Este documento discute la urgencia de abordar el cambio climático y la necesidad de adoptar medidas para promover una economía verde y sostenible. Resalta los esfuerzos internacionales como el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París para reducir las emisiones, pero señala que los países no están cumpliendo con los objetivos establecidos. Argumenta que se necesitan políticas fiscales que eliminen subsidios a productos contaminantes y promuevan innovaciones ecológicas, así como mayores esfuerzos de cooperación internacional, especialmente de

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ECONOMIA VERDE Y FISCALIDAD.
Manfred Nolte
La celebración, la semana pasada, del día del medio ambiente, suscita la misma
sensación perturbada y nerviosa que nos provoca un trance peligroso al que nos
enfrentamos. Todo lo referido al medio ambiente ha dejado de ser un tema para
la socialización gradual y sucesiva -algo para la enseñanza desde edades
tempranas- hasta constituirse en una autentica emergencia local, nacional y
mundial. Un acertado resumen, precursor de la actual crisis se recoge en las
siguientes palabras de Pablo VI, ya en 1961: “Bruscamente, la persona adquiere
conciencia de que una explotación inconsiderada de la naturaleza corre el riesgo
de destruirla y de ser a su vez víctima de esta degradación. No sólo el entorno
físico constituye una amenaza permanente -contaminaciones y desechos, nuevas
enfermedades, poder destructor absoluto- sino que es el propio entorno humano
el que escapa al control de la persona, creando de esta manera para el mañana un
medio ambiente que resultará intolerable. Es este un problema social de
envergadura que incumbe a la familia humana toda entera.”
De entonces hasta hoy, la premonición se ha cumplido en exceso y la casa común
se halla sacudida en sus cimientos. Recordarlo puede conllevar connotaciones
impostadas, poses de modernidad no avaladas por el juicio científico. Pero
también es cierto que el cúmulo de causalidades estadísticas es tan alto y las
denuncias de los Organismos Internacionales tan contundentes, que no
posicionarse en favor de la tutela del planeta resulta un ejercicio arriesgado por
no decir suicida. El último informe del panel intergubernamental de expertos de
sobre cambio climático de Naciones Unidas, alerta de que, con el ritmo actual de
emisiones de dióxido de carbono, a partir de 2030, se podría ya alcanzar un
calentamiento global de 1,5 oC.
Tal es la amenaza generalmente advertida, que la sostenibilidad alcanza el grado
de postulado de carácter ético como reacción ante el doble asalto a los activos

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naturales o bienes comunes: siendo estos de todos, se saquean por unas minorías
y siendo intemporales se agotan en el presente en perjuicio de futuras
generaciones. El desarrollo sostenible y la economía verde se conciben como
aquellos que satisfacen las necesidades de hoy sin comprometer las necesidades
de las futuras generaciones, por medio de avances sociales y económicos que
aseguren a los seres humanos una vida saludable y productiva. Este concepto
sirvió de eje a la Cumbre de la Tierra- la Conferencia de Naciones Unidas sobre
Medio ambiente y Desarrollo- celebrada en Río de Janeiro en 1992 y a la
formulación de la Agenda 21 de Naciones Unidas en 1992.
El 24 de diciembre de 2009, Naciones Unidas acordó auspiciar la Conferencia
sobre Desarrollo Sostenible (CNUDS) en Río de Janeiro en 2012. La CNUDS
también se conoce como ‘Río+20’ o ‘Cumbre de la Tierra 2012’, en referencia a la
Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD)
o Cumbre de la Tierra de Río en 1992. La resolución aprobada por la Asamblea
General lleva por titulo: ‘El Futuro que queremos’ (NACIONES UNIDAS, 2012).
En ella, los países miembros decidieron crear un Foro de alto nivel para el
desarrollo sostenible en sustitución de la Comisión del mismo nombre.
Dos textos adicionales son de mención inexcusable: los Protocolos de Monreal y
especialmente el de Kioto (Naciones Unidas, 1998). El objetivo de este último era
reducir las emisiones de seis gases antropogénicos responsables del
calentamiento global. El protocolo comprometía a los países firmantes a una
reducción media de emisiones de un 5,2% entre 2008 y 2012 respecto de los
niveles de 1990, entrando en vigor en febrero de 2005. En noviembre de 2009,
eran 187 estados los ratificantes del protocolo. Entre ellos no figuraba Estados
Unidos, el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero, después de
China, del planeta. Reconociendo que los países desarrollados eran los
principales responsables de los altos niveles de emisiones en la atmosfera como
consecuencia de 150 años de actividad industrial, el protocolo exige mayores
contribuciones a las naciones centrales bajo el principio de ‘responsabilidad
común pero diferenciada’. La decimoctava Conferencia de las Partes (COP 18)
sobre cambio climático celebrada en Doha (Qatar) en diciembre de 2012 adoptó
la ‘Enmienda de Doha al Protocolo de Kioto’ y ratificó el segundo periodo de
vigencia de este desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2020.
Durante la vida de este segundo protocolo las partes firmantes se
comprometieron a reducir los gases efecto invernadero al menos un 5% por
debajo de los niveles de 1990.
La Cumbre del Clima de Paris (COP 21) de diciembre de 2014 ha sustituido al
Protocolo de Kioto a partir de 2020. El objetivo central de los 97 países firmantes
ha consistido en mantener la temperatura media mundial muy por debajo de 2
grados centígrados respecto a los niveles preindustriales, aunque los países se
comprometen a llevar a cabo todos los esfuerzos necesarios para que no rebase
los 1,5 grados y evitar así impactos catastróficos buscando el equilibrio entre los
gases emitidos y los que pueden ser absorbidos a partir de 2050, es decir, cero
emisiones netas. El 1 de junio de 2017, el presidente Donald Trump anunció la
retirada de Estados Unidos de este acuerdo, dadas sus promesas de campaña en
pro de los intereses económicos americanos. Por el contrario, China, el mayor
contaminante del mundo ha ratificado su decidida voluntad de contribuir a la
lucha contra la contaminación medioambiental.

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Lamentablemente, la intensidad del avance del deterioro climático no solo no
admite prórrogas, sino que apenas puede asumir los plazos establecidos por un
grupo central de países, por lo demás mayoritariamente incumplidas.
En España, Pedro Sánchez ha anunciado la prioridad programática de su
gobierno para la transición energética. En Euskadi la sensibilización hacia el
problema medioambiental es alta. El Gobierno Vasco impone políticas de
protección a los ayuntamientos de municipios y la sociedad civil encabeza
iniciativas muy remuneradoras del medioambiente.
A la sensibilización general debe acompañar el estímulo de la innovación y una
firme política fiscal, tanto doméstica como internacional, comenzando por la
eliminación de subsidios a todos los productos que generen gases nocivos y
fomentando a quienes los frenen, la implantación de tasas medioambientales y
sanciones a quienes transgredan la legalidad, implantando gravámenes sobre
vehículos de combustión, y extendiendo la política de permisos y derechos
negociables siempre, como se ha dicho, bajo la premisa de la cooperación
internacional.
La posición de Estados Unidos resulta, a estos efectos, determinante.