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LA DEPENDENCIA Y LA INDEPENDENCIA
DE LA CONTRALORÍA SOCIAL
RESPECTO DE LA INSTITUCIONALIDAD
ESTATAL
Contraloría
El concepto de contraloría se emplea en América
Latina, este término se refiere al órgano que se
dedica a revisar los gastos del Estado,
supervisando que sean correctos y que estén
encuadrados en el marco legal.
La Contraloría Social es una estrategia
de participación ciudadana para favorecer la
rendición de cuentas y la vigilancia del buen
ejercicio y aplicación de los recursos
públicos.
Función de la contraloría.
La contraloría es una entidad
fiscalizadora de nivel superior.
Dicha fiscalización consiste en
estudiar la gestión financiera
estatal para controlar cómo se
ejecutan los presupuestos y de
qué manera se administran los
fondos públicos.
DEPENDENCIA DE LA CONTRALORÍA SOCIAL
RESPECTO DE LA INSTITUCIONALIDAD
ESTATAL
La dependencia esta determinada en gran medida por
los recursos de poder puestos a su servicio. Este
asunto ilustrará la dimensión de la dependencia que el
control social tiene respecto del Estado, habida cuenta
de que la mayoría de tales recursos requiere ser
consagrada por la institucionalidad estatal e incluso,
una parte, necesita estar mediada por ella, en
particular por la judicial y la contralora.
La dimensión de la dependencia: poderes sociales
traducidos en consecuencias sobre los actores
públicos
Los clasificaremos en dos tipos: directos e indirectos.
Los poderes indirectos remiten al derecho a
reclamar derechos ante una autoridad específica, que
suele ser las más de las veces del orden
jurisdiccional. Este tipo de poderes es clave cuando la
contraloría social se despliega en forma espontánea,
pero también es relevante cuando es inducida por el
Estado ya que abren la posibilidad de que la
institucionalidad contralora o judicial pueda ser
activada por la propia contraloría social, a fin de
devenir en consecuencias sobre los poderes públicos.
Los poderes directos no están mediados por la
institucionalidad contralora o judicial para su
activación. El poder que ha estado siempre a
disposición del control social es un poder directo, el
del número. De hecho, las movilizaciones y
protestas remiten a las formas más tradicionales de
sanciones directas a que puede apelar el control
social para generar consecuencias sobre los
poderes públicos.
En el segundo término, se plantea que la
legitimidad de la contraloría social depende de su
autonomía, de manera que se exprese como una
relación regulativa sobre el Estado, exterior a él.
Por su parte, esta cuestión pondrá en el tapete la
dimensión de independencia respecto del Estado,
atributo que la contraloría social requiere mantener
para ser desplegada como un real derecho
ciudadano.
INDEPENDENCIA DE LA CONTRALORÍA SOCIAL
RESPECTO DE LA INSTITUCIONALIDAD
ESTATAL
La dimensión de la independencia: autonomía
social.
Varias experiencias en la región dan cuenta de mecanismos de
control social que son impuestos por un gobierno como condición
para la obtención de beneficios asociados con programas
sociales. Este tipo de casos ilustra la captura a la que puede estar
sometida la propia contraloría social por parte del Estado. Es
ciertamente un caso extremo, pero hay muchos otros que pueden
devenir en ese mismo resultado; por ello es necesario aludir a la
autonomía de la contraloría social.
La autonomía que mantengan los sujetos sociales
respecto del Estado forma parte de la especificidad del
control social; este rasgo es el que posibilita que el
ejercicio del control social sea externo y no esté
condicionado a la administración pública o a cualquier
poder público que interpele.
Lo anterior crea algunas zonas grises que imponen
desafíos para la teoría. ¿Cómo, por ejemplo, discernir
sobre la participación de representantes sociales en las
juntas de administración de servicios públicos? O
¿pueden deslindarse las funciones de control social de
las funciones de articulación de demandas sociales,
muchas veces a cargo de un mismo órgano, como
ocurre en las juntas de vigilancia de Bolivia?
La dimensión de la independencia: autonomía social.
Propuestas:
Formar ciudadanos honestos, con clara conciencia de lo
bueno y lo malo, que desde temprana edad entiendan
que es la corrupción y como puede evitarse. También se
propone desarrollar en ellos valores y conductas éticas
deseables dentro del servicio público, tales como
honestidad, equidad, decoro, lealtad, vocación de
servicio, disciplina, responsabilidad, puntualidad,
transparencia y pulcritud. Se promueve así el desarrollo
de niños y niñas con una actitud diferente hacia la
vigilancia, el control, y la rendición de cuentas en el
ámbito escolar, que garanticen la transparencia en el
manejo de los recursos de la escuela y en el
funcionamiento de los diferentes servicios con los que
cuenta la institución escolar.
Realizar auditorias de manera espontánea y con
frecuencia no mayor a seis meses.
Participar en las auditorias los consejos
comunales, poder judicial y la contraloría social.
