PRI con Beltrones rumbo a 2018

ISSN: 1665-1626
Año 14 • Número 454 • $30
Del 14 al 20 de septiembre de 2015

6 14 de septiembre de 2015
AGENDA DE LA CORRUPCIÓNOPINIÓN
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E
n el paquete económico 2016, que presentó el secretario Luis Vi-
degaray a la Cámara de Diputados el pasado 8 de septiembre, se
propone una reducción de 221 mil millones de pesos en el gasto
total. Esto es 1.15 por ciento del producto interno bruto inferior al
gasto programable para el año pasado, dijo el titular de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
Por ello, se espera un recorte masivo de personal de confianza. Lo
que no se espera es un manejo transparente y abierto de los miles de mi-
llones de pesos que resguarda la administración federal en fideicomisos
públicos y privados, y que representan más del doble de la reducción
propuesta por Hacienda.
Y es que, pese a ser considerados como figuras extremadamente
opacas, en 2015 la administración federal cuenta con 353 fideicomisos,
mandatos y actos jurídicos análogos sin estructura, que manejan discre-
cionalmente 463 mil 830 millones 700 mil pesos.
De los 353 fondos en cuestión, 25 concentran el 83.5 por ciento del
dinero público: 414 mil 409 millones 200 mil pesos. De éstos, seis desta-
can por el monto involucrado:
En primer lugar está el Fideicomiso del Sistema de Protección So-
cial en Salud, con 62 mil 12 millones 600 mil pesos, controlado por la
Secretaría de Salud. Le siguen, bajo el mando de Hacienda, el Fidei-
comiso Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, con 61 mil
82 millones; el Fondo Nacional de Infraestructura, con 47 mil 214
millones; el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Fe-
derativas, con 35 mil 349 millones 800 mil pesos; y el Fideicomiso para
Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera
(antes Aduanas I), con 20 mil 412 millones 300 mil pesos.
El sexto está catalogado entre los fondos destinados para subsidios
y apoyos, y también es controlado por Hacienda: es el Fideicomiso de
Contragarantía para el Financiamiento Empresarial, cuya bolsa ascien-
de a 17 mil 479 millones 600 mil pesos.
FIDEICOMISOS
POR 463 MIL MDP
A SALVO DEL
RECORTE
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OPINIÓN
CONTENIDO
30
PORTADA
Al día de hoy, 7 mil 185 mujeres permanecen en
calidad de desaparecidas. Casi la mitad de ellas
es menor de 18 años. El 52 por ciento de los casos
ha ocurrido en lo que va del actual sexenio
DESAPARECIERON 3 MIL 725
MUJERES EN 3 AÑOS
AGENDA DE LA CORRUPCIÓN FIDEICOMISOS POR 463 MIL
MDP, A SALVO DEL RECORTE
CONTRAPODER
UN PRI A LA DERIVA FINALMENTE TIENE UNA CONDUCCIÓN
POLÍTICA PARA LA COMPETENCIA ELECTORAL Álvaro Cepeda
Neri
ARTÍCULOS
LLEVARON AL EJÉRCITO A LA TRAICIÓN Samuel Lara Villa
EL OTRO GRITO: EL DE LOS OPRIMIDOS Lev Moujahid Velázquez
Barriga
LA RECIENTE DEUDA HISTÓRICA DEL CONGRESO Martín
Esparza Flores
MICHOACÁN: PUEBLOS INDÍGENAS, DE PIE Bertha Dimas Huacuz
PEÑA NIETO: EN PICADA Jorge Meléndez Preciado
REFUGIADOS, VERGÜENZA DE EUROPA Irene Casado Sánchez/CCS
JORGE RAMOS: UN PERIODISTA QUE RETA AL PODER Joaquín
Roy/IPS
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CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN -año 14, número
454, del 14 al 20 de septiembre de 2015- es una publicación sema-
nal editada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Avenida
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CONTENIDO
46 54
38
45
ANÁLISIS
SOCIAL Escamoteos a periodistas en Quintana Roo Rogelio Hernández
López
46
INVESTIGACIÓN
PORTADA Más de 7 mil desaparecidas en México Flor Goche
LÍNEA GLOBAL Operación Orión: recuperar cuerpos y verdad
Javier Juárez Rodríguez/Especial
MEDIOS Allanan domicilio de reporteras de Contralínea Redacción
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38
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MISCELÁNEO
EX LIBRIS 23 ensayos sobre el capitalismo histórico y los movimientos
políticos y sociales Álvaro Cepeda
REDES SOCIALES #FueElEstado y #ayotzinapa
PASO A DESNIVEL La verdad más fea Miguel Galindo
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64
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Ilustración de portada: Miguel Galindo
ESPECIALES
CONTRALUZ Cherán combatió al crimen organizado y ganó su autonomía
José Luis Santillán
54

CONTRAPODER
OPINIÓN
UN PRI A LA DERIVA FINALMENTE
T
ras el interregno del Partido Acción Na-
cional (PAN) que no consumó ni la alter-
nancia y mucho menos la transición a más
democracia, repitiendo como farsa su presiden-
cialismo, nuevamente y como ave fénix, el Partido
Revolucionario Institucional tiene una conduc-
ción de la política por la política y para la política,
en el contexto del estado de partidos que navegan
en una crisis de falta de credibilidad electoral. Y
ya como gobiernos salidos de ellos, puesto que no
hay partido en el poder que no sea vaso comunicante
con quienes salieron de sus filas. La “sana distan-
cia” de ese nefasto criminal Ernesto Zedillo (Ac-
teal, Aguas Blancas, El Charco, etcétera) fue una
farsa, ya que el presidencialismo mexicano, priísta
y panista, ha tenido y tiene injerencia en su parti-
do y éste en el gobierno.
Vicente Fox y más Felipe Calderón perdieron a
su partido por falta de preparación y malos mane-
jos políticos. Incluso los panistas hasta perdieron
el gobierno. Así que la designación del político
sonorense Manlio Fabio Beltrones Rivera para
conducir al PRI ha sido un atinado golpe de timón,
si es que el priísmo, que agonizaba, quiere buscar
las posibilidades para su renacimiento electoral. Y
si quiere, además, competir por la Presidencia de
la República en un ambiente donde López Obra-
dor quiere ser candidato pero no presidente. Y un
PAN y un Partido de la Revolución Democrática
a la deriva en busca de su respectivo candidato.
Beltrones es un político creado en la política y
preparado para la política, quien sabe, conforme
a su biografía, cómo organizar a un partido que
ha de navegar a contracorriente, y más si las condicio-
nes económicas empeoran, que es lo más proba-
ble. Y que debe ser coadyuvante del presidencia-
lismo, cortando de tajo la “sana distancia”, ya que
son tiempos muy difíciles y complicados donde un
partido, los partidos, deben colaborar para sacarle
la vuelta a los males que nos acechan; y contribuir a
reducir los efectos sociales de los que no se puedan
esquivar. Hacer del PRI una conexión entre su pa-
sado y su presente es la titánica tarea de Beltrones.
Pero como es un político para la política y de la
política, más que intentar, podrá conducirlo a las
nuevas alianzas a izquierda y derecha, mantenien-
do su centrismo electoral en una época que ha na-
cido ya y exige la contribución de todas las fuerzas
políticas que quieran maniobrar en beneficio de la
nación, los gobiernos y el estado de derecho.
Al ser escogido un político de las cualidades de
Beltrones, el PRI y el presidencialismo han acerta-
do. Y el sonorense, economista de formación en la
Universidad Nacional Autónoma de México, de
larga experiencia legislativa y en la administración
pública, deberá echar por delante todas sus capa-
cidades para que ese partido tenga presente para
enfrentar el futuro inmediato. Contando además
con la buena suerte que planteaba el florentino,
para completar a un político en los términos del
profeta armado. Inician el PRI, Beltrones y los priís-
tas frente a los electores una tarea difícil pero no
imposible cuando tiene una conducción política:
sumar voluntades ciudadanas en todos los sectores
TIENE UNA CONDUCCIÓN POLÍTICA
PARA LA COMPETENCIA ELECTORAL
ÁLVARO CEPEDA NERI, PERIODISTA

CONTRAPODER OPINIÓN
y de todas las edades, desple-
gando un programa de con-
tribución a la economía, lo
social, lo cultural y lo político
que disminuya los efectos de
la crisis general que ya tene-
mos encima por lo interno y lo
externo, que anuncia males
para la nación.
En consecuencia, entre
la política democrática y la
economía “existe una rela-
ción esencial con ese sistema
político si, además, el estado
de partidos es necesario e in-
evitable en una democracia”
(Hans Kelsen, Los fundamen-
tos de la democracia, y Esencia
y valor de la democracia), por
lo cual la conducción priís-
ta tiene, ahora mismo, a un
conductor político-econó-
mico con fines sociales en el
marco constitucional. Y que
ha de escuchar los planteamientos-demandas ciu-
dadanas para completar los desafíos actuales en el
contexto de la competencia electoral. Se compro-
metió Beltrones al diálogo y en su caso a la répli-
ca; a la autocrítica, construyendo puentes “entre
generaciones” para que a las urnas se presente la
mayoría en apoyo al estado de partidos. No hay
otro método para formar y conformar no ya las
unidades, sino las uniones con pluralismo ideoló-
gico y los “derechos políticos, en los que consiste
la libertad para ejercer el derecho al sufragio”, con
los derechos humanos y sus garantías.
“Sería difícil ignorar las lecciones de la elección
de junio pasado. Admitamos que los partidos polí-
ticos se han rezagado respecto de las demandas de
la sociedad moderna. No son suficientes para ganar
por sí mismos unas elecciones. Pero son indispensa-
bles como órganos de representación y acción polí-
tica. En el caso del PRI es imperativo que se plantee
como tarea principal ser un auténtico instrumento
al servicio de la sociedad”. Puntualizó, además, “la
primacía del diálogo y la transmisión de conoci-
mientos y experiencias conjugados con la fuerza, la
rebeldía e ideas de la juventud”. Y reafirmó su nexo
partidario con la Presidencia de la República: “El
PRI mantendrá con el presidente una constructiva
y fructífera relación de diálogo y reflexión”.
Ésta es la nueva conducción del Revoluciona-
rio Institucional para enfrentar la competencia de
2016, en lo inmediato, y después en 2018. Bel-
trones no titubeó cuando se apuntó para dirigir al
PRI, sabiendo de antemano que sólo un político
formado en la política y para la política, sujeto a
la ética democrática y al estado de derecho, puede
enfrentar el desafío de reconstruir un partido, de
lograr la paz a través del derecho y conciliar legi-
timidad y legalidad. Y hacer prevalecer el interés
de la nación como pueblo y sociedad civil, reco-
brando la seguridad ante los poderes fácticos de la
violencia delincuencial.
“El alfa y omega de la teoría política es el pro-
blema del poder. Cómo se adquiere, cómo se con-
serva y cómo se pierde, cómo se ejerce, cómo se
defiende”, escribe Norberto Bobbio en su Teoría
general de la política. Eso es lo que necesita un parti-
do con conducción política.
CECILIAMARTÍNEZ

