FMI,OCDE y Comisión Europea dictaminan sobre las principales variables de la economia española.

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LAS INSTITUCIONES EXAMINAN LA ECONOMIA ESPAÑOLA.
Manfred Nolte
No siempre lo criterios mayoritarios, cuando obedecen a impulsos gregarios o a
sentimientos confusos no razonados representan criterios de veracidad. La
frecuencia estadística, aunque se utilice muchas veces como barómetro
democrático, no tiene por qué ser sinónimo de razón. Pero en ocasiones,
algunas de notable excepcionalidad histórica, hallazgos cruciales pasan
injustamente desapercibidos hasta que renacen de la convergencia de juicios
ilustrados, haciendo justicia a tal o cual descubrimiento, casi siempre tarde,
pero afortunadamente a tiempo para engrosar el caudal del conocimiento
humano.
Así sucedió con el conjunto de reglas sobre la transmisión por herencia genética
de los atributos esenciales de los padres a los hijos. Los trabajos del monje
agustino Gregor Mendel de 1885 fueron ignoradas hasta su redescubrimiento en
1900 por tres científicos europeos por separado, que sin conocer los trabajos de
Mendel, llegaron a las mismas conclusiones que él. Las leyes de Mendel
constituyen hoy una ley positiva en buena medida por la convergencia de
resultados de tres ilustres investigadores a los que se otorgó el crédito negado al
monje checo.
Cambiando lo necesario, que en este caso es mucho, la convergencia de juicios
económicos volcados por tres Instituciones multinacionales sobre la economía
española, pueden servirnos de criterio para revisar las pautas de
funcionamiento de nuestros agregados económicos y concluir con algunas
necesarias reflexiones. No debería admitirse en principio que los tres
organismos yerren simultáneamente en sus juicios y recomendaciones.
Estos juicios y recomendaciones proceden de la Comisión Europea (CE) con
motivo del procedimiento para la aprobación del Plan fiscal y de los
Presupuestos Generales del Estado español para el ejercicio 2019. También de
las llamadas consultas anuales ‘del artículo IV’ del Fondo Monetario

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Internacional (FMI) con nuestro país, y en tercer lugar, de la OCDE, en su
informe anual sobre España.
El horizonte visualizado para la economía española resulta coincidente en torno
al concepto de desaceleración, ese periodo agridulce que sigue a una etapa de
aplauso institucional por el cumplimiento de una gran parte de los deberes
estimados como ortodoxos para la superación de la crisis, pero acompañado de
un regusto pesimista, ya que las desaceleraciones, de no corregirse, constituyen
antes o después el prólogo de una nueva recesión. Se reconoce la drástica
reducción de nuestro endeudamiento privado, la ganancia en competitividad de
costes, el ininterrumpido saneamiento de las entidades financieras y la
persistencia de superávits en las balanzas exteriores. Casi todos los
fundamentos de la economía se hallan al día de hoy en un entorno de solidez
Pero la desaceleración queda patente en los dos agregados básicos que son el
PIB y el empleo, fuertemente interrelacionados ambos en base a la Ley de Okun.
Así la serie del crecimiento del producto español es claramente decreciente:
+3,4%(2015), +3,3%(2016), 3%(2017) y 2,6%(2018) y 2,3(2019) según el nuevo
cuadro macroeconómico presentado a mediados de Octubre por la ministra de
Economía, Nadia Calviño, que recorta levemente sus propias previsiones
anteriores.
La recuperación del empleo –el porcentaje de paro es hoy la mitad del de 2013-
resulta muy alentadora, pero nuevamente la serie es decreciente. Referido al
tercer trimestre de cada año el paro se corrigió en 299.000 (2015), 253.000
(2016), 182.000 (2017), y 164.000 personas (2018), respectivamente.
Pero a mediados de la semana pasada con diferencia de unas pocas horas, las
tres Instituciones arriba citadas realizaron una ligera rebaja adicional de las
perspectivas del país. El FMI ha calculado en un 2,5% el crecimiento del PIB
para 2018, lo que supone un recorte de dos décimas en dos meses. El PIB se fija
para 2020 en el 1,9% (OCDE y FMI) y en el 2%(CE), respectivamente. El paro
estimado para la misma fecha se sitúa en el 14,3%(FMI), 13,3%(UE), y
12,5%(OCDE) respectivamente. En cuanto al déficit publico las estimaciones
van desde el -2,4%(FMI), al -1,2(OCDE) pasando por el -1,9%(CE). Según
Bruselas el gasto que se consigna en los presupuestos se superará y los ingresos
no alcanzarán los niveles previstos. Esta advertencia no es sino una
consideración lógica de una manera de gobernar por decreto donde el gasto
suscitará muchos más apoyos parlamentarios que sus correspondientes
propuestas puntuales de incrementos de impuestos. Bruselas da un paso más:
prorrogar los presupuestos de Rajoy llevaría el déficit en 2019 al 2,4%.
Dado que presupuestos fiscales negativos no hacen sino engrosar el stock de la
deuda pública española, las tres instituciones alertan de la incapacidad del
Gobierno para menguarla, extremo que representa una de las vulnerabilidades
mayores de la economía española de cara a una próxima recesión. Las
autoridades de vigilancia insisten en la necesidad de crear colchones de
amortiguación para crisis futuras y una de ellas es partir de un volumen de
deuda bajo que permita el endeudamiento anticíclico en los mercados. No es
malo recordar que en 2017, antesala de la gran crisis, España contabilizaba un

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ligero superávit fiscal y la deuda pública apenas representaba el 35%% del PIB
de aquel año.
Los Organismos piden reformas estructurales, o sea políticas de oferta que
flexibilicen las estructuras productivas y las hagan más competitivas en el
futuro. Hay que alertar sobre el hecho de que nuestra productividad lleva años
estancada y la UE no percibe esfuerzo alguno en recortes estructurales en
nuestro déficit fiscal. Entretanto, el ejecutivo no solo no acomete reformas sino
que revierte otras que han funcionado.
FMI y OCDE reclaman una jubilación mucho más tardía y la Organización con
sede en Paris ve con buenos ojos la fijación del nuevo salario mínimo
interprofesional(SMI), aunque el FMI la critica. Sobre las pensiones no cabe
discusión alguna. Los déficits entre cuotas y prestaciones en 2018 han
dinamitado todos los records y el sistema de prestación definida se dirige sin
remedio a la cuneta. Del SMI cabe decir dos cosas: que nadie con un mínimo de
sentido social puede objetar la idea en abstracto, aunque represente un
incremento del 22%. Pero el argumento exhibido por Gurría al defender un
aumento hasta los 900 euros porque “en Alemania, una vez efectuado, se
comprobó que no se perdió ni un empleo” es válido en un país con pleno empleo
pero representa una incógnita mayor en otro cuyo paro ronda el 15%, como han
manifestado la UE y el Banco de España.
El tiempo dirá, pero la lista de tareas pendientes que es larga y exigente, merece
poca atención de gobernantes y legisladores.
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