Este documento analiza el delito de otorgamiento ilegítimo de derechos sobre inmuebles recientemente incorporado al Código Penal peruano. El delito busca proteger el patrimonio público y privado al sancionar a funcionarios que otorguen derechos de posesión o emitan títulos de propiedad sobre bienes estatales o privados sin cumplir los requisitos legales. Se define el bien jurídico protegido, el sujeto activo como cualquier funcionario público, y las conductas típicas como otorgar derechos de
Diferencias entre la propiedad civil y la propiedad agrariaYohana Martinez
La propiedad agraria se dedica al trabajo de la tierra con vocación agrícola, ya sean tierras públicas o privadas. Se diferencia de la propiedad civil en que el derecho de propiedad agraria se transfiere a los sucesores pero no puede ser objeto de enajenación, además una persona puede tener derecho de propiedad agraria sobre una tierra que trabaja aunque no tenga un título de propiedad. La propiedad agraria cumple una función social de mejorar a los campesinos que trabajan la tierra y proveer seguridad alimentaria a la
Este documento presenta un resumen sobre el concepto y clasificación del depósito propiamente dicho según el derecho venezolano. Explica que el depósito es un contrato por el cual una persona recibe la cosa mueble ajena con la obligación de guardarla y restituirla. Se divide en depósito voluntario y necesario, y genera obligaciones de guarda y restitución para el depositario.
Delitos contra la administracion publica mario amoretti pachasCARLOS ANGELES
Este documento trata sobre los delitos contra la administración pública. Explica conceptos clave como administración pública, función pública, funcionario público, y describe delitos específicos como la concusión y la colusión desleal. Además, analiza las características y elementos de estos delitos contra la administración pública según la legislación peruana.
Consideraciones generales
Teorias sobre la interpretacion
Interpretacion en los codigos derogados
Interpretacion del codigo vigente
El princio de la buena fe
La interpretacion sistematica
La interpretacion finalista
Modificacion propuesta por la comision
El daño, la culpa y los efectos secundarios de las obligacionesjoseph5x
El documento resume conceptos clave relacionados con el daño, la culpa y efectos secundarios de las obligaciones en derecho civil venezolano. Define términos como daño, cláusula penal, las arras y la culpa. También explica acciones como la acción oblicua, la acción pauliana y la acción de simulación que permiten a los acreedores proteger sus derechos ante el incumplimiento del deudor. El documento concluye citando las fuentes legales en las que se basa.
El documento explica los conceptos de actos deliberativos, actos preparatorios, actos de comienzo de ejecución, tentativa de delito, tentativa abandonada, tentativa calificada, delito frustrado y delito imposible en el derecho penal venezolano. Define cada uno de estos conceptos y ofrece ejemplos para ilustrar las diferencias entre ellos. También resume brevemente la ley sobre robo y hurto de vehículos en Venezuela.
El documento explica el derecho de superficie en el Perú. Se define como el derecho de construir y mantener edificaciones sobre suelo ajeno por un plazo máximo de 99 años. El derecho de superficie es autónomo del suelo y transmisible. A diferencia de la accesión, requiere del consentimiento del propietario del suelo.
La posesión se define como la tenencia de una cosa con ánimo de señor o dueño. Desde la perspectiva doctrinaria, la posesión implica el poder de hecho sobre una cosa que una persona usa y goza como si fuera el dueño. Legalmente, la posesión requiere tanto el "corpus", o tenencia material de la cosa, como el "animus", o voluntad de ejercer los derechos de propiedad sobre ella. Solo pueden ser objeto de posesión los bienes susceptibles de apropiación privada.