ARTÍCULOOPINIÓN
E
l papel de las Fuerzas Armadas de Méxi-
co es cada vez más el de un enemigo de
su misión histórica: cumplir y hacer cum-
plir la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos de 1917. En el sexenio de Vicente Fox
(2000-2006), el general secretario Clemente Vega
García supo, en algún momento en que la situa-
ción lo urgía, solicitarle por escrito las órdenes
al mando supremo, obligándolo a rectificar una
de sus tantas burradas, pero hasta ahí llegó. En las
elecciones de 2006, los altos mandos no se perca-
taron (¿será?) del fraude electoral mediante el cual
Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón
Hinojosa asumiera la Presidencia de México. Peor
aún: la Secretaría de la Defensa Nacional (Sede-
na) y la Secretaría de Marina (Semar) se apresu-
raron a ponerse a la órdenes del ilegítimo en una
ceremonia realizada la noche anterior a la toma
de la posesión presidencial, en el Campo Marte
en la Ciudad de México; dicho acto fue inventa-
do al efecto para hacer patente la subordinación
de ambos secretarios; indignantemente pusieron
bajo custodia del Heroico Colegio Militar (“por el
honor de México”) la banda presidencial tricolor,
destinada a colocarla en el pecho del espurio que
tuvo que ser resguardado por el Ejército, la Fuerza
Aérea y la Armada; cercaron el recinto legislativo
para ponerlo a salvo de la inconformidad del pue-
blo... Días después, a un gesto del dipsómano, las
Fuerzas Armadas de México lanzaron, sin más ni
más, a sus soldados y marinos a la “guerra”.
Pareciera que se acrecentaba cada vez más el
empeño de los altos mandos por convencer de su
“lealtad” al Ejecutivo federal que los instalaba en
la Sedena o la Semar, pues en las elecciones de
2012 no solamente se solapó otra vez el fraude
electoral, sino que Enrique Peña Nieto fue im-
puesto a la nación, sin exageración alguna, por las
bayonetas de las Fuerzas Armadas Mexicanas en
las mismas condiciones descritas anteriormente.
El general Salvador Cienfuegos Zepeda y el al-
mirante Vidal Francisco Soberón se apresuraron a
comentar, por medio de la prensa y la televisión,
el apoyo incondicional y su “lealtad a las institu-
ciones” –casualmente priístas– a quien nunca de-
mostró legitimidad para ejercer la Presidencia de la
República. En este país nunca se recuenta el voto.
Pronto lo confirmaron esos secretarios impulsando
las reformas estructurales y el Pacto por México, al
igual que los partidos políticos, servilmente coludidos
para destrozar la Constitución de 1917, promulga-
da al triunfo de la Revolución Mexicana que costó
la vida de 1 millón de mexicanos que lucharon por
la salud, la educación, las Leyes de Reforma, el lai-
cismo, la Ley del Trabajo, la Reforma Agraria y la
sentencia de que “lo que está en México es de los
mexicanos”, para nacionalizar el petróleo.
Lo más grave fue que, para sostener el apoyo
prometido a Peña, a Cienfuegos y Soberón no les
importó violar el juramento pronunciado al cau-
sar alta en filas. Cuando el interventor nombrado
al respecto por la superioridad preguntó: “¿Protes-
táis cumplir y hacer cumplir la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes
que de ella emanen?”, respondieron el soldado y
el marino mexicanos: “¡Sí, protesto!”. Entonces,
SAMUEL LARA VILLA, GENERAL BRIGADIER RETIRADO; PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN
DE MILITARES RETIRADOS GENERAL FRANCISCO J MÚGICA,AC
LLEVARON AL EJÉRCITO
A LA TRAICIÓN

ARTÍCULO OPINIÓN
“que la nación os lo premie. Si no, que os lo de-
mande”, concluyó el interventor. Dicho acto se
lleva a cabo en cada ocasión que se adquiere una
nueva responsabilidad –como cada ascenso, por
ejemplo– y en la vida militar, la más honorífica es
precisamente la de dirigir la Sedena o la Semar.
No existe posibilidad de hacer que un patriota
verdadero venda sus más caros principios. Lo cual
crea muchas dudas a lo ocurrido con estos altos
mandos que lo olvidaron.
La historia de México podrá comprobarlo: la
Escuela Superior de Guerra fue creada, ahora es
evidente, con el objetivo de apartar al Ejército del
Pueblo de la filosofía de la Revolución Mexicana
contra el opresor, así como apartarlo de su leal-
tad a la suprema ley promulgada el 5 de febrero
de 1917. El propósito real de los militares Diplo-
mados de Estado Mayor, pronto lo hicieron claro:
conformar una elite que se hiciera dueña del Ejérci-
to Mexicano, afianzar la seguridad nacional a los
intereses del imperio
estadunidense, someter
la estrategia de la gue-
rra irregular, herencia
consecuente de la Re-
volución Mexicana, que
aún ahora resulta im-
prescindible para la se-
guridad nacional. El verdadero enemigo sin duda
está al Norte; los Diplomados de Estado Mayor
siempre han pensado en la creación de grandes
unidades aplicadas a la creación de un Ejército
Continental bajo el mando de los estadunidenses:
“América para los americanos” es la amenaza.
Consecuentemente, los actuales altos man-
dos –Diplomados de Estado Mayor– centran su
proyecto en convencer al personal del servicio
activo de la supuesta obligatoriedad de lealtad
en el presente sexenio hacia Peña Nieto; la tropa
no es ignorante, pero desconoce la perfidia y los
alcances de los malos gobernantes y sus lacayos,
la disciplina les obliga a confiar en que sus supe-
riores no deben equivocarse. Esto lo aprovechan
los comandantes para recordarles los beneficios
económicos que les son otorgados por el mando
supremo, limosnas al fin comparadas con los fa-
bulosos sueldos de los mandos superiores.
Invitamos a la tropa del activo a reﬂexionar:
¿por qué sus comandantes los hacen odiar al pue-
blo del que ellos mismos son originarios? Respues-
ta: los malos gobernantes, con ayuda de los co-
mandantes, desde su escritorio siembran el odio
entre ambos bandos: la gente del pueblo y los ór-
ganos represivos, para que ellos pongan los muer-
tos –ya son miles cada día– y a quienes mandan a
la cárcel. Los Diplomados han cumplido, hicieron
renacer al otrora Ejército Federal de Porfirio Díaz y
de Victoriano Huerta para servir a Peña Nieto
y a los gringos.
Otra reﬂexión: militares en activo: ¡alertas! El
mal gobierno pronto privatizará el Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, el Instituto Mexicano del Seguro Social y
¡el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas
Armadas Mexicanas! Ya amenazaron y los prime-
ros indicios están a la vista: mal trato, escatimo de
medicinas, de prótesis y aparatos ortopédicos; des-
cuento del 40 por cien-
to a las viudas del haber
que cobraba el militar fa-
llecido; que no ascien-
dan los retirados que
por ley tienen derecho;
que sepulten en el olvido la
miserable pensión que
reciben quienes no cumplieron 20 años de servicio
al causar baja por inutilidad contraída en actos del
servicio o con motivo de él.
Militar en servicio activo: la tropa es el Ejér-
cito verdaderamente, que no te engañen, tú eres
el pueblo en armas, el que decide el momento de
castigar al tirano, de hacer cumplir las leyes que
creó tu misma gente, el pueblo: eres tú quien debe
decirle “¡basta!” al que te ha engañado, explota-
do y humillado. La disciplina no es para hacer
cobardes. Te enseñó a ser valiente, a conocer las
leyes y reglamentos que promulgó el pueblo para
cumplirlas y para hacerlas cumplir a los traidores.
Demuestra a los altos mandos, a los mandos supe-
riores cómo se cumplen las protestas de ley.
Las Fuerzas Armadas Mexicanas no son de
Peña Nieto. El Ejército y la Fuerza Aérea no son
del general Cienfuegos. La Marina-Armada no es
del almirante Soberón.
Los malos gobernantes, con ayuda
de los comandantes, siembran el odio
entre el pueblo y los órganos repre-
sivos, quienes ponen los muertos
Los malos gobernantes, con ayuda
sivos, quienes ponen los muertos

ARTÍCULOOPINIÓN
E
l relato histórico de los libros de texto ofi-
ciales de educación básica ha mutilado la
memoria mexicana para legitimar 5 siglos
de colonialismo y neocolonialismo, años en los que
las relaciones fundamentales de dependencia
económica y política no han cambiado práctica-
mente en nada. En el siglo XXI, el papel invasor
de las monarquías reinantes europeas lo hacen las
corporaciones económicas de la globalización ca-
pitalista, cuyo poder está por encima de cualquier
institución política que diga representar la sobe-
ranía de la nación.
Las condiciones de sometimiento hacia los pue-
blos originarios y mesti-
zos no se modificaron,
cambiaron a relaciones
de esclavitud moderna;
el genocidio, desplaza-
miento y despojo de las
tierras comunales por
parte de las grandes
mineras y petroleras es una amenaza constante
que pone en riesgo la existencia de las comuni-
dades indígenas y de una cosmovisión que tiene
al territorio como algo sagrado y no como una
mercancía; seguimos siendo una inmensa mayo-
ría de pobres, más de 100 millones dicen los ex-
pertos, atravesados por la cultura indiana, pero
sometidos por familias de apellidos aristocráticos
europeos y de otras naciones externas.
Una tarea central de la educación crítica, de
los maestros y maestras de México, para que
sean realmente congruentes con su postura en las
calles, es la disputa por la memoria histórica na-
cional a la luz de un proceso de descolonización
desde abajo, de nuestros saberes y conocimientos
reproducidos y enseñados en la escuela, sistema-
tizados en los libros de texto oficiales, que siguen
siendo el instrumento confesional de la doctrina
de los poderosos para imponer su cultura.
Estamos obligados a visibilizar lo que se ha ne-
gado, ocultado, omitido y mutilado de la historia
nacional. Si nuestros muertos, que lucharon por
la emancipación social, ya fueron enterrados
por el poder colonial opresivo, nosotros los con-
denamos al olvido si permitimos que el discur-
so hegemónico de la
burguesía no les dé un
lugar en la historia, si
no movilizamos nuestra
conciencia para desen-
terrar de la memoria
la voracidad con la que
se ha desarrollado este
sistema antinatural e inhumano, no para contem-
plar el devenir de la sociedad, sino para edificar
un nuevo sentido histórico que nos conduzca a la
verdadera independencia.
Los libros de texto que se consolidaron con la
articulación de la educación básica de 2010 nie-
gan el origen rebelde de la indianidad mexicana.
Los pueblos ancestrales de Mesoamérica sólo se
comprenden por la conquista española, no por su
pasado propio, sino en la aculturación occiden-
tal sobre la civilización de los antiguos poblado-
res de Abya Yala. Intentan crear una conciencia
LEV MOUJAHID VELÁZQUEZ BARRIGA, HISTORIADORY PROFESOR; MIEMBRO DEL CEN-
TRO SINDICAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA DE LA COORDINADORA
NACIONAL DETRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN EN MICHOACÁN
Los libros de texto que se consoli-
daron con la articulación de la educa-
ción básica de 2010 niegan el origen
rebelde de la indianidad mexicana
Los libros de texto que se consoli-
mexicana
EL OTRO GRITO
EL DE LOS OPRIMIDOS

ARTÍCULO OPINIÓN
derrotista del sometido a través de
un discurso historiográfico que
recupera los testimonios del
conquistador, como las Cartas de
relación de Hernán Cortés, pero
no la “visión de los vencidos”,
quienes se resistieron a la inva-
sión.
El periodo posterior a la
invasión es la organización
económica, religiosa, admi-
nistrativa y de las instituciones
políticas de la corona para su
mejor funcionalidad, pero no es
la del nuevo patrón de poder de
expansión y mundialización del
capitalismo de matriz colonial,
que antes de 1492 sólo era un
mundo autárquico en los límites
del Continente Europeo, pero
que ahora se ampliaba, no para
llevar el progreso y la proletari-
zación de los trabajadores asala-
riados a otras partes del planeta,
sino a costa del genocidio, el saqueo, la esclavitud
y otra formas nuevas de explotación como la mita
o la encomienda, que parecieran anacrónicas al
capital, pero que fueron en realidad la base de su
desarrollo planetario.
Más allá de la organización virreinal, es de-
cir, del invasor, en los textos de historia oficial no
aparecen los brotes de rebeliones indígenas que
se dieron al por mayor durante los 3 siglos de co-
lonialismo occidental. Ciertamente no fueron las
rebeliones obreras y campesinas contra el capi-
talismo al estilo de Europa, pero sí lo fueron por
la defensa del territorio como espacio vital y sa-
grado, no como propiedad privada; lo fueron por
la autonomía y autodeterminación de su pueblo
para existir en relaciones de reciprocidad que al-
gunos llaman comunalidad.
Para los pueblos originarios, la fiesta es el lu-
gar donde se comparte el producto excedente, lo
cual parecía una cuestión irracional para los ase-
sores ilustrados de la monarquía borbónica en el
siglo XVIII. De ahí la prohibición de las fiestas
populares y otras formas de manifestación cultu-
ral que eran vistas como ociosas e improductivas
por los colonialistas, indicios de desorden y focos
de reuniones disidentes; y de alguna forma lo
eran, porque la expresión contracultural y popu-
lar de estas clases subalternas fue uno de los ca-
nales subversivos que encontraron para mostrar
su rechazo al patrón colonial de poder; por ejem-
plo, la conocida Danza de los viejitos del Occidente
mexicano, que data de la época antes de la inva-
sión europea dedicada al Dios Viejo o del fuego,
Huehuetéotl, muestra la sabiduría y vitalidad de
los ancianos purépechas frente a la decrepitud
del anciano blanco español.
Salvo el culto guadalupano que escondía a la
Diosa Tonantzin, madre de los dioses en la cosmo-
visión náhuatl, y cuya imagen morena después se
convirtiera en el primer estandarte insurgente, no
se habla de ningún otro caso en la historia oficial,
pese a que éste fue el prototipo y el más trascen-
dente de múltiples acontecimientos parecidos que
dieron cuenta de la conservación religiosa e iden-
titaria de las culturas ancestrales.
Lo religioso era, pues, otro de los canales de
DAVIDMANRIQUE

