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La Reforma de la Negociación Colectiva: salarios,
flexibilidad, productividad y derechos de participación.
I. Reforma de la Negociación Colectiva:
Título III de la Ley 8/80 Estatuto de los Trabajadores.
I. Introducción:
a. Primeros cambios serios en la Negociación Colectiva
II. Estructura y articulación de la Negociación Colectiva: situando el debate,
¿centralización o descentralización?:
a. Reforma Laboral de 1994, La Reforma de 1997, La Reforma de 2010 y su
incidencia en la Negociación Colectiva.
b. ¿A que no referimos cuando hablamos de estructura en la NC?
c. Tablas: Convenios y Trabajadores/as.
II. FLEXIBILIDAD INTERNA:
i. Modificación Sustancial de Condiciones de Trabajo (MSCT) en la Ley 35/2010
de Reforma del Mercado de Trabajo y RDL 7/2011 de Reforma Negociación
Colectiva.
ii. Eficacia de los convenios y descuelgues, Ley 35/2010 de Reforma Laboral y
RDL 7/2011 de Reforma de Negociación Colectiva.
iii. Vigencia y ultractividad de los Convenios. La administración de los convenios.
Distintas alternativas que se han legislado: papel de las comisiones paritarias,
sistemas de arbitraje, el deber de negociar, instrumentos de solución
extrajudicial de conflictos colectivos -Procedimientos de Discrepancias-, la
individualización de las condiciones laborales, etc.
iv. Rentas salariales y beneficios. Los salarios y la productividad. El Pacto del
Euro:
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1. Los salarios como fuente de ingresos de la mayoría social y como
factor de coste para los empresarios.
2. Los costes Laborales: salarios, cotizaciones sociales,
indemnizaciones, subvenciones y deducciones. El reparto de la tarta
y la NC como contrapoder.
III. El Real Decreto Ley 7/2011, de 10 de junio, de medidas urgentes
para la Reforma de la Negociación Colectiva. (BOE del sábado 11
de junio de 2011).
i. Artículo 1. Estructura de la Negociación Colectiva y concurrencia de
Convenios.
ii. Artículo 2. Contenido y Vigencia de los Convenios Colectivos.
iii. Disposición adicional primera. Procedimientos no judiciales.
iv. Artículo 3. Legitimación para la Negociación de los Convenios Colectivos.
v. Artículo 6.Flexibilidad Interna ¿Negociada?: MSCT.
vi. Casos prácticos de IBERDROLA, TELEFONICA, otras.
IV. La CGT ante la Negociación Colectiva.
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Introducción
La Negociación Colectiva, es un instrumento de reparto de poder. Dicho de otra forma, el sindicato debe
asumir una posición de contrapoder respecto al empresariado, bien privado, bien público.
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Una mirada rápida de la Negociación Colectiva, ahora que se ha reformado, debe comprender desde el
año 80 (Estatuto de los Trabajadores) hasta los tiempos de la flexibilidad y la competitividad, siglo XXI, y,
al menos, tenemos que ver de forma crítica, si el “poder obrero” ha aumentado o por el contrario, sus
reivindicaciones, medidas en términos de intereses: rentas salariales, tiempo de trabajo, mayor o menores
cuotas de igualdad, destierro de discriminaciones, cualificaciones, salud…, han ido decreciendo y
disminuyendo.
Y, también, debemos contemplar si esas reivindicaciones obreras, han sido capaces de ordenar el
entramado contractual, desde los derechos, es decir desde los valores democráticos y obreros, como la
democracia directa (asambleas), poder de decisión de las personas salariadas y la autonomía obrera.
La posición objetiva del “sujeto sindicato” en nuestro sistema de relaciones laborales y más
específicamente en el papel que la carta Magna otorga a la Negociación Colectiva1
y en consecuencia a
sus representantes –sindicatos-, considera un derecho fundamental la misma, al igual que la libertad
sindical, luego en consecuencia es un papel esencial y fundamental.
Asistimos al cuestionamiento del papel de la negociación colectiva y de la legitimación de los sujetos
intervinientes. Cuestionamiento que obedece a distintos factores. Unos, endógenos: perversión de los
objetivos y fines en base a componendas y esquemas de colaboración, y, otros, exógenos: la
concertación social y las políticas de consenso que hacen desaparecer en la práctica el conflicto,
comportándose los sindicatos como agentes sociales, funcionales a la economía o lo que es lo mismo, al
beneficio empresarial, construyendo una determinada cultura, cada vez más alejada de una ética de
justicia social y sin poner en cuestión el sistema capitalista, o sus lógicas en cada coyuntura social e
histórica.
La contradicción entre el deber ser (sujeto de contrapoder) y el ser (funcionales a la economía y a la tasa
de ganancia del capital), pervierte el doble objetivo permanente en la negociación colectiva: la mejora de
las condiciones de trabajo y el reparto de poder.
La negociación colectiva ha mutado su papel destacado ligada a la acción sindical, es decir al conflicto,
hasta convertir su papel en “un amplio favor legislativo” donde el poder económico (y el político) entienden
que el convenio colectivo en un sentido amplio es “un instrumento de gobernabilidad…preferible al
legislativo” (U.Romagnoli 2008). Desde la desregulación laboral de la década de los 90 (abandono
legislativo de los derechos necesarios), el empresariado entiende que la “autonomía de las partes”, les
permite introducir mayores cuotas de flexibilización de las condiciones de trabajo y por lo tanto de la
organización del trabajo, adaptando la mano de obra en función de sus intereses.
Esta retirada –estratégica- de la norma legal (derechos mínimos, derecho necesario, en salario, tiempo de
trabajo, complementos salariales, cualificaciones, etc.), instaura el convenio como “instrumento de
gobernabilidad”, y, los sindicatos se transforman en disciplinadores de la mano de obra, permitiendo el
actual estado de cosas: la precarización integral de las condiciones de trabajo y la “dictadura contractual”2
del empresario, siendo su cara contraria, la pérdida de poder obrero o la ausencia de contrapoder.
Primeros cambios serios en la Negociación Colectiva
1
Constitución Española 1978, artículo 37.1 “La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva
entre los representantes de los trabajadores y las empresas, así como la fuerza vinculante de los
convenios”
2
Perez Rey
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1. Estructura y articulación de la Negociación Colectiva: situando el debate, ¿centralización
o descentralización?
El sistema de negociación colectiva (legitimación para negociar) constituido en el Título III del ET del 80,
es una traslación del Acuerdo Básico Interconfederal de 10 de junio de 1979 (ABI/79) y el Acuerdo Marco
Interconfederal de 5 de enero de 1980 (AMI/80), suscritos exclusivamente por la CEOE y la UGT. El
legislador hace una opción política determinada e instaura un sistema de relaciones laborales basado en
un modelo centralizado y selectivo de representaciones profesionales (Martín Valverde). Es decir, de
origen se consolida lo que ya anunciaba el AMI/1980…” sólo es posible pactar con quien representa a la
mayoría y esté en condiciones de hacer cumplir los pactado en las distintas unidades de producción
afectadas por el Convenio respectivo”:
La democracia directa o lo decidido por Asambleas o Consultas directas (referéndums), carecen
de fuerza legitimadora, en primer lugar y, en segundo lugar, se constituye el papel disciplinador del
sindicato, sólo tiene capacidad de negociar y legitimidad para ello, quien …”esté en condiciones de hacer
cumplir lo pactado…”
Este sistema se asienta en tres principios básicos:
- La naturaleza normativa de los convenios colectivos, lo que significa que las condiciones
colectivas pactadas obligan automáticamente a los contratos individuales.
- La eficacia general de los convenios.
- La ultractividad o prórroga automática del contenido normativo de los convenios.
Principios que la Reforma Laboral de 1994, modifica en la regulación de la negociación colectiva,
abriendo la posibilidad de “derogar” algunos de estos principios. Así, se abre la posibilidad de cargarse la
“ultractividad de los convenios”, pues se aumenta la competencia de los convenios colectivos y permite
modificar regulaciones legales: periodo de prueba, duración de los contratos para la formación o
eventuales y el límite para la jornada diaria. Y en línea con la necesidades “flesibilizadoras” de los
empresarios, éstos consiguen que a través del mecanismo de negociación colectiva, materias esenciales
anteriormente reguladas por Ley (derecho necesario), se desregularizan y la autonomía de las partes
puede “negociar” la estructura salarial, la remuneración del tiempo extra-jornada (horas extras), la
clasificación profesional, la distribución irregular de la jornada de trabajo en cómputo anual, la movilidad
funcional y geográfica de los trabajadores y el plus de antigüedad.
El campo competencial de la negociación colectiva, se abre a los nuevos sistemas de gestión de la mano
de obra, a la desregularización de los derechos laborales y a gestionar el trabajo como un coste variable3
.
Se favorece la descentralización de la negociación colectiva y así, convenios de empresa, pueden
ser modificados por convenios de ámbito superior en determinadas condiciones, a excepción de aquellas
materias que fija el artículo 84 del ET, que en concreto son el período de prueba, las modalidades de
contratación con excepción de los aspectos de adaptación al ámbito de la empresa, los grupos
profesionales, el régimen disciplinario y las normas mínimas en seguridad e higiene y la movilidad
geográfica.
Se abre, así mismo, la posibilidad de regular las cláusulas de “inaplicación o descuelgue salarial”, lo que
supone exceptuar en la práctica en materia salarial la eficacia general de los convenios colectivos.
3
El empresario considera que sólo pagará aquel trabajo necesario, cuando lo requiera sus necesidades
productivas y por el tiempo necesario que requiera la producción y realización de sus productos. Es decir,
el trabajo es mercancía pura.
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Los convenios colectivos, introducen la contratación temporal, como la manera “normal y habitual” del
trabajo y la aceptación sindical del trabajo como “coste variable”.
Citamos al Magistrado Parada
A partir de la reforma laboral de 1994 se produjo una modificación en el uso de la contratación
temporal. El contrato temporal se vino a utilizar también para dar cobertura a la contratación “a
llamada” o “justo a tiempo”, formalizando contratos de muy corta duración para que la empresa
pague únicamente las horas trabajadas y se eviten tiempos muertos. La contratación temporal no
solamente se usa para abaratar el coste de un posible despido, sino también y de forma muy
importante para reducir costes laborales y ajustar la plantilla a las necesidades productivas de cada
semana o incluso de cada día. Las cifras son llamativas: en 1993, antes de la reforma laboral de
1994, el número de contratos temporales que se registraron fue de 4.432.547, mientras que en 1996
pasó a ser de 8.273.175, esto es, casi se había multiplicado por dos. Si tenemos en cuenta el número
de trabajadores temporales en el mercado de trabajo en enero de 1996 (3.195.900) y lo
comparamos con el número total de contratos registrados durante ese año (8.273.175), nos
encontramos con que, como promedio, por cada trabajador temporal se hicieron 2,58 contratos en
ese año. En 2006 el número de contratados temporales en el mes de enero era de 5.295.900 y en
ese año se hicieron 16.349.527 contratos, por lo que el promedio de contratos pasó a ser de 3,08 por
cada trabajador y año. Como vemos la tendencia ha sido a la disminución del tiempo de duración de
los contratos temporales, conforme se extienden estas técnicas de gestión del trabajo “just in time”.
En contraste, el número de contratos realizados al año por cada trabajador fijo fue de 0,057 en 1996
(6.227.900 trabajadores y 354.372 contratos) y de 0,20 en 2006 (10.593.000 trabajadores y
2.177.245 contratos). Es llamativo que ese índice entre los trabajadores fijos se ha multiplicado por
cuatro en esos diez años, lo que revela que también en los contratos fijos se ha incrementado la
rotación de contratos, lo que merecería un estudio detallado, puesto que es indicativo de una mayor
precariedad.
El año 1997, con los dos importantes acuerdos (Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad en el Empleo
–AIEE- y el Acuerdo Interconfederal sobre Negociación Colectiva –AINC-, sienta las bases socio-
laborales del nuevo marco en el cual se va a ordenar los mercados de trabajo. Esta Reforma alcanza un
consenso total entre los actores sociales y políticos, gobierno, empresarios y sindicatos. Consenso sobre
el diagnóstico y consenso sobre las medidas a adoptar.
La Reforma de 1997 incide directamente en dos factores –productividad y competitividad- y se
adoptan medidas para estimular la contratación indefinida, surgiendo un modelo distinto de gestión de las
capacidades de la mano de obra (la utilización por parte del capital de las capacidades que l@s
trabajador@s alquilan cuando entran, permanecen y salen de los mercados de trabajo), con un doble
objetivo: por una parte posibilitar un cambio en la competitividad de las empresas (introducirse en los
mercados de demanda de alto valor añadido) y, por otra, asegurar un nivel de demanda doméstica que
garantice niveles de crecimiento económico rentables para la inversión del capital.
La Reforma Laboral de 2010, Ley 35/2010, en lo referente a la negociación colectiva, se centra en la
facilidad normativa para el empresario, para modificar condiciones de trabajo contractualmente
acordadas: movilidad funcional y geográfica, jornada de trabajo, distribución irregular del tiempo de
trabajo y horario, régimen de trabajo a turnos, sistemas de remuneración, sistemas de trabajo y
rendimiento, dotando del mismo procedimiento modificativo que en los despidos por causas económicas,
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técnicas y productivas, impulsando de esta manera la flexibilidad interna en la gestión de la mano de
obra. Flexibilidad unilateral y no cogestionada.
Modificación Sustancial de Condiciones de Trabajo (MSCT) en la Ley 35/2010 de Reforma del
Mercado de Trabajo y RDL 7/2011 de Reforma Negociación Colectiva.
Tanto la Ley, como el RDL, cierran el círculo de la flexibilidad como modelo de gestión empresarial,
otorgando de esta manera una disponibilidad cuasi absoluta al empresario para imponer condiciones de
trabajo diferentes a las pactadas en los convenios.
Se facilita los descuelgues empresariales del convenio, cláusulas de inaplicabilidad salarial, permitiendo
que en aquellas empresas donde no exista Representación de los Trabajadores, estos puedan delegar en
una comisión elegida “ad hoc” entre los sindicatos más representativos del sector y también aparece la
figura del arbitraje –siempre que así lo acuerden las partes- en la resolución del conflicto, teniendo su
decisión la misma eficacia que lo pactado en un convenio colectivo.
Especial mención requieren la MSCT y su articulación legal tanto en la Ley como en el RDL. El primer
lugar tenemos que hablar de las causas. La Ley 35/2010 ha mantenido las mismas causas, económicas,
técnicas, organizativas o de producción, que ya venían tasadas, pero por el contrario, ha ampliado su
utilización o disponibilidad de justificación empresarial en tanto en cuanto, dichas causas concurrirán “no
sólo cuando las medidas propuestas mejoren la situación actual de la empresa, sino también las
perspectivas de la misma, así como cuando contribuyan a prevenir una evolución negativa de la
empresa” (Ferran Camas Roda – catedrático de derecho del trabajo y de seguridad social de la
Universidad de Granada).
Nos encontramos, pues, que estas medidas podrán aplicarse en cualquier tipo de empresa, bien con
dificultades por causas económicas, bien para una mejor adecuación de los recursos en aras a mantener
un grado de competitividad en el mercado en que opera, bien en empresas en expansión, pues el
mecanismo empleado (MSCT) es más de adaptabilidad que de ruptura, ante las distintas circunstancias
económicas y productivas en las cuales se desenvuelve la empresa y su devenir.