Diferencias entre la propiedad civil y la propiedad agrariaYohana Martinez
La propiedad agraria se dedica al trabajo de la tierra con vocación agrícola, ya sean tierras públicas o privadas. Se diferencia de la propiedad civil en que el derecho de propiedad agraria se transfiere a los sucesores pero no puede ser objeto de enajenación, además una persona puede tener derecho de propiedad agraria sobre una tierra que trabaja aunque no tenga un título de propiedad. La propiedad agraria cumple una función social de mejorar a los campesinos que trabajan la tierra y proveer seguridad alimentaria a la
Este documento presenta un resumen sobre el concepto y clasificación del depósito propiamente dicho según el derecho venezolano. Explica que el depósito es un contrato por el cual una persona recibe la cosa mueble ajena con la obligación de guardarla y restituirla. Se divide en depósito voluntario y necesario, y genera obligaciones de guarda y restitución para el depositario.
Delitos contra la administracion publica mario amoretti pachasCARLOS ANGELES
Este documento trata sobre los delitos contra la administración pública. Explica conceptos clave como administración pública, función pública, funcionario público, y describe delitos específicos como la concusión y la colusión desleal. Además, analiza las características y elementos de estos delitos contra la administración pública según la legislación peruana.
Consideraciones generales
Teorias sobre la interpretacion
Interpretacion en los codigos derogados
Interpretacion del codigo vigente
El princio de la buena fe
La interpretacion sistematica
La interpretacion finalista
Modificacion propuesta por la comision
El daño, la culpa y los efectos secundarios de las obligacionesjoseph5x
El documento resume conceptos clave relacionados con el daño, la culpa y efectos secundarios de las obligaciones en derecho civil venezolano. Define términos como daño, cláusula penal, las arras y la culpa. También explica acciones como la acción oblicua, la acción pauliana y la acción de simulación que permiten a los acreedores proteger sus derechos ante el incumplimiento del deudor. El documento concluye citando las fuentes legales en las que se basa.
El documento explica los conceptos de actos deliberativos, actos preparatorios, actos de comienzo de ejecución, tentativa de delito, tentativa abandonada, tentativa calificada, delito frustrado y delito imposible en el derecho penal venezolano. Define cada uno de estos conceptos y ofrece ejemplos para ilustrar las diferencias entre ellos. También resume brevemente la ley sobre robo y hurto de vehículos en Venezuela.
El documento explica el derecho de superficie en el Perú. Se define como el derecho de construir y mantener edificaciones sobre suelo ajeno por un plazo máximo de 99 años. El derecho de superficie es autónomo del suelo y transmisible. A diferencia de la accesión, requiere del consentimiento del propietario del suelo.
La posesión se define como la tenencia de una cosa con ánimo de señor o dueño. Desde la perspectiva doctrinaria, la posesión implica el poder de hecho sobre una cosa que una persona usa y goza como si fuera el dueño. Legalmente, la posesión requiere tanto el "corpus", o tenencia material de la cosa, como el "animus", o voluntad de ejercer los derechos de propiedad sobre ella. Solo pueden ser objeto de posesión los bienes susceptibles de apropiación privada.
La confirmación es un acto por el que se sanea a uno anterior que adolece de alguna causal de nulidad relativa. De esta manera, el acto saneado queda librado de todo riesgo futuro de impugnabilidad, resultando plenamente valido.
1. El abigeato es el hurto de ganado o bestias sin consentimiento del dueño. Se castiga con penas de prisión de 3 a 12 años y multas, dependiendo de la cantidad de cabezas de ganado hurtadas.
2. Para cometer el delito de abigeato, se debe apoderar de una o más cabezas de ganado ajeno sin consentimiento del dueño.
3. Existen medidas para prevenir el abigeato como vigilancia permanente, herrar y marcar el ganado, pedir apoyo de autoridades ante algo anormal, y exigir facturas al comp
Procedimiento ordinario agrario en 1era instancia y poderesYojhan Paez
Este documento resume el procedimiento ordinario agrario en primera instancia según la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario de Venezuela. Describe las etapas del proceso, incluyendo la presentación de la demanda, la citación y contestación del demandado, la realización de una audiencia preliminar, la presentación de pruebas, y una audiencia de pruebas donde el juez dicta una sentencia oral con una breve explicación de los motivos. El documento también cubre temas como la reforma de la demanda, la reconvención, la intervención de ter
Comete este delito el funcionario público que trafica de la autoridad que esta investido para ejecutar, retardar u omitir un acto de sus funciones o realizar alguno contrario a las mismas, a cambio de cualquiera retribución que no se le debe o de la simple promesa de esta. Es el delito que en la legislación española y en la de varias naciones de nuestra América Hispana se denomina cohecho.