ARTÍCULOOPINIÓN
subversión en un mundo excesivamente represivo
y de esclavitud, no sólo para los criollos estudiosos
de la teología que, inspirados en la tradición jesui-
ta y la lectura crítica de La Biblia, se involucraran
luego en la guerra independentista, sino también
para los indígenas sujetos al sometimiento del
poder colonial, que encontraron en la expresión
mística los anhelos de cambiar el mundo y de desen-
cadenarse de las estructuras de opresión.
En los textos escolares de historia de México
pareciera que la principal contradicción de clases
sociales en la era colonial se daba entre los grupos
de la elite, criollos y peninsulares, argumentando
que los primeros no podían acceder a los mandos
altos de poder; sin embargo, los cabildos como
órganos de administración local también fueron
parte del engranaje de saqueo, por ejemplo: ellos
otorgaban los permisos para la extracción mine-
ra, actividad que cobró la vida de millones de in-
dígenas explotados en las minas de oro y plata.
Estos indígenas purépechas, otomíes y hui-
choles, por mencionar algunos, que fueron supe-
rexplotados hasta morir en minas de Guanajuato,
San Luis Potosí o Zacatecas; o
en las haciendas del bajío vi-
rreinal que producían la mayor
parte de los granos consumidos
en la Nueva España, pero que
padecieron también la ham-
bruna por el acaparamiento del
maíz por parte de sus opresores,
componían el grueso de las filas
insurgentes en más de un 60 por
ciento. Fueron ellos quienes pa-
decieron realmente las contra-
dicciones de un sistema que les
negó toda posibilidad de vida,
mientras la burguesía europea
industrializaba su producción a
base de la riqueza que le daba
toda nuestra fuerza viva de
trabajo y nuestros recursos na-
turales; empero, son los héroes
criollos y de la burguesía local
quienes abundan en las páginas
de los libros de texto.
EnlaIndependencianotriun-
faron los pueblos indígenas y mestizos, tampoco
se alcanzó la soberanía nacional: apenas los gru-
pos criollos liberales y conservadores accedieron
al poder, se olvidaron de evocar la grandeza del
pasado precolonial, de sentirse herederos de esa
cultura ancestral y se aliaron a las logias masóni-
cas para disponer la entrega de nuestro país a es-
tadunidenses, franceses o ingleses, pero también
impulsaron un nuevo desarrollo del capitalismo
dependiente desarticulando con sus leyes refor-
mistas los resquicios de propiedad y organización
comunal.
En estos tiempos en los que se sigue hablando
de independencia, es urgente también descoloni-
zar la educación, reconstruir una nueva memoria
de los subalternos, de los oprimidos, de aquellos
que no tenemos voz ni rostro en la memoria del po-
der, en la historia oficial contada por los dueños
del dinero. Ésa será la contramemoria de las clases
populares, de las resistencias y de la lucha cons-
tante de los subalternos por emanciparse y cons-
truir un nuevo sentido histórico para la humani-
dad.
DAVIDMANRIQUE

ARTÍCULOOPINIÓN
LA RECIENTE DEUDA HISTÓRICA
A
l estudiar las responsabilidades de los le-
gisladores en su obra La Política, el filó-
sofo griego Aristóteles estableció que “el
primer deber del hombre de Estado consiste en
conocer la Constitución”, tesis que debe mover a
esta imprescindible reflexión a quienes en México
forman parte de un Congreso de la Unión, donde
la mayoría de sus integrantes desconocen los fun-
damentos contenidos en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y su sentido de
igualdad y justicia social. Sin temor a equivocar-
nos, podemos asegurar que algunos ni siquiera la
han consultado en su vida.
La proposición aristotélica señala, por tanto,
que si la función principal de los legisladores es la
producción de leyes, éstas en consecuencia deben
ajustarse a la Constitución vigente, por lo que es
indispensable conocerla o al menos tener una no-
ción básica de su contenido. Y nos preguntamos:
¿cuántos de los ahora exdiputados de la LXII
Legislatura que aprobaron las reformas estruc-
turales y toda la gama de leyes secundarias, en
conjunción con los senadores, habían estudiado
lo referente a nuestra ley fundamental?
Resulta evidente que antes de ejercer cual-
quier facultad en la producción legislativa, los
representantes populares deben cumplir con el
deber de conocer la Constitución, pero lamen-
tablemente no sucede así. Para algunos estudio-
sos de la Carta Magna, como el extinto Ignacio
Burgoa Orihuela, los congresistas tienen la alta
responsabilidad de salvaguardar los derechos so-
ciales dando lugar, mediante la expedición de le-
yes justas, a una relación jurídica entre las clases
sociales que carecen del poder económico y gru-
pos de situación precaria y las castas poseedoras
de la riqueza, por lo que el papel del Estado es
velar por “el cumplimiento de las modalidades de
los derechos, sea para impedir los abusos o para
anular los actos contrarios a las normas”.
Los exlegisladores tienen así una gran deuda
histórica con una sociedad cuyos intereses y dere-
chos debían salvaguardar con base en el respeto
de los preceptos constitucionales y a los que con
la mayor de las ligerezas anularon. Si las refor-
mas no avanzan es porque su contenido carece de
elementos apegados a la realidad nacional; es
decir, que los congresistas mexicanos ni siquiera
se enteraron a detalle lo que estaban aprobando,
incurriendo en una grave omisión ante sus pro-
pios electores y ante la nación en su conjunto que
les demandó escuchar las voces y opiniones de los
diversos sectores de la sociedad, ignorando sus le-
gítimas exigencias.
Pero tal responsabilidad histórica también es
extensiva a los congresos locales, donde, como en
el caso de las legislaturas de Querétaro y Vera-
cruz, en sólo 10 minutos aprobaron reformas de
la importancia y trascendencia como la energéti-
ca, cuyo borrador ni siquiera fue hojeado por la
mayoría de sus diputados locales.
En las actuales circunstancias de analfabetismo
parlamentario valga recordar por ello los funda-
mentos históricos que dieron origen a nuestra
actual Carga Magna, teóricamente engendrada
por una Revolución que surgió para atenuar
DEL CONGRESO
MARTÍN ESPARZA FLORES, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MEXICANO DE
ELECTRICISTAS

ARTÍCULO OPINIÓN
la precaria situación en que vivían las
clases campesinas y obreras, así como
la dependencia del país a los designios
del naciente imperialismo al que tanto
cobijó el régimen autoritario de Porfi-
rio Díaz.
De ese movimiento armado nació
un proyecto que buscó amalgamar en
leyes más justas y acordes a los postu-
lados revolucionarios como tierra y
libertad, jornada laboral de 8 ho-
ras, derecho a huelga y un salario
justo, con una ideología naciona-
lista cuya característica sustancial
fue la de constituir un Estado asis-
tencial o de bienestar, en torno al
cual giraron todos los programas que
surgieron posteriores a la lucha arma-
da; un Estado que proporcionara a
los desvalidos del espectro social una
serie de satisfactores, pero que además
interviniera en la vida económica para
constituir un motor de desarrollo y transformación
económica del país. Todo esto, bajo el fundamen-
to legal de la Constitución de 1917.
¿Lo aprobado en la recién concluida legislatu-
ra tomó en cuenta estos antecedentes históricos y
sociales? Por supuesto que no. Y en un avasalla-
miento a la Constitución, imprimió al contenido
de las leyes secundarias –como las de la reforma
energética– un retroceso a las conquistas sociales,
consintiendo, como uno de tantos ejemplos, la ex-
propiación de tierras a comunidades indígenas y
campesinas donde, a criterio de los inversionistas
extranjeros, puedan desarrollarse proyectos de
este sector.
De igual forma, autorizó a las ahora llama-
das empresas productivas del Estado –Petróleos
Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad–
modificar contratos colectivos con su contraparte
sindical, restando derechos de jubilación y otras
prestaciones a sus trabajadores.
Es indudable que los nuevos legisladores reci-
ben como herencia una verdadera bomba de tiempo,
porque las leyes aprobadas con tal impruden-
cia por quienes les antecedieron provocarán si-
tuaciones adversas al desarrollo nacional. Y de no
ser enmendadas se convertirán en un verdadero
lastre para la propia economía.
Valga entonces invocar nuevamente el razo-
namiento aristotélico y preguntarnos si como su-
cedió con sus predecesores, los nuevos diputados
que arribaron a San Lázaro también carecen de
los conocimientos básicos de nuestra Constitu-
ción. De ser así, valdría la pena que los ciudada-
nos hicieran valer su facultad de proponer iniciati-
vas para presentar un proyecto de ley que obligue
a los congresistas a tomar un curso obligatorio en
este sentido para que conozcan los alcances reales
de sus decisiones parlamentarias y sus obligacio-
nes con la sociedad y el país.
Por ser de su absoluta competencia, los inte-
grantes de la recién desempacada LXIII Legislatura
deberán explicar a los mexicanos las causas que
están originando la actual problemática nacional
y proponer soluciones en el corto plazo y, de ser
necesario, asumir la obligación de restablecer el
marco constitucional que se tenía antes de la apro-
bación de las reformas estructurales y sus leyes se-
cundarias, pues no hay duda que el Congreso de
la Unión tiene una deuda histórica con el país que
debe saldar en lo inmediato.
DAVIDMANRIQUE

ARTÍCULOOPINIÓN
D
esde hace 75 años se habla en las tierras
del Lago de Pátzcuaro de los indígenas
y de sus problemas. El Primer Congre-
so Indigenista Interamericano se celebró en esa
ciudad en 1940, y de ahí partió la creación del
Instituto Indigenista Interamericano. Y años
más tarde, en 1948, la fundación del Instituto
Nacional Indigenista (INI), antecesor de la aho-
ra Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (2003). Larga historia. Cama-
leónica transmutación de un indigenismo persisten-
te, asistencialista, filantrópico y corporativo de
Estado, ya de tercera generación en los comien-
zos del siglo XXI.
A pesar de esta atención institucional tem-
prana y privilegiada, las condiciones de vida de
nuestra gente indígena nunca mejoraron. Todo
lo contrario. La pobreza, la marginación y la
enfermedad predominan en nuestras comuni-
dades. Una gran proporción de la población se
mantiene analfabeta. Además, se ha establecido
–y existen datos estadísticos precisos e irrefuta-
bles– que las condiciones de vida de las comu-
nidades indígenas de Michoacán, así como del
resto del país, se han deteriorado en las últimas
décadas.
La realidad de Michoacán se caracteriza por
el lento y errático ritmo de su desarrollo –uno de
los más bajos del país–, en función de los índices
sociales, económicos, educativos y de salud. Esta
triste realidad está documentada con base en es-
tadísticas oficiales y medida con parámetros de
marginación y rezago socioeconómicos elabora-
dos por la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) y las instituciones correspondientes del
país, como el Instituto Nacional para la Eva-
luación de la Educación (INEE), el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el
Consejo Nacional de Población (Conapo), o
el Consejo Nacional de Evaluación de la Polí-
tica de Desarrollo Social (Coneval). Gobiernos
llegan y gobiernos van, mas la situación está
siempre lejos de ser superada.
La pobreza en Michoacán alcanzó al 59.2
por ciento de la población en 2014; un aumen-
to significativo comparado con el 54.4 por ciento
de 2012. De este modo, 2 millones 700 mil mi-
choacanos son pobres declarados. Por su parte,
el indicador más reciente de la pobreza a nivel
nacional es de 46.2 por ciento (Coneval, 2015).
Igualmente, la pobreza extrema afecta al 14
por ciento de los michoacanos, en comparación
del 9.5 por ciento de la población en el ámbi-
to nacional. Esto implica, en los dos casos, que
miles de familias del campo y de la ciudad no
cuentan con los elementos mínimos de supervi-
vencia. Igualmente grave –y relacionado– es el
hecho de que casi el 35 por ciento de los habi-
tantes de Michoacán carecen de acceso a una
alimentación mínima, de acuerdo con los datos
del Coneval, lo que equivale a más de 1 millón y
medio de personas.
Las presiones ejercidas sobre el medio am-
biente en territorios comunitarios y la economía
de las familias rurales de Michoacán están, en
realidad, apenas reducidas por medio de las vál-
BERTHA DIMAS HUACUZ, MÉDICA, EGRESADA DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA;
ESTUDIÓ SALUD PÚBLICA EN LA UNIVERSIDAD DE HARVARD. DIRECTORA FUNDADORA
DE LA ESCUELA PREPARATORIA INDÍGENA INTERCULTURAL DE SANTA FE DE LA LAGUNA E
INTEGRANTE DEL CONSEJO ESTATAL DE ECOLOGÍAY DEL PRIMER CONSEJO ECONÓMICO
Y SOCIAL DE MICHOACÁN
MICHOACÁN
PUEBLOS INDÍGENAS, DE PIE