La utilización de este mecanismo sigue requiriendo y, por lo tanto le es exigible, el control de la
razonabilidad de la decisión empresarial, la adecuación al fin perseguido, así como la prueba de la
proporcionalidad de la afectación, es decir los efectos, en las condiciones de trabajo que aquella
provoca al respecto de las motivaciones esgrimidas. (Citamos la STS de 17 de mayo 2005, la cual
hace un estudio del distinto alcance de las medidas propuestas, así como del contenido de las causas o
razones justificativas).
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En cuanto a la regulación del procedimiento a seguir prevista en el artículo 41.4 del ET, en las causas
colectivas, no así en las individuales y plurales, se requiere un período de consultas con los
Representantes Legales de los Trabajadores, el cual tendrá un período de duración no superior a 15
días. El RDL 7/2011 de reforma de Negociación Colectiva, en su artículo 6 relativo a la Flexibilidad interna
negociada, introduce un nuevo párrafo en el artículo 41.4, por el cual, dice que la representación
durante el periodo de consultas, corresponde a las secciones sindicales “cuando éstas así lo
acuerden, siempre que sumen la mayoría de los miembros del comité de empresa o entre los delegados
de personal”.
La otra modificación importante llevada a efecto en este mismo artículo, se refiere al apartado 6 del
artículo 41, cuando señala que en caso de desacuerdo durante el período de consultas, cualquiera
de las partes podrá someter la discrepancia a la Comisión paritaria del convenio, que dispondrá
de un plazo máximo de 7 días para pronunciarse. Cuando la comisión paritaria no alcanzara un
acuerdo, las partes podrán recurrir a los procedimientos acordados mediante los acuerdos
interconfederales, incluido el arbitraje.
Tanto la Ley 35/2010 (Reforma Laboral), como el RDL 7/2011 (Reforma NC), refuerza la posición
empresarial (poder empresarial) que ya le venía otorgado en tanto en cuanto a la organización del trabajo,
dotándole –aún más- de mecanismos de gestión unilateral de la mano de obra y dejando sin contenido
los “convenios colectivos” en lo referente a:
1.1 ¿A que no referimos cuando hablamos de estructura en la NC?
Es un sistema de negociación en cuanto a los ámbitos en que se negocia y las relaciones que se
establecen entre esos distintos ámbitos negociales.
Estructura centralizada es cuando la negociación predominante es la de ámbito sectorial estatal o en
ámbito amplio reserva ciertas materias que se deben negociar en ese ámbito y remite a las restantes
materias que por lo general complementan y concretan y/o desarrollar lo negociado en el ámbito amplio.
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Estructura descentralizada cuando la negociación se realiza mayoritariamente en ámbitos concretos
inferiores al amplio, o bien que el convenio de ámbito amplio, generalmente sectorial estatal, no
establezca una relación de exclusión con los restantes ámbitos.
El “Acuerdo bipartito sobre criterios básicos para la reforma de la NC” fija un ámbito amplio, la NC
sectorial o en su defecto el de Comunidad Autónoma la cual fijará una estructura de negociación en cada
sector. Es decir modelos diversos pero siempre organizados desde el convenio sectorial estatal o de
Comunidad Autónoma.
El Acuerdo en cuanto a la racionalización y articulación de los ámbitos negociales a la vista de las reglas
legales que rigen, requiere de acuerdos con las asociaciones empresariales y una amplia disciplina para
respetarlos y aplicarlos, es decir configurar convenios sectoriales estatales (o de CA) que determinen las
materias reservadas a ese ámbito y, desde luego bastantes más de las contempladas en la actual
legislación y articulen la negociación y las reglas de la concurrencia de convenios.
Se prevé incrementar la capacidad de las comisiones paritarias.
En definitiva utilizar las posibilidades que ofrece el artículo 83 ET4
y exigir la prevalencia de lo que
se puede acordar sobre las reglas del artículo 84 ET5
.
4
Artículo 83. Unidades de negociación.
1. Los convenios colectivos tendrán el ámbito de aplicación que las partes acuerden.
2. Mediante acuerdos interprofesionales o por convenios colectivos las organizaciones sindicales y asociaciones patronales más representativas, de
carácter estatal o de Comunidad Autónoma, podrán establecer la estructura de la negociación colectiva, así como fijar las reglas que han de resolver los
conflictos de concurrencia entre convenios de distinto ámbito y los principios de complementariedad de las diversas unidades de contratación, fijándose
siempre en este último supuesto las materias que no podrán ser objeto de negociación en ámbitos inferiores.
3. Dichas organizaciones de trabajadores y empresarios podrán igualmente elaborar acuerdos sobre materias concretas. Estos acuerdos, así como los
acuerdos interprofesionales a que se refiere el apartado 2 de este artículo, tendrán el tratamiento de esta Ley para los convenios colectivos.
5
Artículo 84. Concurrencia.
Un convenio colectivo, durante su vigencia, no podrá ser afectado por lo dispuesto en convenios de ámbito distinto, salvo pacto en contrario, conforme a
lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 83 y salvo lo previsto en el apartado siguiente.
En todo caso, a pesar de lo establecido en el artículo anterior, los sindicatos y las asociaciones empresariales que reúnan los requisitos de legitimación
de los artículos 87 y 88 de esta Ley podrán, en un ámbito determinado que sea superior al de empresa, negociar acuerdos o convenios que afecten a lo
dispuesto en los de ámbito superior siempre que dicha decisión obtenga el respaldo de las mayorías exigidas para constituir la comisión negociadora en
la correspondiente unidad de negociación.
En el supuesto previsto en el párrafo anterior se considerarán materias no negociables en ámbitos inferiores el período de prueba, las modalidades de
contratación, excepto en los aspectos de adaptación al ámbito de la empresa, los grupos profesionales, el régimen disciplinario y las normas mínimas en
materia de seguridad e higiene en el trabajo y movilidad geográfica.
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(Fuente El Pais – Negocios)
2. FLEXIBILIDAD INTERNA
2.1 Eficacia de los convenios y descuelgues (Ley 35/2010 de Reforma Laboral).
La eficacia jurídica de los convenios es similar a la de las normas en lo que a los contratos de trabajo
se refiere en una doble vertiente. Una, aplicación automática de su contenido a los contratos individuales
y dos, el carácter inderogable de sus cláusulas por acuerdo individual entre trabajador y empresario.
El otro aspecto de la eficacia se refiere a la eficacia personal general o erga omnes que se atribuye a
los convenios colectivos negociados siguiendo las reglas del Título III del ET, que constituye la garantía
máxima para el cumplimiento de la función uniformadora de los convenios.
Se encuentra en cuestión o de una solución satisfactoria, la relación entre los convenios de eficacia
general y los de eficacia limitada.6
6
Juristas como Fernando Valdés proponen una norma general que dijera…”Cuando un Convenio o Acuerdo Colectivo de eficacia
limitada sucede a otro de eficacia general, este último seguirá aplicándose a los trabajadores y empresarios no representados por
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2.2 Descuelgue convencional
Es un particular artilugio jurídico que se introdujo por primera vez en la Reforma Laboral de 1994 y
que ha sido recuperado en la Reforma Laboral 2010 (Ley 35/2010).
Este artilugio posibilita la sustitución de la regulación de ciertas condiciones de trabajo previstas por los
convenios colectivos de sector por otras aplicables exclusivamente a una empresa determinada, siempre
que exista acuerdo entre el empresario y los representantes de los trabajadores.
Hay que tener en cuenta que el descuelgue (actualmente) no afecta ni a la eficacia normativa ni a la
eficacia general de los convenios, es decir, el convenio no se convierte en disponible para la autonomía
individual.
Se trata de instrumento al servicio de la “adaptabilidad” de las condiciones de trabajo a las necesidades
empresariales y siempre ligadas a la situación de la Empresa (Ley 35/2010) y sus características:
salarios, turnos, sistemas de trabajo y rendimiento, etc. Es decir, se descentraliza la negociación colectiva
y la Empresa siempre que cumpla con una serie de requisitos y sea de manera temporal (máximo 3
años), adopta políticas de flexibilidad interna para salvar la “situación difícil por la que atraviesa de
manera coyuntural”.
La Reforma Laboral 2010, facilita el descuelgue salarial ya que ahora bastará con:
a) El acuerdo entre empresa y los representantes de los trabajadores.
b) Las causas exigidas por la ley, se presumen existentes cuando existe acuerdo entre empresa y
representantes de los trabajadores, de manera tal que el descuelgue sólo puede ser impugnado
por fraude, dolo, coacción o abuso de derecho.
c) La falta de representación puede ser suplida por la designación de los trabajadores de una
comisión de tres miembros, integrada por representantes de los sindicatos legitimados para
negociar el convenio colectivo o por trabajadores de la propia empresa.
El resultado de esta Reforma y de estos cambios en la Negociación Colectiva, es una total
disponibilidad a nivel de empresa de los principales contenidos de los convenios colectivos.
las partes firmantes del primero hasta que no se adopte un nuevo convenio o acuerdo de esa misma eficacia, salvo pacto individual
expreso en contra”.
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2.3 Vigencia y ultractividad de los Convenios. La administración de los convenios. Distintas
alternativas que se barajan: papel de las comisiones paritarias, sistemas de arbitraje, el deber de
negociar, instrumentos de solución extrajudicial de conflictos colectivos, la individualización de las
condiciones laborales, etc.
El modelo actual de vigencia de los convenios, artículo 86.1 ET7
, es suficientemente flexible y equilibrado
entre las partes.
La ultractividad es el aspecto más conflictivo (sobre todo por parte de la patronal) en materia de vigencia
del convenio. El artículo 86.3… “Denunciado un convenio y hasta tanto no se logre acuerdo expreso,
perderán vigencia sus cláusulas obligacionales. La vigencia del contenido normativo del convenio, una
vez concluida la duración pactada, se producirá en los términos que se hubieren establecido en el propio
convenio. En defecto de pacto se mantendrá en vigor el contenido normativo del convenio…”, garantiza
los intereses y los derechos de los trabajadores, a la vez que es una garantía del proceso de negociación.
Es la garantía de la continuidad de las relaciones laborales colectivas, dota de un suelo normativo
mínimo impidiendo la voracidad empresarial y conservando los elementos esenciales contractuales.
Estamos hablando en definitiva de un muro defensivo a la individualización de las relaciones laborales y,
eso a pesar de las prácticas sindicales y empresariales que, a través de las condiciones individuales “ad
personam” y la disponibilidad de distintas condiciones de trabajo (ultractividad) de la Reforma del 94, y las
dobles escalas salariales, han logrado instaurar un régimen de “condiciones individuales en masa” que
sustituye en la propia práctica las condiciones colectivas.
Las salidas posibles giran en el siguiente sentido: reforzar el deber genérico de negociar, reforzar el
papel de las comisiones paritarias otorgándoles capacidad normativa para negociar y no sólo para
administrar el convenio8
, y el papel de los instrumentos de solución extrajudicial de conflictos
colectivos en los bloqueos de la negociación colectiva.
3. Rentas salariales y beneficios. Los salarios y la productividad.
El pacto del Euro, contempla los procedimientos para fijar los salarios a través de la negociación
colectiva. Y así, recomienda -y en principio parece va a ser posible respetar los “acuerdos en materia
salarial alcanzado entre los estados y sus agentes sociales (empresarios y sindicatos)”-, que los
salarios deben vincularse a la productividad y dejar de estar indexados al Índice de los Precios.
Esto supone cambiar las reglas de la Negociación Colectiva, desvinculando los salarios del coste de
la vida, a la vez que se limita el nivel de centralización de los convenios colectivos y se exige una
flexibilidad interna, es decir, terminar con el poder contractual sindical en la fijación de las
condiciones de trabajo sobre jornada (tiempo de trabajo), organización de trabajo (turnos, sistemas
de retribución, etc.) y despidos.
7
Artículo 86. Vigencia.
1. Corresponde a las partes negociadoras establecer la duración de los convenios, pudiendo eventualmente pactarse distintos
períodos de vigencia para cada materia o grupo homogéneo de materias dentro del mismo convenio.
2. Salvo pacto en contrario, los convenios colectivos se prorrogarán de año en año si no mediara denuncia expresa de las partes.
3. Denunciado un convenio y hasta tanto no se logre acuerdo expreso, perderán vigencia sus cláusulas obligacionales.
La vigencia del contenido normativo del convenio, una vez concluida la duración pactada, se producirá en los términos que se
hubieren establecido en el propio convenio. En defecto de pacto se mantendrá en vigor el contenido normativo del convenio.
4. El convenio que sucede a uno anterior deroga en su integridad a este último, salvo los aspectos que expresamente se mantengan.
8
El Tribunal Supremo, hasta ahora, no reconoce el papel negociador de las comisiones paritarias en lo que se refiere a los casos de
modificación o introducción de nuevas reglas en el contenido de un convenio
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Los salarios así, estarían referenciados a la productividad y, en consecuencia, se deben eliminar las
cláusulas de garantía salarial.
La relación salarios productividad no es nada novedosa, pues desde 1980, el AMI (Acuerdo Marco
Interconfederal firmado por CEOE y UGT) ya contempla de manera prolija esta relación. Los
diferentes Acuerdos de Negociación Colectiva, vienen situando la moderación salarial, cuando no la
pérdida directa de poder adquisitivo, como una de las garantías de no disparar la inflación, a la vez
que se vuelven a hacer continúas referencias a la productividad en relación a los salarios.
Tabla subida Salarial e IPC:
Se anexa el Boletín del Gabinete Confederal de Estudios “Salarios, distribución
de la riqueza y desigualdades”__________________
La encuesta del INE sobre la estructura Salarial 2009, confirma lo evidente de la relación
salarial, que el precio de los salarios de quienes dirigen y organizan las empresas,
directivos y ejecutivos supone el 180,5% de los salarios medios en el resto de los
grupos profesionales.
La denominada “Brecha Salarial” o el reparto desigual de la “tarta” o de la riqueza social, se
observa muy bien en la variable de tipo de ocupación, siendo ésta quien más influye en el
nivel salarial, es decir en el poder contractual que tienen las personas asalariadas en el
reparto de la “tarta”, dependiendo de varios factores: tipo de puesto-cualificación,
organización sindical-contractual, etc., en definitiva, hablamos de la posición de clase en la
relación salarial.
Veámoslo en una sencilla tabla:
PUESTO 2007 2008 % 2009 % % 2007-2009
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Dirección – Gerencia
de Empresas de + de
10 trabajadores
61.661€ 60.453 € (2%) 63.150 € 4,61% 2,41%
Gerencia – Dirección
de Empresas de – de
10 trabajadores
44.110 € 38.662 € (12, 35%) 37.998 € (1,71%) (13,85%)
Profesiones
asociadas a
titulaciones de 2º y
3º ciclo universitario
34.093 € 35.505 € 4,14% 36.962 € 4,10 % 8,41%
Peones de agricultura,
pesca, construcción,
industrias y
transportes.
14.521 € 15.328 € 5,5% 15.343 € 0,9% 5,6%
Dependientes de
comercio y
asimilados
13.759 € 14.426 € 4,84% 14.909 € 3,34% 8,35%
Trabajadores NO
CUALIFICADOS en
sector servicios
11.981 e 13.573 € 13,28% 13.838 € 1,95% 15,49%
(Las cifras expresadas en € anuales, que representan la ganancia de los diferentes sujetos de la relación salarial).
Elaboración propia en base a las tablas del INE.