Propuestas:
MUCHAS
GRACIAS
POR SU
ATENCION.!!!

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COLA DEPENDENCIA Y LA INDEPENDENCIA DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTO DE LA INSTITUCIONALIDAD ESTATAL

  • 1. LA DEPENDENCIA Y LA INDEPENDENCIA DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTO DE LA INSTITUCIONALIDAD ESTATAL
  • 2. Contraloría El concepto de contraloría se emplea en América Latina, este término se refiere al órgano que se dedica a revisar los gastos del Estado, supervisando que sean correctos y que estén encuadrados en el marco legal. La Contraloría Social es una estrategia de participación ciudadana para favorecer la rendición de cuentas y la vigilancia del buen ejercicio y aplicación de los recursos públicos.
  • 3. Función de la contraloría. La contraloría es una entidad fiscalizadora de nivel superior. Dicha fiscalización consiste en estudiar la gestión financiera estatal para controlar cómo se ejecutan los presupuestos y de qué manera se administran los fondos públicos.
  • 4. DEPENDENCIA DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTO DE LA INSTITUCIONALIDAD ESTATAL La dependencia esta determinada en gran medida por los recursos de poder puestos a su servicio. Este asunto ilustrará la dimensión de la dependencia que el control social tiene respecto del Estado, habida cuenta de que la mayoría de tales recursos requiere ser consagrada por la institucionalidad estatal e incluso, una parte, necesita estar mediada por ella, en particular por la judicial y la contralora.
  • 5. La dimensión de la dependencia: poderes sociales traducidos en consecuencias sobre los actores públicos Los clasificaremos en dos tipos: directos e indirectos. Los poderes indirectos remiten al derecho a reclamar derechos ante una autoridad específica, que suele ser las más de las veces del orden jurisdiccional. Este tipo de poderes es clave cuando la contraloría social se despliega en forma espontánea, pero también es relevante cuando es inducida por el Estado ya que abren la posibilidad de que la institucionalidad contralora o judicial pueda ser activada por la propia contraloría social, a fin de devenir en consecuencias sobre los poderes públicos.
  • 6. Los poderes directos no están mediados por la institucionalidad contralora o judicial para su activación. El poder que ha estado siempre a disposición del control social es un poder directo, el del número. De hecho, las movilizaciones y protestas remiten a las formas más tradicionales de sanciones directas a que puede apelar el control social para generar consecuencias sobre los poderes públicos.
  • 7. En el segundo término, se plantea que la legitimidad de la contraloría social depende de su autonomía, de manera que se exprese como una relación regulativa sobre el Estado, exterior a él. Por su parte, esta cuestión pondrá en el tapete la dimensión de independencia respecto del Estado, atributo que la contraloría social requiere mantener para ser desplegada como un real derecho ciudadano. INDEPENDENCIA DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTO DE LA INSTITUCIONALIDAD ESTATAL
  • 8. La dimensión de la independencia: autonomía social. Varias experiencias en la región dan cuenta de mecanismos de control social que son impuestos por un gobierno como condición para la obtención de beneficios asociados con programas sociales. Este tipo de casos ilustra la captura a la que puede estar sometida la propia contraloría social por parte del Estado. Es ciertamente un caso extremo, pero hay muchos otros que pueden devenir en ese mismo resultado; por ello es necesario aludir a la autonomía de la contraloría social.
  • 9. La autonomía que mantengan los sujetos sociales respecto del Estado forma parte de la especificidad del control social; este rasgo es el que posibilita que el ejercicio del control social sea externo y no esté condicionado a la administración pública o a cualquier poder público que interpele. Lo anterior crea algunas zonas grises que imponen desafíos para la teoría. ¿Cómo, por ejemplo, discernir sobre la participación de representantes sociales en las juntas de administración de servicios públicos? O ¿pueden deslindarse las funciones de control social de las funciones de articulación de demandas sociales, muchas veces a cargo de un mismo órgano, como ocurre en las juntas de vigilancia de Bolivia? La dimensión de la independencia: autonomía social.
  • 10. Propuestas: Formar ciudadanos honestos, con clara conciencia de lo bueno y lo malo, que desde temprana edad entiendan que es la corrupción y como puede evitarse. También se propone desarrollar en ellos valores y conductas éticas deseables dentro del servicio público, tales como honestidad, equidad, decoro, lealtad, vocación de servicio, disciplina, responsabilidad, puntualidad, transparencia y pulcritud. Se promueve así el desarrollo de niños y niñas con una actitud diferente hacia la vigilancia, el control, y la rendición de cuentas en el ámbito escolar, que garanticen la transparencia en el manejo de los recursos de la escuela y en el funcionamiento de los diferentes servicios con los que cuenta la institución escolar.
  • 11. Realizar auditorias de manera espontánea y con frecuencia no mayor a seis meses. Participar en las auditorias los consejos comunales, poder judicial y la contraloría social. Propuestas: