Este documento presenta el objetivo y contenido del Módulo I sobre la mejora de la implementación de programas públicos. El módulo busca reconocer la noción de políticas públicas, sus características y cómo esto se relaciona con el concepto de valor público. También busca identificar las especificidades de la gerencia social y el propósito y características del rol de los gerentes en el sector público. El documento explica conceptos clave como políticas públicas, programas públicos y valor público, y analiza cómo estos conceptos pueden

1. Módulo I –
Gerencia pública
“Mejorando la
Implementación de los
Programas Públicos ”
Instituto Interamericano para el
Desarrollo Económico y Social

2. Mejorando la Implementación de los Programas Públicos” Módulo. I
2
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Desarrollo (BID) y del Instituto Interamericano para el Desarrollo
Económico y Social (INDES). Cualquier reproducción parcial o total de
este documento debe ser informada a: BID-INDES@iadb.org
Autores:
Juan Carlos Cortazar
Tutor del Curso:
Elizabeth Guerrero
Coordinador del Curso:
Mercedes Di Virgilio
Colaboradores:
Coordinación Aula Virtual: Cynthia Smith
Asesoría Académica y Pedagógica: Nydia Díaz Díaz
5ª Edición
Mayo 2011

3. Mejorando la Implementación de los Programas Públicos” Módulo. I
3
Índice
Objetivo del Módulo ...................................................................4
Unidad I.I: ¿ Qué son las políticas públicas? ¿Cuándo es valiosa una
intervención en el ámbito público?..................................................4
Objetivos de Aprendizaje:...........................................................4
Bilbliografía ............................................................................14
Unidad I.II: ¿Cómo cambia esta perspectiva sobre los programas
públicos la manera en que entendemos nuestro propio rol como
gerentes?..................................................................................15
Objetivos de Aprendizaje:.........................................................15
Bibliografía .............................................................................21

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4
Objetivo del Módulo
- Reconocer la noción de políticas públicas, sus características y
relacionarla con la de valor público.
- Identificar las especificidades de la gerencia social.
- Identificar el propósito y características principales del rol de los
gerentes en el ámbito público.
Unidad I.I: ¿ Qué son las políticas públicas? ¿Cuándo es
valiosa una intervención en el ámbito público?
Objetivos de Aprendizaje:
1. Reconocer la noción de programa social y relacionarla con la de
valor público.
2. Identificar las especificidades de la gerencia social.
Todos los que estamos participando en este curso estamos
involucrados en la gestión de políticas públicas en el nivel regional o
local. Comenzaremos reflexionando sobre la noción de políticas
públicas para luego ver que implicaciones puede tener la noción de
valor público en la manera como entendemos las políticas públicas, en
general, y los programas sociales, en particular.
¿Qué es una política pública?
Una política pública puede entenderse como un conjunto-secuencia de
decisiones y acciones, relativas a la elección de fines y/o medios, en
respuesta a problemas y/o necesidades. No es comportamiento
reactivo o casual, sino, por el contrario, propositivo e intencional. La
política pública “se pone en movimiento con la decisión de alcanzar
ciertos objetivos a través de ciertos medios: es una acción con

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5
sentido” (Aguilar Villanueva, 1996:24).1
Por su carácter propositivo, la
política denota las intenciones y/o los resultados que las fuerzas
políticas, en particular, los gobernantes desean alcanzar. El conjunto-
secuencia de decisiones y acciones que definen la política es el
resultado de la intervención de numerosos actores políticos y
gubernamentales. Por ejemplo, la política de tierra y vivienda de un
municipio compromete no sólo al conjunto de intervenciones (en
materia de normas, acciones directas y recursos) que realiza la
Secretaría de Planeamiento, sino también las distintas tomas de
posición de otros actores: las empresas constructoras que representan
los intereses del sector privado, el gremio de la construcción que
defiende los intereses de los trabajadores del sector alterado (o no)
por la política pública, las organizaciones sociales con sus demandas y,
también, la población de los barrios y/o zonas objeto de la
intervención.
De este modo, la política pública no debe entenderse como la decisión
centralizada y deliberada del actor gubernamental. Antes bien, toda
política pública incorpora las muchas y diversas decisiones y acciones
de los múltiples actores participantes, gubernamentales y
extragubernamentales, que en sus diversas interacciones preparan y
condicionan la decisión central, le dan forma y la llevan a la práctica,
haciéndola y rehaciéndola, con el resultado muy probable de que los
hechos finalmente obtenidos no se asemejen a las intenciones y/o
planes originales. “La política es entonces un proceso, un curso de
acción, que involucra todo un conjunto complejo de decisores y
operadores, más que una decisión singular, suprema e instantánea.
Una política no es sólo una decisión (por ejemplo, la decisión de no
actuar). Es, ante todo acción, un conjunto de acciones” (Aguilar
Villanueva, 1996:24). Desde esta perspectiva, la política pública no es
1
Aguillar Villanueva (1996) señala que aún en el caso de la inacción, media una decisión deliberada de no
actuar frente a un problema público. Dicha decisión de no actuar se basa en el supuesto de que el dejar
hacer o ignorar la situación constituye la mejor estrategia frente a la cuestión.