ANALICEMOS LA BRECHA SALARIAL o el reparto muy desigual de la
“tarta” o de la riqueza social:
1. La Brecha Salarial entre Dirección-Gerencia de Empresas y Trabajadores/as No
Cualificados, representaba en el 2007 el 514%, es decir un director-gerente,
ganaba casi 6 veces más que un trabajador/a no cualificado. En el 2008 supone el
445%, es decir casi 5 veces más y en el 2009 esta suponía el 456%.
2. La lectura que se realiza desde el Banco de España, la UE, el FMI y toda la clase
política9
, conjuntamente con la clase Empresarial (toda), es la contraria a la
realidad material de millones y millones de personas, al mostrar a la sociedad,
sobre todo a través de sus poderosos medios de incomunicación, que los
trabajadores/as han tenido incrementos salariales muy por encima del IPC y muy
por encima de los beneficios de explotación.
3. Así, miden: los incrementos salariales de la mayor parte de los asalariados
(peones, dependientes y trabajadores no cualificados), subieron en el trienio 2007-
2009 una media del 9,81%, en cambio los de los menos (Dirección Gerencia de
Empresas) sólo lo hicieron en el 2,41%10
.
9
Hay que tener en cuenta la composición de clase o diferentes posiciones que ocupan la mayor parte de
los políticos de cualquier organización política, la inmensa mayoría son o bien empresarios/as, o bien
gestores-dirección de empresas, o bien abogados, economistas, etc., por lo tanto su percepción del reparto
de la riqueza social viene determinada por su posición social o de clase.
10
Este crecimiento corresponde (más o menos) al incremento de los beneficios de explotación de las
grandes empresas industriales y financieras.
Página24
Si además analizamos la ganancia media anual por trabajador/a, el salario mediano11
y el salario más frecuente, vemos el engaño y la violencia institucional-política que
sustenta este mundo invertido o patas arriba:
 Ganancia media anual 2009 = 22.511,47 €
 Salario mediano 2009 = 18.817,89 €
 Salario más frecuente en el 2009 = 15.500 €
¿Qué significa esto, aparte de la evidente tomadura de pelo, desigualdad, poder
empresarial, explotación, etc.?, sencillamente que existen muy pocos trabajadores con
salarios muy altos, pero que influyen de manera determinante en la ganancia media anual
y en el salario mediano, cuando la cotidianeidad de la inmensa mayoría de los
asalariados/as es que sus sueldos son de mileuristas.
Los asalariados/as empleados bien con contrato fijo (11.375.000), bien con contrato
temporal (3.746.000), suman 15.121.000 a marzo 2011 según la EPA –recuérdese que los
parados/as son casi 5 millones a estas mismas fechas). Si vamos a la estructura salarial
según la Agencia Tributaria para estas mismas fechas, es decir, año 2009, nos encontramos
que:
• El número de asalariados que perciben hasta 8.820€, suponen el 9,10%, es decir,
1.523.904,2.
• El 35,90% de todos los asalariados que suponen 6.011.885, perciben 17.640€.
• El 28,15% de los asalariados, es decir 4.714.055, perciben un salario medio de
22.050€.
• Y entre la “banda” de 40.000€ a 90.000€, solamente se encuentra el 13,93% de
todos los asalariados, es decir 2.332.745,66 personas.
• Pero si afinamos más, nos encontramos que perciben más de 60.000€ un club
selecto de asalariados que suponen el 1,83%, es decir 306.455 asalariados.
El asalariado medio “sin género”, percibe anualmente 22.511,47€ brutos y si eres
asalariado hombre el salario medio bruto es de 25.001,05 €, y si eres asalariada mujer
tu salario medio bruto se queda en 19.502,02€, vamos, que las mujeres de media
perciben un 22% menos.
11
Salario mediano = el que divide al número de trabajadores en dos partes iguales, los que tienen un
salario superior y los que tienen un salario inferior.
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2007 – 2008 – 2009
Año 2009
Sueldo medio anual en 2009, por CCAA y variación respecto al año 2008:
Las diferencias o en castellano, las desigualdades, se muestran en: la escala de la
pirámide de poder, en el género y en la actividad económica.
Desde la variable actividad económica la mayor diferencia salarial o el mayor salario
medio anual lo encontramos en el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire
acondicionado con 50.536,70€ por trabajador al año en media, suponiendo esta cifra un
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124,4%% superior a la media nacional, le sigue la actividad económica financiera y de
seguros con 41.863,11€.
En el lado opuesto encontramos los Servicios: hostelería y actividades administrativas y
servicios auxiliares, con salarios medios anuales de 13.996,70€ y 15.855,38€
respectivamente, suponiendo un 37,8% y un 29,5% inferiores a la media.
Por sectores de Actividad_____________________________________________________________________________
Los salarios por tipo de contrato, es decir, los indefinidos o los temporales, nos
encontramos que los asalariados con contrato de duración determinada (temporales)
tuvieron un salario medio inferior en un 25,8% al de los asalariados medios,
mientras que los que tuvieron contrato indefinido ganaron un 6,5% más que dicho
salario:
La nacionalidad: Si eres asalariado autóctono o migrante, condiciona y determina la
desigualdad, así, aquellos trabajadores provenientes de América del Norte y de la Unión
Europea (por lo general desplazados por sus empresas multinacionales y con altas
cualificaciones), tuvieron un salario superior a la media, mientras que los trabajadores de
otras nacionalidades (extracomunitarios o de América del Sur), tuvieron unos salarios
significativamente inferiores a dicha media:
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Parece que en eso de la desigualdad hasta las matemáticas se ponen de acuerdo. Lo grave,
-aún más-, es que las desigualdades aumentaron en el ciclo alto de la economía, tanto la
nacional como la global, lo cual no hace sino mostrar nuevamente lo evidente: las clases
asalariadas cada vez pierden más poder contractual y, todo indica que estos sucede en
cualquier época del ciclo económico capitalista, bien sea de crecimiento, bien de recesión e
inclusive de depresión, con consecuencias más duras y dramáticas: el empobrecimiento
estructural de una parte de la población asalariada.
La gestión del poder ha logrado que sindicatos y partidos de izquierda, cooperen en la
producción y distribución de la riqueza, entendiendo que el conflicto social se ha disuelto
y claro, las culturas instituidas en las clases dominadas, resulta que son las mismas que las
de las clases dominantes.
No es de extrañar por tanto que nos encontremos en un momento donde el “reparto de lo
escaso” conlleve aún más competencia entre los dominados, ante la tropelía del ciclo de
desposesión de rentas salariales12
y rentas sociales: pensiones, becas, educación superior,
comedores infantiles, prestaciones de desempleo, etc.
Las cifras sólo muestran la realidad y ésta, hoy, carece de conflicto social suficiente, de
conflicto político suficiente y el cual, a su vez, es la condición necesaria para una vida
buena para todos.
Esta condición no podrá desarrollarse sobre un modelo donde sólo veamos el reparto del
pastel y ahí nos sigamos situando los asalariados. La posición será enfrente del modelo o,
simplemente no será.
12
Desde 2008, los decretos de recortes en salarios públicos (funcionarios y personal laboral), fueron
acompañados de una limitación en el gasto, sobre todo social e inversión pública (generadora de empleo)
en la AGE, a la vez que se exige para 2009, 2010, 2011 y 2012, un techo de gasto a las distintas
Administraciones Públicas, Ayuntamientos y CCAA, las cuales recortan y ahondan el ciclo de
desposesión de las clases populares: inversión pública, servicios sociales, gasto social en definitiva.
El 62% de los trabajadores y trabajadoras de las Empresas privadas 4.500.000, han visto reducido su
poder adquisitivo de manera significada en el año 2010, como consecuencia de carecer en sus convenios
de cláusulas de garantía salarial efectiva. Sus subidas salariales se han quedado en el 1,6% frente al 3%
del IPC, es decir han perdido un 1,4%. Este es no solamente un factor de empobrecimiento, sino que
muestra la pérdida de poder contractual (contrapoder obrero) de las clases asalariadas, razón que explica –
entre otras- que la Negociación Colectiva haya sido reformada por RDL y en el transcurso de su trámite
parlamentario esté siendo endurecida, a la vez que allana el camino para el empobrecimiento
generalizado de los asalariados des referenciando los incrementos salariales del coste real de la vida
(IPC) e institucionaliza el precio de la mano de obra como un coste variable.
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3.1 Los salarios como fuente de ingresos de la mayoría social y como factor de coste para los
empresarios.
La mayoría de la población activa tiene como principal y/o única fuente de ingresos, los salarios. De cada
100 personas ocupadas, 83 son trabajadores/as por cuenta ajena y 17 son por cuenta propia, y de los
ocupados, su fuente de ingresos (rentas salariales) dependen de los incrementos que se establecen y/o
negocian a través de la Negociación Colectiva.
Desde el lado empresarial, los salarios es uno de los componentes de mayor importancia en la estructura
de costes de producción y/o distribución de mercancías.
Desde la lógica del funcionamiento de una economía libre de mercado, es decir, capitalismo, la
competencia es esencial para el empresario, es decir, que sus productos sean más competitivos que los
de los otros empresarios, de ahí que la variable básica que suelen utilizar los empresarios en la estructura
de costes de producción/distribución, sean los salarios, intentando siempre depreciar su valor
(explotación), al encontrarse en una posición jurídica dominante (poder empresarial), el empresario que
no puede reducir otros costes, por ejemplo los de materias primas, proveedores, etc. Sino es desde una
buena gestión, utiliza su “fuerza” para abaratar el coste salarial.
El plan de competitividad de la UE, bajo el paraguas del Pacto del Euro, establece (recomienda) el
procedimiento de fijación salarial por medio de la NC, a la vez, los Sindicatos de la Concertación
conjuntamente con la CEOE, fijan en sus criterios de incrementos salariales por medio de la NC, la
variable de la productividad. Ambas instituciones, UE y Agentes Sociales (CEOE, CC.OO, UGT) buscan
lo mismo… un modelo de negociación salarial que tenga en cuenta a la realidad competitiva de las
empresas con la productividad aparente del trabajo como viga central del modelo…13
El Real Decreto Ley 7/2011, de 10 de junio, de medidas urgentes para la
Reforma de la Negociación Colectiva. (BOE del sábado 11 de junio de
2011)
El Real Decreto Ley 7/2011 de 10 de junio, de medidas urgentes para la Reforma de la
Negociación Colectiva, ha puesto fin a la (im)posibilidad de una Reforma negociada y, de momento
parece difícil que se pueda llevar a la práctica inmediata un cambio de reglas de juego tan drástico y, a la
vez, tan dramático para los derechos laborales de los trabajadores/as, los cuales, sencillamente, son
entregados a la disponibilidad bilateral de dos `partes, la CEOE y el “bisindicalismo” (CC.OO y UGT),
amén del mayor escora miento de la reforma hacia el poder empresarial en materias como la flexibilidad
interna negociada, el descuelgue salarial y la modificación sustancial de condiciones de trabajo.
Un RD, que por la medida de urgencia, se vuelve a sortear la constitucionalidad de esta manera de
legislar (la ley prohíbe legislar a golpe de “decretazo” a no ser que existan razones urgentes y necesarias
para poner en práctica de inmediato, lo cual no parece ser en este caso, ni mucho menos)14
, que no es
sino llevar al “derecho” o mejor la forma jurídica del derecho, lo que no es sino una práctica de hecho.
La urgencia viene determinada por las políticas del FMI, la Comisión Europea y los denominados
mercados, es decir, el capital financiero y sus Agencias de Calificación que, al igual que presionaron para
imponer el Pensionazo y la Reforma Laboral (Ley 35/2010), vuelven a exigir una mayor flexibilidad en las
13
Del documento sobre Reforma de Negociación Colectiva.
14
Como señala el profesor Baylos,…” la norma conculca de manera decidida el artículo 86 de la CE…”
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condiciones laborales internas de las empresas, una merma de los salarios y los costes laborales y, en
definitiva, debilitar hasta la inacción total, el sindicalismo y, por supuesto, el destierro del conflicto social
del marco de relaciones laborales.
Tendremos que estar atentos a esta posibilidad de inconstitucionalidad, como una manera más de
enfrentarnos a esta nueva agresión a la clase obrera. Agresión por cierto que pudiera atentar contra el
derecho fundamental a la Negociación Colectiva y, en consecuencia a la libertad sindical.
El RDL 7/2011 consta de un preámbulo muy largo, Exposición de Motivos, que trata de justificar la
necesidad de la medida (vía de urgencia) y desgrana los diferentes artículos y materias de que se
compone. Consta de 7 artículos, dos disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una
disposición derogatoria única y tres disposiciones finales.
Los artículos más significativos:
Artículo 1. Estructura de la Negociación Colectiva y concurrencia de Convenios
Lo que se modifica del apartado 2 del artículo 83, viene a resolver el tema de la concurrencia (art. 84),
entre convenios, a la vez que la ordenación de la estructura negocial, siendo esta una materia que se
sustenta a través de dos instrumentos, por una parte los acuerdos interconfederales y, por otra, los
convenios sectoriales de ámbito estatal y autonómico.
Los convenios provinciales quedan de esta forma desprotegidos frente al convenio de empresa al que
se le otorga preferencia aplicativa (salvo pacto en contrario, conforme a las reglas del 83.2) en las
materias siguientes, sobre las que se establezcan en los convenios sectoriales y son:
a) La cuantía del salario base y de los complementos salariales, incluidos los
vinculados a la situación y resultados de la empresa.
b) El abono o la compensación de las horas extraordinarias y la retribución
específica del trabajo a turnos.
c) El horario y la distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a
turnos y la planificación anual de las vacaciones.
d) La adaptación al ámbito de la empresa del sistema de clasificación
profesional de los trabajadores.
e) La adaptación de los aspectos de las modalidades de contratación que se
atribuyen por la presente Ley a los convenios de empresa.
f) Las medidas para favorecer la conciliación entre la vida laboral, familiar y
personal.
De esta manera se cierra el ciclo de la Ley 35/2010, donde el abaratamiento y el despido libre, al igual
que la flexibilización de las condiciones de trabajo, es el eje político central, otorgando al empresario todo
el poder normativo, pues la simple invocación de causa económica, productiva, organizativa y técnica
para llevar a cavo una reestructuración de los recursos, deviene en cierta e interrumpe, restringe y limita
el conflicto (huelga) como acción legítima de resistencia de los trabajadores.
Por lo tanto,
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- La capacidad para la ordenación de la negociación colectiva por medio de los Acuerdos
interprofesionales así como los convenios sectoriales estatales o autonómicos, se refuerza.
- La prioridad en muchas materias del convenio de empresa.
- Al convenio de Empresa se le equipara los convenios de grupos de empresa o de pluralidad
de empresas.