ARTÍCULO OPINIÓN
vulas de escape de las remesas de nuestros miles
de migrantes.
Es así que el informe titulado Índice de desarro-
llo humano para las entidades federativas, México 2015.
Avance continuo, diferencias persistentes reitera la posi-
ción 29 que tiene Michoacán con respecto de los
32 estados de la República Mexicana; lugar en
el que lamentablemente se ha mantenido desde
hace 10 años. Esta clasificación está basada en el
índice de desarrollo humano (IDH), elaborado
por el Programa de la Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), el cual involucra los niveles
obtenidos en “desarrollo humano” en función
de indicadores de salud, educación e ingreso.
Bajo esta medida, Michoacán supera únicamen-
te a Oaxaca, Guerrero y Chiapas. El IDH para
Michoacán ha sido estimado en 0.700, cuando
el promedio nacional es de 0.746.
Esta situación ha sido documentada tam-
bién entre la población indígena y no indígena,
por municipio y por entidad federativa en el In-
forme sobre desarrollo humano de los pueblos indígenas
de México. El reto de la desigualdad de oportunidades
(PNUD-Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pue-
blos Indígenas, 2010). En este
informe, los índices de desa-
rrollo humano son sistemá-
ticamente más bajos en los
municipios indígenas, encon-
trándose mayores diferencias
socioeconómicas entre las po-
blaciones indígenas y las no
indígenas. El IDH para la po-
blación indígena de Michoa-
cán es de 0.6565; el IDH para
la población no indígena de la
entidad es de 0.7298.
En este estudio, y en fun-
ción de indicadores similares
de educación, salud e ingreso,
los indígenas de Michoacán
están en una posición de ma-
yor rezago, en comparación
incluso con las poblaciones in-
dígenas del resto del país. Los
indígenas de Michoacán, ori-
ginarios de la cuna del indigenismo, ocupan la
posición 26 entre los habitantes indígenas de las
32 entidades de México.
Abordajes de desarrollo
¿De qué manera hay que encarar esta si-
tuación compleja de marginación, desigualdad
y pobreza, misma que no debería ser estática
ni perenne, menos una carga de por vida para
las poblaciones indígenas? ¿Qué se debe hacer
diferente cuando el modelo de intervención apli-
cado por los gobiernos sucesivos se basa en la
publicación de “convocatorias” y la operación
de “ventanillas” para apoyos individuales, ade-
más de la creación de padrones de beneficiarios
para subsidios discrecionales?
Bajo este modelo de beneficiarios se nos obli-
ga a entregar, varias veces, cartas, peticiones y
formularios en las diferentes oficinas de gobier-
no, solicitando que se nos otorguen los elementos
básicos de salud y educación, a los que tenemos
derecho como cualquier ciudadano. Los pro-
DAVIDMANRIQUE

ARTÍCULOOPINIÓN
gramas estatales de incidencia
sobre la pobreza de las comu-
nidades rurales e indígenas son
substancialmente los mismos,
con todo y nuevas “reglas de
operación”, como es el caso del
Programa de Educación, Salud
y Alimentación, transformado
en Oportunidades y, ahora, en
Prospera, del plan “mover a
México”.
¿Qué tenemos que hacer
diferente, tomando en cuenta
la perspectiva de defensa de los
propios pueblos indígenas, al
tiempo que se continúa fomen-
tando la explotación irracional
de nuestros patrimonios mate-
riales y culturales?
Esta explotación, inter alia,
se presenta con base en un mo-
delo externo e incongruente de
desarrollo, fundado, en gran
medida, en la comercialización
turística de nuestras tradiciones, además de la
conversión forzada de tierras forestales para el
monocultivo agrícola de exportación.
Transición
gubernamental
¿Qué hechos diferentes esperamos del nuevo
gobierno estatal, en tanto se habla de “reinge-
niería” de las dependencias y la estructura de
gobierno, pero no se menciona en ningún lado
el modelo de desarrollo ni los mecanismos de ac-
ción para conseguirlo?
Por lo mencionado, es precisamente el mo-
mento actual, el de definir por parte del recién
Ejecutivo local electo, si le va a seguir apostando
a un modelo vertical, asistencialista y tutelar de
desarrollo, o si, conjuntamente con los hombres
y mujeres de las comunidades, se formulará una
estrategia de desarrollo participativo tendiente
a la reconstitución de sus activos sociales y pro-
ductivos. No puede ser este nuevo periodo gu-
bernamental el inicio de otra década perdida.
Un futuro incierto. Anotemos, como refe-
rencia concluyente, que de acuerdo con las pro-
yecciones realizadas del avance de las entidades
federativas con relación al IDH, y considerando
el ritmo manifestado de progreso por Michoacán
en educación, salud e ingreso, sería hasta 2071
cuando se alcanzaría el mismo nivel del IDH
(actual) del Distrito Federal. Ni gobernantes ni
gobernados podemos esperar 56 años para al-
canzar el bienestar al que todos tenemos derecho.
Puebla, Chiapas y Veracruz, con IDH similares
al nuestro, lo lograrían 31, 17 y 5 años antes que
nosotros, respectivamente (PNUD, 2015).
Autonomía indígena y
gobernabilidad comunal
En los últimos días de su campaña el ahora
gobernador electo pidió a las comunidades indí-
genas “hacer valer el derecho a la libertad”, y se
comprometió a guardar deferencia y atención a
DAVIDMANRIQUE

ARTÍCULO OPINIÓN
los pueblos originarios. Además, en el segundo
debate afirmó que respetaría y haría respetar
los derechos de los indígenas (“no a la segre-
gación”). Se comprometió, asimismo, a trazar
estrategias “que los incluyan como parte de la
sociedad”, a fortalecer la presencia de la Univer-
sidad Intercultural Indígena, etcétera.
Consideramos, por lo tanto, estas declara-
ciones como compromisos “a la palabra”. Espe-
ramos que sus perspectivas de gobernabilidad,
planificación y acciones de “gran calado” para el
desarrollo coincidan con las nuestras; que los
ejes, metas e indicadores del plan de gobierno
concuerden con nuestra cosmovisión, comunali-
dad y gestión interna, para, así, alcanzar el desa-
rrollo y bienestar de nuestra gente.
Entre estas acciones imprescindibles, expo-
nemos:
-La defensa de los territorios; la garantía de
la tenencia, uso y usufructo comunal de los re-
cursos naturales; y el
impulso de programas
autónomos y específi-
cos de inversión para
el desarrollo en salud
y educación, etcétera.
-La creación de un
modelo original de
un municipio indígena autónomo mediante el
pleno ejercicio del pluralismo político-adminis-
trativo para una verdadera gobernabilidad eco-
nómica, social, medioambiental, y no sólo para
una simbólica representación de autoridades y
procuración menor de justicia.
-El respeto a la Universidad Intercultural
Indígena de Michoacán (UIIM), que debe ser
entendida como un “bien comunal” antes que
un “bien público”, en el contexto de una eco-
nomía solidaria y los procesos autonómicos fun-
damentales de acción-investigación, enseñan-
za-aprendizaje, creación-difusión de la cultura y
libre discusión de las ideas. La UIIM no debe ser
considerada como una “unidad administrativa”
adicional de la estructura gubernamental, como
la ha mal manejado discrecionalmente el Ejecu-
tivo estatal en funciones.
Esta circunstancia se refiere a los decretos ad-
ministrativos de reforma de la institución, emi-
tidos por el Ejecutivo estatal sustituto, Salvador
Jara Guerrero, el 18 de marzo y el 27 de mayo
de 2015, con los que se introducen cambios a
la estructura orgánica y de gestión de la UIIM.
Esto dio lugar, como respuesta inicial, a una Car-
ta abierta al H Congreso del Estado Libre y Soberano
de Michoacán de Ocampo. La carta fue dirigida al
Legislativo estatal el 27 de abril de 2015 por pro-
fesionistas, investigadores, comuneros y autori-
dades de los pueblos indígenas, unidos por la re-
fundación de la UIIM. El asunto se describe en
el artículo (Contrarreforma de la Universidad
Intercultural Indígena de Michoacán), reprodu-
cido en: http://contralinea.info/archivo-revista/index.
php/2015/08/27/golpe-de-mano-contra-universi-
dad-indigena-de-michoacan/). Ver, además, el aná-
lisis del doctor J Gledhill, profesor emérito de
la Universidad de Mánchester: http://contralinea.
info/archivo-revista/index.php/2015/08/31/coun-
ter-reform-michoacans-in-
digenous-university/.
-La actuación con-
sistente de parte del
Ejecutivo estatal que
debe ser componen-
te de un nuevo pacto
Estado-pueblos indios.
Dicha actuación debe cumplirse, en tiempo y
forma, con apego a nuestro derecho constitucio-
nal a la consulta “previa, libre e informada” con
respecto a medidas legislativas o administrativas
que nos afecten, como lo marcan los convenios
internacionales, y la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Jurhímbekua uandani
(Hablando claro)
Es así que le hacemos la siguiente pregunta al
gobernador electo de Michoacán sobre los ob-
jetivos y alcances de su programa de gobierno:
¿Se trata de veras de un nuevo comienzo, o será,
para los pueblos indígenas de Michoacán, una
nueva cosecha de promesas? (¿Máteru jimpani uée-
nakua o p’ikunskua eiátspekuecheri?).
Según las proyecciones y el ritmo
de progreso, sería hasta 2071 cuando
Michoacán alcanzaría el mismo nivel
del IDH actual del Distrito Federal
Según las proyecciones y el ritmo
del IDH actual del Distrito Federal

ARTÍCULOOPINIÓN
A Gabriel Sosa Plata: vertical, valiente, valioso
N
adie detiene la caída de Enrique Peña
Nieto. Lo dicen agencias internacionales
(Pew Center) y autóctonas.
Parametría, por ejemplo, dice que 57 por cien-
to de los encuestados reprueba al Ejecutivo fede-
ral y 41 por ciento lo aprueba (Animal Político, 1 de
septiembre de 2015).
Los principales rubros donde tiene mayores
negativos son: generación de empleos, combate al
narcotráfico, a la delincuencia y a la pobreza; en
los dos últimos asuntos hay un rechazo de 55 por
ciento. Es decir, mal, en serio, Luis Videgaray, Mi-
guel Ángel Osorio, Arely Gómez y Rosario Robles
(digo yo).
Curioso, en la edificación de carreteras lo apo-
ya el 51 por ciento. Ello tal vez porque no han
viajado por los caminos del Estado de México y
otras entidades, donde el servicio es muy oneroso
y las vías no son de alta velocidad; incluso muchas
son de sólo un carril.
Respecto al campo, algo fundamental para la
alimentación, 45 por ciento está en contra de lo
que se hace y únicamente 28 por ciento a favor. La
generación de empleos (saludos, Navarrete Prida),
tiene una relación negativa de 58 por ciento y una
positiva de 22 por ciento.
El 63 por ciento asegura que Peña no ha hecho
lo que se esperaba. Algo que le ocurrió, recorde-
mos, a Vicente Fox. Dos ejemplos claros de que la
lectura y el estudio sí importan.
¿La economía ha empeorado en estos casi 3
años? Sí, afirma el 57 por ciento. Además, 39 por
ciento tienen claro que no habrá mejoría en dicho
rubro.
Nueve de cada 10, es decir, el 90 por ciento,
considera al país como inseguro.
En un largo y puntual reportaje (Sin Embargo, 1
de septiembre de 2015), encontramos que de los
266 compromisos que firmó –y dijo que cumpliría
en su sexenio–, Enrique únicamente ha cumplido
28, por lo que para hacerlos realidad todos, con
ese ritmo, necesitaría 28 años como titular del Eje-
cutivo.
El más lento de todos es en infraestructura, ya
que prometió obras como los trenes rápidos, cami-
nos por todo el país y hasta el aeropuerto, que ya
planeado, si avanza rápido, no se terminará en el
sexenio actual. La Secretaría de Comunicaciones
y Transportes ha cumplido ocho de 154 proyectos.
La primera de sus propuestas, sabemos, fue la
comisión nacional anticorrupción, la que será im-
posible con las propuestas actuales y luego de la
burla de la casa blanca.
Según el Centro de Investigación y Docencia
Económicas, este año creceremos al 2.4 y no al
4.2 como estaba previsto, aunque podría, según
otros analistas, aumentar el producto interno bru-
to (PIB) únicamente 1.7 por ciento.
La organización Mexicanos Primero ha seña-
lado que si tenemos reforma educativa será obra
de muchos y no de Enrique Peña Nieto, lo que
muestra el desprecio de algunas organizaciones
por el Tlatoani.
JORGE MELÉNDEZ PRECIADO, PERIODISTA
PEÑA NIETO
EN PICADA

