1. A26. EL COMERCIO
VIERNES 17 DE ENERO DEL 2014
OPINIÓN
“La ausencia de una buena educación pública es de las más crueles de las injusticias sociales, pues suele limitar de por vida a los niños y adolescentes de escasos recursos”.
Editorial de El Comercio Una propuesta hípica / 4 de diciembre del 2013
EDITORIAL
Con los pies en la tierra
E
Las escuelas productoras están demostrando ser una vía ideal para afrontar el problema de nuestra educación rural.
s sabido que nuestros escolares poseen
rendimientos muy bajos en comprensión lectora y matemáticas. A este cuadro general deprimente, sin embargo,
se agrega la constatación de una brecha muy grande entre el sector urbano y el rural.
Es decir, si ya el promedio general es muy bajo,
los rendimientos en el sector rural son paupérrimos. En la evaluación censal de estudiantes del
2012, mientras el 30,9% de los estudiantes de
segundo grado del país tenía un rendimiento satisfactorio en comprensión lectora, en el medio
rural solo el 7% alcanzaba ese nivel.
Por otra parte, los problemas de nuestra educación rural se agravan considerablemente debido a los altísimos niveles de deserción escolar
que registra. El dejar de producir en las parcelas
familiares parece ser un lujo que los niños y adolescentes de nuestros Andes no pueden darse, y
–también en muchos casos– que sus padres piensan que no vale la pena darles.
Considerando esto último, el modelo de las
“escuelas productoras” parece ser la respuesta
ideal para el problema, pues ataca de raíz la principal causa de la deserción: en estas escuelas el
aprendizaje y la producción, en lugar de excluircentro de irradiación de conocimiento útil. Los
se, se juntan y potencian. Se trata, en otras palaestudiantes aprenden instrumentos prácticos
bras, de una solución que tiene –literalmente–
para su desarrollo y el de sus familias, y transmilos pies bien puestos sobre la tierra donde se da.
ten a sus padres lo aprendido. Los propios padres
De ahí, con seguridad, el éxito que están teniense interesan y acuden a la escuela a aprender jundo para retener a sus alumnos y lograr el entuto con sus hijos. La comunidad educativa se forsiasmo de sus padres. Y de ahí también, ciertatalece y el colegio se convierte, así, en un eje de
mente, que ya tengamos alrededor de 80 de ellas. desarrollo de la comunidad.
Las escuelas productoras son
Por otro lado, los profesores enun derivado de la experiencia del
cuentran las condiciones para deBENEFICIO
Quienes egresan de las
programa Sierra Productiva, inisarrollar su creatividad. Aproveescuelas productoras
ciativa privada que hace varios
chan las tecnologías como material
suelen tener asegurado didáctico para facilitar la comprenaños fundó el economista Carlos
un autoempleo.
Paredes con un grupo de comusión de la mayoría de las materias
nidades campesinas. En estas esdel currículo (de hecho, los macuelas se reserva una pequeña área para instalar nuales de las 12 tecnologías con que operan las
las tecnologías del programa. Ahí un ‘yachachik’ escuelas enlazan con todas las materias del currí(campesino que conoce las tecnologías) enseña
culo). Así, por ejemplo, las matemáticas se usan
a profesores y alumnos cómo instalar un pequepara los cálculos que requiere la instalación de las
ño reservorio, riego por aspersión o por goteo;
antes mencionadas tecnologías. Carlos Paredes
cómo sembrar un huerto de hortalizas; cómo
cuenta que en Vinchos, Ayacucho, un profesor
cultivar para el ganado; cómo criar animales me- aprovechó el techado de un fitotoldo para que los
nores; y otras habilidades productivas.
estudiantes comprendan el teorema de Pitágoras
Los efectos son extraordinarios. Para comencomo jamás habían logrado hacerlo. También se
zar, la escuela cobra realidad. Se convierte en un aprende a escribir y a pensar de manera práctica:
relatando por escrito, por ejemplo, informes de
avances, o describiendo sus experiencias.
No solo eso. En las escuelas productoras los
estudiantes ven de una manera muy concreta los
beneficios del valor que generan con su producción, organizando ferias y vendiendo sus productos. Un proceso en el que también aplican las
matemáticas y adquieren rudimentos de administración y economía.
Quienes egresan de las escuelas productoras
suelen tener asegurado un autoempleo en actividades productivas, o pasan a estudiar carreras técnicas en institutos tecnológicos y universidades.