Artículo 2. Contenido y Vigencia de los Convenios Colectivos
Queda de espectáculo para “imbéciles” (parece que así somos tratados y tratadas) que nos digan en el
art.85.3 que …sin perjuicio de la libertad de contratación… los convenios colectivos habrán de expresar
como contenido mínimo lo siguiente…”, cuando ese contenido mínimo viene a ser una auténtica
“colonización” de la negociación colectiva, anulando la autonomía de las partes y de esta manera, sustituir
la misma por la “autoridad privada de la empresa o grupo de empresas”, así se establece como contenido
mínimo obligatorio:
a) Determinación de las partes que los conciertan.
b) Ámbito personal, funcional, territorial y temporal.
c) Procedimientos para solventar de manera efectiva las discrepancias que
puedan surgir en la negociación para la modificación sustancial de condiciones
de trabajo establecidas en los convenios colectivos de conformidad con lo
establecido en el artículo 41.6 y para la no aplicación del régimen salarial a que
se refiere el artículo 82.3, (los subrayado son nuestros) adaptando, en su caso, los
procedimientos que se establezcan a este respecto en los acuerdos
interprofesionales de ámbito estatal o autonómico conforme a lo dispuesto en
tales artículos.
d) Forma y condiciones de denuncia del convenio, así como plazo mínimo
para dicha denuncia antes de finalizar su vigencia. Salvo pacto en contrario, el
plazo mínimo para la denuncia de los convenios colectivos será de tres meses
antes de finalizar su vigencia.
e) Plazo máximo para el inicio de la negociación de un nuevo convenio una
vez denunciado el anterior. Salvo pacto en contrario, dicho plazo máximo será el
establecido en el artículo 89.2.
f) Plazo máximo para la negociación de un nuevo convenio que se
determinará en función de la duración de la vigencia del convenio anterior. Salvo
pacto en contrario, este plazo será de ocho meses cuando la vigencia del
convenio anterior hubiese sido inferior a dos años o de catorce meses en los
restantes convenios, a contar desde la fecha de pérdida de su vigencia.
g) La adhesión y el sometimiento a los procedimientos establecidos mediante
los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico previstos en el
artículo 83 para solventar de manera efectiva las discrepancias existentes tras el
transcurso del plazo máximo de negociación sin alcanzarse un acuerdo, siempre
que éstos no fueran de aplicación directa.
h) Designación de una comisión paritaria de la representación de las partes
negociadoras para entender de aquellas cuestiones establecidas en la ley y de
cuantas otras le sean atribuidas, en particular las siguientes:
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1.º Los términos y condiciones para el conocimiento y resolución de las
cuestiones en materia de aplicación e interpretación de los convenios colectivos
de acuerdo con lo establecido en el artículo 91.
2.º El desarrollo de funciones de adaptación o, en su caso, modificación del
convenio durante su vigencia. En este caso, deberá incorporarse a la comisión
paritaria la totalidad de los sujetos legitimados para la negociación, aunque no
hayan sido firmantes del convenio, siendo exigible la concurrencia de los
requisitos de legitimación previstos en los artículos 87 y 88 de esta Ley para que
los acuerdos de modificación posean eficacia general.
3.º Los términos y condiciones para el conocimiento y resolución de las
discrepancias tras la finalización del periodo de consultas en materia de
modificación sustancial de condiciones de trabajo o inaplicación del régimen
salarial de los convenios colectivos, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 41.6 y 82.3, respectivamente.
4.º La intervención que se acuerde en los supuestos de modificación
sustancial de condiciones de trabajo o inaplicación del régimen salarial de los
convenios colectivos, cuando no exista representación legal de los trabajadores
en la empresa.
Se otorga a las Comisiones paritarias de los convenios, no solo capacidad interpretativa sino
aplicativa, es decir, pasan a ser Comisiones Negociadoras, cosa que hasta ahora venía prohibido por
nuestra Jusrisprudencia.
Esta Comisión paritaria estará compuesta por todos los legitimados para negociar, es decir, todos los
miembros pertenecientes a la Comisión Negociadora, sean o no firmantes del convenio.
Se deben pactar Procedimientos de aplicación general para solucionar las discrepancias, los
cuales, una vez pactados, contemplarán mecanismos de resolución de conflictos ante el no
acuerdo en la negociación del Convenio y el dictamen de los árbitros, será un laudo de obligado
cumplimiento y con eficacia normativa de convenio.
Esta posición política autoritaria, amén de inconstitucional (los laudos vienen siendo prohibidos por el TC
desde 1981, razonando que se invalida y se vulnera el derecho fundamental a la huelga, ante el conflicto
necesario entre los intereses del capital y el trabajo), sólo tiene un sentido, la gobernabilidad única de la
empresa desde el sujeto empresario, y el anulamiento del contrapoder obrero.
Nos encontramos pues, en un nuevo capítulo del mayor ataque conocido en el período democrático
reciente contra los derechos laborales.
El gobierno actúa a base de decretos-ley pasando por encima del derecho a la negociación Colectiva, la
libertad sindical y los derechos laborales y sociales, demostrando su desprecio absoluto por las reglas de
juego de la democracia y colocando a los trabajadores en situaciones límite, ante una manera de actuar
autoritaria y salvaje.
Los convenios se denuncian 3 meses a la fecha del vencimiento, al mes se debe constituir la
Comisión Negociadora, la parte receptora de la denuncia en este plazo debe contestar por escrito
y de manera motivada, establecer un calendario de negociación y se cuenta con 8 o 14 meses para
llegar a un acuerdo.
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¿Qué sucede en caso de No Acuerdo?, pues, sencillamente que entra en funcionamiento los
procedimientos pactados de Resolución de Discrepancias: árbitro, laudo y eficacia general y de obligado
cumplimiento.
En defecto de pacto, en el caso de superado el periodo máximo de negociación (8 o 14 meses) y no
existir acuerdo y las partes del convenio no se hubieran sometido a los procedimientos de discrepancias o
éstos no hubieran solucionado las discrepancias, el convenio no decae y sigue vigente (como hasta
ahora).
Lo verdaderamente grave, además de contradictorio y, posiblemente anticonstitucional y, además de
imposibilidad de llevarse a la práctica de no existir acuerdos interconfederales entre la CEOE-CEPYME y
CC.OO y UGT-, lo encontramos en la Disposición Adicional primera, cuando habla de la “transitoriedad”
del arbitraje obligatorio y así establece:
Disposición adicional primera. Procedimientos no judiciales.
1 Sin perjuicio de la autonomía colectiva, las organizaciones empresariales y sindicales
más representativas en el ámbito estatal y de Comunidad Autónoma adoptarán antes
del 30 de junio de 2012 las iniciativas que correspondan para la adaptación de los
procedimientos no judiciales de solución de conflictos establecidos mediante los
acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico previstos en el artículo 83
del Estatuto de los Trabajadores a las previsiones contenidas en este real decreto-ley.
4. Hasta tanto los acuerdos interprofesionales a que se refiere el apartado anterior
establezcan los procedimientos previstos en el artículo 86.3 del Estatuto de los
Trabajadores, según la redacción dada al mismo por este real decreto-ley, en caso de
imposibilidad de acuerdo en el seno de la comisión negociadora y transcurrido el plazo
máximo de negociación de los convenios colectivos, las partes se someterán a un
procedimiento de arbitraje.
Sobre la inclusión de un Arbitraje obligatorio una vez que se agota la duración de la
Negociación Colectiva:
Agotado el proceso negociador, el RDL recoge de manera expresa la solución de las
controversias surgidas por medio de un arbitraje. ¿Cómo se fija el arbitraje?
- El compromiso de acudir a un arbitraje le corresponde fijarlo a los Convenios
Interprofesionales (Según el art. 86.3 …”mediante los acuerdos interprofesionales de
ámbito estatal o autonómico, se deberán establecer procedimientos de aplicación
general y directa para solventar de manera efectiva las discrepancias existentes…
incluido el compromiso previo de someter las discrepancias a un arbitraje…en cuyo
caso el laudo arbitral tendrá la misma eficacia jurídica que los convenios…”
- De no existir acuerdo interprofesional que contemple el arbitraje, hemos de estar
que, en principio, no opera el mismo con carácter obligatorio. Decimos en principio,
pues la Disposición Adicional primera, cabe plantearse si nos encontramos ante un
arbitraje obligatorio ex lege.
-
Artículo 3. Legitimación para la Negociación de los Convenios Colectivos
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Legitimación para Negociar: (Artículo 87 ET): Son las Secciones Sindicales quienes tienen prioridad,
siempre que así se acuerde por éstas y sumen la mayoría de los representantes de los trabajadores del
ámbito de que estemos hablando (empresa, grupo de empresas, sector, comunidad autónoma, estatal),
para negociar.
La composición de la Comisión Negociadora será no más de 15 miembros en los convenios sectoriales y
no más de 13 miembros en el resto.
Artículo 6.Flexibilidad Interna Negociada.
Disposición de un 5% sobre la jornada (jornada irregular) a falta de pacto, suponiendo en la práctica la
implatación unilateral de la jornada irregular sin acuerdo o pacto o convenio colectivo.
Todo lo relativo a los artículos 40.2 (Movilidad geográfica), 41.4 (Modificación Sustancial de Condiciones
de Trabajo: horario y distribución del tiempo de trabajo, régimen de trabajo a turnos, sistemas de
remuneración, sistemas de trabajo y rendimiento, funciones cuando excedan de los límites que para la
movilidad función al establece el artículo 39.1 ET) y 51, e inaplicación de las cláusulas salariales, en lo
relativo al período de consultas, es decir la negociación –cosa que hasta ahora se hacía con la
comisión negociadora-, bien de las modificaciones de condiciones de trabajo, bien en expedientes
de regulación de empleo extintivos/suspensivos, serán las secciones sindicales quien negocien,
siempre que sumen la mayoría de los representantes y así lo acuerden.
La conclusión es obvia, al igual que en la política existe el “bi partidismos” y en consecuencia una falsa
democracia representativa, se instaura por Decreto el “BI SINDICALISMO de CC.OO y UGT”, asistimos a
un intento serio y fuerte de la “anulación” legal del sindicalismo alternativo.
En los casos de desacuerdo en modificación sustancial de condiciones de trabajo (41.6), entra la
Comisión Paritaria, ésta, en 7 días tiene que emitir dictamen de acuerdo o desacuerdo y en este último
caso, entrarían los procedimientos de resolución de discrepancias con arbitraje y de aplicación general y
directa. La vigencia de dichas modificaciones no podrá ser superior a la vigencia del convenio colectivo en
vigor.
Síntesis:
 Se rompen las reglas de juego de la “democracia industrial”, desregulando las
condiciones laborales y, en consecuencia precarizando los derechos laborales, a la
vez que deja la NC en “cosa de dos”.
 Se elimina la capacidad negociadora de los Comités de Empresa.
 Se prioriza los convenios estatales (estructura de la negociación colectiva) sobre
los provinciales, siendo las cúpulas estatales confederales, quienes conjuntamente
con las cúpulas de la CEOE marcarán las nuevas reglas de juego: procedimientos de
discrepancias.
 Se deja en su mínima expresión el poder obrero, la democracia directa, al convertir
la negociación colectiva en una cosa de dos (CC.OO y UGT). Las decisiones son
externas al trabajador, a la democracia real. Se externaliza la decisión y se entrega
a las “instituciones patronales y sindicales”.
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 El sindicalismo pierde casi todo su poder negociador, es decir se debilita la
capacidad contractual del sindicalismo.
 Se han cambiado las reglas de juego para que los trabajadores/as, sean meras
mercancías disponibles en función de la demanda, de la posición competitiva de las
empresas y del beneficio empresarial.
Qué PENSAMOS, DECIMOS desde CGT y cómo ACTUAMOS
Nos encontramos desde hace ya casi tres años, con auténticos “Golpe del Estado y sus “mercados” a los
derechos laborales, sociales y a las libertades, es decir, ante la “rebelión de los privilegiados, de los ricos
y de los poderosos, contra millones y millones de personas obreras, asalariadas.
En los dos años y medio transcurridos de la “gran crisis”, el Gobierno y los partidos del arco
parlamentario, han consentido que los mercados privados y sus dueños, empresarios industriales, de
servicios y financieros, hayan destruido más de 2,4 millones de puestos de trabajo.
Han consentido que la libertad de despido para el capital sea absoluta y han creado una realidad de
tragedia y drama para más de 5 millones de personas paradas, de las cuales más 1,3 millones carecen
de cualquier prestación de desempleo.
Se ha permitido la más absoluta impunidad de los empresarios, en el empobrecimiento de las
personas asalariadas y pensionistas, encontrándonos con una población de más de 11,5 millones de
personas las cuales no llegan a percibir los 1.000 euros al mes.
Se ha financiado y/o avalado más de 300.000 millones de euros al sistema financiero para “sanear” sus
fraudes y tropelías cometidos sobre los créditos inmobiliarios –fundamentalmente- y los “fondos de alto
riesgo”, a la vez que durante los últimos 15 años de “crecimiento loco irresponsable e insostenible” se ha
fomentado un nivel de consumo enloquecido, generando una deuda empresarial y familiar de tal calibre
(2/3 del total de la deuda 1,3 billones de euros), que resulta poco fiable el pago de dicha deuda para los
inversores que la tienen apalancada.
Se han roto las bases sociales de cohesión de la sociedad, empobreciendo y precarizando a la mayoría y
aumentando exponencialmente la desigualdad social. Se ha instaurado un “régimen de injusticia social”.
Empresarios, Gobiernos y Sindicatos mayoritarios, han construido, consentido e implantado todas las
políticas económicas y sociales, basadas en la reducción del precio del trabajo, la pérdida de derechos
laborales y libertades sindicales y sociales, basando, unos y otros, nuestras condiciones de empleo, de
pensión, de vivienda, de transporte, de alimentación, en el “crecimiento y crecimiento de la economía”.
Cuando el sistema “ha reventado” por insostenible social y productivamente, Empresarios y Gobiernos
(todos los gobiernos del mundo), a la vez que partidos (todos) parlamentarios, en vez de actuar sobre las
causas que han originado este “batacazo”, cambiando de verdad y radicalmente de modelo de
producción, de distribución y consumo y hacer sostenible la vida en este planeta, vuelven a “echar más
madera” a esta hoguera de las vanidades y, asalariados, pensionistas, migrantes, jóvenes y mujeres,
somos “sacrificados” en el “altar del sacrosanto mercado”. Ahora toca Políticas de Ajuste y Austeridad,
para la inmensa mayoría social.
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Las políticas de ajuste y reducción del gasto, no son nada nuevas en estas sociedades de “economía
globalizada”, lo novedoso se encuentra en su extensión e implantación global y, claro, desde los inicios
del siglo XXI, esas políticas criminales y suicidas –a la vez-, se aplican a estados y naciones del mundo
“desarrollado y rico”, Europa, toda Europa, ha variado su papel de ejecutor y espectador de dichas
políticas en los países del sur y se ha convertido en “víctima” de las mismas. Pero no todas las personas
sufren dichas políticas de la misma manera.
Los tecnócratas de los organismos de poder de Europa: parlamentarios, gobiernos, Comisión Europea,
Consejo Europeo, Banco Central Europeo, los “lobbys” de las multinacionales y sistemas financieros
privados, asentados en Bruselas o en la “Citi de Londrés”, miden las consecuencias de sus políticas de
ajuste y reducción de gastos en cientos de millones de euros arriba o abajo, pero sus mansiones, coches,
restaurantes, tiendas en las “millas de oro” de las grandes urbes, etc. se “blinda y protegen” cada vez
más.
Los obreros de Alsacia, de Atenas, de Oporto, de París, Barcelona, Birbigham…, los ciudadanos de a pie
de cualquiera de estos pueblos europeos que dependen de una pensión, de un empleo, de una
prestación por maternidad, de una sanidad “publica”… los jóvenes que proyectan un “futuro” y deambulan
parados por los barrios obreros de París, de Madrid, de Bucarest, etc., etc., ven como sus casas, sus
pensiones, sus empleos, su vida, se deteriora hasta el punto de “desaparecer” cualquier concepto de
decencia o de dignidad de esa vida.
Las personas asalariadas con salarios de menos de 1.000 euros al mes, los pensionistas con pensiones
que en un 75% no llegan ni siquiera al salario mínimo, los jóvenes a quienes se les ha robado y privado
de un futuro, la mano de obra migrante tratada como mercancía de usar y tirar, las mujeres que siguen
siendo ninguneadas en sus trabajos productivos y en los trabajos reproductivos, la inmensa mayoría
social engañada y robada en sus derechos sociales, en su educación, en su salud y en su libertad para
exigir responsabilidades a quienes durante más de 40 años cometieron genocidio… tenemos que decir
BASTA y salir a la CALLE a miles, a cientos de miles.
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Conflicto de leyes en el tiempo y en el espacio
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Reforma NC: salarios, flexibilidad y derechos

  • 1. Página24 La Reforma de la Negociación Colectiva: salarios, flexibilidad, productividad y derechos de participación. I. Reforma de la Negociación Colectiva: Título III de la Ley 8/80 Estatuto de los Trabajadores. I. Introducción: a. Primeros cambios serios en la Negociación Colectiva II. Estructura y articulación de la Negociación Colectiva: situando el debate, ¿centralización o descentralización?: a. Reforma Laboral de 1994, La Reforma de 1997, La Reforma de 2010 y su incidencia en la Negociación Colectiva. b. ¿A que no referimos cuando hablamos de estructura en la NC? c. Tablas: Convenios y Trabajadores/as. II. FLEXIBILIDAD INTERNA: i. Modificación Sustancial de Condiciones de Trabajo (MSCT) en la Ley 35/2010 de Reforma del Mercado de Trabajo y RDL 7/2011 de Reforma Negociación Colectiva. ii. Eficacia de los convenios y descuelgues, Ley 35/2010 de Reforma Laboral y RDL 7/2011 de Reforma de Negociación Colectiva. iii. Vigencia y ultractividad de los Convenios. La administración de los convenios. Distintas alternativas que se han legislado: papel de las comisiones paritarias, sistemas de arbitraje, el deber de negociar, instrumentos de solución extrajudicial de conflictos colectivos -Procedimientos de Discrepancias-, la individualización de las condiciones laborales, etc. iv. Rentas salariales y beneficios. Los salarios y la productividad. El Pacto del Euro:
  • 2. Página24 1. Los salarios como fuente de ingresos de la mayoría social y como factor de coste para los empresarios. 2. Los costes Laborales: salarios, cotizaciones sociales, indemnizaciones, subvenciones y deducciones. El reparto de la tarta y la NC como contrapoder. III. El Real Decreto Ley 7/2011, de 10 de junio, de medidas urgentes para la Reforma de la Negociación Colectiva. (BOE del sábado 11 de junio de 2011). i. Artículo 1. Estructura de la Negociación Colectiva y concurrencia de Convenios. ii. Artículo 2. Contenido y Vigencia de los Convenios Colectivos. iii. Disposición adicional primera. Procedimientos no judiciales. iv. Artículo 3. Legitimación para la Negociación de los Convenios Colectivos. v. Artículo 6.Flexibilidad Interna ¿Negociada?: MSCT. vi. Casos prácticos de IBERDROLA, TELEFONICA, otras. IV. La CGT ante la Negociación Colectiva.
  • 3. Página24 Introducción La Negociación Colectiva, es un instrumento de reparto de poder. Dicho de otra forma, el sindicato debe asumir una posición de contrapoder respecto al empresariado, bien privado, bien público.
  • 4. Página24 Una mirada rápida de la Negociación Colectiva, ahora que se ha reformado, debe comprender desde el año 80 (Estatuto de los Trabajadores) hasta los tiempos de la flexibilidad y la competitividad, siglo XXI, y, al menos, tenemos que ver de forma crítica, si el “poder obrero” ha aumentado o por el contrario, sus reivindicaciones, medidas en términos de intereses: rentas salariales, tiempo de trabajo, mayor o menores cuotas de igualdad, destierro de discriminaciones, cualificaciones, salud…, han ido decreciendo y disminuyendo. Y, también, debemos contemplar si esas reivindicaciones obreras, han sido capaces de ordenar el entramado contractual, desde los derechos, es decir desde los valores democráticos y obreros, como la democracia directa (asambleas), poder de decisión de las personas salariadas y la autonomía obrera. La posición objetiva del “sujeto sindicato” en nuestro sistema de relaciones laborales y más específicamente en el papel que la carta Magna otorga a la Negociación Colectiva1 y en consecuencia a sus representantes –sindicatos-, considera un derecho fundamental la misma, al igual que la libertad sindical, luego en consecuencia es un papel esencial y fundamental. Asistimos al cuestionamiento del papel de la negociación colectiva y de la legitimación de los sujetos intervinientes. Cuestionamiento que obedece a distintos factores. Unos, endógenos: perversión de los objetivos y fines en base a componendas y esquemas de colaboración, y, otros, exógenos: la concertación social y las políticas de consenso que hacen desaparecer en la práctica el conflicto, comportándose los sindicatos como agentes sociales, funcionales a la economía o lo que es lo mismo, al beneficio empresarial, construyendo una determinada cultura, cada vez más alejada de una ética de justicia social y sin poner en cuestión el sistema capitalista, o sus lógicas en cada coyuntura social e histórica. La contradicción entre el deber ser (sujeto de contrapoder) y el ser (funcionales a la economía y a la tasa de ganancia del capital), pervierte el doble objetivo permanente en la negociación colectiva: la mejora de las condiciones de trabajo y el reparto de poder. La negociación colectiva ha mutado su papel destacado ligada a la acción sindical, es decir al conflicto, hasta convertir su papel en “un amplio favor legislativo” donde el poder económico (y el político) entienden que el convenio colectivo en un sentido amplio es “un instrumento de gobernabilidad…preferible al legislativo” (U.Romagnoli 2008). Desde la desregulación laboral de la década de los 90 (abandono legislativo de los derechos necesarios), el empresariado entiende que la “autonomía de las partes”, les permite introducir mayores cuotas de flexibilización de las condiciones de trabajo y por lo tanto de la organización del trabajo, adaptando la mano de obra en función de sus intereses. Esta retirada –estratégica- de la norma legal (derechos mínimos, derecho necesario, en salario, tiempo de trabajo, complementos salariales, cualificaciones, etc.), instaura el convenio como “instrumento de gobernabilidad”, y, los sindicatos se transforman en disciplinadores de la mano de obra, permitiendo el actual estado de cosas: la precarización integral de las condiciones de trabajo y la “dictadura contractual”2 del empresario, siendo su cara contraria, la pérdida de poder obrero o la ausencia de contrapoder. Primeros cambios serios en la Negociación Colectiva 1 Constitución Española 1978, artículo 37.1 “La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva entre los representantes de los trabajadores y las empresas, así como la fuerza vinculante de los convenios” 2 Perez Rey
  • 5. Página24 1. Estructura y articulación de la Negociación Colectiva: situando el debate, ¿centralización o descentralización? El sistema de negociación colectiva (legitimación para negociar) constituido en el Título III del ET del 80, es una traslación del Acuerdo Básico Interconfederal de 10 de junio de 1979 (ABI/79) y el Acuerdo Marco Interconfederal de 5 de enero de 1980 (AMI/80), suscritos exclusivamente por la CEOE y la UGT. El legislador hace una opción política determinada e instaura un sistema de relaciones laborales basado en un modelo centralizado y selectivo de representaciones profesionales (Martín Valverde). Es decir, de origen se consolida lo que ya anunciaba el AMI/1980…” sólo es posible pactar con quien representa a la mayoría y esté en condiciones de hacer cumplir los pactado en las distintas unidades de producción afectadas por el Convenio respectivo”: La democracia directa o lo decidido por Asambleas o Consultas directas (referéndums), carecen de fuerza legitimadora, en primer lugar y, en segundo lugar, se constituye el papel disciplinador del sindicato, sólo tiene capacidad de negociar y legitimidad para ello, quien …”esté en condiciones de hacer cumplir lo pactado…” Este sistema se asienta en tres principios básicos: - La naturaleza normativa de los convenios colectivos, lo que significa que las condiciones colectivas pactadas obligan automáticamente a los contratos individuales. - La eficacia general de los convenios. - La ultractividad o prórroga automática del contenido normativo de los convenios. Principios que la Reforma Laboral de 1994, modifica en la regulación de la negociación colectiva, abriendo la posibilidad de “derogar” algunos de estos principios. Así, se abre la posibilidad de cargarse la “ultractividad de los convenios”, pues se aumenta la competencia de los convenios colectivos y permite modificar regulaciones legales: periodo de prueba, duración de los contratos para la formación o eventuales y el límite para la jornada diaria. Y en línea con la necesidades “flesibilizadoras” de los empresarios, éstos consiguen que a través del mecanismo de negociación colectiva, materias esenciales anteriormente reguladas por Ley (derecho necesario), se desregularizan y la autonomía de las partes puede “negociar” la estructura salarial, la remuneración del tiempo extra-jornada (horas extras), la clasificación profesional, la distribución irregular de la jornada de trabajo en cómputo anual, la movilidad funcional y geográfica de los trabajadores y el plus de antigüedad. El campo competencial de la negociación colectiva, se abre a los nuevos sistemas de gestión de la mano de obra, a la desregularización de los derechos laborales y a gestionar el trabajo como un coste variable3 . Se favorece la descentralización de la negociación colectiva y así, convenios de empresa, pueden ser modificados por convenios de ámbito superior en determinadas condiciones, a excepción de aquellas materias que fija el artículo 84 del ET, que en concreto son el período de prueba, las modalidades de contratación con excepción de los aspectos de adaptación al ámbito de la empresa, los grupos profesionales, el régimen disciplinario y las normas mínimas en seguridad e higiene y la movilidad geográfica. Se abre, así mismo, la posibilidad de regular las cláusulas de “inaplicación o descuelgue salarial”, lo que supone exceptuar en la práctica en materia salarial la eficacia general de los convenios colectivos. 3 El empresario considera que sólo pagará aquel trabajo necesario, cuando lo requiera sus necesidades productivas y por el tiempo necesario que requiera la producción y realización de sus productos. Es decir, el trabajo es mercancía pura.
  • 6. Página24 Los convenios colectivos, introducen la contratación temporal, como la manera “normal y habitual” del trabajo y la aceptación sindical del trabajo como “coste variable”. Citamos al Magistrado Parada A partir de la reforma laboral de 1994 se produjo una modificación en el uso de la contratación temporal. El contrato temporal se vino a utilizar también para dar cobertura a la contratación “a llamada” o “justo a tiempo”, formalizando contratos de muy corta duración para que la empresa pague únicamente las horas trabajadas y se eviten tiempos muertos. La contratación temporal no solamente se usa para abaratar el coste de un posible despido, sino también y de forma muy importante para reducir costes laborales y ajustar la plantilla a las necesidades productivas de cada semana o incluso de cada día. Las cifras son llamativas: en 1993, antes de la reforma laboral de 1994, el número de contratos temporales que se registraron fue de 4.432.547, mientras que en 1996 pasó a ser de 8.273.175, esto es, casi se había multiplicado por dos. Si tenemos en cuenta el número de trabajadores temporales en el mercado de trabajo en enero de 1996 (3.195.900) y lo comparamos con el número total de contratos registrados durante ese año (8.273.175), nos encontramos con que, como promedio, por cada trabajador temporal se hicieron 2,58 contratos en ese año. En 2006 el número de contratados temporales en el mes de enero era de 5.295.900 y en ese año se hicieron 16.349.527 contratos, por lo que el promedio de contratos pasó a ser de 3,08 por cada trabajador y año. Como vemos la tendencia ha sido a la disminución del tiempo de duración de los contratos temporales, conforme se extienden estas técnicas de gestión del trabajo “just in time”. En contraste, el número de contratos realizados al año por cada trabajador fijo fue de 0,057 en 1996 (6.227.900 trabajadores y 354.372 contratos) y de 0,20 en 2006 (10.593.000 trabajadores y 2.177.245 contratos). Es llamativo que ese índice entre los trabajadores fijos se ha multiplicado por cuatro en esos diez años, lo que revela que también en los contratos fijos se ha incrementado la rotación de contratos, lo que merecería un estudio detallado, puesto que es indicativo de una mayor precariedad. El año 1997, con los dos importantes acuerdos (Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad en el Empleo –AIEE- y el Acuerdo Interconfederal sobre Negociación Colectiva –AINC-, sienta las bases socio- laborales del nuevo marco en el cual se va a ordenar los mercados de trabajo. Esta Reforma alcanza un consenso total entre los actores sociales y políticos, gobierno, empresarios y sindicatos. Consenso sobre el diagnóstico y consenso sobre las medidas a adoptar. La Reforma de 1997 incide directamente en dos factores –productividad y competitividad- y se adoptan medidas para estimular la contratación indefinida, surgiendo un modelo distinto de gestión de las capacidades de la mano de obra (la utilización por parte del capital de las capacidades que l@s trabajador@s alquilan cuando entran, permanecen y salen de los mercados de trabajo), con un doble objetivo: por una parte posibilitar un cambio en la competitividad de las empresas (introducirse en los mercados de demanda de alto valor añadido) y, por otra, asegurar un nivel de demanda doméstica que garantice niveles de crecimiento económico rentables para la inversión del capital. La Reforma Laboral de 2010, Ley 35/2010, en lo referente a la negociación colectiva, se centra en la facilidad normativa para el empresario, para modificar condiciones de trabajo contractualmente acordadas: movilidad funcional y geográfica, jornada de trabajo, distribución irregular del tiempo de trabajo y horario, régimen de trabajo a turnos, sistemas de remuneración, sistemas de trabajo y rendimiento, dotando del mismo procedimiento modificativo que en los despidos por causas económicas,
  • 7. Página24 técnicas y productivas, impulsando de esta manera la flexibilidad interna en la gestión de la mano de obra. Flexibilidad unilateral y no cogestionada. Modificación Sustancial de Condiciones de Trabajo (MSCT) en la Ley 35/2010 de Reforma del Mercado de Trabajo y RDL 7/2011 de Reforma Negociación Colectiva. Tanto la Ley, como el RDL, cierran el círculo de la flexibilidad como modelo de gestión empresarial, otorgando de esta manera una disponibilidad cuasi absoluta al empresario para imponer condiciones de trabajo diferentes a las pactadas en los convenios. Se facilita los descuelgues empresariales del convenio, cláusulas de inaplicabilidad salarial, permitiendo que en aquellas empresas donde no exista Representación de los Trabajadores, estos puedan delegar en una comisión elegida “ad hoc” entre los sindicatos más representativos del sector y también aparece la figura del arbitraje –siempre que así lo acuerden las partes- en la resolución del conflicto, teniendo su decisión la misma eficacia que lo pactado en un convenio colectivo. Especial mención requieren la MSCT y su articulación legal tanto en la Ley como en el RDL. El primer lugar tenemos que hablar de las causas. La Ley 35/2010 ha mantenido las mismas causas, económicas, técnicas, organizativas o de producción, que ya venían tasadas, pero por el contrario, ha ampliado su utilización o disponibilidad de justificación empresarial en tanto en cuanto, dichas causas concurrirán “no sólo cuando las medidas propuestas mejoren la situación actual de la empresa, sino también las perspectivas de la misma, así como cuando contribuyan a prevenir una evolución negativa de la empresa” (Ferran Camas Roda – catedrático de derecho del trabajo y de seguridad social de la Universidad de Granada). Nos encontramos, pues, que estas medidas podrán aplicarse en cualquier tipo de empresa, bien con dificultades por causas económicas, bien para una mejor adecuación de los recursos en aras a mantener un grado de competitividad en el mercado en que opera, bien en empresas en expansión, pues el mecanismo empleado (MSCT) es más de adaptabilidad que de ruptura, ante las distintas circunstancias económicas y productivas en las cuales se desenvuelve la empresa y su devenir. La utilización de este mecanismo sigue requiriendo y, por lo tanto le es exigible, el control de la razonabilidad de la decisión empresarial, la adecuación al fin perseguido, así como la prueba de la proporcionalidad de la afectación, es decir los efectos, en las condiciones de trabajo que aquella provoca al respecto de las motivaciones esgrimidas. (Citamos la STS de 17 de mayo 2005, la cual hace un estudio del distinto alcance de las medidas propuestas, así como del contenido de las causas o razones justificativas).
  • 8. Página24 En cuanto a la regulación del procedimiento a seguir prevista en el artículo 41.4 del ET, en las causas colectivas, no así en las individuales y plurales, se requiere un período de consultas con los Representantes Legales de los Trabajadores, el cual tendrá un período de duración no superior a 15 días. El RDL 7/2011 de reforma de Negociación Colectiva, en su artículo 6 relativo a la Flexibilidad interna negociada, introduce un nuevo párrafo en el artículo 41.4, por el cual, dice que la representación durante el periodo de consultas, corresponde a las secciones sindicales “cuando éstas así lo acuerden, siempre que sumen la mayoría de los miembros del comité de empresa o entre los delegados de personal”. La otra modificación importante llevada a efecto en este mismo artículo, se refiere al apartado 6 del artículo 41, cuando señala que en caso de desacuerdo durante el período de consultas, cualquiera de las partes podrá someter la discrepancia a la Comisión paritaria del convenio, que dispondrá de un plazo máximo de 7 días para pronunciarse. Cuando la comisión paritaria no alcanzara un acuerdo, las partes podrán recurrir a los procedimientos acordados mediante los acuerdos interconfederales, incluido el arbitraje. Tanto la Ley 35/2010 (Reforma Laboral), como el RDL 7/2011 (Reforma NC), refuerza la posición empresarial (poder empresarial) que ya le venía otorgado en tanto en cuanto a la organización del trabajo, dotándole –aún más- de mecanismos de gestión unilateral de la mano de obra y dejando sin contenido los “convenios colectivos” en lo referente a: 1.1 ¿A que no referimos cuando hablamos de estructura en la NC? Es un sistema de negociación en cuanto a los ámbitos en que se negocia y las relaciones que se establecen entre esos distintos ámbitos negociales. Estructura centralizada es cuando la negociación predominante es la de ámbito sectorial estatal o en ámbito amplio reserva ciertas materias que se deben negociar en ese ámbito y remite a las restantes materias que por lo general complementan y concretan y/o desarrollar lo negociado en el ámbito amplio.
  • 9. Página24 Estructura descentralizada cuando la negociación se realiza mayoritariamente en ámbitos concretos inferiores al amplio, o bien que el convenio de ámbito amplio, generalmente sectorial estatal, no establezca una relación de exclusión con los restantes ámbitos. El “Acuerdo bipartito sobre criterios básicos para la reforma de la NC” fija un ámbito amplio, la NC sectorial o en su defecto el de Comunidad Autónoma la cual fijará una estructura de negociación en cada sector. Es decir modelos diversos pero siempre organizados desde el convenio sectorial estatal o de Comunidad Autónoma. El Acuerdo en cuanto a la racionalización y articulación de los ámbitos negociales a la vista de las reglas legales que rigen, requiere de acuerdos con las asociaciones empresariales y una amplia disciplina para respetarlos y aplicarlos, es decir configurar convenios sectoriales estatales (o de CA) que determinen las materias reservadas a ese ámbito y, desde luego bastantes más de las contempladas en la actual legislación y articulen la negociación y las reglas de la concurrencia de convenios. Se prevé incrementar la capacidad de las comisiones paritarias. En definitiva utilizar las posibilidades que ofrece el artículo 83 ET4 y exigir la prevalencia de lo que se puede acordar sobre las reglas del artículo 84 ET5 . 4 Artículo 83. Unidades de negociación. 1. Los convenios colectivos tendrán el ámbito de aplicación que las partes acuerden. 2. Mediante acuerdos interprofesionales o por convenios colectivos las organizaciones sindicales y asociaciones patronales más representativas, de carácter estatal o de Comunidad Autónoma, podrán establecer la estructura de la negociación colectiva, así como fijar las reglas que han de resolver los conflictos de concurrencia entre convenios de distinto ámbito y los principios de complementariedad de las diversas unidades de contratación, fijándose siempre en este último supuesto las materias que no podrán ser objeto de negociación en ámbitos inferiores. 3. Dichas organizaciones de trabajadores y empresarios podrán igualmente elaborar acuerdos sobre materias concretas. Estos acuerdos, así como los acuerdos interprofesionales a que se refiere el apartado 2 de este artículo, tendrán el tratamiento de esta Ley para los convenios colectivos. 5 Artículo 84. Concurrencia. Un convenio colectivo, durante su vigencia, no podrá ser afectado por lo dispuesto en convenios de ámbito distinto, salvo pacto en contrario, conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 83 y salvo lo previsto en el apartado siguiente. En todo caso, a pesar de lo establecido en el artículo anterior, los sindicatos y las asociaciones empresariales que reúnan los requisitos de legitimación de los artículos 87 y 88 de esta Ley podrán, en un ámbito determinado que sea superior al de empresa, negociar acuerdos o convenios que afecten a lo dispuesto en los de ámbito superior siempre que dicha decisión obtenga el respaldo de las mayorías exigidas para constituir la comisión negociadora en la correspondiente unidad de negociación. En el supuesto previsto en el párrafo anterior se considerarán materias no negociables en ámbitos inferiores el período de prueba, las modalidades de contratación, excepto en los aspectos de adaptación al ámbito de la empresa, los grupos profesionales, el régimen disciplinario y las normas mínimas en materia de seguridad e higiene en el trabajo y movilidad geográfica.
  • 10. Página24 (Fuente El Pais – Negocios) 2. FLEXIBILIDAD INTERNA 2.1 Eficacia de los convenios y descuelgues (Ley 35/2010 de Reforma Laboral). La eficacia jurídica de los convenios es similar a la de las normas en lo que a los contratos de trabajo se refiere en una doble vertiente. Una, aplicación automática de su contenido a los contratos individuales y dos, el carácter inderogable de sus cláusulas por acuerdo individual entre trabajador y empresario. El otro aspecto de la eficacia se refiere a la eficacia personal general o erga omnes que se atribuye a los convenios colectivos negociados siguiendo las reglas del Título III del ET, que constituye la garantía máxima para el cumplimiento de la función uniformadora de los convenios. Se encuentra en cuestión o de una solución satisfactoria, la relación entre los convenios de eficacia general y los de eficacia limitada.6 6 Juristas como Fernando Valdés proponen una norma general que dijera…”Cuando un Convenio o Acuerdo Colectivo de eficacia limitada sucede a otro de eficacia general, este último seguirá aplicándose a los trabajadores y empresarios no representados por
  • 11. Página24 2.2 Descuelgue convencional Es un particular artilugio jurídico que se introdujo por primera vez en la Reforma Laboral de 1994 y que ha sido recuperado en la Reforma Laboral 2010 (Ley 35/2010). Este artilugio posibilita la sustitución de la regulación de ciertas condiciones de trabajo previstas por los convenios colectivos de sector por otras aplicables exclusivamente a una empresa determinada, siempre que exista acuerdo entre el empresario y los representantes de los trabajadores. Hay que tener en cuenta que el descuelgue (actualmente) no afecta ni a la eficacia normativa ni a la eficacia general de los convenios, es decir, el convenio no se convierte en disponible para la autonomía individual. Se trata de instrumento al servicio de la “adaptabilidad” de las condiciones de trabajo a las necesidades empresariales y siempre ligadas a la situación de la Empresa (Ley 35/2010) y sus características: salarios, turnos, sistemas de trabajo y rendimiento, etc. Es decir, se descentraliza la negociación colectiva y la Empresa siempre que cumpla con una serie de requisitos y sea de manera temporal (máximo 3 años), adopta políticas de flexibilidad interna para salvar la “situación difícil por la que atraviesa de manera coyuntural”. La Reforma Laboral 2010, facilita el descuelgue salarial ya que ahora bastará con: a) El acuerdo entre empresa y los representantes de los trabajadores. b) Las causas exigidas por la ley, se presumen existentes cuando existe acuerdo entre empresa y representantes de los trabajadores, de manera tal que el descuelgue sólo puede ser impugnado por fraude, dolo, coacción o abuso de derecho. c) La falta de representación puede ser suplida por la designación de los trabajadores de una comisión de tres miembros, integrada por representantes de los sindicatos legitimados para negociar el convenio colectivo o por trabajadores de la propia empresa. El resultado de esta Reforma y de estos cambios en la Negociación Colectiva, es una total disponibilidad a nivel de empresa de los principales contenidos de los convenios colectivos. las partes firmantes del primero hasta que no se adopte un nuevo convenio o acuerdo de esa misma eficacia, salvo pacto individual expreso en contra”.
  • 12. Página24 2.3 Vigencia y ultractividad de los Convenios. La administración de los convenios. Distintas alternativas que se barajan: papel de las comisiones paritarias, sistemas de arbitraje, el deber de negociar, instrumentos de solución extrajudicial de conflictos colectivos, la individualización de las condiciones laborales, etc. El modelo actual de vigencia de los convenios, artículo 86.1 ET7 , es suficientemente flexible y equilibrado entre las partes. La ultractividad es el aspecto más conflictivo (sobre todo por parte de la patronal) en materia de vigencia del convenio. El artículo 86.3… “Denunciado un convenio y hasta tanto no se logre acuerdo expreso, perderán vigencia sus cláusulas obligacionales. La vigencia del contenido normativo del convenio, una vez concluida la duración pactada, se producirá en los términos que se hubieren establecido en el propio convenio. En defecto de pacto se mantendrá en vigor el contenido normativo del convenio…”, garantiza los intereses y los derechos de los trabajadores, a la vez que es una garantía del proceso de negociación. Es la garantía de la continuidad de las relaciones laborales colectivas, dota de un suelo normativo mínimo impidiendo la voracidad empresarial y conservando los elementos esenciales contractuales. Estamos hablando en definitiva de un muro defensivo a la individualización de las relaciones laborales y, eso a pesar de las prácticas sindicales y empresariales que, a través de las condiciones individuales “ad personam” y la disponibilidad de distintas condiciones de trabajo (ultractividad) de la Reforma del 94, y las dobles escalas salariales, han logrado instaurar un régimen de “condiciones individuales en masa” que sustituye en la propia práctica las condiciones colectivas. Las salidas posibles giran en el siguiente sentido: reforzar el deber genérico de negociar, reforzar el papel de las comisiones paritarias otorgándoles capacidad normativa para negociar y no sólo para administrar el convenio8 , y el papel de los instrumentos de solución extrajudicial de conflictos colectivos en los bloqueos de la negociación colectiva. 3. Rentas salariales y beneficios. Los salarios y la productividad. El pacto del Euro, contempla los procedimientos para fijar los salarios a través de la negociación colectiva. Y así, recomienda -y en principio parece va a ser posible respetar los “acuerdos en materia salarial alcanzado entre los estados y sus agentes sociales (empresarios y sindicatos)”-, que los salarios deben vincularse a la productividad y dejar de estar indexados al Índice de los Precios. Esto supone cambiar las reglas de la Negociación Colectiva, desvinculando los salarios del coste de la vida, a la vez que se limita el nivel de centralización de los convenios colectivos y se exige una flexibilidad interna, es decir, terminar con el poder contractual sindical en la fijación de las condiciones de trabajo sobre jornada (tiempo de trabajo), organización de trabajo (turnos, sistemas de retribución, etc.) y despidos. 7 Artículo 86. Vigencia. 1. Corresponde a las partes negociadoras establecer la duración de los convenios, pudiendo eventualmente pactarse distintos períodos de vigencia para cada materia o grupo homogéneo de materias dentro del mismo convenio. 2. Salvo pacto en contrario, los convenios colectivos se prorrogarán de año en año si no mediara denuncia expresa de las partes. 3. Denunciado un convenio y hasta tanto no se logre acuerdo expreso, perderán vigencia sus cláusulas obligacionales. La vigencia del contenido normativo del convenio, una vez concluida la duración pactada, se producirá en los términos que se hubieren establecido en el propio convenio. En defecto de pacto se mantendrá en vigor el contenido normativo del convenio. 4. El convenio que sucede a uno anterior deroga en su integridad a este último, salvo los aspectos que expresamente se mantengan. 8 El Tribunal Supremo, hasta ahora, no reconoce el papel negociador de las comisiones paritarias en lo que se refiere a los casos de modificación o introducción de nuevas reglas en el contenido de un convenio
  • 13. Página24 Los salarios así, estarían referenciados a la productividad y, en consecuencia, se deben eliminar las cláusulas de garantía salarial. La relación salarios productividad no es nada novedosa, pues desde 1980, el AMI (Acuerdo Marco Interconfederal firmado por CEOE y UGT) ya contempla de manera prolija esta relación. Los diferentes Acuerdos de Negociación Colectiva, vienen situando la moderación salarial, cuando no la pérdida directa de poder adquisitivo, como una de las garantías de no disparar la inflación, a la vez que se vuelven a hacer continúas referencias a la productividad en relación a los salarios. Tabla subida Salarial e IPC: Se anexa el Boletín del Gabinete Confederal de Estudios “Salarios, distribución de la riqueza y desigualdades”__________________ La encuesta del INE sobre la estructura Salarial 2009, confirma lo evidente de la relación salarial, que el precio de los salarios de quienes dirigen y organizan las empresas, directivos y ejecutivos supone el 180,5% de los salarios medios en el resto de los grupos profesionales. La denominada “Brecha Salarial” o el reparto desigual de la “tarta” o de la riqueza social, se observa muy bien en la variable de tipo de ocupación, siendo ésta quien más influye en el nivel salarial, es decir en el poder contractual que tienen las personas asalariadas en el reparto de la “tarta”, dependiendo de varios factores: tipo de puesto-cualificación, organización sindical-contractual, etc., en definitiva, hablamos de la posición de clase en la relación salarial. Veámoslo en una sencilla tabla: PUESTO 2007 2008 % 2009 % % 2007-2009
  • 14. Página24 Dirección – Gerencia de Empresas de + de 10 trabajadores 61.661€ 60.453 € (2%) 63.150 € 4,61% 2,41% Gerencia – Dirección de Empresas de – de 10 trabajadores 44.110 € 38.662 € (12, 35%) 37.998 € (1,71%) (13,85%) Profesiones asociadas a titulaciones de 2º y 3º ciclo universitario 34.093 € 35.505 € 4,14% 36.962 € 4,10 % 8,41% Peones de agricultura, pesca, construcción, industrias y transportes. 14.521 € 15.328 € 5,5% 15.343 € 0,9% 5,6% Dependientes de comercio y asimilados 13.759 € 14.426 € 4,84% 14.909 € 3,34% 8,35% Trabajadores NO CUALIFICADOS en sector servicios 11.981 e 13.573 € 13,28% 13.838 € 1,95% 15,49% (Las cifras expresadas en € anuales, que representan la ganancia de los diferentes sujetos de la relación salarial). Elaboración propia en base a las tablas del INE. ANALICEMOS LA BRECHA SALARIAL o el reparto muy desigual de la “tarta” o de la riqueza social: 1. La Brecha Salarial entre Dirección-Gerencia de Empresas y Trabajadores/as No Cualificados, representaba en el 2007 el 514%, es decir un director-gerente, ganaba casi 6 veces más que un trabajador/a no cualificado. En el 2008 supone el 445%, es decir casi 5 veces más y en el 2009 esta suponía el 456%. 2. La lectura que se realiza desde el Banco de España, la UE, el FMI y toda la clase política9 , conjuntamente con la clase Empresarial (toda), es la contraria a la realidad material de millones y millones de personas, al mostrar a la sociedad, sobre todo a través de sus poderosos medios de incomunicación, que los trabajadores/as han tenido incrementos salariales muy por encima del IPC y muy por encima de los beneficios de explotación. 3. Así, miden: los incrementos salariales de la mayor parte de los asalariados (peones, dependientes y trabajadores no cualificados), subieron en el trienio 2007- 2009 una media del 9,81%, en cambio los de los menos (Dirección Gerencia de Empresas) sólo lo hicieron en el 2,41%10 . 9 Hay que tener en cuenta la composición de clase o diferentes posiciones que ocupan la mayor parte de los políticos de cualquier organización política, la inmensa mayoría son o bien empresarios/as, o bien gestores-dirección de empresas, o bien abogados, economistas, etc., por lo tanto su percepción del reparto de la riqueza social viene determinada por su posición social o de clase. 10 Este crecimiento corresponde (más o menos) al incremento de los beneficios de explotación de las grandes empresas industriales y financieras.