ARTÍCULO OPINIÓN
En la alimentación, se privilegiaron las tras-
nacionales (Bimbo, Bachoco, etcétera) en lugar
de estimular las pequeñas empresas campesinas.
Algunos han aportado datos que hasta siembras
de narcotraficantes reciben préstamos en lugar de
quienes cultivan alimentos fundamentales, entre
ellos maíz y frijol, que son el 85 por ciento de los
productores agrícolas.
Los micronegocios no están atendidos con
suficiente dinero, no obstante que generan el 81
por ciento del empleo y son el 52 por ciento del
PIB. Y además, la deuda externa que ahora se
ha contratado, influirá en los presupuestos en los
próximos 5 años.
Se recortaron cerca de 3 mil 500 millones de
pesos en salud, pero se dio 2.5 por ciento más a
partidos políticos. Claro, los apoyos en la grilla
importan.
Hasta en deporte hay insuficiencias y pésimos
manejos. Tanto, que en el Palacio de los Depor-
tes, al inaugurar un encuentro internacional de
basquetbol, el encargado del ramo, Alfredo Cas-
tillo –antes comisionado en Michoacán–, recibió
una silbatina de pronóstico reservado.
En cultura hay estancamiento cuando no
retroceso. Y para demostrarlo, el señor Rafael
Tovar y de Teresa está al servicio del presidente,
ya que hizo una visita guiada a la exposición de
Leonardo da Vinci y Miguel Ángel Buonarroti
(en la madrugada, sin público) a la pareja presi-
dencial, Enrique y Angélica.
Hacemos declaraciones muy amplias y di-
versas en ecología, pero la situación interna es
desastrosa; se continúan talando, cuando menos,
500 mil hectáreas por año, y está pendiente la
iniciativa de la ley del agua, que pretende pri-
vatizar el líquido. No se pierda de vista que en
Puebla ya es un hecho y las protestas en la ciudad
capital y Atlixco son constantes.
Recientemente, Peña Nieto estuvo en Hidal-
go e inauguró el mural más grande del orbe y,
también, entregó una serie de casas pintadas de
varios colores eléctricos, algo diferente a la casa
blanca (un abrazo y mi respeto a Carmen Aris-
tegui). Uno de los pobladores hidalguenses pre-
sentó una pancarta que decía: “la pobreza no
se pinta”. Lo segundo ya lo había realizado el
inquilino de Los Pinos en La Pintada, Guerrero,
aunque los pobladores se quejaron de que hubo
mucho espectáculo por fuera pero “estrechez”
por dentro.
Entre las 1 mil propagandas que inundaron
prensa, radio, televisión y redes sociales se difun-
dió una frecuentemente: “se entregaron cerca de
1 millón de tabletas a estudiantes”. Pero en algu-
nos lugares no hay electricidad (sic que ilumina).
En el autoelogio en Palacio Nacional, Enri-
que invitó a más personas que otros años (1 mil
500) y mandó más páginas de informe (Katia
D’Artigues), y se vio más eufórico.
Todo va bien.
En un artículo lapidario, “Seguro contra la
estupidez”, el doctor Ernesto Villanueva (Proceso
2026) dice que 35 altos funcionarios de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público y Energía
tendrán un seguro, nuevo, para realizar sus fun-
ciones, cuyo “monto será de al menos 100 millo-
nes de pesos por servidor público”, el cual pre-
mia la “impericia”.
¿Recortes por la crisis? Ja.
MIGUELGALINDO

ARTÍCULOOPINIÓN
G
uerras, violencia, sequías y catástrofes na-
turales obligan a millones de personas a
abandonar sus hogares. En 2014, el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Re-
fugiados (ACNUR) constató más de 59 millones
de desplazamientos: hombres, mujeres y niños
que huyen de los conﬂictos armados. En 2013,
según el Centro de Supervisión de Desplazados
Internos, 22 millones de personas se convirtieron
en refugiados ambientales, víctimas directas de las
sucesivas catástrofes naturales. Europa se ha con-
vertido en la “tierra prometida” para muchas de
ellas; sin embargo, este destino tiene poco o nada
de idílico.
Según el ACNUR,
más de 292 mil inmi-
grantes han atravesado
el Mar Mediterráneo
en lo que va del año; de
éstos, 181 mil llegaron
a las costas griegas, 109
mil a las italianas y alrededor de 2 mil a las espa-
ñolas. Tras un viaje agotador, donde la trata de
personas y las mafias han encontrado la gallina de
los huevos de oro, aparece un nuevo desafío: Europa.
Según la Organización Internacional para
las Migraciones (OIM), 2 mil 273 refugiados han
perdido la vida en las aguas del Mediterráneo en
lo que va del año. Exhaustos y deshidratados tras
días de travesía, cientos de ellos perecen en el mar
ante la mirada impasible de los responsables euro-
peos. El destino de los que sobreviven a este viaje
no es más esperanzador. Ante ellos aparece una
Europa amurallada donde las vallas y barreras de
seguridad se multiplican, donde las políticas de in-
migración y asilo no les dan tregua.
Hablamos de cifras, de estadísticas, de políti-
cas, de tratados y convenciones, pero olvidamos lo
más importante: las personas. Los sirios, afganos,
eritreos o somalíes que aparecen una y otra vez en
los noticieros, en las portadas de los diarios, cuyas
frágiles voces se retransmiten en la radio, son refu-
giados. Son hombres, mujeres y niños que lo han
dejado todo con la esperanza de vivir. Huyen de
guerras, de torturas, de la violencia y la represión.
Cruzar el Mediterráneo es apostar todo al rojo, no
hay posibilidad de vol-
ver atrás, su única car-
ta es Europa, la “tierra
prometida”.
Una tierra soñada,
conocida por su senti-
miento democrático,
por su defensa de los
derechos humanos… Sin embargo, desembar-
can en una Europa enferma. Los síntomas son tan
evidentes como preocupantes: vallas, barreras de
seguridad, discursos egoístas y muerte. Doce refu-
giados sirios perdieron la vida la primera semana
de septiembre en las costas griegas, entre ellos tres
niños; las imágenes de sus cuerpos en las orillas
griegas dieron la vuelta al mundo. El pasado 28
de agosto, más de 71 refugiados aparecieron asfi-
xiados en un camión frigorífico en Hungría. Miles
de inmigrantes se hacinan en Calais (Francia) para
tratar de llegar a Reino Unido. En el mismo cen-
IRENE CASADO SÁNCHEZ, PERIODISTA/IPS
Los refugiados son hombres, mu-
jeres y niños que lo dejan todo con la
esperanza de vivir. Huyen de guerras,
torturas, violencia y represión
Los refugiados son hombres, mu-
torturas, violencia y represión
REFUGIADOS
VERGÜENZA DE EUROPA

ARTÍCULO OPINIÓN
tro de París, cientos de refugiados viven a la intempe-
rie ante la mirada impasiva de los responsables euro-
peos. ¿Dónde se ha escondido la humanidad europea?
¿Qué queda de la “tierra prometida”?
Nuestros portavoces europeos han olvidado
que el derecho al asilo es, exactamente, un dere-
cho. Pero ya no se trata de convenios o cuestiones
legales, sino de humanidad. No pueden olvidar
que el pueblo sirio, palestino, afgano o somalí, to-
dos huyen de la violencia y la inestabilidad que
engullen a sus países. En Siria, cerca de 250 mil
civiles viven en estado de sitio. En Somalia o en
Nigeria se violan, a diario, los derechos humanos
más elementales.
Ante esta situación, la OIM instó a la Unión
Europea a poner en marcha medidas efectivas,
capaces de frenar el drama que asola las costas y
el corazón de sus países miembros. “A la vista de
su territorio y sus medios económicos, el núme-
ro de inmigrantes que llegan a Europa puede ser
gestionado sin ningún problema por los Estados
europeos”, subrayó Eugenio Ambrosio, director
regional de la OIM para la Unión Europea, No-
ruega y Suiza. Entonces, no hay excusas posibles.
Mientras los medios de comunicación retrans-
miten imágenes de cadáveres en las orillas de Eu-
ropa, la humanidad de las instituciones parece
extinguida. Más vallas, más seguridad, más fron-
teras es su respuesta a esta catástrofe. Todo para
evitar que estos hombres, mujeres y niños, movi-
dos por la más pura desesperación, alcancen el
“sueño europeo”, un sueño teñido de vergüenza,
ensombrecido por discursos donde no hay cabida
a la esperanza. Europa, fuente de democracia y
solidaridad, prefiere cerrar sus fronteras ante la
“amenaza” de una “oleada” de inmigrantes.
CECILIAMARTÍNEZ

ARTÍCULOOPINIÓN
M
iami, Estados Unidos. Voy a violar una
de las reglas propias del contenido de
mis análisis en medios de comunica-
ción. Confieso, de salida y para evitar falsas inter-
pretaciones: Jorge Ramos fue alumno mío en la
Universidad de Miami. Frecuentó un curso sobre
el pensamiento latinoamericano, parte de su currícu-
lo de una maestría en relaciones internacionales. El
vínculo entre un profesor bienintencionado y el
alumno aventajado se mantuvo con el paso de los
años. La admiración y el respeto son mutuos.
Por lo tanto, no soy enteramente neutral al
analizar los hechos y el contexto del enfrenta-
miento entre Ramos y el posible candidato a la
Presidencia de Estados Unidos por el opositor
Partido Republicano, Donald Trump.
Como indican todas las repeticiones del inci-
dente del 25 de agosto en Dubuque, Iowa, Ramos
acudió a una conferencia de prensa del magnate.
Su prestigio es enorme: apareció en la portada de
la revista Time como una de las 100 personalidades
más importantes de Estados Unidos.
Entre el sector hispano o latino solamente está
aparentemente superado por la jueza Olga Soto-
mayor, quien integra la Corte Suprema de Esta-
dos Unidos. Como conductor estrella de Univisión,
la principal cadena de televisión en español del
país, y columnista de varias docenas de diarios,
durante meses había intentado conseguir una en-
trevista con Trump.
Fue rechazado sistemáticamente y le llegó a
mandar una carta manuscrita, con el número de
su teléfono móvil personal, como invitación para
dialogar sobre los temas a tratar. El silencio fue
la respuesta, pero Trump publicó en internet la
carta. Ramos tuvo que cambiar su teléfono móvil.
Univisión había cancelado el acuerdo con
Trump para el concurso de Señorita Universo,
por sus denostaciones sobre los inmigrantes mexi-
canos y su país de origen, por lo cual el millonario
le ha propinado una demanda judicial de 500 mi-
llones de dólares.
Trump había ya tenido diversos enfrentamien-
tos con la prensa, entre ellos una despreciable re-
ferencia (menstruación) a Megyn Kelly, una de las
más reconocidas anclas de la cadena conservadora
Fox. Frustrado por la negativa, Ramos se fue a
Iowa, lugar emblemático en la cadena de las elec-
ciones primarias republicanas del año próximo,
donde caerán o se consolidarán los aspirantes.
En ese escenario clásico de las conferencias
de prensa, donde los periodistas disciplinados se
sientan delante de la personalidad, Ramos alzó su
mano para ser llamado, pero Trump eligió a dos
colegas antes, y esperó su turno, que no llegaba.
Trump lo siguió ignorando. Ramos entonces se
levantó y comenzó con su interrogatorio, sin es-
perar el permiso.
Sus preguntas y aseveraciones eran tiros que
iban en la dirección de cómo pretende Trump ex-
pulsar a 10 millones de personas indocumentadas,
cómo va a construir un muro a la largo de toda la
frontera Sur con México, y cómo les va a rescindir
la ciudadanía a aquellos nacidos (de padres resi-
dentes o indocumentados) en territorio de Estados
Unidos.
JOAQUÍN ROY, CATEDRÁTICO JEAN MONNETY DIRECTOR DEL CENTRO DE LA UNIÓN
EUROPEA DE LA UNIVERSIDAD DE MIAMI, ESTADOS UNIDOS/IPS
JORGE RAMOS
UN PERIODISTA QUE RETA AL PODER

