?
Manfred Nolte
El Comisario Pierre Moscovici no cesa de vapulear la conciencia del Gobierno de
España recordándole sin tapujos que las promesas están para ser cumplidas. El
máximo responsable económico de la Comisión europea viene repitiendo a los
rectores de la Hacienda estatal que los presupuestos públicos de 2016
presentados a la preceptiva revisión de Bruselas son inviables, o sea
incumplibles. No se trata de un ejercicio de deslegitimación del signo o de la
orientación de las políticas económicas diseñadas por Rajoy para el año
entrante, sino de una llamada de atención a la posibilidad inminente de que con
tales cuentas públicas España no cumpla las reglas objetivas sobre la evolución
de los déficits de los países de la Unión Europea. En otras palabras: Bruselas
prevé un incumplimiento de tres décimas de PIB este año en el agujero fiscal —
hasta el 4,5%, frente al 4,2% acordado— y de siete décimas en 2016 - el 3,5%
frente al 2,8%-, lo que supondría permanecer un año más en el pelotón de cola
de los países en procedimiento de déficit excesivo. Rajoy y Guindos, entre otros,
han desafiado la denuncia. España –dicen- cumplirá con lo prometido. El
Informe del comisario Moscovici ha levantado ampollas, pero aunque sus
vaticinios resulten infundados, contienen elementos valiosos para la reflexión.
Recordemos brevemente qué es eso del ‘procedimiento de déficit excesivo’, y la
relevancia y veneración que tal proceso despierta en el seno de la Unión
Europea. Y por si ello fuera insuficiente, mencionaremos igualmente por qué
razón los déficits excesivos se reputan como muy perniciosos teniendo en
cuenta el juicio de la comunidad inversora internacional.
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Vamos con lo primero. El Tratado de Funcionamiento de la UE, y el posterior
Pacto de Estabilidad y Crecimiento, sitúan el valor de referencia para el déficit
público de los estados miembros por debajo del 3 % del Producto Interior Bruto
(PIB). El rebasamiento de dicho valor se considera excesivo. Cuando tal
rebasamiento obedece a circunstancias especiales ajenas a la voluntad de un
Estado miembro, consecuencia, por ejemplo, de una grave recesión económica,
el Consejo Europeo, a instancias de la Comisión, propone al país afectado un
calendario de regreso al 3% congruente con las posibilidades que tal país
afectado pueda tener para la superación de la crisis o circunstancia excepcional.
Europa camina –al menos teóricamente- hacia una unión económica global y en
ese contexto es necesaria una homogeneidad presupuestaria entre sus socios.
No es admisible según la Carta europea unos países que caminen sin déficit
(igualando sus gastos presupuestarios con sus ingresos fiscales) y otros que
discurran con déficits abultados (gastando permanente y ostensiblemente por
encima de lo que recaudan). Malamente puede construirse una Europa
cohesionada entre los colectivos de hormigas(que gastan lo que tienen) y
cigarras (que gastan más de lo que ingresan acudiendo al aventurado artificio de
endeudarse). En el caso de España, y dado que el déficit público rondó en 2010
el 11% del PIB, Bruselas convino con los gestores del presupuesto un calendario
razonable que se reconducirá en 2016 al umbral del 3% arriba aludido. En el
periodo ha habido hasta tres relajaciones o prórrogas del calendario. Pierre
Moscovici lo único que hace es pedir respeto al pacto y alertar que los
presupuestos, aprobados ya, de 2016 presumiblemente no conducirán el déficit
a la senda de la normalidad, a la ‘no excesiva’. Se trata, en consecuencia de
respetar un acto jurídico de naturaleza paccionada, esencial según las normas
de la Unión para asegurar su cohesión interna.
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El segundo aspecto se refiere al juicio que un déficit presupuestario excesivo
despierta en los inversores internacionales. Como los déficits se financian con
deuda en los mercados internacionales, y esta es adquirida por los grandes
inversores institucionales, está claro que un país con excesivo déficit y una
deuda desmesurada provocará tarde o temprano el rechazo y la retirada de los
referidos compradores globales. En tales circunstancias el país en cuestión no
tendrá más alternativa que declarar el impago de su deuda (Argentina y otros) o
acogerse a un plan de rescate si así lo previene el área monetaria en el que el
país fallido se incluye (es el caso de los rescates realizados a Grecia, Irlanda,
Portugal, Chipre y en menor medida, también España.)