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6
resultado de un proceso lineal, coherente y necesariamente
deliberado, sino que es el resultado de un proceso social y político que
configura -- en consecuencia -- un campo en disputa (Chiara y Di
Virgilio, 2009).
La política pública es, en suma, a) el curso de acción
deliberadamente diseñado, b) el curso de acción efectivamente
seguido y c) los hechos que dichas acciones producen (Aguilar
Villanueva, 1996).
La política pública habitualmente se expresa en dispositivos técnicos
(leyes, reglamentos y/o programas) que prescriben los cursos de
acción a seguir para enfrentar el problema al que refiere. Entonces, si
la noción de política pública hace referencia necesariamente a
procesos políticos y sociales que se desarrollan en el tiempo, cuando
se habla de programa público se hace referencia a una construcción
meramente técnica que establece las prioridades de la intervención,
identificando y ordenando las acciones a seguir, definiendo el marco
institucional y asignando los recursos que se van a utilizar (ONU,
1984).
De este modo, los programas públicos pueden entenderse como
conjuntos estructurados de actividades mediante las cuales los
organismos públicos diseñan y producen bienes y servicios, como
medio para “satisfacer necesidades básicas, construir capacidades,
modificar condiciones de vida o introducir cambios en los
comportamientos, en los valores o en las actitudes que los sustentan”
(Martínez Nogueira, 1998:7). Los programas públicos forman parte del
proceso más amplio de desarrollo de políticas públicas (entre las
cuales se incluyen las sociales), estando más cercanamente vinculados
-- como la definición anterior propone -- al diseño, producción y
entrega de bienes y servicios para los ciudadanos.

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Programas públicos: conjuntos estructurados de actividades
mediante las cuales las organizaciones públicas diseñan, producen y
entregan bienes y servicios, con la finalidad de satisfacer necesidades
básicas, construir capacidades, modificar condiciones de vida o
introducir cambios en determinados comportamientos.
Hay tres elementos constitutivos de los programas y políticas públicos
sobre los cuales es importante reflexionar:
 El interés de los actores involucrados por enfrentar una situación
que es considerada como un problema público, es decir, que
requiere una intervención desde el espacio público. Así las
necesidades básicas, la ausencia de capacidades, las condiciones
de vida, el desempleo, etc. son objeto de política pública en la
medida en que sean percibidos como problemas. Es a partir de
dicha percepción que se ponen en marcha un conjunto de
actividades para ofrecer bienes o servicios que respondan a las
necesidades o problemas percibidos. La realización de un
conjunto organizado (estructurado) de acciones. Las políticas y
programa no consisten solamente de un discurso sobre un
problema colectivo. Su existencia efectiva depende de la
ocurrencia de acciones que generan situaciones, bienes o
servicios que buscan enfrentar el problema en cuestión.
 La toma de una serie de decisiones por parte de un conjunto
relativamente amplio de actores. Como señala Subirats
(1994:41) a lo largo del proceso de desarrollo de políticas y
programas públicos es necesario “decidir que existe un
problema, decidir que se debe intentar resolver, decidir la mejor
manera de proceder, decidir legislar sobre el tema, etc.”
Toda política y programa público pretende enfrentar de manera más o
menos explícita alguna situación que es considerada problemática.