Las escuelas productoras, en fin, están demostrando ser un camino muy eficaz para revivir
a nuestras escuelas rurales, hoy normalmente
abandonadas. Una manera en la que los alumnos de nuestra sierra aprenden, sí, pero al mismo
tiempo en que, por un lado, se les muestra de forma insuperablemente concreta para qué les servirán todos esos conocimientos; mientras que,
por el otro, se les posibilita mejorar su calidad de
vida –y las de sus familias– mientras estudian.
Un modelo, sin duda, que debe apoyarse y reproducirse sin cesar.
HUMOR PROFANO
EL TÁBANO
- MARIO MOLINA -
- DAMITA DE HIERRO -
Maestro panetonero
C
ésar Acuña, padre, empresario, alcalde y educador, parece que ha agregado un oficio más a su hoja de vida:
maestro panetonero.
Si lo que le ha comentado casualmente el regidor Santa María en su denuncia penal por peculado es cierto, en diciembre pasado
César no habría querido contentarse con la típica
faena política de repartir juguetes a los niños vistiendo, convenientemente, un polo de su partido, sino que habría preferido hacer algo diferente, y más esforzado, por Navidad (el tiempo de
dar y, si es posible, también de recibir).
De ser cierta la denuncia, todo indicaría que el
buen César habría suspendido sus labores como
padre, empresario, alcalde y educador, y procedido –alguien podría sospechar– a darse un espacio hasta para supervisar el diseño de la caja
en la que viajaría el festivo quequito: el logo de
Alianza por el Progreso bien puesto en la franja
superior; su cara –sonriente– en el medio; y aba-
jo, esta frase: “Mis herederos son los niños del
Perú”. Luego, el personal de la comuna habría
procedido a hacer más felices a los niños (sus herederos) repartiéndoles panetón en jardines municipales y vasos de leche.
Después de lo que habría sido una acción llena de espíritu festivo, no quedaría claro por qué
Acuña, en lugar de mostrarse tan contento como
en la foto del panetón, ha asegurado que no lo
elaboró y que no sabía que era repartido por personal de la comuna, negando además que la A
del logo sea la de su partido, y asegurando –en lo
que tiene que ser la prueba más fulminante que
se haya visto– que se trata de la A de amigo.
¿SE ESTÁ PERMITIENDO QUE LOS POLICÍAS Y LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS ABUSEN DEL USO DE LA FUERZA?
Licencia para matar
Modificación legítima
- CESAR BAZÁN SEMINARIO -
E
- JORGE MONTOYA -
Experto en temas de seguridad ciudadana del Instituto de Defensa Legal (IDL)
Ex comandante general de las Fuerzas Armadas
l Congreso aprobó en las postrimerías del 2013 una peligrosa
norma que el Ejecutivo acaba
de promulgar el lunes pasado.
Se trata de una modificación al
Código Penal que, en la práctica, respalda
y profundiza una de las leyes represivas y
de impunidad policial y militar aprobadas por el
gobierno de Alan García. Hablando en cristiano:
la Ley 30151 –que exonera de responsabilidad a
policías y militares que maten o hieran en ejercicio de sus funciones– es una licencia para matar.
Lo es porque esa norma ordena que no sean
investigadas ni enjuiciadas penalmente las
muertes y las lesiones causadas por policías y militares en ejercicio de sus funciones, así se trate
de errores o abusos. La norma en cuestión literalmente dice:
“Artículo 20. Inimputabilidad. Está exento de
responsabilidad penal:
11. El personal de las Fuerzas Armadas y de la
Policía Nacional del Perú que, en cumplimiento
de su deber y en uso de sus armas u otro medio de
defensa, cause lesiones o muerte”.
El problema es que los abusos y los errores no
son pocos y lo que está en juego –cuando se mata
o se hiere a alguien– es la vida y la salud de personas, es decir, los derechos humanos. La Ley
30151 dice que los casos de muerte o lesiones
protagonizados por policías y militares no serán
investigados penalmente.
Así, los efectivos están exentos de responsabilidad, a pesar de que un sentido elemental de
justicia nos dice que los delitos (o, mejor dicho,
los supuestos delitos) deben ser investigados.
Al contrario de lo que ordena la norma, lo que
corresponde en un caso de lesiones o muerte es
que en investigaciones debidas se dilucide la cul-
pabilidad, determinándose si se trató de
un error o exceso, o si efectivamente los
agentes cometieron un delito.
La Ley 30151 es especialmente problemática debido a dos elementos que se
entrecruzan.
En primer lugar, el contexto nacional
de alta conflictividad social. En el Perú tenemos
poco más de 200 conflictos sociales en el mes, de
los cuales casi alrededor del 80% están activos.
