1. SOBRE LA NOCIÓN DEL VALOR PÚBLICO
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En el sector privado, la gerencia se orienta por el propósito de generar ganancias para los
dueños o accionistas de una empresa. Esto se logra a través de la producción, el mercadeo
y la transacción de bienes y/o servicios; involucra interacciones con clientes a través del
mercado. El producto y las transacciones en el mercado son medios para lograr los
objetivos de generar ganancias. El fin es claro, y las transacciones se entienden como
medios para lograrlo. El objetivo de la gerencia en los ámbitos públicos no resulta tan
claro, lo que frecuentemente conduce a una confusión entre medios y fines, o un enfoque
en medios y un descuido de fines.
Como punto de partida para este breve texto, proponemos que el objeto general del
trabajo en los ámbitos públicos consiste en generar valor público, de la misma manera en
que el objeto del trabajo de la gerencia privada es generar valor para los dueños o
accionistas.
El Estado como un sector que crea valor
La concepción liberal tradicional tiende a ver al Estado (incluyendo sus varias
dependencias y niveles) como un sector improductivo, como un mal necesario, útil para
establecer reglas y llenar los huecos o fallas del mercado. Por desasociarse de
transacciones de mercado, pocas veces se detiene a asociar los ámbitos públicos con
valor. No obstante, al mantener la seguridad interna, brindar educación a los niños,
limpiar las calles, proveer asistencia a los necesitados, ordenar las actividades
productivas (entre otras cosas), el Estado genera beneficios valiosos para los ciudadanos.
Los servidores públicos no pueden llevar adelante las actividades del Estado en beneficio
de la sociedad sin hacer uso de recursos económicos. Las actividades públicas demandan
recursos para la compra de materiales y equipos, el pago de salarios y la provisión de
servicios. Dichos recursos se obtienen mediante la tributación y al usarse en actividades
públicas deja de destinarse a fines de consumo privado. Su uso en actividades públicas
determina un costo de oportunidad el cual debe ser contrastado con los beneficios
generados a la sociedad.
Por otro lado, los servidores públicos y los gerentes sociales hacen uso de otro recurso no
monetario para la consecución de sus fines: la autoridad del Estado. Es mediante esta
autoridad que se obliga a los ciudadanos a colaborar activamente en el logro de los
objetivos públicos. Esta obligación incluye la no obstaculización de las actividades
públicas y el pago de los impuestos, entre otros.
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Texto elaborado por César Gustavo Gutiérrez y Karen M. Mokate con base a: Moore, Mark (1999)
Gestión estratégica y creación de valor en el sector público. Buenos Aires: Paidós. Capítulo III.

2. En este contexto, para reconocer que se ha generado algún valor público no es suficiente
afirmar que el Estado y los gerentes sociales producen resultados valiosos, sino que estos
resultados deben ser capaces de ser contrastados y comparados con el costo de
oportunidad y la libertad del consumo privado utilizados para producirlos.
El “mercado” político: los ciudadanos como consumidores colectivos
¿Cómo se demuestra de manera convincente que efectivamente se ha generado valor
público? En el sector privado, se sabe si se ha generado valor cuando los consumidores
compran un producto a un precio que excede su costo de producción. La decisión
voluntaria de los consumidores de adquirir un producto o servicio refleja su valoración
por la actividad de la empresa privada de creación de dicho bien o servicio.
En los ámbitos públicos, sin embargo, los consumidores (o usuarios) no deciden
voluntariamente financiar las actividades que se realizan ya que la fuente de los recursos
que cubren los costos de las intervenciones o los servicios, no necesariamente se
encuentran cerca a los que se benefician de ellos. En el caso en que los costos sean
cubiertos por recursos fiscales, por ejemplo, el poder coercitivo de la tributación elimina
la soberanía del consumidor de expresar sus preferencias individuales. Al no tener
libertad de elegir individualmente lo que se produce con los recursos fiscales, no resulta
viable saber si los consumidores le asignan algún valor a los bienes y servicios
producidos en el sector público.
Para comprender el valor de lo producido en los ámbitos públicos no debemos centrar
tanto la atención en las preferencias y opciones individuales de los consumidores, sino
mas bien en el “mercado político” de las aspiraciones y decisiones colectivas de la
sociedad en su conjunto. El ordenamiento político de las instituciones y los procesos de
la democracia representativa (elección de gobiernos y parlamentos, a distintos niveles)
constituyen la manera en que la sociedad decide cómo incorporar de manera voluntaria
los deseos individuales y convertirlos en aspiraciones colectivas. Estas aspiraciones
colectivas se traducen, en el proceso político representativo, en mandatos de poder que
determinan cuáles deben ser los propósitos y las prioridades públicas y establecen una
presunción del valor público tan sólida como la presunción del valor privado.
En consecuencia, a pesar de las imperfecciones y riesgos del sistema político, los
gerentes públicos o sociales deben orientar el uso de los recursos públicos en función de
las preferencias o aspiraciones colectivas que emergen de los procesos políticos (entre
ellos las elecciones, por ejemplo) porque de allí nace la fuente de valor de sus actividades
públicas.
Hacia una visión gerencial del valor público
Podemos considerar seis principios relativos al valor de las actividades públicas, que son
de utilidad para los gerentes sociales y ciudadanos en general.