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Entonces, ¿qué entender por un “situación problemática”? Aquella
situación que determinados actores o grupos consideran negativa
(pues muestra una brecha entre sus aspiraciones y la realidad), que
creen debe cambiar y que estiman posible cambiar mediante la acción
pública.
Problema público: Situación que determinados grupos o sectores
sociales consideran negativa, creen que debe cambiar y respecto a la
cual exigen una intervención pública.
Por ejemplo, hace 25 o 30 años las situaciones de violencia contra la
mujer no eran consideradas en nuestra región como un problema que
requería la intervención pública. Eran consideradas en tanto problema
privado de las familias e individuos, mas no un área de acción pública
que requiriera tomar decisiones y ejecutar acciones utilizando la
autoridad del Estado para cambiar dicha situación. Ha sido necesario
que diversos actores y organizaciones destaquen esta situación y la
presenten como un problema que atañe a toda la sociedad y no solo a
las familias que la sufren. Lo mismo ha ocurrido (o está ocurriendo) en
nuestros países con situaciones que hoy son consideradas un problema
público, como la depredación del medio ambiente, el trabajo infantil o
la degradación de las culturas indígenas.
Dado que la lista de problemas que son considerados prioritarios por
los distintos sectores de la sociedad puede resultar interminable y los
recursos públicos (dinero, capacidad técnica, personal, etc.) son
limitados, es necesario priorizar. De alguna manera hay que establecer
prioridades, ordenando los problemas según su importancia relativa
¿Cómo decidir qué problemas merecen mayor atención en el ámbito
público? No existe una respuesta unívoca a esta pregunta. Sin
embargo, evaluar las consecuencias de la acción pública en cada una
de esas situaciones puede ayudarnos a tomar esta decisión. De este
modo, el problema que merece mayor atención será aquel cuya

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solución (a través de la acción pública) permita satisfacer mayor
cantidad de demandas y producir el máximo posible de bienestar en la
población. La acción pública será así un vehículo para la generación de
valor público.
¿Qué es el valor público? De manera genérica, el valor se relaciona con
la capacidad de satisfacer demandas, generar gozo, deleite o
bienestar. El valor brota así del encuentro entre determinadas
necesidades o expectativas y los bienes, servicios u oportunidades que
están disponibles. El valor público se distingue de otros tipos de valor
por ser percibido por el conjunto de la sociedad. Es consumido o
disfrutado de manera colectiva y no exclusivamente individual.
Kelly y Muers (2003) definen el valor público de la siguiente manera:
“El valor público se refiere al valor creado por el Estado a través de
servicios, leyes, regulaciones y otras acciones. En una democracia,
este valor es definido en última instancia por el público mismo. El valor
es determinado por las preferencias ciudadanas expresadas a través
de una variedad de medios y reflejados a través de las decisiones de
los políticos electos”
El valor público responde de manera fundamental a las preferencias
y aspiraciones de los ciudadanos, pues ellas determinan a qué
atribuyen o no atribuyen valor. Los ciudadanos tienen preferencias
respecto a los bienes y servicios públicos que reciben (o piensan
debieran recibir) y a sus características. Pero manifiestan también de
manera general aspiraciones respecto a cómo desean que funcione su
sociedad. Estas aspiraciones pueden estar referidas a cuán ordenada,
equitativa o transparente desean los ciudadanos que sea su sociedad y
el manejo de la misma. A partir de sus preferencias y aspiraciones, los
ciudadanos atribuyen valor a tres tipos de efectos que resultan de la
actividad pública: servicios, resultados y confianza. Hagamos una
breve referencia a cada una de estas categorías.

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10
 Los ciudadanos esperan estar satisfechos con los servicios
que reciben (salud, educación o asistencia crediticia, por
ejemplo). Un servicio será considerado valioso si logra
efectivamente satisfacer las necesidades y expectativas de sus
usuarios.
 Pero los ciudadanos también desean determinados
resultados que trascienden la satisfacción individual que
obtienen determinados usuarios de los servicios. Así por
ejemplo, más allá de la satisfacción que logren quienes acuden a
los servicios de salud, la colectividad puede considerar que
reducir la mortalidad infantil es un resultado valioso. En
consecuencia –y de manera relativamente independiente al
grado de satisfacción que obtengan los usuarios directos- será
legítimo para los ciudadanos en general asignar recursos a los
servicios que permiten el logro de dicho resultado.
 Finalmente, los ciudadanos también valoran la confianza que
pueden depositar en las instituciones encargadas de
generar servicios y resultados para ellos. No basta que los
resultados se obtengan o la satisfacción individual se produzca.
Los ciudadanos aspiran a mantener un grado apreciable de
confianza en las decisiones que toman los políticos electos así
como las organizaciones y funcionarios que les sirven. Las
decisiones públicas usualmente exigen que unos actores
pospongan sus propios intereses en favor de los de otros. Ello
solo es posible si los actores tienen confianza en el proceso de
toma de decisiones y lo consideran legítimo, pues de lo contrario
protestarán y no aceptarán la decisión tomada.
La consideración de los servicios, los resultados y la confianza como
objeto de valoración pública, nos conduce a pensar –como
sostienen Gutiérrez y Cortázar (2004) retomando las ideas de Mark

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11
Moore (1998) - que el valor público tiene dos dimensiones
importantes:
 El beneficio que efectivamente se genera para determinados
usuarios o consumidores
 El beneficio que de manera global se genera para la ciudadanía
al responder a sus aspiraciones y valoraciones.
Así, por ejemplo, el mejoramiento de los servicios de salud no sólo
crea valor al generar un beneficio concreto para los usuarios que se
atienden en ellos. También genera valor para el conjunto de
ciudadanos -sea que acudan o no a dichos servicios- al permitir el
logro de resultados valiosos (como el control de enfermedades
endémicas o la disminución de la mortalidad infantil) o al generar
mayor confianza de los ciudadanos en los servicios públicos (al
establecer medidas efectivas para resguardar la confidencialidad de la
información de los pacientes, por ejemplo).
Las aspiraciones de los ciudadanos y la satisfacción de los
usuarios (que obviamente no dejan de ser ciudadanos) son por lo
tanto puntos obligados de referencia al reflexionar sobre el valor de las
acciones y programas públicos.
Conclusión: valor público y programas públicos
Retomemos ahora nuestra definición inicial por los programas
públicos: “conjuntos estructurados de actividades mediante las cuales
las organizaciones públicas diseñan, producen y entregan bienes y
servicios, con la finalidad de satisfacer necesidades básicas, construir
capacidades, modificar condiciones de vida o introducir cambios en
determinados comportamientos.” La reflexión sobre el valor público
que hemos realizado nos permite ahora entender que la finalidad
última de los programas públicos no es generar y entregar bienes y

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servicios, sino hacerlo para generar el máximo valor público
posible. Para ello quienes somos responsables de gestionar los
programas debemos tener muy en cuenta tanto las aspiraciones
ciudadanas como la satisfacción de los usuarios directos.
Sin embargo, es necesario reconocer que en numerosas oportunidades
las aspiraciones ciudadanas y la satisfacción de los usuarios directos
de los servicios pueden entrar en conflicto. Es decir, se puede generar
un conflicto entre visiones e intereses. Debemos reconocer que en este
tipo de conflictos entre visiones e intereses no hay una solución única
e incuestionable. No existe una técnica de cálculo que nos pueda decir
de manera inobjetable que es más valioso para el conjunto de
actores. Si bien existen técnicas de cálculo de costos y beneficios
sociales, ellas sólo sirven de soporte para tomar decisiones que por
naturaleza trascienden lo técnico, pues aluden a qué es valioso para
distintos grupos sociales.
La negociación y el acuerdo político son la única manera que las
sociedades democráticas tienen para establecer acuerdos sobre qué es
más valioso para la sociedad en su conjunto (Moore 1998). Ello es así
porque no es posible calcular objetivamente qué es más valioso
partiendo de percepciones, valores e intereses distintos y hasta
contradictorios. Frecuentemente pensamos que la negociación política
es o debiera ser ajena a la definición e implementación de las políticas
y programas públicos, dado que este sería un problema
eminentemente “técnico.” El problema es que sin acuerdos políticos no
es posible establecer que es más valioso en una colectividad. La
tentación de una definición puramente “técnica” de lo que es valioso
esconde muchas veces la tendencia a imponer a las comunidades e
individuos decisiones de valor que corresponden a las propias visiones
e intereses de los funcionarios y técnicos a cargo de la marcha de los
programas.