ARTÍCULO OPINIÓN
Trump silencia que una enmienda de la Cons-
titución concede el derecho automático a la ciuda-
danía a estos hijos de inmigrantes, en aplicación
explícita del jus soli (derecho de suelo), el término
en latín que consagra la nacionalidad para todos
los nacidos en el país, más genuinamente estadu-
nidense que la Coca-Cola.
El precandidato lo ignoró y le conminó a que
se sentara. Y que se fuera a Univisión. O que re-
gresara “a su país” (Ramos, mexicano de naci-
miento, tiene la ciudadanía estadunidense desde
hace largo tiempo). Ramos tozudamente insistió
en sus “preguntas”, ya convertidas en acusaciones
y recordatorios de la legislación.
Finalmente, Trump ordenó a sus guardias de
seguridad que expulsaran al periodista. Ramos
protestó, y fue físicamente empujado hacia el ex-
terior de la sala.
Ramos entonces se convirtió en interlocutor
del debate con Trump, quien aguantó bien el tipo.
Contestó que, como constructor de rascacielos,
podría levantar un muro impresionante y efectivo
entre el Océano Pacífico y el Caribe, y que la legis-
lación se podría cambiar, porque así se lo habían
dicho “autoridades académicas”.
Las consecuencias del acto han sido que el
tema de la inmigración se ha insertado en pleno
corazón de la campaña y ninguno de los precan-
didatos lo puede evitar. A los republicanos los ha
atrapado con el paso cambiado, temerosos de tener
que debatir esa envenenada polémica y con temor de
que gran parte del electorado natural no los res-
palde en los requerimientos de Trump.
Saben que la mayoría de los electores hispa-
nos, no solamente los del gobernante Partido De-
mócrata, apoyan las tesis de proteger los derechos
de los inmigrantes y no abogan por medidas drás-
ticas de expulsión, sino de una progresiva integra-
ción y legalización.
Los candidatos demócratas también se sienten
indecisos en un terreno resbaladizo.
Las acciones de Ramos han revelado también
el lamentable estado de numerosos medios de co-
municación en Estados Unidos, y en otros lugares,
que se han convertido en vehículos serviles del po-
der y del respaldo condicionado que concede la
necesaria publicidad.
Numerosos periodistas se escudan en su la-
bor excesivamente prudente y “profesional” por
una regla que tristemente ha sido rebasada por la
práctica. El periodista pretendidamente objetivo
ha sido sustituido por maneras diversas de “acti-
vismo pasivo”. Unas veces se opta por la coloca-
ción de “preguntas” que inviten a la defensa de un
programa. En otras se agota el tiempo disponible
con temas ajenos a lo que importa. En ese contex-
to contrasta el “activismo” de Ramos.
¿Qué hacer con unas declaraciones que eti-
quetan a todo un país como generador de nar-
cotraficantes y terroristas? ¿Cómo hay que tratar
objetivamente el mito de que los indocumentados
roban puestos de trabajo a los residentes y ciuda-
danos escrupulosamente “legales”? ¿Cómo se ex-
plica que esos llamados “ilegales” son los únicos
que están dispuestos (porque no tienen más reme-
dio, claro) a hacer los trabajos que los autóctonos
rechazan? ¿Cómo se confronta el mito de la in-
movilidad de la “esencia” nacional cimentada en
una ya desaparecida universalidad blanca, anglo,
protestante?
Desde luego no se consigue con conferencias
de prensa orquestadas como una charla en un
parvulario. Gente como Ramos se han cansado
con esta parodia de unos falsos modales.
MIGUELGALINDO

INVESTIGACIÓN PORTADAINVESTIGACIÓN PORTADA
MÁS
DE 7 MIL
DESAPARECIDAS
EN MÉXICO

INVESTIGACIÓNPORTADA
Al día de hoy,
al menos 7 mil 185
mujeres permanecen en
calidad de desaparecidas.
Casi la mitad de ellas es
menor de 18 años. El 52
por ciento de los casos ha
ocurrido en lo que va del
actual sexenio
E
l Registro Nacional de Datos de Personas
Extraviadas o Desaparecidas, del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, reporta
que 7 mil 185 mujeres están desaparecidas en
México. El 96 por ciento de los hechos datan de
los últimos 2 sexenios. El 44 por ciento de ellas
no había cumplido siquiera los 18 años de edad
en el momento de la desaparición. Tamaulipas y
el Estado de México se erigen como los focos rojos:
concentran el 31 por ciento del total de casos de-
nunciados a nivel nacional.
Sus hijos la vieron por última vez cuando te-
nía 46 años de edad. Piel morena, ojos cafés, cara
ovalada. Después del 22 de diciembre de 2012, sin
embargo, no volvieron a saber de ella. Les queda-
ron los recuerdos: ese gesto sonriente que amorti-
guó sus momentos de desahucio; los consejos de
mujer madura que alcanzaron inclusive a la terce-
ra generación de la familia, los nietos…
FLOR GOCHE, @flor_contra
MIGUELGALINDO

INVESTIGACIÓN PORTADA
Ese 22 de diciembre, preludio de los festejos
navideños, María Dolores Rizo Juárez desapare-
ció. Ausencias que en el contexto mexicano son
epidemia; no excepción. Estas líneas alcanzan
apenas para esbozar el más elemental conteo.
Imposible plasmar cada nombre; el conjunto de
sueños mutilados.
De acuerdo con la estadística oficial –incom-
pleta, imprecisa, como lo ha constatado el Comité
contra la Desaparición Forzada de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas–, 7 mil 185 mujeres
están desaparecidas en México. El 52 por ciento
de los hechos datan del sexenio en curso.
María Rizo vivía con su esposo en el muni-
cipio de San Mateo Atenco, en la zona centro
del Estado de México. Se dedicaba al hogar pero
también cubría una doble jornada como ayu-
dante en el comedor de una reconocida fábrica
de pinturas con sede en la localidad de Tepex-
pan.
Era sábado; 21 días antes Enrique Peña Nie-
to había asumido la Presidencia del país. María
Rizo no se presentó a trabajar, hecho por demás
inusual. El marcador del reloj, su implacable
“tictac”, se apostaba más allá de las 22 horas,
pero la mujer de cabellos recortados no aparecía.
Sus hijos la buscaban desesperados. La noche y
su inherente apagón transcurrían sin indicios de
ella.
Han pasado casi 3 años desde entonces. Las
canciones del Conjunto Primavera y de Rocío
Dúrcal, las preferidas de María Rizo, no retum-
De acuerdo con la
estadística oﬁcial, 7
mil 185 mujeres están
desaparecidas en
México. El 52 por ciento
de los hechos datan del
sexenio en curso

ban más en el nicho materno. No hay rastro de
ella; no hay verdad ni sosiego para su familia. De
nada ha servido que el hecho sea de conocimien-
to de las autoridades estatales y federales: de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de
México, de la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR), y de la propia Secretaría de Go-
bernación.
La averiguación previa que se inició carece
de líneas de investigación y de estatus, asegura la
familia. Además, el caso, que actualmente radi-
ca en la Subprocuraduría Regional de Texcoco,
está en mesa común y no en la que tiene a su
cargo la investigación de personas desaparecidas,
refiere Marisol Méndez Rizo, su hija.
El 96 por ciento de los hechos de desapari-
ción de mujeres que el registro gubernamental
contabiliza data de los últimos 2 sexenios: 3 mil
144 ocurrieron con Felipe Calderón Hinojosa y
3 mil 725, con Enrique Peña Nieto. Este último
apenas a la mitad de su mandato. Tan sólo 41 ca-
sos vienen de otras administraciones; 29 de éstos,
de la de Vicente Fox Quesada.
El año que concentra el mayor número de
hechos de desaparición de mujeres es 2014, al
presentar 1 mil 858 casos. Le sigue 2013, con 1
mil 167, y 2011, con 1 mil 21.
La base de datos oficial revela, asimismo, que
el 45 por ciento (3 mil 228) del total de desapare-
cidas en México son adultas, mujeres de entre 18
y 59 años de edad. Otras tantas, el 2 por ciento
(158), tienen 60 años o más. Cabe destacar que
3 mil 133, lo que equivale al 44 por ciento, son
adolescentes y niñas, es decir, no habían cum-
plido siquiera los 18 años en el momento de la
desaparición.
Respecto de la nacionalidad, se sabe que el
grueso de las mujeres desaparecidas es de origen
mexicano; en tanto, se desconoce este dato para
728 casos. Las 56 mujeres que restan son extran-
jeras, 35 de ellas nacidas en Estados Unidos.
Los pormenores enunciados se desprenden
del Registro Nacional de Datos de Personas Ex-
traviadas o Desaparecidas, instrumento de in-
formación del Sistema Nacional de Seguridad
Pública consultado por Contralínea a finales de
agosto de 2015. Éste se nutre de las denuncias

presentadas ante las agencias del Ministerio Pú-
blico, tanto del fuero federal como del común.
El registro, sin embargo, no da cuenta de la
totalidad de desapariciones que ocurren en te-
rritorio mexicano: no incluye a las personas que
ya fueron localizadas; excluye los innumerables
casos que carecen de denuncia formal ante la
autoridad; y, respecto de los hechos que cons-
tan en el fuero federal, sólo contempla las ave-
riguaciones previas iniciadas a partir de enero
de 2014.
A junio del año en curso, constan en la base
oficial 26 mil 29 personas reportadas como
desaparecidas. Ellas, las mujeres, representan el
28 por ciento de los casos.
“Toda aquella que, con base en informa-
ción fidedigna de familiares, personas cercanas
o vinculadas a ella, la hayan dado por desapa-
recida de conformidad con el derecho interno,
lo cual puede estar relacionado con un conflicto
A junio de 2015, el Secretariado contabilizó 26 mil 29 personas
reportadas como desaparecidas; 28 por ciento son mujeres
MIGUELGALINDO

armado internacional o no internacional, una
situación de violencia o disturbios de carácter
interno, una catástrofe natural o cualquier situa-
ción que pudiera requerir la intervención de una
autoridad pública competente”, así define el Es-
tado mexicano a la persona desaparecida.
Tamaulipas y Estado de
México, los focos rojos
En el tema de la desaparición de mujeres y ni-
ñas en el país, Tamaulipas y el Estado de México,
en este orden, se erigen como los focos rojos. En la
primera entidad tuvieron lugar 1 mil 185 de los
casos que constan en las averiguaciones previas
del fuero federal y del común; en la segunda, 1
mil 23.
Es así que Tamaulipas y el Estado de México,
juntos, concentran el 31 por ciento del total de
casos de desaparición de mujeres y niñas denun-
ciados a nivel nacional.
Baja California, Nuevo León y Coahuila –en-
tidades que como Tamaulipas se ubican al Norte
del país– son las siguientes en la lista de mayor
incidencia, con 580, 551 y 414 casos, respectiva-
mente. Enseguida están, en orden de prelación,
Guanajuato, Puebla, Jalisco, el Distrito Federal y
Chihuahua.
Del análisis particular para Tamaulipas es
posible identificar los municipios que registran
el mayor número de desapariciones de mujeres.
Tamaulipas y el Estado
de México, juntos,
concentran el 31 por
ciento del total de
casos de desaparición
de mujeres y niñas
denunciados en el país