3. 1. El valor se encuentra en las percepciones y aspiraciones de los ciudadanos, no
en las operaciones de transformación física de bienes o servicios ni en el conjunto
de la sociedad como idea o abstracción. En consecuencia, las acciones de los
gerentes sociales deben orientarse de acuerdo a las percepciones de los
ciudadanos y satisfacer la variedad de sus aspiraciones y deseos que competen su
ámbito de acción.
2. Existen diferentes tipos de aspiraciones y deseos a satisfacer, algunos
relacionados a bienes o servicios producidos por el sector privado y otros a bienes
o servicios producidos por las entidades públicas. Los gerentes sociales centran
su atención en las aspiraciones y deseos de los ciudadanos que se expresan a
través de las instituciones de gobierno representativo y del proceso de
negociación política. Estos deseos se pueden referir a bienes colectivos de
consumo individual (como la educación pública, el acceso a servicios de justicia o
el cuidado de los recursos naturales) o a aspiraciones político sociales (como una
distribución equitativa de derechos, oportunidades y responsabilidades).
En la medida que una actividad pública se realice utilizando la autoridad del
Estado o los recursos generados a través de la tributación, dicha actividad debe
tomar en consideración las preferencias políticas y el deseo de los ciudadanos.
Por lo tanto, la capacidad de una actividad pública para generar valor se debe
medir en función de su capacidad para satisfacer las preferencias y deseos
ciudadanos, expresada por ejemplo en términos de la búsqueda de la justicia o la
equidad como principios que inspiran la vida colectiva, o en la búsqueda de la
eficacia y la eficiencia como características de la acción estatal.
3. Dependiendo del público de referencia, los gerentes sociales pueden generar
valor de dos maneras: a) produciendo bienes o servicios para clientes o
beneficiarios específicos, ó b) administrando de manera eficiente y
responsable las organizaciones y los recursos públicos para responder a las
aspiraciones de la ciudadanía en su conjunto. En ambos casos, se debe
satisfacer deseos ciudadanos expresos, sean estos de beneficiarios directos (por
ejemplo, padres de familia o estudiantes de escuela pública) o de la ciudadanía en
su conjunto. Esta doble manera de crear valor – centrada en los usuarios directos
o en los ciudadanos en general – es análoga a lo que sucede en el sector privado,
cuando los gerentes deben satisfacer al mismo tiempo el deseo de los
consumidores y el de los accionistas. Entonces, la generación de valor por parte
de la actividad pública depende no solo de la producción de bienes o servicios que
brinden beneficios a clientes específicos, mayores a su costo de producción.
Depende también de que dicha producción de bienes y servicios se haga de
manera eficaz, eficiente y satisfactoria para los ciudadanos y para sus
representantes políticos.
4. Dado que la actividad pública hace uso de la autoridad política y de los recursos
públicos, la tarea de asegurarle a los ciudadanos y contribuyentes que dichos
recursos son usados coherentemente con sus aspiraciones colectivas es más

4. importante que la satisfacción de los clientes o beneficiarios directos de dicha
actividad pública. Esto no implica descuidar la satisfacción de los beneficiarios
directos de los programas públicos, sino asignarle un mayor peso a la satisfacción
de los contribuyentes. De hecho, resulta importante que la producción de los
bienes y servicios por parte de la organización se haga de manera equitativa y
eficiente y genere, al mismo tiempo, la máxima satisfacción de los beneficiarios.
5. La autorización que brindan los ciudadanos y los contribuyentes a los gerentes
sociales para la implementación de sus actividades está descrita y justificada en
una política pública. Esta descripción de actividades contenidas en una política
pública constituye la manera en que los ciudadanos “compran” las actividades
que realizará el Estado a la espera de la creación de un determinado valor público.
Así, la política pública es el mecanismo por el cual la sociedad democrática
determina qué bienes o servicios se deben producir con recursos públicos
para satisfacer el interés colectivo.
La generación de valor de largo plazo requiere que los gerentes sociales se
preocupen de asegurar que las políticas públicas que se venden a los ciudadanos
sean sólidas. Estas deben reflejar las preocupaciones reales de los ciudadanos y
de sus representantes, y la justificación del valor de lo que se debe producir debe
basarse en un razonamiento preciso y en una experiencia real. Asimismo, el
funcionamiento de la organización pública debe brindar mecanismos confiables
de seguimiento y control de los costos y resultados de la actividad pública. De
esta manera se asegurará sostenibilidad en la generación de valor público.
6. Es necesario que la organización pública esté preparada para adaptarse a las
nuevas demandas de los ciudadanos y que sea innovadora y abierta a la
experimentación. Esto debido a que el contexto y deseos de los ciudadanos
cambiarán de manera ineludible conforme pase el tiempo, así como cambiarán los
procedimientos para llevar adelante la actividad pública. Esto implica que los
gerentes sociales deben preocuparse no solo en mantener rutinas organizativas y
ser eficientes en las mismas, sino ser capaces de adelantarse a los problemas y
responder a la necesidad de cambio y adaptación.
Una visión gerencial del sector público obliga a que los servidores públicos o los
gerentes sociales se preocupen en definir propósitos de valor para la sociedad y
desarrollar la capacidad para producirlos. No solo esto sino que también deben
ser capaces de asegurar la continuidad de la actividad pública, adaptando y
reposicionando sus organizaciones a las nuevas realidades políticas y operativas.