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13
Los criterios técnicos en la definición e implementación de los
programas y políticas son obviamente indispensables (insistiremos en
esto a lo largo de todo el curso). Pero no son suficientes para definir el
valor público de una actividad, bien o servicio. Pueden apoyar la
negociación política de los actores, al ofrecer –por ejemplo-
información sobre los costos y consecuencias de las acciones a tomar.
Pero la definición de qué es valioso depende en última instancia de las
percepciones e intereses de los actores. Y ante la contundencia de las
percepciones e intereses sólo cabe una negociación política para llegar
a acuerdos relativamente estables.
Puede argumentarse que los sistemas políticos en nuestra región están
usualmente marcados por la corrupción y el oportunismo, por lo que
las decisiones que generan respecto a qué es valioso en el ámbito
público no son siempre las más adecuadas o útiles para los
ciudadanos. Sin embargo, viviendo en democracia no tenemos un
mecanismo mejor para llegar a acuerdos colectivos que la vía política.
A fin de cuentas, las dictaduras y sistemas autoritarios que pretenden
decidir “técnicamente” en favor de las mayorías no respetan los
intereses y visiones de individuos y grupos sociales, excluyendo
usualmente a los más pobres. Será entonces necesario elevar la
calidad del debate y la negociación política, disminuyendo el peso que
la corrupción y el oportunismo tienen en la toma de decisiones
relativas a las políticas públicas y sociales.

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14
Bilbliografía
Aguilar Villanueva, L. (1996); “Estudio introductorio”. En Aguilar
Villanueva, L. (Ed.); La hechura de las políticas. México: Miguel Angel
Porrúa. Primera edición 1991.
Chiara, M. y M. M. Di Virgilio (2009); “Conceptualizando la gestión
social”. En Chiara, M. y M. M. Di Virgilio (Organizadoras); Gestión de la
Política Social. Conceptos y herramientas. Buenos Aires: Prometeo/
Universidad Nacional de General Sarmiento.
Gutiérrez, C.G. y J.C. Cortázar (2004) Sobre la noción de valor
público. Washington DC: INDES.
Kelly y, G. y S. Muers (2003) Creating Public Value: An analyticial
framework for public service reform. Strategic Unit, Cabinet Office.
(http://www.strategy.gov.uk).
Martínez Nogueira, Roberto (1998) Los proyectos sociales: de la
certeza omnipotente al comportamiento estratégico. Santiago de
Chile: CEPAL. Serie Políticas Sociales 24.
Moore, Mark H. (1998) Gestión estratégica y creación de valor en el
sector público. Buenos Aires: Paidós.
Subirats, Joan (1994) Análisis de políticas públicas y eficacia de la
Administración. Madrid: MAP.

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Unidad I.II: ¿Cómo cambia esta perspectiva sobre los
programas públicos la manera en que entendemos nuestro
propio rol como gerentes?
Objetivos de Aprendizaje:
1. Identificar el propósito y características principales de la
gerencia social y del rol de gerente en el ámbito público.
En la anterior unidad concluimos que los programas públicos no sólo
deben generar bienes y servicios, sino que de una manera más amplia
deben crear valor público atendiendo las aspiraciones ciudadanas y
respondiendo a las necesidades de los usuarios. Esta sección busca dar
respuesta a esta pregunta.
¿En qué consiste entonces ser gerente en el ámbito público? En
asumir responsabilidad por el desempeño de un sistema que
genera resultados valiosos para los usuarios y ciudadanos
(Metcalfe y Richards 1993, Moore 1998).
Gerencia: Asumir responsabilidad por el desempeño de un sistema
generador de resultados valiosos para los usuarios y ciudadanos.
Analicemos en detalle esta definición, precisando los posibles cambios
que ella implica para nuestra labor en los programas públicos:
 “Asumir responsabilidad..” Los gerentes somos responsables
ante nuestros superiores jerárquicos y políticos, pero en última
instancia somos responsables ante los ciudadanos, pues de ellos
reciben autoridad tanto los políticos electos como nuestros
superiores jerárquicos. A esto alude el concepto de
responsabilización (accountability): a la obligación que tiene el
gobierno, las organizaciones públicas y sus funcionarios de
rendir cuentas a la sociedad. Esto depende de dos factores. En