  • 15. Página24 Si además analizamos la ganancia media anual por trabajador/a, el salario mediano11 y el salario más frecuente, vemos el engaño y la violencia institucional-política que sustenta este mundo invertido o patas arriba:  Ganancia media anual 2009 = 22.511,47 €  Salario mediano 2009 = 18.817,89 €  Salario más frecuente en el 2009 = 15.500 € ¿Qué significa esto, aparte de la evidente tomadura de pelo, desigualdad, poder empresarial, explotación, etc.?, sencillamente que existen muy pocos trabajadores con salarios muy altos, pero que influyen de manera determinante en la ganancia media anual y en el salario mediano, cuando la cotidianeidad de la inmensa mayoría de los asalariados/as es que sus sueldos son de mileuristas. Los asalariados/as empleados bien con contrato fijo (11.375.000), bien con contrato temporal (3.746.000), suman 15.121.000 a marzo 2011 según la EPA –recuérdese que los parados/as son casi 5 millones a estas mismas fechas). Si vamos a la estructura salarial según la Agencia Tributaria para estas mismas fechas, es decir, año 2009, nos encontramos que: • El número de asalariados que perciben hasta 8.820€, suponen el 9,10%, es decir, 1.523.904,2. • El 35,90% de todos los asalariados que suponen 6.011.885, perciben 17.640€. • El 28,15% de los asalariados, es decir 4.714.055, perciben un salario medio de 22.050€. • Y entre la “banda” de 40.000€ a 90.000€, solamente se encuentra el 13,93% de todos los asalariados, es decir 2.332.745,66 personas. • Pero si afinamos más, nos encontramos que perciben más de 60.000€ un club selecto de asalariados que suponen el 1,83%, es decir 306.455 asalariados. El asalariado medio “sin género”, percibe anualmente 22.511,47€ brutos y si eres asalariado hombre el salario medio bruto es de 25.001,05 €, y si eres asalariada mujer tu salario medio bruto se queda en 19.502,02€, vamos, que las mujeres de media perciben un 22% menos. 11 Salario mediano = el que divide al número de trabajadores en dos partes iguales, los que tienen un salario superior y los que tienen un salario inferior.
  • 16. Página24 2007 – 2008 – 2009 Año 2009 Sueldo medio anual en 2009, por CCAA y variación respecto al año 2008: Las diferencias o en castellano, las desigualdades, se muestran en: la escala de la pirámide de poder, en el género y en la actividad económica. Desde la variable actividad económica la mayor diferencia salarial o el mayor salario medio anual lo encontramos en el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado con 50.536,70€ por trabajador al año en media, suponiendo esta cifra un
  • 17. Página24 124,4%% superior a la media nacional, le sigue la actividad económica financiera y de seguros con 41.863,11€. En el lado opuesto encontramos los Servicios: hostelería y actividades administrativas y servicios auxiliares, con salarios medios anuales de 13.996,70€ y 15.855,38€ respectivamente, suponiendo un 37,8% y un 29,5% inferiores a la media. Por sectores de Actividad_____________________________________________________________________________ Los salarios por tipo de contrato, es decir, los indefinidos o los temporales, nos encontramos que los asalariados con contrato de duración determinada (temporales) tuvieron un salario medio inferior en un 25,8% al de los asalariados medios, mientras que los que tuvieron contrato indefinido ganaron un 6,5% más que dicho salario: La nacionalidad: Si eres asalariado autóctono o migrante, condiciona y determina la desigualdad, así, aquellos trabajadores provenientes de América del Norte y de la Unión Europea (por lo general desplazados por sus empresas multinacionales y con altas cualificaciones), tuvieron un salario superior a la media, mientras que los trabajadores de otras nacionalidades (extracomunitarios o de América del Sur), tuvieron unos salarios significativamente inferiores a dicha media:
  • 18. Página24 Parece que en eso de la desigualdad hasta las matemáticas se ponen de acuerdo. Lo grave, -aún más-, es que las desigualdades aumentaron en el ciclo alto de la economía, tanto la nacional como la global, lo cual no hace sino mostrar nuevamente lo evidente: las clases asalariadas cada vez pierden más poder contractual y, todo indica que estos sucede en cualquier época del ciclo económico capitalista, bien sea de crecimiento, bien de recesión e inclusive de depresión, con consecuencias más duras y dramáticas: el empobrecimiento estructural de una parte de la población asalariada. La gestión del poder ha logrado que sindicatos y partidos de izquierda, cooperen en la producción y distribución de la riqueza, entendiendo que el conflicto social se ha disuelto y claro, las culturas instituidas en las clases dominadas, resulta que son las mismas que las de las clases dominantes. No es de extrañar por tanto que nos encontremos en un momento donde el “reparto de lo escaso” conlleve aún más competencia entre los dominados, ante la tropelía del ciclo de desposesión de rentas salariales12 y rentas sociales: pensiones, becas, educación superior, comedores infantiles, prestaciones de desempleo, etc. Las cifras sólo muestran la realidad y ésta, hoy, carece de conflicto social suficiente, de conflicto político suficiente y el cual, a su vez, es la condición necesaria para una vida buena para todos. Esta condición no podrá desarrollarse sobre un modelo donde sólo veamos el reparto del pastel y ahí nos sigamos situando los asalariados. La posición será enfrente del modelo o, simplemente no será. 12 Desde 2008, los decretos de recortes en salarios públicos (funcionarios y personal laboral), fueron acompañados de una limitación en el gasto, sobre todo social e inversión pública (generadora de empleo) en la AGE, a la vez que se exige para 2009, 2010, 2011 y 2012, un techo de gasto a las distintas Administraciones Públicas, Ayuntamientos y CCAA, las cuales recortan y ahondan el ciclo de desposesión de las clases populares: inversión pública, servicios sociales, gasto social en definitiva. El 62% de los trabajadores y trabajadoras de las Empresas privadas 4.500.000, han visto reducido su poder adquisitivo de manera significada en el año 2010, como consecuencia de carecer en sus convenios de cláusulas de garantía salarial efectiva. Sus subidas salariales se han quedado en el 1,6% frente al 3% del IPC, es decir han perdido un 1,4%. Este es no solamente un factor de empobrecimiento, sino que muestra la pérdida de poder contractual (contrapoder obrero) de las clases asalariadas, razón que explica – entre otras- que la Negociación Colectiva haya sido reformada por RDL y en el transcurso de su trámite parlamentario esté siendo endurecida, a la vez que allana el camino para el empobrecimiento generalizado de los asalariados des referenciando los incrementos salariales del coste real de la vida (IPC) e institucionaliza el precio de la mano de obra como un coste variable.
  • 19. Página24 3.1 Los salarios como fuente de ingresos de la mayoría social y como factor de coste para los empresarios. La mayoría de la población activa tiene como principal y/o única fuente de ingresos, los salarios. De cada 100 personas ocupadas, 83 son trabajadores/as por cuenta ajena y 17 son por cuenta propia, y de los ocupados, su fuente de ingresos (rentas salariales) dependen de los incrementos que se establecen y/o negocian a través de la Negociación Colectiva. Desde el lado empresarial, los salarios es uno de los componentes de mayor importancia en la estructura de costes de producción y/o distribución de mercancías. Desde la lógica del funcionamiento de una economía libre de mercado, es decir, capitalismo, la competencia es esencial para el empresario, es decir, que sus productos sean más competitivos que los de los otros empresarios, de ahí que la variable básica que suelen utilizar los empresarios en la estructura de costes de producción/distribución, sean los salarios, intentando siempre depreciar su valor (explotación), al encontrarse en una posición jurídica dominante (poder empresarial), el empresario que no puede reducir otros costes, por ejemplo los de materias primas, proveedores, etc. Sino es desde una buena gestión, utiliza su “fuerza” para abaratar el coste salarial. El plan de competitividad de la UE, bajo el paraguas del Pacto del Euro, establece (recomienda) el procedimiento de fijación salarial por medio de la NC, a la vez, los Sindicatos de la Concertación conjuntamente con la CEOE, fijan en sus criterios de incrementos salariales por medio de la NC, la variable de la productividad. Ambas instituciones, UE y Agentes Sociales (CEOE, CC.OO, UGT) buscan lo mismo… un modelo de negociación salarial que tenga en cuenta a la realidad competitiva de las empresas con la productividad aparente del trabajo como viga central del modelo…13 El Real Decreto Ley 7/2011, de 10 de junio, de medidas urgentes para la Reforma de la Negociación Colectiva. (BOE del sábado 11 de junio de 2011) El Real Decreto Ley 7/2011 de 10 de junio, de medidas urgentes para la Reforma de la Negociación Colectiva, ha puesto fin a la (im)posibilidad de una Reforma negociada y, de momento parece difícil que se pueda llevar a la práctica inmediata un cambio de reglas de juego tan drástico y, a la vez, tan dramático para los derechos laborales de los trabajadores/as, los cuales, sencillamente, son entregados a la disponibilidad bilateral de dos `partes, la CEOE y el “bisindicalismo” (CC.OO y UGT), amén del mayor escora miento de la reforma hacia el poder empresarial en materias como la flexibilidad interna negociada, el descuelgue salarial y la modificación sustancial de condiciones de trabajo. Un RD, que por la medida de urgencia, se vuelve a sortear la constitucionalidad de esta manera de legislar (la ley prohíbe legislar a golpe de “decretazo” a no ser que existan razones urgentes y necesarias para poner en práctica de inmediato, lo cual no parece ser en este caso, ni mucho menos)14 , que no es sino llevar al “derecho” o mejor la forma jurídica del derecho, lo que no es sino una práctica de hecho. La urgencia viene determinada por las políticas del FMI, la Comisión Europea y los denominados mercados, es decir, el capital financiero y sus Agencias de Calificación que, al igual que presionaron para imponer el Pensionazo y la Reforma Laboral (Ley 35/2010), vuelven a exigir una mayor flexibilidad en las 13 Del documento sobre Reforma de Negociación Colectiva. 14 Como señala el profesor Baylos,…” la norma conculca de manera decidida el artículo 86 de la CE…”
  • 20. Página24 condiciones laborales internas de las empresas, una merma de los salarios y los costes laborales y, en definitiva, debilitar hasta la inacción total, el sindicalismo y, por supuesto, el destierro del conflicto social del marco de relaciones laborales. Tendremos que estar atentos a esta posibilidad de inconstitucionalidad, como una manera más de enfrentarnos a esta nueva agresión a la clase obrera. Agresión por cierto que pudiera atentar contra el derecho fundamental a la Negociación Colectiva y, en consecuencia a la libertad sindical. El RDL 7/2011 consta de un preámbulo muy largo, Exposición de Motivos, que trata de justificar la necesidad de la medida (vía de urgencia) y desgrana los diferentes artículos y materias de que se compone. Consta de 7 artículos, dos disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria única y tres disposiciones finales. Los artículos más significativos: Artículo 1. Estructura de la Negociación Colectiva y concurrencia de Convenios Lo que se modifica del apartado 2 del artículo 83, viene a resolver el tema de la concurrencia (art. 84), entre convenios, a la vez que la ordenación de la estructura negocial, siendo esta una materia que se sustenta a través de dos instrumentos, por una parte los acuerdos interconfederales y, por otra, los convenios sectoriales de ámbito estatal y autonómico. Los convenios provinciales quedan de esta forma desprotegidos frente al convenio de empresa al que se le otorga preferencia aplicativa (salvo pacto en contrario, conforme a las reglas del 83.2) en las materias siguientes, sobre las que se establezcan en los convenios sectoriales y son: a) La cuantía del salario base y de los complementos salariales, incluidos los vinculados a la situación y resultados de la empresa. b) El abono o la compensación de las horas extraordinarias y la retribución específica del trabajo a turnos. c) El horario y la distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a turnos y la planificación anual de las vacaciones. d) La adaptación al ámbito de la empresa del sistema de clasificación profesional de los trabajadores. e) La adaptación de los aspectos de las modalidades de contratación que se atribuyen por la presente Ley a los convenios de empresa. f) Las medidas para favorecer la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal. De esta manera se cierra el ciclo de la Ley 35/2010, donde el abaratamiento y el despido libre, al igual que la flexibilización de las condiciones de trabajo, es el eje político central, otorgando al empresario todo el poder normativo, pues la simple invocación de causa económica, productiva, organizativa y técnica para llevar a cavo una reestructuración de los recursos, deviene en cierta e interrumpe, restringe y limita el conflicto (huelga) como acción legítima de resistencia de los trabajadores. Por lo tanto,
  • 21. Página24 - La capacidad para la ordenación de la negociación colectiva por medio de los Acuerdos interprofesionales así como los convenios sectoriales estatales o autonómicos, se refuerza. - La prioridad en muchas materias del convenio de empresa. - Al convenio de Empresa se le equipara los convenios de grupos de empresa o de pluralidad de empresas. Artículo 2. Contenido y Vigencia de los Convenios Colectivos Queda de espectáculo para “imbéciles” (parece que así somos tratados y tratadas) que nos digan en el art.85.3 que …sin perjuicio de la libertad de contratación… los convenios colectivos habrán de expresar como contenido mínimo lo siguiente…”, cuando ese contenido mínimo viene a ser una auténtica “colonización” de la negociación colectiva, anulando la autonomía de las partes y de esta manera, sustituir la misma por la “autoridad privada de la empresa o grupo de empresas”, así se establece como contenido mínimo obligatorio: a) Determinación de las partes que los conciertan. b) Ámbito personal, funcional, territorial y temporal. c) Procedimientos para solventar de manera efectiva las discrepancias que puedan surgir en la negociación para la modificación sustancial de condiciones de trabajo establecidas en los convenios colectivos de conformidad con lo establecido en el artículo 41.6 y para la no aplicación del régimen salarial a que se refiere el artículo 82.3, (los subrayado son nuestros) adaptando, en su caso, los procedimientos que se establezcan a este respecto en los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico conforme a lo dispuesto en tales artículos. d) Forma y condiciones de denuncia del convenio, así como plazo mínimo para dicha denuncia antes de finalizar su vigencia. Salvo pacto en contrario, el plazo mínimo para la denuncia de los convenios colectivos será de tres meses antes de finalizar su vigencia. e) Plazo máximo para el inicio de la negociación de un nuevo convenio una vez denunciado el anterior. Salvo pacto en contrario, dicho plazo máximo será el establecido en el artículo 89.2. f) Plazo máximo para la negociación de un nuevo convenio que se determinará en función de la duración de la vigencia del convenio anterior. Salvo pacto en contrario, este plazo será de ocho meses cuando la vigencia del convenio anterior hubiese sido inferior a dos años o de catorce meses en los restantes convenios, a contar desde la fecha de pérdida de su vigencia. g) La adhesión y el sometimiento a los procedimientos establecidos mediante los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico previstos en el artículo 83 para solventar de manera efectiva las discrepancias existentes tras el transcurso del plazo máximo de negociación sin alcanzarse un acuerdo, siempre que éstos no fueran de aplicación directa. h) Designación de una comisión paritaria de la representación de las partes negociadoras para entender de aquellas cuestiones establecidas en la ley y de cuantas otras le sean atribuidas, en particular las siguientes:
  • 22. Página24 1.º Los términos y condiciones para el conocimiento y resolución de las cuestiones en materia de aplicación e interpretación de los convenios colectivos de acuerdo con lo establecido en el artículo 91. 2.º El desarrollo de funciones de adaptación o, en su caso, modificación del convenio durante su vigencia. En este caso, deberá incorporarse a la comisión paritaria la totalidad de los sujetos legitimados para la negociación, aunque no hayan sido firmantes del convenio, siendo exigible la concurrencia de los requisitos de legitimación previstos en los artículos 87 y 88 de esta Ley para que los acuerdos de modificación posean eficacia general. 3.º Los términos y condiciones para el conocimiento y resolución de las discrepancias tras la finalización del periodo de consultas en materia de modificación sustancial de condiciones de trabajo o inaplicación del régimen salarial de los convenios colectivos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 41.6 y 82.3, respectivamente. 4.º La intervención que se acuerde en los supuestos de modificación sustancial de condiciones de trabajo o inaplicación del régimen salarial de los convenios colectivos, cuando no exista representación legal de los trabajadores en la empresa. Se otorga a las Comisiones paritarias de los convenios, no solo capacidad interpretativa sino aplicativa, es decir, pasan a ser Comisiones Negociadoras, cosa que hasta ahora venía prohibido por nuestra Jusrisprudencia. Esta Comisión paritaria estará compuesta por todos los legitimados para negociar, es decir, todos los miembros pertenecientes a la Comisión Negociadora, sean o no firmantes del convenio. Se deben pactar Procedimientos de aplicación general para solucionar las discrepancias, los cuales, una vez pactados, contemplarán mecanismos de resolución de conflictos ante el no acuerdo en la negociación del Convenio y el dictamen de los árbitros, será un laudo de obligado cumplimiento y con eficacia normativa de convenio. Esta posición política autoritaria, amén de inconstitucional (los laudos vienen siendo prohibidos por el TC desde 1981, razonando que se invalida y se vulnera el derecho fundamental a la huelga, ante el conflicto necesario entre los intereses del capital y el trabajo), sólo tiene un sentido, la gobernabilidad única de la empresa desde el sujeto empresario, y el anulamiento del contrapoder obrero. Nos encontramos pues, en un nuevo capítulo del mayor ataque conocido en el período democrático reciente contra los derechos laborales. El gobierno actúa a base de decretos-ley pasando por encima del derecho a la negociación Colectiva, la libertad sindical y los derechos laborales y sociales, demostrando su desprecio absoluto por las reglas de juego de la democracia y colocando a los trabajadores en situaciones límite, ante una manera de actuar autoritaria y salvaje. Los convenios se denuncian 3 meses a la fecha del vencimiento, al mes se debe constituir la Comisión Negociadora, la parte receptora de la denuncia en este plazo debe contestar por escrito y de manera motivada, establecer un calendario de negociación y se cuenta con 8 o 14 meses para llegar a un acuerdo.