En lo que va del gobierno de Ollanta Humala, sumamos casi una treintena de muertos en conflictos sociales, y durante el gobierno de Alan García
llegamos a la lamentable cifra récord de 150 civiles muertos.
En segundo lugar, en el Perú tenemos una
policía que no está debidamente preparada para hacer uso de sus armas, repeler ataques o disuadir pacíficamente a manifestantes. Nuestras
fuerzas del orden tienen grandes carencias, lo
que hace real la posibilidad de excesos e inclusive de que la policía sea utilizada como fuerza de
choque. Ello es más preocupante cuando observamos que en muchas ocasiones se privatizan los
servicios de la PNP a favor de grandes o pequeñas empresas.
Si el objetivo de esta norma era reforzar la seguridad ciudadana permitiendo que los agentes
usen sus armas con mayor libertad, entonces se
ha hecho un flaco favor a esa causa. La seguridad
ciudadana no se mejora con leyes de impunidad
que encubran muertes y cierren investigaciones,
sino con medidas concretas que refuercen a la
PNP y la doten de las herramientas personales y
de los materiales necesarios para actuar.
La seguridad ciudadana no se mejora con leyes de impunidad, sino atacando los problemas
de fondo.
L
a Ley 30151 modifica el numeral del Código Penal que establecía que estaba exento de
responsabilidad penal “el personal de las Fuerzas Armadas
y de la Policía Nacional del Perú (PNP) ,
que en el cumplimiento de su deber y en
uso de sus armas en forma reglamentaria, cause
lesiones o muerte”. Con la reciente modificación
el referido numeral, ahora establece que está
exento de responsabilidad penal “el personal de
las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que,
en el cumplimiento de su deber y en uso de sus
armas u otro medio de defensa, cause lesiones o
muerte”.
La modificación es necesaria, pues reconoce
como principio que todo miembro de las Fuerzas Armadas y de la PNP en el cumplimiento de
su deber actúa de manera reglamentaria. Creer
lo contrario sería aceptar que lo hacen antirreglamentariamente, lo cual puede presentarse como
excepción, pero no como regla general.
Las actividades que realizan las Fuerzas Armadas y la PNP para combatir a los enemigos de
la sociedad se encuentran enmarcadas en las leyes vigentes y cumplen con las Reglas de Empleo
y Uso de la Fuerza, establecidas en el Decreto Legislativo 1095.
Así, por ejemplo, las Fuerzas Armadas pueden
usar sus armas en tres escenarios. El primero es
cuando el Gobierno decreta el estado de emergencia y se requiere hacer frente a un grupo hostil
conduciendo operaciones militares (es, por citar un caso, la situación del Vraem). El segundo
aparece cuando las Fuerzas Armadas deben proporcionar apoyo a la PNP, también previa declaración del estado de emergencia, como en el Huallaga. El tercero sirve para prestar apoyo a la PNP
en casos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo o protección de instalaciones estratégicas para el funcionamiento del país.
El caso anterior sirve para aclarar que
no existe libertad total para el uso de armas letales, sino que este está restringido
por nuestras leyes vigentes. Así, encontrándonos en cualquier escenario de actuación,
antes de hacer uso del arma tiene que cumplirse
con, primero, aplicar la fuerza de manera preventiva, considerando la disuasión a los agresores con la mera presencia militar, contacto visual
y verbalización. De no tener resultado, se emplea
el método reactivo, que considera control físico,
empleo de medios no letales y, por último, el uso
de medios letales.
Un Estado democrático que respete a sus ciudadanos no puede negarse el uso de la fuerza
letal para protegerlos. Este uso, como se ha explicado, debe sí ser el último recurso. Además, los
autorizados para hacerlo (las Fuerzas Armadas y
la PNP) deben estar legalmente protegidos, pues
no podemos permitir que reciban el mismo trato
que los delincuentes a quienes combaten.
En los últimos días hemos observado una
preocupación por los excesos que se puedan cometer o el mal uso que se pueda hacer de esta norma, pero no hemos visto que se preocupen con el
mismo interés por los policías y militares que en
cumplimiento de su deber han sido maltratados
por nuestras leyes vigentes y están sometidos a
largos procesos judiciales (al revés de lo que ocurre con los delincuentes, a quienes se les respeta
la presunción de inocencia, en este caso aquellos
además tienen que probar que actuaron según
ley y que son por tanto inocentes).
Nuestro país merece seguridad y orden para
continuar con el desarrollo.