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16
primer lugar, de la capacidad de los ciudadanos para participar
efectivamente en la definición de las metas colectivas (es decir,
de deliberar colectivamente qué es valioso). En segundo lugar,
de la existencia de mecanismos institucionales que permitan a
los usuarios y ciudadanos ejercer control sobre la acción del
gobierno y de las organizaciones públicas (CLAD 2000).
 “...por el desempeño de un sistema que genera resultados..” Al
usuario no le interesa que cada unidad o cada organización
cumpla su función. Le interesa que el resultado responda a sus
necesidades o aspiraciones. Pensar en los resultados nos
conduce a pensar en los sistemas que conducen a ellos, es
decir, en el conjunto de procesos y actividades que permiten
generar bienes y servicios (Barzelay 1988). Estos procesos
atraviesan horizontalmente a varias unidades e incluso
organizaciones, pues los bienes o servicios son resultado de la
colaboración de varias unidades o de varias organizaciones. Si
los gerentes somos responsables por generar resultados valiosos
para los ciudadanos, debemos entonces sentirnos responsables
por el desempeño global de los sistemas o procesos que
permiten producirlos y no sólo por nuestra unidad, función u
organización.
 “..resultados valiosos para los usuarios y ciudadanos.” Los
gerentes debemos mirar hacia fuera de nuestra organización,
pues la creación de valor no depende tanto de lo que nosotros
pensamos que es valioso o de lo que dicen las normas y
regulaciones, sino de las necesidades y aspiraciones de los
ciudadanos. La orientación hacia la comunidad y el ejercicio
de una continua mirada hacia afuera de nuestras
organizaciones son así elementos indispensables de una gerencia
preocupada por generar resultados valiosos (Barzelay 1998,

17. Mejorando la Implementación de los Programas Públicos” Módulo. I
17
Moore 1998). La participación de los usuarios y ciudadanos en el
establecimiento de metas para nuestros programas, e incluso su
participación activa en la generación de los servicios, es así un
ingrediente necesario para la gestión de los programas públicos.
En síntesis, la responsabilización ante los ciudadanos, la mayor
preocupación por los procesos y los resultados así como una clara
orientación hacia la comunidad son elementos clave de una
perspectiva gerencial anclada en la noción de valor público. Como
tales, son útiles para evaluar nuestro propio desempeño como
gerentes en el ámbito público. Al tenerlas en cuenta y orientar
nuestra labor cotidiana hacia la generación de valor público, podemos
ser capaces de enriquecer y superar una visión meramente
administrativa y controladora de nuestra labor.
Al considerar nuestro rol específico de gerentes en el ámbito público es
necesario tomar en consideración los rasgos y características
distintivas de los problemas sociales y de su tratamiento por políticas y
programas públicos específicos.
La complejidad y dinamismo de los problemas sociales imponen
características particulares a los programas que intervienen en el
ámbito social:
 Los programas que intervienen en el ámbito social son
responsabilidad de varias organizaciones, dado que su carácter
multidimensional exige la intervención de organizaciones con
mandatos y capacidades muy variadas. A ello se agrega que
muchas veces intervienen organizaciones de diversos niveles de
gobierno (nacional y sub nacional). La coordinación intra
organizacional resulta así necesaria.
 Los programas que intervienen en el ámbito social exigen la
intervención de un número amplio de instancias, organizaciones

18. Mejorando la Implementación de los Programas Públicos” Módulo. I
18
y actores sociales, dado que están vinculados directamente a
algunas de las causas o dimensiones que componen el problema.
Esto complica significativamente el sistema de toma de
decisiones en los programas.
 Existen distintas perspectivas respecto a los objetivos a
perseguir y a las acciones a poner en marcha, puesto que cada
actor u organización puede privilegiar alguna dimensión del
problema o establecer una relación distinta entre insumos-
acciones-resultados-efectos. Esta diversidad de perspectivas,
que como veremos afecta también a la implementación de los
programas, remite en última instancia al carácter deliberativo
del valor público.
 Como resultado de la intervención de varios actores y
perspectivas, así como de la utilización de tecnologías blandas,
los programas públicos se hallan marcados por una importante
incertidumbre respecto al logro de sus metas e impactos. Como
veremos en el módulo 3, la incertidumbre es un problema que
afecta de manera significativa la labor de los gerentes
responsables de la implementación de los programas públicos.
¿Qué características debe tener el rol gerencial de quienes
gestionamos programas que intervienen en el ámbito social? A la luz
de las exigencias que nos impone por un lado la necesidad de generar
valor para los ciudadanos y, por el otro, la particular naturaleza de los
problemas sociales, Mokate y Saavedra (2004) señalan las siguientes
características de la gerencia social:
 Es adaptativa, pues debe reformular de manera continua las
acciones a realizar para responder a objetivos múltiples y
móviles, así como a un mejoramiento de las tecnologías en uso.
La adaptabilidad responde también a la existencia de distintas

