LA GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN ES DE TAL MAGNITUD QUE SI EL ESTADO NO IINDEMNIZA A LOS PERCEPTORES DE RENTAS FALLIDAS, LA CRISIS SERÁ LARGA Y PENOSA

1. UN RESCATE TOTAL.
Manfred Nolte
En apenas tres meses COVID19 ha irrumpido en nuestras vidas procurándonos
dos graves problemas simultáneos: el sanitario con el que agrede nuestra salud y,
de rechazo, el económico con el que destruye nuestro sistema productivo. A nivel
personal y a nivel de país. Hablamos de una insólita crisis médica que convive ya
con una grave crisis económica.
Sucede que la profundidad y duración de la segunda está en función de la
extensión de la primera. Vencer la pandemia se constituye en el objetivo número
uno no solo por la prioridad innegociable de la vida humana sino porque
condiciona directa y unívocamente la marcha actual y posterior recuperación de
la actividad económica.
En este contexto, los gobiernos de todo el planeta y en particular el de España, y
en su medida el de Euskadi, se mueven entre dos planteamientos que difieren en
la intensidad o en el grado. En ambos la derrota del virus se erige en la máxima
prioridad, pero la diferencia surge en el grado de confinamiento a que debe
someterse la población para lograr cuanto antes tal propósito. El aislamiento
social a su vez paraliza la producción y la demanda, por lo que ambos enfoques
tienen sus pros y sus contras. ¿Por qué modelo debemos pronunciarnos?
Las propuestas como las verdades no deben circunscribirse a un punto sino a un
intervalo. En dicho intervalo parece deseable que el confinamiento excluya a los
servicios esenciales y a aquellos que provean a los referidos servicios esenciales.
Pero debe cesarse cualquier actividad que siga implicando una cercanía personal
y por supuesto cualquier aglomeración, aunque sea transitoria. Todo aquello que
refuerzo el aislamiento, base probada del recorte de la pandemia, se constituye
en la primera prioridad. Analicen los responsables públicos con cautela las
empresas que aun mantienen su actividad.
Con la diferencia de grado señalada, el mayor o menor alcance del confinamiento
y en consecuencia la mayor o menor rapidez en la vuelta a una relativa actividad
económica, está produciendo estragos de gran calado tanto en la producción-
oferta como en la demanda de los agentes. Unos daños descomunales en el muy

2. corto plazo, que, no nos engañemos, se perpetuarán en un buen número de
sectores.
Aquí debe entrar, sin paliativos, la acción beligerante del estado. Formulemos
unas simulaciones que puedan darnos de forma aproximada las pautas de la
actuación del sector público.
Se cifra en mas de un 50% la parte del sistema productivo en España que está en
cierre forzoso. En euros de valor añadido puede suponer 50.000 millones al mes,
un cinco por ciento del PIB. El doble en dos meses, el 10%, o sea 100.000 millones
de euros de deterioro patrimonial. Son cifras que se han contabilizado ya en China
o en Singapur en tasa trimestral anualizada.
Los perceptores habituales de rentas correspondientes al macrosiniestro descrito
han dejado, en consecuencia, de percibirlas. Los asalariados sus nóminas, que
suponen algo más del 50% de la distribución funcional de la renta. Luego
rentistas y perceptores de alquileres, los proveedores de capital sus intereses, y
los empresarios su beneficio. Como media un mes de cierre empresarial equivale
al beneficio de medio ejercicio. Los estudios ya han llegado a conclusiones.
Dejadas las cosas a su inercia en un escenario optimista la caída del PIB sería
equivalente a 6 puntos sobre el escenario previsto. En un escenario menos
favorable, la caída esperada en el PIB durante 2020 sería entre el 7 y el 11%.
Ahora pasemos a la terapia gubernamental. ¿De verdad puede paliarse esta
situación con avales para el endeudamiento bancario, con la demora en las
obligaciones fiscales o con un periodo de gracia en las cuotas de los prestamos
bancarios?
El deterioro patrimonial tanto de trabajadores como de empresas es de tal
envergadura que las que sobrevivan no podrán devolver lo prestado ni reponer lo
demorado. No es un tema solo de liquidez, sino de patrimonio. Una catástrofe
que recae en unos agentes económicos ajenos a cualquier culpa en el desarrollo
de los acontecimientos. Y no olvidemos el impacto de todo esto en el sector
bancario. La necesaria morosidad de esta crisis vírica puede desencadenar otra
financiera, que arrastraría a la economía muchos semestres más.
Es el momento de la verdad. El de entregar cash a los perceptores de rentas
fallidas hasta el porcentaje máximo que sea posible. El límite vendrá impuesto
por el déficit publico y el aumento de la deuda que está llamada a financiar la
emergencia. La nueva deuda, tras las últimas decisiones adoptadas por el Banco
Central europeo, tendrá un coste cero. El déficit puede escalar entre un 5 y un
10%, dependiendo de la recuperación del ejercicio. Es aquí cuando Bruselas debe
mostrar su rostro solidario y no objetar las medidas ni lanzar reproches a quienes
las adoptan. Si Europa fuese aquello que muchos soñamos, agruparía fuerzas y
acometería a escala de continente lo que cada país tiene que realizar de forma
aislada.
Los orígenes de esta crisis son totalmente nuevos y así tiene que ser la respuesta
del sector público. La política fiscal debe estar a la altura de la magnitud del
shock. Lo que ahora haga el Estado será un test para medir su competencia y su
determinación.