Se trata de los más poblados, entre ellos la capi-
tal del estado: Matamoros, con 266. Además, en
Reynosa, 234 casos; en Nuevo Laredo, 184;
en Ciudad Victoria, 125; y en Tampico, 99. Es-
tas cinco jurisdicciones suman 908 casos, lo que
representa el 77 por ciento del total de los hechos
de desaparición de mujeres acontecidos en el te-
rritorio gobernado por Egidio Torre Cantú.
El fenómeno también se recrudece en algunos
de los municipios más poblados del Estado de
México. Los cifras más alarmantes corresponden
a Toluca de Lerdo, su capital; a Nezahualcóyotl y
a Ecatepec de Morelos. Estos tres municipios su-
man 319 casos (135, 109 y 75, respectivamente),
lo que equivale al 31 por ciento de total de desapa-
riciones de mujeres que registra la entidad.
El 49 por ciento de las desaparecidas en Ta-
maulipas son adultas de entre 18 y 59 años; las
menores de edad representan, en tanto, el 22 por
ciento del total. Esta situación se revierte para el
Estado de México, en donde el 54 por ciento son
menores y el 44 por ciento, adultas.
Las desapariciones, “de
hipótesis a confirmación”
“En 2010, el tema de las desapariciones de
mujeres era hipótesis. Hoy es confirmación…”.
Así se expresó María de la Luz Estrada Men-
doza, coordinadora ejecutiva del Observatorio
Nacional del Feminicidio, luego de conocer el
fallo del Sistema Nacional para Prevenir, Aten-
der, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres –integrado por los titulares de 10 de-
pendencias de la administración pública federal
y de los 32 mecanismos para el adelanto de las
mujeres en las entidades federativas–, que en su
sesión del 28 de julio de 2015 resolvió decretar
la Alerta de Violencia de Género (AVG) para 11
municipios del Estado de México.
Con ello, el gobierno mexicano reconoció, al
fin –luego de una batalla que se prolongó por casi
5 años y que escaló hasta los tribunales del Poder
Judicial–, la existencia en el Estado de México de
un incremento de las violaciones a los derechos
humanos de las mujeres en los ámbitos público y
privado que, en un significativo número de casos,
ha culminado en feminicidios y otras formas de
violencia.
Dicho reconocimiento vendría acompañado
del destape de la estadística oficial, aquella que
hasta entonces había permanecido oculta. A pe-
tición del grupo interinstitucional y multidiscipli-
nario que se conformó para atender la solicitud
de la AVG en cuestión, el gobierno del Estado de
México, encabezado por Eruviel Ávila Villegas,
reportó que de 2005 a 2014, 4 mil 281 mujeres
desaparecieron en la entidad, en su mayoría ni-
ñas de entre 15 y 17 años de edad. De éstas, 2
mil 272 fueron localizadas: 2 mil 632 vivas y 95
muertas.
Con estos elementos, el grupo interinstitucio-
nal y multidisciplinario (integrado por la Procu-
raduría General de la República, la Secretaría
de Desarrollo Social, la Secretaría de Salud y el
Consejo Nacional para Prevenir la Discrimina-

ción) confirmó la hipótesis, a decir: la existencia
de “un problema grave de desapariciones de mu-
jeres y, en particular, de niñas y adolescentes en el
Estado de México que se acentúa especialmente
en el municipio de Ecatepec”.
En consecuencia, el grupo recomendó operar
todas las acciones necesarias para la búsqueda
y localización inmediata de las niñas y mujeres
reportadas como desaparecidas, así como para
garantizar la adecuada investigación y sanción
de los responsables de los hechos.
Los integrantes del grupo enfatizaron, asimis-
mo, en la necesidad de revisar exhaustivamente
los casos de desaparición de mujeres con el fin de
identificar la probable negligencia de los servido-
res públicos encargados de la investigación y, en
su caso, de iniciar los procedimientos administra-
tivos y/o penales correspondientes.
Y es que, según advirtió, algunos familiares
de mujeres desaparecidas mencionaron que no
hay sentencias ni reparación de daño, además de
que las autoridades de procuración de justicia no
toman con seriedad sus casos e insinúan reitera-
damente que las víctimas se marcharon por su
propio pie, lo que genera que tengan que pasar
varias horas o días antes de que puedan presen-
tar la denuncia por desaparición o, incluso, que
las autoridades les soliciten dinero para iniciar o
continuar la investigación.
Estado de México, la
guerra de cifras oficiales
A través de los mecanismos de transparencia,
la Procuraduría General de Justicia del Estado
de México informó al Observatorio Ciudadano
Nacional del Feminicidio que entre 2011 y 2012
habían desaparecido en la entidad 1 mil 258 mu-
jeres. Sin embargo, en el Registro Nacional de
Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas
constan, para el mismo periodo, 132 casos. Una
cifra menor.
Posteriormente, las autoridades mexiquenses
reportaron al grupo interinstitucional y multidis-
ciplinario que se conformó para atender la soli-
citud de AVG en la entidad, que de los 4 mil 281
casos de desaparición de mujeres ocurridos entre
2005 y 2014 se logró la localización en 2 mil 727,
con lo que quedaron pendientes de resolución 1
mil 554 casos. En contraste, el Registro Nacional
revela la existencia de 798 casos vigentes que da-
tan del mismo periodo. Un número, igualmente,
menor.
Lo anterior evidencia la disparidad que existe
entre las cifras contenidas en las bases de datos
de diversas fuentes oficiales y, con ello, la perti-
nencia de que el Estado mexicano cuente con
una estadística fidedigna.
Para la realización de este trabajo se solicitó
entrevista con Nelly Montealegre Díaz, titular de
la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia
contra las Mujeres y Trata de Personas. A través
de Víctor Suberza, subdirector de Difusión de la
PGR, la fiscal rechazó la petición bajo el argu-
mento de que el gobierno mexicano carece de
datos precisos en la materia.
MIGUELGALINDO

INVESTIGACIÓN LÍNEA GLOBAL
OPERACIÓN
ORIÓN
RECUPERAR CUERPOSYVERDAD

INVESTIGACIÓNLÍNEA GLOBAL
Madres, esposas, hijas,
hermanas, Mujeres
Caminando por la Verdad,
consiguen en Colombia
que el Estado inicie la
búsqueda de los cuerpos
de decenas de personas.
Hace 13 años, la comunidad
había sido entregada
a paramilitares por el
gobierno de Álvaro Uribe
M
edellín, Colombia. En el próximo
octubre se cumplirán 13 años de la
ejecución de la Operación Orión, im-
pulsada por el entonces presidente colombiano
Álvaro Uribe en una de las zonas más humil-
des de Medellín: La Comuna 13. Escudado en
una supuesta “pacificación” de la zona, Uribe
desplegó entre el 16 y el 19 de octubre de 2002
más de 1 mil efectivos policiales y militares en
un operativo que contó con la colaboración y la
complicidad de las estructuras paramilitares de
la zona. Aquel operativo mostró las bases de la
posterior política “de seguridad democrática” de
su gobierno.
Durante el mismo, estructuras paramilitares,
de la mano de militares y policías, asesinaron a
población inocente y asentaron las bases para
que el control de la zona fuera de la mano de los
cabecillas de estas estructuras paramilitares, im-
poniendo una ley del silencio.
JAVIER JUÁREZ RODRÍGUEZ/ESPECIAL
CECILIAMARTÍNEZ

Tras la Operación Orión,más de 100 personas
serían sacadas de sus casas o secuestradas en la ca-
lle a plena luz del día por los nuevos dueños de la
zona, amparados por la impunidad y la complici-
dad gubernamental.
Trece años después, gracias a la movilización
de las familias afectadas e inmersas en un comple-
jo proceso de paz, la alcaldía de Medellín y la Fis-
calía han iniciado la búsqueda de cuerpos en una
zona montañosa conocida como La Escombrera,
donde, según han reconocido algunos exparamili-
tares, estarían enterrados los cuerpos de cerca de
1 centenar de personas secuestradas en la comuna
13.Un proceso doloroso,pero que abre la esperan-
za a un nuevo tiempo de búsqueda de justicia, de
respuestas y de memoria.
Situada al Occidente de la ciudad y en plena
ladera de la montaña, la Comuna 13 es una de
las zonas más humildes del municipio de Mede-
llín. Su condición geográfica estratégica hizo que
hace décadas este lugar se convirtiera en espacio
de llegada de población desplazada procedente de
Urabá, sobre todo a partir de la década de 1980.
La ausencia de una planificación estratégica glo-
bal y de políticas de gobierno efectivas para dar
respuesta a esta nueva realidad obligó a los nuevos
pobladores a organizarse,contando en la zona con
presencia de la guerrilla,así como de los conocidos
Comandos Armados del Pueblo (CAP).
En poco más de 2 décadas, la Comuna 13 San
Javier se consolidó por su condición de corredor si-
tuado en plena montaña como espacio estratégico
para el tráfico de drogas y de armas, lo que derivó,
ya a finales de la década de 1990,en el desembarco
de estructuras paramilitares para lograr el control
de la zona y la imposición de un régimen del te-
rror. Para entonces, la Comuna 13 albergaba entre
sus 22 barrios a más de 200 mil personas, muchas
de ellas asentadas en construcciones ilegales y en
unas condiciones verdaderamente lamentables.La
complejidad del entorno, la ausencia de respaldo
gubernamental y la carencia de políticas educati-
vas y sociales para paliar los efectos de este contex-
to a mediano y largo plazo, hizo que en los años
siguientes se incrementaran los problemas ante la
llegada de estructuras delictivas paramilitares.
El ascenso de Uribe y la
Operación Orión
En este contexto, Álvaro Uribe, de origen an-
tioqueño, lograba el poder como máximo manda-
tario de la República en 2002. Uribe forjaría en
la supuesta búsqueda de seguridad nacional el eje
En poco más de 2 décadas,
la Comuna 13 San Javier
se consolidó como espacio
estratégico para el tráﬁco
de drogas y armas. En 1990
llegaron los paramilitaresllegaron los paramilitares
JAVIERJUÁREZRODRÍGUEZ
Según exparamilitares, en La Escombrera estarían enterrados los cuerpos
de cerca de un centenar de secuestrados en la comuna 13

de sus actuaciones políticas y sería precisamente la
Comuna 13 de Medellín el inicio de su estrategia
político-militar.
A pesar de que pronto se cumplirán 13 años
desde la explosión de la Operación Orión, los ve-
cinos de San Javier recuerdan –como si fuera ayer–
los silbidos de las balas desde los helicópteros y
la violencia indiscriminada vivida desde entonces,
impulsando un régimen de terror e impunidad
amparado y respaldado por el propio presidente
de la República.Aunque previamente ya se habían
implantado actuaciones como la Operación Ma-
riscal,el 19 de octubre de 2002 se inició un opera-
tivo que contó con la participación de más de 1 mil
integrantes provenientes de la Cuarta Brigada del
Ejército (liderados por los generales Mario Mon-
toya y Leonardo Gallego),las Fuerzas de Desplie-
gue Rápido (Fudra),la Policía Metropolitana y de
Antioquia y el Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS), todo ello bajo la complicidad
y la actuación conjunta de los paramilitares del
Bloque Cacique Nutibara, liderados por Diego
Fernández Murillo, Don Berna. Durante 4 días la
Comuna 13 fue invadida por tanquetas y helicóp-
teros,con lo que se impulsó una cacería indiscrimi-
nada de personas,se pisotearon derechos humanos
fundamentales y se impuso un régimen de terror
amparado por el propio Estado.
El Operativo se saldaría con 17 civiles asesina-
dos,cinco de ellos menores de edad,cuatro milita-
res muertos y 4 mil 500 detenidos.
Tras Orión, los paramilitares del Bloque Caci-
que Nutibara se harían con el control de la zona,e
impondrían una dictadura basada en el miedo, el
silencio y una total impunidad respaldada por los
poderes políticos y el propio gobierno de Uribe.
En octubre de 2002, durante 4 días la Comuna 13 fue invadida por tanquetas y helicópteros. Entonces se impulsó una cacería indiscriminada de personas y se impuso un régimen de
terror amparado por el Estado colombiano

