El documento argumenta que la presión fiscal en la CAPV es insuficiente para financiar los servicios sociales, debido al gran fraude fiscal y los regalos fiscales a rentas altas y empresas. Propone luchar contra el fraude fiscal mediante más inspecciones, eliminar los regalos fiscales, y establecer mecanismos de participación ciudadana para definir una política fiscal más justa y progresiva.