procedimientos especiales de protección del niño, niña y adolescentes

1. UNIVERSIDAD FERMIN TORO
VICE RECTORADO ACADÉMICO
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS
ESCUELA DE DERECHO
ALUMNO:
Edixon Rodríguez
C.I V-17.828.907
Asignatura: Procedimientos especiales de protección
Del niño, niña y adolescentes
SECCION SAIA “B”
Lapso: B
Barquisimeto, Abril 2021

2. Se puede definir como el contenido esencial de la actividad de correspondiente al
Poder Ejecutivo, y se refiere a las actividades de gestión, que el titular de la misma
desempeña sobre los bienes del Estado para suministrarlos de forma inmediata y
permanente, a la satisfacción de las necesidades públicas y lograr con ello el bien
general, dicha atribución tiende a la realización de un servicio público, y se somete
al marco jurídico especializado que norma su ejercicio y se concreta mediante la
emisión y realización del contenido de actos administrativos emitidos.
En Venezuela, se rige un sistema presidencialista de gobierno, el cual establece
que el presidente de la República es a su vez Jefe de Estado y Jefe del Ejecutivo
Nacional concediéndole como atribución según la Constitución Nacional el de
dirigir la acción de gobierno más no se explica de forma clara que es el máximo
jerarca de la Administración Pública; sin embargo el da instrucciones al
coordinador de la Administración Pública y para realizar esta actividad el mismo
debe estar investido del carácter de máximo jerarca . Por otra parte podrá nombrar
y remover al Vice- Presidente Ejecutivo y a los Ministros.
Las disposiciones constitucionales, obviamente, incidieron con más fuerza en el
poder ejecutivo que como es sabido abarca orgánicamente las funciones
administrativas y de gobierno, al punto de que la potestad organizadora, en los
casos indicados en dichas disposiciones, materia de reserva legal en
constituciones anteriores se transfirió al presidente de la república con lo cual se
modifico el sistema existente con miras a flexibilizar y optimizar la Administración
Pública, entendida como organización al servicio de los ciudadanos.
Además de las atribuciones conferidas al Presidente por la Constitución Nacional,
la LOAP le atribuye al Presidente de la República dirigir la Administración Pública
Central del Poder Nacional, análisis que permite concluir que son muy pocas las
funciones administrativas que se le atribuyen al Presidente de la República como
órgano unipersonal o en pocas palabras
No obstante, los principios rectores de la organización y función administrativa de
la eficiencia y eficacia, plasmados en la propia Constitución Política (artículos 140,
inciso 8°, y 191), deben entenderse, en todo momento y bajo cualquier
circunstancia, subordinados a los derechos fundamentales y deben ceder ante
éstos, puesto que, constituyen el fundamento y la base de entero ordenamiento
jurídico.
La administración pública, en cuanto procura y atiende los intereses públicos o la
satisfacción de las necesidades colectivas, deben estar provistas de una serie de
prerrogativas extraordinarias. Así, se entiende por trámites administrativos las

3. diligencias, actuaciones o gestiones que realizan los particulares ante los órganos
y entes de la Administración Pública para la resolución de un asunto determinado.
El Procedimiento Administrativo: El Procedimiento Administrativo está regulado
básicamente por las leyes específicas en cada país dentro del derecho
administrativo. En Venezuela, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Publicado en Gaceta oficial Nº 2818 Extraordinaria de 1º de Julio de 1981. Así, los
principios generales del procedimiento administrativo Recoge las bases y criterios
para la correcta realización del procedimiento y lo constituye:.
Características
–Pluralidad; En el procedimiento confluyen múltiples actos jurídicos que, si bien
se dirigen a un iso fin, cada uno cumple su función específica.
- Individualidad; Cada acto administrativo conserva su singularidad.
- Temporalidad; Los actos se proyectan en un concreto marco temporal a través
de una determinada estructura o disposición.
- Coordinación; Existe un desarrollo secuencial porque el acto posterior viene
legitimado por el acto anterior.
- Progresividad; Es necesaria la ordenación de los actos del procedimiento en
distintas etapas o fases.
- Instrumentalizad; Todos los actos se avocan a la consecución de un
determinado fin, que es el que corresponde a cada procedimiento administrativo.
Objeto - Controla la actuación de personas que tienen potestades para desplegar
actividades administrativas.
- Permite materializar la función administrativa de los órganos del poder público. -
El autorizado dirige y coordina el procedimiento.
- La administración puede corregir los vicios.
- Exige un control administrativo.
- La LOPA regula los principios generales.
Qué estudia
- Permite encausar las actividades administrativas.
- Garantiza el derecho de los interesados/ colectividad.

4. - Permite el cumplimiento de principios constitucionales.
- Norma de fondo y de forma los actos administrativos.
- Permite encausar las actividades administrativas.
- Garantiza el derecho de los interesados/ colectividad.
- Permite el cumplimiento de principios constitucionales.
- Norma de fondo y de forma los actos administrativos.
El procedimiento Administrativo lo constituyen:
El principio de unidad: El procedimiento es un único proceso que tiene un
comienzo y fin. Todos los procedimientos deben resolverse independientemente
de la forma de inicio y, así mismo, deben ser notificados.
Principio de Contradicción: La resolución del procedimiento se basa en los
hechos y en los fundamentos de derecho, esto se consigue a través de la
comprobación de los hechos, a través de las pruebas. En general, pueden
acreditarse los hechos por cualquier medio admisible de derecho.
Principio de imparcialidad: La administración en su actuación será imparcial, sin
someterse a favoritismo o enemistades.
• Abstención: los funcionarios se abstendrán y se lo comunicaran a su superior
jerárquico en los siguientes casos:
- Por tener interés personal en el asunto.
- Por tener parentesco hasta 4º grado de consanguinidad y en 2º en afinidad.
- Por tener amistad o enemistad manifiesta.
- Por ser testigo del procedimiento.
La no abstención no invalida el acto pero crea responsabilidad en el funcionario.
• Recusación: El interesado puede solicitar la recusación en cualquier momento
del procedimiento, planteando las causas por escrito, se comprobaran los
documentos presentados y el superior lo admitirá o no, de esta decisión no cabe
recurso.
Principio de oficialidad: El procedimiento debe ser impulsado de oficio en todos
sus trámites. La administración tiene la obligación y responsabilidad de dirigir el
procedimiento, ordenando que se practique todas las diligencias necesarias para

5. dictar la resolución. Es responsabilidad de tramitar el procedimiento a los titulares
del órgano y el personal que esté a su cargo.
El interesado
El concepto de interesado se encuentra señalado en las normas pertinentes en
cada estado en concreto.
1.Son interesados en el procedimiento administrativo quienes lo promueven como
titulares de derechos o intereses legítimos. Los intereses legítimos pueden ser
individuales o colectivos. También es interesado quien, sin haber iniciado el
procedimiento, tenga derechos que puedan resultar afectados por la decisión que
en el mismo se adopte o aquéllos cuyos intereses legítimos (individuales o
colectivos), puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el
procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.
2. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y
sociales, serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la
Ley reconozca.
3. Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica
transmisible, el derecho habiente sucederá en tal condición, cualquiera que sea el
estado del procedimiento
Fases del Procedimiento El procedimiento administrativo general carece de fases,
en mérito del principio de unidad de vista, se reconocen diversos estados en su
tramitación, que son los siguientes:
Capítulo I (Iniciación) Capítulo II (Ordenación) Capítulo III (Sustanciación) Capítulo
IV (Terminación del Procedimiento).
Medidas provisionales:
Las normas de procedimiento establecen que, iniciado el procedimiento, el órgano
administrativo competente para resolverlo, podrá adoptar, de oficio o a instancia
de parte, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia
de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes
para ello.
Algunas legislaciones establecen que, antes de la iniciación del procedimiento
administrativo, el órgano competente, de oficio o a instancia de parte, en los casos
de urgencia y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá
adoptar las medidas correspondientes en los supuestos previstos expresamente
por una norma de rango de Ley. En este caso, las medidas provisionales deberán

6. ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del
procedimiento, que deberá efectuarse dentro de un plazo posterior a su adopción,
el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. En todo caso, dichas medidas
quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo o cuando el
acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las
mismas.
Por otro lado, no se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar
perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen
violación de derechos amparados por las leyes.
Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la
tramitación del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de
circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el
momento de su adopción.
En todo caso, se extinguirán con la eficacia de la resolución administrativa que
ponga fin al procedimiento.
Ordenación La ordenación se halla conformada por todas las actuaciones que han
de preordenar el desarrollo del procedimiento hasta su finalización, para permitir la
realización efectiva de los actos de instrucción.
Como principio que rige esta fase tenemos el de impulso de oficio, a tenor del cual
no es preciso que el administrado solicite el desarrollo del proceso, dado el interés
general que anima el procedimiento administrativo.
Igualmente, se halla también presidida por el principio de celeridad, que ha de
impregnar todo el procedimiento, a la vez que por el principio de eficacia,
coordinándose ambos al exigirse que se acuerden en un sólo acto los trámites que
admitan impulso simultáneo, sin precisarse impulso sucesivo.
Siempre que se incumplan los principios aludidos, cabe la reacción del interesado
a través de la queja o reclamación.
Instrucción La instrucción es el conjunto de actos por medio de los cuales se
aportan al órgano decisorio los elementos de juicio necesarios para que dicte
resolución, impulsándose de oficio sin merma del derecho del interesado a
proponer lo que convenga a sus intereses, con posibilidad de presentar Trámite de
Prueba
Medios y período de prueba. Los hechos relevantes para la decisión de un
procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en
Derecho.

7. Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los
interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo
acordará la apertura de un período de prueba por un plazo no superior a treinta
días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes.
El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los
interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias,
mediante resolución motivada.
- Práctica de prueba. La Administración comunicará a los interesados, con
antelación suficiente, el inicio de las actuaciones necesarias para la realización de
las pruebas que hayan sido admitidas.
En la notificación se consignará el lugar, fecha y hora en que se practicará la
prueba, con la advertencia, en su caso, de que el interesado puede nombrar
técnicos para que le asistan.
En los casos en que, a petición del interesado, deban efectuarse pruebas cuya
realización implique gastos que no deba soportar la Administración, ésta podrá
exigir el anticipo de los mismos, a reserva de la liquidación definitiva, una vez
practicada la prueba. La liquidación de los gastos se practicará uniendo los
comprobantes que acrediten la realidad y cuantía de los mismos.
Trámite de Informe
- Petición. A efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán aquellos
informes que sean preceptivos por disposiciones legales, y los que se juzguen
necesarios para resolver, citándose el precepto que los exija o fundamentando, en
su caso, la conveniencia de reclamarlos. En la petición de informe se concretará el
extremo o extremos acerca de los que se solicita.
-Evacuación. Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán
facultativos y no vinculantes.
Los informes serán evacuados en el plazo de diez días, salvo que una disposición
o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permitan o exija otro
plazo mayor o menor.
De no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjuicio de la
responsabilidad en que incurra el responsable de la demora, se podrán proseguir
las actuaciones cualquiera que sea el carácter del informe solicitado, excepto en
los supuestos de informes preceptivos que sean determinantes para la resolución
del procedimiento, en cuyo caso se podrá interrumpir el plazo de los trámites
sucesivos.

8. Si el informe debiera ser emitido por una Administración Pública distinta de la que
tramita el procedimiento en orden a expresar el punto de vista correspondiente a
sus competencias respectivas, y transcurriera el plazo sin que aquél se hubiera
evacuado, se podrán proseguir las actuaciones. El informe emitido fuera de plazo
podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución.
A tal efecto, se anunciará en el Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad
Autónoma, o en el de la Provincia respectiva, a fin de que cualquier persona física
o jurídica pueda examinar el procedimiento, o la parte del mismo que se acuerde.
El anuncio señalará el lugar de exhibición y determinará el plazo para formular
alegaciones, que en ningún caso podrá ser inferior a veinte días. La
incomparecencia en este trámite no impedirá a los interesados interponer los
recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento.
La comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por sí misma, la
condición de interesado. No obstante, quienes presenten alegaciones u
observaciones en este trámite tienen derecho a obtener de la Administración una
respuesta razonada, que podrá ser común para todas aquellas alegaciones que
planteen cuestiones sustancialmente iguales.
Conforme a lo dispuesto en las Leyes, las Administraciones Públicas podrán
establecer otras formas, medios y cauces de participación de los ciudadanos,
directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la
Ley en el procedimiento de elaboración de las disposiciones y actos
administrativos.
Terminación La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos
los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea la forma de iniciación.
Hay supuestos en los que la resolución consiste en la declaración de las
circunstancias que concurran en cada caso, con indicación de los hechos
producidos y las normas aplicables. Esto se produce en los casos de prescripción,
renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud,
así como desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento.
Se exceptúan de la obligación de resolver, los supuestos de terminación del
procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al
ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de comunicación previa a la
Administración.
Normal. La forma normal de terminación del procedimiento es mediante una
resolución que decidirá sobre todas las cuestiones planteadas por el interesado y

9. otras derivadas del propio expediente. La decisión será motivada en los casos en
que proceda.
- Anormales. El desistimiento, la renuncia y la caducidad o abandono son formas
de finalización anormales que solo se pueden producir en los procedimientos
incoados a instancia de los particulares.
- Desistimiento. El interesado puede desistir de su solicitud siempre y cuando no
esté prohibido por el ordenamiento jurídico. No obstante la Administración puede
limitar el desistimiento si la cuestión suscitada en el procedimiento fuera de interés
general o conveniente sustanciarla.
El desistimiento no impide al interesado seguir conservando los derechos que le
amparan que podrá hacer valer, si lo desea, en otro procedimiento.
- Renuncia. Es igual que el desistimiento, si bien el interesado que renuncia
pierde los derechos que le amparan.
- Caducidad. Que consiste en la paralización del procedimiento por causa
imputable al interesado una vez que la Administración le ha advertido de la misma
si no realiza actuaciones sustanciales y necesarias y han trascurrido tres meses
desde la comunicación.
- Silencio administrativo. Se produce en aquellas situaciones en las que la
Administración no ha resuelto expresamente y la Ley realiza la presunción de que
si lo ha hecho.
- Por convención. Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos con
personas de derecho público o privado siempre que no sean contrarios al
Ordenamiento jurídico ni versen sobre materias donde no es posible la
transacción.
La ejecución
Las normas jurídicas suelen establecer la presunción de validez de todos los
actos administrativos y, en consecuencia, producen plenos efectos jurídicos. Esto
se denomina "ejecutividad" del acto administrativo. La ejecutividad del acto
administrativo es de interés a todos los efectos, pero especialmente cuando los
interesados obligados a cumplir el mismo no lo hacen.
Medios de ejecución forzosa Las legislaciones establecen que los actos de las
Administraciones Públicas sujetos al Derecho administrativo son inmediatamente
ejecutivos. A tal fin las Leyes establecen distintos medios de ejecución forzosa

10. cuando los particulares no cumplen voluntariamente lo establecido en el acto
administrativo.
Apremio sobre el Patrimonio. Es el procedimiento de cobro de la Administración
de las cantidades líquidas adeudadas a la misma y que no han sido abonadas
voluntariamente. Se trata de una situación que se aplica especialmente, aunque
no exclusivamente, en materia tributaria. Requiere que se expida el certificado de
descubierto, el embargo de los bienes del deudor y la subasta pública de los
mismos.
Ejecución subsidiaria. Es la realización por la Administración, o a través de
personas que se determinen por la misma, de actos que imponen obligaciones de
hacer y que no sean personalísimos, ante el incumplimiento del sujeto obligado.
Este procedimiento, concretamente se prevé para el restablecimiento de la
legalidad urbanística, con la ejecución de una obra por parte de la Administración
o de empresa contratada. Los costes resultan a cargo del obligado, pudiendo
seguirse para ello el apremio sobre el patrimonio.
Multa correctiva. Que es la imposición de multas reiteradas en lapsos de tiempo
para obligar a cumplir lo ordenado. Esta imposición de multas está reservada a los
actos personalísimos en que no quepa la compulsión directa, o no sea
conveniente o cuya ejecución el obligado pudiera encargar a un tercero.
Las multas son compatibles con las sanciones administrativas.
Tomando en cuenta lo anterior, y con la finalidad de eliminar la burocracia del
proceso se emite el Decreto N° 368 de fecha 5 de octubre de 1999. Gaceta Oficial
Extraordinario Nº 5.393 de fecha 22 de octubre de 1999, sobre:
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos De acuerdo al contenido,
la ley está estructurada de la siguiente manera:
- TITULO I: Disposiciones fundamentales: Capítulo I. Disposiciones Generales.
Artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6; Disponen los derechos y responsabilidades de la
colectividad y los entes gubernamentales ante la resolución de los asuntos que lo
afecten. Capítulo II. De los actos administrativos.
Artículos 7 al 29; se relacionan con los requerimientos aclaratorios de los límites
de acción, nulidad y jerarquía de los actos administrativos.
- TITULO II: De la actividad administrativa: Capítulo I. Disposiciones generales.
Artículos 30 al 35; expresan los principios, reglamentos e instrucciones referentes
a la estructura y funciones de los organismos, así como los métodos y
procedimientos para la tramitación de la solicitud.

11. Capítulo II. De las inhibiciones. Artículos 36 al 40; Referidos a las limitaciones de
los funcionarios a tramitar la solicitud de acuerdo a sus aptitudes y la designación
de otro.
Capítulo III. De los términos y plazos. Artículos 41, 42 y 43. Se relacionan con el
tiempo establecido para la solicitud o tramitación de parte y parte.
Capítulo IV. De la recepción de documentos. Artículos 44, 45 y 46.
- TITULO III: Del procedimiento Administrativo:
Capítulo I. Del procedimiento ordinario. Artículos 47 al 66. Establece las etapas
básicas de tramitación de la solicitud de parte del interesado; iniciación del
procedimiento, sustanciación del expediente y terminación del procedimiento.
Capítulo II. Del procedimiento Sumario. Artículos 67, 68 y 69. Para los casos
excepcionales que necesitan celeridad (habilitados), previa aprobación del
superior jerárquico.
Capítulos III y IV. Del procedimiento en casos de prescripción y de la publicación y
notificación de los actos administrativos. Artículos 72 al 77. Tramitación de
solicitudes generales de interés colectivo.
Capítulo V. De la ejecución de los actos administrativos. Artículos 78, 79 y 80.
Regula la ejecución del acto referida por las garantías y derechos constitucionales.
- TITULO IV: De la revisión de los Actos en vía Administrativa: Capítulo I. De la
Revisión de Oficio. Artículos 81 al 84; Establecen la revisión de la solicitud,
procedencia, legitimidad, nulidad, correcciones, vicios, etc.
Capitulo II. De los Recursos Administrativos. Artículos 85 al 99. Del recurso de
reconsideración, del recurso jerárquico y del recurso de revisión. Indican los
mecanismos de impugnación de la respuesta solicitada en caso de ser
considerada injusta, siempre y cuando sea procedente.
- TITULO V: De las sanciones: Artículos 100 al 106: Imponen las multas a los
funcionarios que cometan faltas contra el acto administrativo, establecidas la Ley
Orgánica de la Hacienda Pública Nacional y aplicadas por el Ministerio
correspondiente.
- TITULO VI: Disposiciones Transitorias: Artículo 107. En los procedimientos
administrativos iniciados antes de la fecha de vigencia de esta Ley, se aplicaran
los plazos de la misma a partir de dichas fechas, si con ello se reduce la duración
del trámite de Los actos administrativos constituyen una parte esencial de la
administración pública, para el logro de los objetivos que esta pretende alcanzar.

12. RECURSOS ADMINISTRATIVOS RECURSO JERARQUICO (art. 95 LOPA):
Procede cuando el órgano inferior decida no modificar el acto de que es autor en
la forma solicitada en el recurso de reconsideración. El interesado podrá, dentro
de los quince (15) días siguientes a la decisión a la cual se refiere el párrafo
anterior, interponer el recurso jerárquico directamente para ante el Ministro.
RECURSO DE RECONSIDERACION (art. 94 LOPA): Procederá contra todo acto
administrativo de carácter particular y deberá ser interpuesto dentro de los quince
(15) días siguientes a la notificación del acto que se impugna, por ante el
funcionario que lo dicto. Si el acto no pone fin a la vía administrativa, el órgano
ante el cual se interpone este recurso, decidirá dentro de los quince (15) días
siguientes al recibo del mismo. Contra esta decisión no puede interponerse de
nuevo dicho recurso.
RECURSO DE REVISION (art. 97 LOPA): Podrá intentarse ante el Ministro
respectivo en los siguientes casos: 1. Cuando hubieren aparecido pruebas
esenciales para la resolución del asunto, no disponibles para la época de la
tramitación del expediente. 2. Cuando en la resolución hubieren influido, en forma
decisiva, documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial
definitivamente firme. 3. Cuando la resolución hubiese sido adoptada por cohecho,
violencia, soborno u otra manifestación fraudulenta y ello hubiere quedado
establecido en sentencia judicial, definitivamente firme.
En sentido amplio el acto administrativo se aplica a toda clase de manifestaciones
de la actividad de los sujetos de la administración pública; y en el sentido estricto,
comprende y abarca las manifestaciones de la voluntad del Estado para crear
efectos jurídicos, particularmente esta última, de significación más restringida y
especifica. Como todo acto debe estar normado por el Estado, quien establece
términos para regularlo, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, de
manera detallada y tomando en cuenta tanto, las organizaciones o entes como a
la colectividad busca englobar los estatutos generales para lograrlo.