Obviamente, partimos de la premisa indiscutible de que déficits fiscales
excesivos y su consecuencia inmediata, deudas públicas desmesuradas,
representan situaciones de alto riesgo, o sea, son situaciones indeseables. A
partir de ahí, analizando la queja de Bruselas sobre la incontinencia del déficit
fiscal español, es necesario referirse a dos tipos de déficits nítidamente
diferenciados.
Un primer tipo de déficit es de naturaleza cíclica o coyuntural. Al estallar una
crisis se colapsan los ingresos tributarios y se disparan los gastos sociales con lo
que el déficit se agiganta. Pero con el cambio de ciclo y la vuelta al crecimiento,
los ingresos fiscales aumentan, los gastos sociales de choque van reduciéndose y
el déficit retorna a porcentajes asumibles: hablamos de un déficit transitorio
que se ajusta a la coyuntura del ciclo y que no depende esencialmente de las
acciones del Gobierno.
Pero existe otro tipo de déficit mucho más pernicioso que no tiene que ver con la
coyuntura sino que hunde sus raíces en estructuras productivas, demográficas o
sociales arraigadas en el país, que se mimetizan y perpetúan en él y que no
reaccionan a la bonanza y recuperación del ciclo económico. Se llama déficit
estructural.
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Por ejemplo, analizando los gastos presupuestarios de 2016, está previsto que
disminuyan un 3,0%. Ello obedece a un menor gasto en el pago de intereses de
la deuda exterior (–5,6%) y a la disminución de las transferencias corrientes que
se reducen en un 3,2% como consecuencia de la disminución de las prestaciones
de desempleo. Ambas previsiones son obviamente de naturaleza cíclica. Pero
cuando consideramos el resto de partidas como los gastos de personal, clases
pasivas, aportaciones a la Seguridad Social y otras, nos topamos con una
realidad consuetudinaria o ‘estructural’ que exige una acción positiva del
gobierno para interpretar esa estructura concreta: es el caso de recortar una
paga a los funcionarios o devolverla.
Veamos los ingresos por impuestos de 2016. El Gobierno prevé que la
recaudación aumente un 6,2%, porcentaje que es cíclico y alcanzable. Pero se
equivoca rotundamente al prever aumentos de los ingresos por cotizaciones
sociales en un 6,7%, y estimar un déficit de la Seguridad social final del 0,3% del
PIB. La Autoridad Fiscal Independiente (AiRef) cifra el déficit de las pensiones
en 2016 en torno al 2% del PIB. En 2014 el déficit fue de 11.000 millones y en lo
que va de año ha doblado su déficit parcial. Además, desde 2012 el Gobierno ha
tenido que disponer del Fondo de Reserva, la llamada ‘hucha de las pensiones’,
por un importe de 43.000 millones de euros, dejándolo a la mitad del nivel
inicial.
Las razones de este déficit que amenaza la sostenibilidad de las pensiones y la
quiebra del Fondo de Reserva de la seguridad social son conocidas y
estructurales. La economía española de hoy es un 15% más productiva que la del
inicio de la crisis. Entre 2008 y 2015 se han inscrito un millón más de
pensionistas y se han registrado dos millones menos de contribuyentes, y los
recién incorporados cobran salarios más bajos y generan cotizaciones más
reducidas mientras que la evolución de las pensiones medias ha pasado de algo
más de 1.000 euros en 2008 a cerca de 1.400 euros en 2015. Es hacia este tipo
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de déficits estructurales, encapsulados en la estructuras productivas y sociales
de la economía, hacia los que hay que dirigir una atención muy especial.
El informe firmado por Pierre Moscovici incluye el valor del ajuste estructural
no realizado por España entre 2013 y 2015: un 2% del PIB por valor de unos
40.000 millones de euros . Y en 2016 –prosigue el informe- el ajuste estructural
será de cero frente al 1,2% reclamado por el Consejo Europeo. No podemos
creer que la Comisión esté equivocada. Pero si no se encaran los dramáticos
retos con que las insuficiencias estructurales nos amenazan, tarde o temprano
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volveremos al baile de los déficits abultados, las deudas desmesuradas y tal vez
a nuevos y amargos sobresaltos. En resumidas cuentas que apenas se está
aprovechando la recuperación para acometer las imprescindibles reducciones
del déficit publico estructural, necesariamente a base de reformas certeras,
inteligentes y posibles.
En lugar de entonar melifluos cantos de sirenas al electorado, la totalidad de
formaciones políticas que comparecen a los comicios del 20D harían bien en
considerar esta reflexión en sus programas económicos y presupuestarios.