Los meses que sucedieron al operativo se salda-
ron con secuestros y asesinatos indiscriminados de
vecinos y vecinas de la Comuna 13. Según datos
aportados por Adriana Arboleda, directora de la
organización no gubernamental Corporación Ju-
rídica y Libertad, fueron asesinadas por estas es-
tructuras paramilitares “71 personas y secuestradas
otras 104”.
La impunidad sería tal, que muchos de los se-
cuestrados fueron abordados en plena calle o en
sus casas, que serían registradas por paramilitares
encapuchados llevándose a la fuerza a decenas de
personas de las que no se ha vuelto a saber nada.
Tal y como señala Jorge Mejía, consejero de la
Alcaldía de Medellín, la Operación Orión “no
consiguió que el control de la zona lo asumiera el
Estado, sino que otros actores, como los paramili-
tares, tomaron el poder e hicieron uso con mayor
fuerza de modalidades delictivas como la desapa-
rición forzada. Buena parte de los desaparecidos
en la Comuna 13 tiene que ver con la acción de los
paramilitares. Era y es vox populi la connivencia
en la Operación Orión entre poderes del Estado
y los paramilitares. Incluso el fiscal general de la
nación ha reiterado recientemente que se están
investigando a los servidores públicos que parti-
ciparon en el operativo y que se aliaron con los
paramilitares; algunos de los militares están siendo
investigados también por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos”.
Las mujeres, base de la
exigencia de memoria
y justicia
Durante estos 13 años de lucha, los familiares
de los secuestrados o asesinados, fundamental-
mente abuelas, madres y hermanas de las víctimas
han seguido, pese al miedo y las amenazas, exi-
giendo justicia y luchando para que la memoria
perdure. Aún hoy, 13 años después de la Opera-
ción Orión,el terror sigue presente en las calles de
la Comuna 13 y –cómo no– en las familias afec-
tadas por el secuestro o el asesinato de unos de
Luz Elena Galeano, portavoz de Mujeres Caminando por laVerdad y cuyo marido fue secuestrado en
2008:“La Operación Orión fue lo peor que le pudo pasar a la Comuna 13”
En los meses posteriores a la Operación Orión fueron asesinadas 71 personas y 104 secuest

sus integrantes. El dolor ha unido en estos años a
decenas de mujeres que han impulsado y fortale-
cido un movimiento de sororidad como motor de
sus exigencias de justicia y memoria bajo el nom-
bre de Mujeres Caminando por laVerdad.Tras años
de lucha y movilizaciones han conseguido que sus
reivindicaciones, al menos en parte, sean escucha-
das por los poderes gubernamentales, impulsando
el proyecto Escarbando la Verdad, Desenterran-
do la Justicia, para la búsqueda de cuerpos en una
zona montañosa conocida como La Escombrera
en la que, según los testimonios de paramilitares
desmovilizados, habrían sido dejados los cuerpos
de un centenar de personas secuestradas en la Co-
muna 13.
Desde la alcaldía de Medellín, impulsora del
proyecto, Jorge Mejía, consejero para Conviven-
cia, la Reconciliación y la Vida, reconocen que
el paso dado para la búsqueda de los cuerpos de
los secuestrados es “un comienzo para poder pa-
gar una deuda que durante 13 años ha tenido el
Estado con estas familias que han reclamado su
intervención para dar cuenta de sus desaparecidos.
Hasta ahora la autoridad había sido indolente ante
esa demanda y es nuestra obligación atender ese
clamor y buscar los desaparecidos, más aún en un
momento propicio como el actual que exige que
situaciones como éstas deban ser atendidas si que-
remos construir la paz y la reconciliación”.
Cada mañana desde el pasado 27 de julio, fa-
miliares de desaparecidos ascienden por el angos-
to camino que conduce hasta La Escombrera, un
espacio pegado a El Salado de difícil acceso, que
ocupa en su totalidad entre 70 y 100 hectáreas y en
el que se han marcado ya los cuatro puntos en los
que se van a llevar a cabo las labores de búsqueda
y exhumaciones de cuerpos.
Antropólogos, custodiados por integrantes de
las Fuerzas de Seguridad, trabajan ya para acon-
dicionar la zona en la que estarían enterrados los
cuerpos de un centenar de secuestrados, aunque
la cifra podría ser mucho más amplia, ya que este
espacio fue empleado durante años por grupos de-
lictivos y paramilitares como “fosa común” donde
abandonar los cuerpos de personas secuestradas.
Juan Camilo Arango, abogado de la Corpo-
Rosalba Bedoya, abuela de Juan Camilo Marulanda, secuestrado en mayo de 2003
s y 104 secuestradas por paramilitares

ración Jurídica Libertad que brinda apoyo legal
a las familias afectadas, señala que el paso dado
es “muy importante, pero es sólo un primer paso.
La Escombrera es un tema escabroso, porque es
una fosa común a cielo abierto, pero hay otras zo-
nas en las que la Fiscalía debe centrar su mirada,
porque hay más gente enterrada en otros sectores,
sobre todo en la periferia. Si hay voluntad política
se puede hacer un buen trabajo para esclarecer los
hechos.Éste es un primer paso que ojalá arroje re-
sultados,marque un hito para generar una política
de esclarecimiento de la verdad y pueda ser buen
camino para el proceso de paz que vivimos”.
Pese a las amenazas,las mujeres siguen tenaces
en su búsqueda y en la exigencia de justicia y suben
a diario a esta montaña desde la que se divisa par-
te de la Comuna 13. Luz Elena Galeano, portavoz
de Mujeres Caminando por la Verdad, cuyo ma-
rido fue secuestrado en 2008, recuerda que “este
logro supone una gota de esperanza en un mar de
impunidad. La Operación Orión fue lo peor que
le pudo pasar a la Comuna 13, atentando contra
toda una población civil que nada tenía que ver
con el contexto de la guerra, produciéndose mu-
chas desapariciones forzadas, asesinatos, crímenes
de lesa humanidad,reclutamiento de niños y jóve-
nes… siendo quizá los agentes estatales los máxi-
mos responsables de esta barbarie, entre ellos el
expresidente Álvaro Uribe o los generales Mario
Montoya y Leonardo Gallego. Este proceso es un
primer paso, pero exigimos también justicia y que
se persiga a los culpables. Vivimos todo esto con
emoción y ansiedad, pero vamos a estar presentes
durante todo este proceso”, que busca escarbar en
la verdad, desenterrar la justicia y tejer la memoria
en Colombia.
Cada mañana desde el pasado 27 de julio, familiares de desaparecidos visitan La Escombrera, donde se han marcado ya los cuatro puntos en los que se van a llevar a cabo las labores
de búsqueda y exhumaciones de cuerpos

INVESTIGACIÓNMEDIOS
E
l martes 8 de septiembre, el domicilio de
las periodistas Elva Mendoza (reportera
de Contralínea) y Flor Goche (colaborado-
ra de Contralínea y reportera de Desinformémonos)
fue allanado.
Sujetos desconocidos ingresaron en el trans-
curso del día sin que se haya determinado aún la
hora. No se encontraba nadie en el domicilio. Los
desconocidos ingresaron sin forzar
las chapas de la puerta.
Del departamento, ubicado en
la delegación Cuauhtémoc de la
Ciudad de México, fue sustraído
equipo de cómputo y documenta-
ción periodística. Objetos de valor
(como pantallas, multifuncionales y
dinero) permanecieron intactos.
Junto con todo el equipo de la re-
vista Contralínea, ambas periodistas
cuentan con medidas cautelares dic-
tadas por la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos. En julio
de 2014, ingresaron al Mecanismo
de Protección de Periodistas y De-
fensores de Derechos Humanos de
la Secretaría de Gobernación.
La abogada Karla Michel Sa-
las, presidenta de la Asociación de
Abogados Democráticos, dará se-
guimiento al caso.
ALLANAN
DOMICILIO DE
REPORTERAS
REDACCIÓN
ELVAMENDOZA
DE CONTRALÍNEA
ELVAMENDOZA
La computadora y los documentos periodísticos fueron sustraídos durante el allanamiento
Los agresores dejaron intactos objetos de valor, como la pantalla de tv

SOCIAL
ANÁLISIS
EN QUINTANA ROO
ESCAMOTEOS
A PERIODISTAS
ROGELIO HERNÁNDEZ LÓPEZ, PERIODISTA;
COFUNDADOR DE LA CASA DE LOS
DERECHOS DE PERIODISTAS
Periodistas de Quintana Roo logran completar un marco jurídico
en su estado para protegerse con la ley en caso de amenazas y
castigar a los agresores. En el trayecto, no sólo debieron sortear
a políticos sino también a colegas y activistas más preocupados
por el cálculo político que por el ejercicio periodístico
CECILIAMARTÍNEZY123RF
SOCIALANÁLISIS

ANÁLISISSOCIAL
É
ste es un relato como debe haber
muchos en México. No es de sufri-
mientos físicos ni estruendos socia-
les, pero sí de esfuerzos colectivos de pe-
riodistas, como ocurre en todo el país, por
cambiar lo negativo de su entorno y que, en
este caso, a pesar de haber sido escamotea-
dos por legisladores y por otros periodistas,
lograron el mejor marco jurídico en distin-
tas entidades para ejercer el periodismo.
Por mi labor como coordinador del Pro-
grama de Protección de la asociación civil
Casa de los Derechos de Periodistas, conoz-
co bien ese proceso. Éste es mi testimonio.
Expongo primero un resumen:
Sucedió en Quintana Roo. Comenzó
en 2011, cuando unas cuantas personas
dedicadas al periodismo iniciaron gestiones
por un marco legal de protección para ejer-
cer la profesión. Convencieron a otros cole-
gas y entre todos lograron que para julio de
2015 ya hubiera penalización para quienes
agredan a periodistas. Además todo indica-
ba que lograrían la aprobación de un pro-
yecto de ley de protección integral. Pero en
la recta final algunos legisladores les escon-
dieron acuerdos y además tuvieron que re-
sistir agresiones de una organización inter-
nacional y de otros periodistas que, por el
contexto político de su estado, querían im-
pedir que se aprobara la ley. Sin embargo,
lograron completar el marco jurídico, con
una ley para protegerse en caso de amena-
zas, castigar a los agresores a través del Có-
digo Penal del estado y promover mejores
prácticas profesionales con la instauración
de un premio estatal. No es poco. Ningún
otro estado tiene las tres normas vigentes.
Los periodistas
actores
Entre los periodistas veteranos del esta-
do que destacan por ser dinámicos en favor
de su gremio está Graciela Machuca Martí-
nez, directora de la revista impresa y digital
Maya sin Fronteras, corresponsal de Ricardo
Rocha para Radio Fórmula y colaboradora
en radio y otros medios. Desde hace más
de 20 años, Graciela es parte de una red
nacional de mujeres periodistas, impulsada
por su colega Sara Lovera. Por su activis-
mo como periodista feminista la reconocen
como interlocutora sus colegas y también
políticos de los tres poderes de gobierno y
de partidos. Como ella, hay colegas en to-
das las entidades.
ConocíaGracielaendiciembrede2010,
en Cancún, para hacerle una evaluación de
riesgo por amenazas. Desde entonces ella se
propuso conjuntar esfuerzos con sus cole-
gas de Quintana Roo para su organización,
para su defensa y por un marco legal favora-
ble. A ella la buscan sus pares para que sea
mediadora, o apoya sin petición a quienes
padecen amenazas o conflictos. Lo ha he-
cho para la revista Luces del Siglo, para Pedro
Canché y algunos otros corresponsales.
Los trabajos para mejorar el ambiente
para periodistas iniciaron aquí en 2011.
Con el grupo aún pequeño, ayudó con pro-
tección cautelar a un colega y a dos con
protección correctiva. También hubo ges-
tiones para cambiar el Código Penal estatal
y se inició el proceso para una ley estatal.
Graciela aceptó ser enlace de la Casa de
los Derechos de Periodistas (CDP) con otros
cuatro colegas del estado; antes de eso tam-
bién ya habían promovido al menos tres ta-
lleres de autoprotección y de actualización.
Siguieron empujando hacia la posible ley, su-
mando colegas, hablando con legisladores y
en otros ámbitos políticos. Trabajo hormiga.
Hace 1 año y meses que periodistas de
los municipios de Chetumal y Felipe Carri-
llo Puerto comenzaron a reunirse preocupa-
dos por agravios y maltratos, tanto por parte
de políticos como de patrones. Decidieron
crear una asociación civil para defender y
Los
periodistas
lograron
una ley para
protegerse
de amenazas
y castigar a
los agresores
a través del
Código Penal

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