19. Mejorando la Implementación de los Programas Públicos” Módulo. I
19
visiones por parte de un número significativo de actores que
constantemente interactúan y negocian entre sí. Los cambios
que se producen en la manera como los actores conciben el
problema y las acciones necesarias para enfrentarlos exigen así
una gestión adaptativa. Finalmente, la adaptabilidad es también
necesaria para responder a problemas que muestran una
dinámica de permanente cambio.
 Es integral, pues debe considerar la complejidad e interrelación
de los problemas sociales (puesta de manifiesto en la existencia
de objetivos múltiples). Así, los programas públicos que
intervienen en el ámbito social deben buscar capturar la
integralidad del problema que enfrentan, considerando las
diversas dimensiones y causas que en él intervienen.
 Recurre a la gestión interorganizacional, promoviendo el
trabajo en redes, puesto que es la única manera de perseguir
objetivos múltiples y responder a dimensiones diversas.
 Promueve la participación y la concertación de objetivos y
prioridades entre actores que tienen distintas visiones del
problema y de las soluciones, así como distintos grados de
poder. El necesario involucramiento de distintos actores y
organizaciones exigen a los gerentes realizar un continuo
esfuerzo de concertación. Por otra parte, como hemos visto en la
unidad 1.1., la deliberación entre los involucrados (y los
ciudadanos en general) es el principal mecanismos del cual
disponemos para identificar y seleccionar resultados valiosos.
 Promueve la responsabilización de las organizaciones y
personas dedicadas a enfrentar los problemas sociales, pues la
necesaria “orientación hacia la comunidad” exige hacerse
responsable ante los usuarios y ciudadanos de los recursos

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utilizados, las acciones realizadas y los resultados e impactos
logrados.
Conclusión: nuestro rol como gerentes en el ámbito público
¿En qué consiste entonces el rol de los gerentes en el ámbito público?
En síntesis, recogiendo lo que hemos aprendido en este módulo y en el
anterior, proponemos que los gerentes en el ámbito público
debemos asumir responsabilidad por procesos y resultados que
responden de manera eficaz y eficiente a problemas públicos
que son importantes para los ciudadanos. Ello mediante la
gestión adaptativa, integral, participativa y responsable de las
políticas y programas públicos. Todo esto con la finalidad de
promover el logro de un desarrollo social equitativo y
sostenible.
Gerentes públicos: actores que asumen la responsabilidad por
procesos y resultados que responden de manera eficaz y eficiente a
problemas públicos que son importantes para los ciudadanos;
mediante la gestión adaptativa, integral, participativa y responsable de
las políticas y programas públicos. Todo ello con el objeto de lograr un
desarrollo social equitativo y sostenible.
Para profundizar en los contenidos de esta unidad, sugerimos a todos
leer los textos de Sulbrandt (2002) y de Mokate y Saavedra (2004).

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Bibliografía
Barzelay, M. (1998) Atravesando la Burocracia. Una nueva perspectiva
de la administración pública. México: Fondo de Cultura Económica
CLAD (Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo)
(2000) La Responsabilización en la Nueva Gestión Pública
Latinoamericana. Buenos Aires: CLAD, BID, EUDEBA.
Metcalfe, L. y Richards, S. (1993) Improving Public Management.
Londres: European Institute of Public Administration, SAGE.
Mokate, K. y Saavedra, J.J. (2004) La Gerencia Social y el Valor
Público. Washington DC: INDES.
Moore, Mark H. (1998) Gestión estratégica y creación de valor en el
sector público. Buenos Aires: Paidós.
Sulbrandt, José (2002) Introducción a la Gerencia Social. Washington
DC: INDES.