  • 23. Página24 ¿Qué sucede en caso de No Acuerdo?, pues, sencillamente que entra en funcionamiento los procedimientos pactados de Resolución de Discrepancias: árbitro, laudo y eficacia general y de obligado cumplimiento. En defecto de pacto, en el caso de superado el periodo máximo de negociación (8 o 14 meses) y no existir acuerdo y las partes del convenio no se hubieran sometido a los procedimientos de discrepancias o éstos no hubieran solucionado las discrepancias, el convenio no decae y sigue vigente (como hasta ahora). Lo verdaderamente grave, además de contradictorio y, posiblemente anticonstitucional y, además de imposibilidad de llevarse a la práctica de no existir acuerdos interconfederales entre la CEOE-CEPYME y CC.OO y UGT-, lo encontramos en la Disposición Adicional primera, cuando habla de la “transitoriedad” del arbitraje obligatorio y así establece: Disposición adicional primera. Procedimientos no judiciales. 1 Sin perjuicio de la autonomía colectiva, las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en el ámbito estatal y de Comunidad Autónoma adoptarán antes del 30 de junio de 2012 las iniciativas que correspondan para la adaptación de los procedimientos no judiciales de solución de conflictos establecidos mediante los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico previstos en el artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores a las previsiones contenidas en este real decreto-ley. 4. Hasta tanto los acuerdos interprofesionales a que se refiere el apartado anterior establezcan los procedimientos previstos en el artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores, según la redacción dada al mismo por este real decreto-ley, en caso de imposibilidad de acuerdo en el seno de la comisión negociadora y transcurrido el plazo máximo de negociación de los convenios colectivos, las partes se someterán a un procedimiento de arbitraje. Sobre la inclusión de un Arbitraje obligatorio una vez que se agota la duración de la Negociación Colectiva: Agotado el proceso negociador, el RDL recoge de manera expresa la solución de las controversias surgidas por medio de un arbitraje. ¿Cómo se fija el arbitraje? - El compromiso de acudir a un arbitraje le corresponde fijarlo a los Convenios Interprofesionales (Según el art. 86.3 …”mediante los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico, se deberán establecer procedimientos de aplicación general y directa para solventar de manera efectiva las discrepancias existentes… incluido el compromiso previo de someter las discrepancias a un arbitraje…en cuyo caso el laudo arbitral tendrá la misma eficacia jurídica que los convenios…” - De no existir acuerdo interprofesional que contemple el arbitraje, hemos de estar que, en principio, no opera el mismo con carácter obligatorio. Decimos en principio, pues la Disposición Adicional primera, cabe plantearse si nos encontramos ante un arbitraje obligatorio ex lege. - Artículo 3. Legitimación para la Negociación de los Convenios Colectivos
  • 24. Página24 Legitimación para Negociar: (Artículo 87 ET): Son las Secciones Sindicales quienes tienen prioridad, siempre que así se acuerde por éstas y sumen la mayoría de los representantes de los trabajadores del ámbito de que estemos hablando (empresa, grupo de empresas, sector, comunidad autónoma, estatal), para negociar. La composición de la Comisión Negociadora será no más de 15 miembros en los convenios sectoriales y no más de 13 miembros en el resto. Artículo 6.Flexibilidad Interna Negociada. Disposición de un 5% sobre la jornada (jornada irregular) a falta de pacto, suponiendo en la práctica la implatación unilateral de la jornada irregular sin acuerdo o pacto o convenio colectivo. Todo lo relativo a los artículos 40.2 (Movilidad geográfica), 41.4 (Modificación Sustancial de Condiciones de Trabajo: horario y distribución del tiempo de trabajo, régimen de trabajo a turnos, sistemas de remuneración, sistemas de trabajo y rendimiento, funciones cuando excedan de los límites que para la movilidad función al establece el artículo 39.1 ET) y 51, e inaplicación de las cláusulas salariales, en lo relativo al período de consultas, es decir la negociación –cosa que hasta ahora se hacía con la comisión negociadora-, bien de las modificaciones de condiciones de trabajo, bien en expedientes de regulación de empleo extintivos/suspensivos, serán las secciones sindicales quien negocien, siempre que sumen la mayoría de los representantes y así lo acuerden. La conclusión es obvia, al igual que en la política existe el “bi partidismos” y en consecuencia una falsa democracia representativa, se instaura por Decreto el “BI SINDICALISMO de CC.OO y UGT”, asistimos a un intento serio y fuerte de la “anulación” legal del sindicalismo alternativo. En los casos de desacuerdo en modificación sustancial de condiciones de trabajo (41.6), entra la Comisión Paritaria, ésta, en 7 días tiene que emitir dictamen de acuerdo o desacuerdo y en este último caso, entrarían los procedimientos de resolución de discrepancias con arbitraje y de aplicación general y directa. La vigencia de dichas modificaciones no podrá ser superior a la vigencia del convenio colectivo en vigor. Síntesis:  Se rompen las reglas de juego de la “democracia industrial”, desregulando las condiciones laborales y, en consecuencia precarizando los derechos laborales, a la vez que deja la NC en “cosa de dos”.  Se elimina la capacidad negociadora de los Comités de Empresa.  Se prioriza los convenios estatales (estructura de la negociación colectiva) sobre los provinciales, siendo las cúpulas estatales confederales, quienes conjuntamente con las cúpulas de la CEOE marcarán las nuevas reglas de juego: procedimientos de discrepancias.  Se deja en su mínima expresión el poder obrero, la democracia directa, al convertir la negociación colectiva en una cosa de dos (CC.OO y UGT). Las decisiones son externas al trabajador, a la democracia real. Se externaliza la decisión y se entrega a las “instituciones patronales y sindicales”.
  • 25. Página24  El sindicalismo pierde casi todo su poder negociador, es decir se debilita la capacidad contractual del sindicalismo.  Se han cambiado las reglas de juego para que los trabajadores/as, sean meras mercancías disponibles en función de la demanda, de la posición competitiva de las empresas y del beneficio empresarial. Qué PENSAMOS, DECIMOS desde CGT y cómo ACTUAMOS Nos encontramos desde hace ya casi tres años, con auténticos “Golpe del Estado y sus “mercados” a los derechos laborales, sociales y a las libertades, es decir, ante la “rebelión de los privilegiados, de los ricos y de los poderosos, contra millones y millones de personas obreras, asalariadas. En los dos años y medio transcurridos de la “gran crisis”, el Gobierno y los partidos del arco parlamentario, han consentido que los mercados privados y sus dueños, empresarios industriales, de servicios y financieros, hayan destruido más de 2,4 millones de puestos de trabajo. Han consentido que la libertad de despido para el capital sea absoluta y han creado una realidad de tragedia y drama para más de 5 millones de personas paradas, de las cuales más 1,3 millones carecen de cualquier prestación de desempleo. Se ha permitido la más absoluta impunidad de los empresarios, en el empobrecimiento de las personas asalariadas y pensionistas, encontrándonos con una población de más de 11,5 millones de personas las cuales no llegan a percibir los 1.000 euros al mes. Se ha financiado y/o avalado más de 300.000 millones de euros al sistema financiero para “sanear” sus fraudes y tropelías cometidos sobre los créditos inmobiliarios –fundamentalmente- y los “fondos de alto riesgo”, a la vez que durante los últimos 15 años de “crecimiento loco irresponsable e insostenible” se ha fomentado un nivel de consumo enloquecido, generando una deuda empresarial y familiar de tal calibre (2/3 del total de la deuda 1,3 billones de euros), que resulta poco fiable el pago de dicha deuda para los inversores que la tienen apalancada. Se han roto las bases sociales de cohesión de la sociedad, empobreciendo y precarizando a la mayoría y aumentando exponencialmente la desigualdad social. Se ha instaurado un “régimen de injusticia social”. Empresarios, Gobiernos y Sindicatos mayoritarios, han construido, consentido e implantado todas las políticas económicas y sociales, basadas en la reducción del precio del trabajo, la pérdida de derechos laborales y libertades sindicales y sociales, basando, unos y otros, nuestras condiciones de empleo, de pensión, de vivienda, de transporte, de alimentación, en el “crecimiento y crecimiento de la economía”. Cuando el sistema “ha reventado” por insostenible social y productivamente, Empresarios y Gobiernos (todos los gobiernos del mundo), a la vez que partidos (todos) parlamentarios, en vez de actuar sobre las causas que han originado este “batacazo”, cambiando de verdad y radicalmente de modelo de producción, de distribución y consumo y hacer sostenible la vida en este planeta, vuelven a “echar más madera” a esta hoguera de las vanidades y, asalariados, pensionistas, migrantes, jóvenes y mujeres, somos “sacrificados” en el “altar del sacrosanto mercado”. Ahora toca Políticas de Ajuste y Austeridad, para la inmensa mayoría social.
  • 26. Página24 Las políticas de ajuste y reducción del gasto, no son nada nuevas en estas sociedades de “economía globalizada”, lo novedoso se encuentra en su extensión e implantación global y, claro, desde los inicios del siglo XXI, esas políticas criminales y suicidas –a la vez-, se aplican a estados y naciones del mundo “desarrollado y rico”, Europa, toda Europa, ha variado su papel de ejecutor y espectador de dichas políticas en los países del sur y se ha convertido en “víctima” de las mismas. Pero no todas las personas sufren dichas políticas de la misma manera. Los tecnócratas de los organismos de poder de Europa: parlamentarios, gobiernos, Comisión Europea, Consejo Europeo, Banco Central Europeo, los “lobbys” de las multinacionales y sistemas financieros privados, asentados en Bruselas o en la “Citi de Londrés”, miden las consecuencias de sus políticas de ajuste y reducción de gastos en cientos de millones de euros arriba o abajo, pero sus mansiones, coches, restaurantes, tiendas en las “millas de oro” de las grandes urbes, etc. se “blinda y protegen” cada vez más. Los obreros de Alsacia, de Atenas, de Oporto, de París, Barcelona, Birbigham…, los ciudadanos de a pie de cualquiera de estos pueblos europeos que dependen de una pensión, de un empleo, de una prestación por maternidad, de una sanidad “publica”… los jóvenes que proyectan un “futuro” y deambulan parados por los barrios obreros de París, de Madrid, de Bucarest, etc., etc., ven como sus casas, sus pensiones, sus empleos, su vida, se deteriora hasta el punto de “desaparecer” cualquier concepto de decencia o de dignidad de esa vida. Las personas asalariadas con salarios de menos de 1.000 euros al mes, los pensionistas con pensiones que en un 75% no llegan ni siquiera al salario mínimo, los jóvenes a quienes se les ha robado y privado de un futuro, la mano de obra migrante tratada como mercancía de usar y tirar, las mujeres que siguen siendo ninguneadas en sus trabajos productivos y en los trabajos reproductivos, la inmensa mayoría social engañada y robada en sus derechos sociales, en su educación, en su salud y en su libertad para exigir responsabilidades a quienes durante más de 40 años cometieron genocidio… tenemos que decir BASTA y salir a la CALLE a miles, a cientos de miles. La expresión del movimiento 15M es una posibilidad. Gabinete de Estudios Confederal de la CGT