1. LA FUNDACIÓN SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO
Y SOCIAL, Ante los últimos acontecimientos suscitados por las
sentencias de la sala de lo constitucional de la corte suprema de
justicia, aclara:
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tiene la última
palabra en la interpretación de nuestra Constitución. Sus sentencias son
obligatorias para todos los salvadoreños sin excepción y no se pueden
negociar, deben acatarse. Es la institución que garantiza las libertades y
derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
La Corte Centroamericana de Justicia no tiene competencia para conocer del
contenido de las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional ni por
ningún tribunal salvadoreño. Según nuestra Constitución, la Sala de lo
Constitucional tiene la última palabra y no la Corte de Managua, quien debe
respetar la soberanía de El Salvador. Las consecuencias de no cumplir con
un fallo de nuestro Órgano Judicial pone en serio riesgo todo el sistema
democrático y la convivencia social por los que tanto se ha luchado desde
los Acuerdos de Paz.
Debemos evitar acciones ilegales y desafortunadas como las ocurridas el
domingo uno de julio, cuando se trata de instalar una corte que no tiene
legitimidad constitucional, en abierto despecho de la cultura democrática
que hemos logrado desde los Acuerdos de Paz, y demerito a la profesión
jurídica.
Los diputados de los partidos políticos dentro de la Asamblea Legislativa
tienen la solución al problema político que afecta a toda la ciudadanía.
Deben resolver esta situación por medio del diálogo para elegir o ratificar a
los magistrados, acorde a las sentencias emitidas por la Sala de lo
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador.
Hacemos un llamado al Señor Presidente de la República, Mauricio Funes,
para que propicie el ambiente necesario para resolver el impase que atenta
contra la institucionalidad democrática de El Salvador.
Antiguo Cuscatlán, 4 de julio de 2012.