Este documento analiza la jurisprudencia del Tribunal Federal Constitucional alemán (TFCA) en relación con el Derecho Procesal Constitucional. Discute cómo el TFCA ha interpretado y desarrollado las normas procesales de la Constitución y las leyes del TFCA a través de su práctica durante 25 años, a pesar de que este tema no ha sido suficientemente investigado. También destaca cómo la práctica del TFCA ha influenciado al legislador para reformar algunos institutos legales en las leyes del TFCA.
La Ley No 30313 tiene tres partes desconectadas entre sí que no combaten efectivamente el fraude inmobiliario. Primero, regula la oposición a inscripciones registrales en trámite por suplantación de identidad o falsificación de documentos. Segundo, permite cancelar asientos registrales por esos motivos. Tercero, establece la nulidad de actuaciones notariales sobre bienes fuera de la jurisdicción del notario. Sin embargo, el fraude usualmente "lava la propiedad" con múltiples compraventas para alcanzar la protección
Este documento describe los requisitos para la enajenación de inmuebles de origen agrario que están sujetos a regulaciones fiscales. Estos requisitos incluyen la notificación a cónyuges, hijos, ejidatarios y otros para ejercer el derecho de tanto; cumplir con requisitos urbanísticos como notificar a municipios y estados; y requisitos fiscales como que la venta sea a un valor de referencia para obtener exención de impuestos. El documento explica estos requisitos agrarios, urbanísticos y fiscales
El documento resume los distintos tipos de responsabilidad civil, incluyendo la responsabilidad contractual, extracontractual, por hecho propio y ajeno. Explica los presupuestos y elementos de cada tipo de responsabilidad, como la imputabilidad, el daño, el nexo causal y el incumplimiento. También aborda conceptos como la mora, las eximentes de responsabilidad y las responsabilidades derivadas de las relaciones de consumo y de los profesionales.
Este documento describe las diferencias y similitudes entre la propiedad civil y la propiedad agraria. La propiedad agraria se deriva de la propiedad civil y está sujeta a más limitaciones para garantizar la producción agrícola y la soberanía alimentaria. La propiedad agraria solo puede aplicarse a tierras con vocación agrícola y otorga derechos de uso y disfrute de los frutos de la tierra, pero no de enajenación. La función social de la propiedad agraria requiere que las tierras sean productivas agrícolamente.
1. El documento resume los principales tipos y clasificaciones de bienes según el derecho civil chileno, incluyendo bienes corporales e incorporales, muebles e inmuebles, de producción y consumo, fungibles y no fungibles, entre otros.
2. Explica conceptos como cosa, bien, universalidad, y distingue entre bienes apropiables e inapropiables por los particulares.
3. Señala que algunos bienes son inapropiables por el Estado debido a su importancia para la comunidad o economía nacional.
El documento describe la acción de amparo en México. Explica que la acción de amparo es el poder jurídico que tienen las personas para proteger sus derechos constitucionales ante la autoridad judicial. También define los elementos de la acción, como el sujeto activo, sujeto pasivo, causas, objeto y autoridad. Además, describe los principios constitucionales como el principio de instancia de parte agraviada y el principio de definitividad. Por último, explica quiénes son las partes en un juicio de amparo, incluyendo al agraviado
Este documento describe la inversión de la carga de la prueba en los procesos legales. Explica que normalmente la carga de la prueba recae sobre la parte que afirma los hechos, pero que en algunos casos especiales la ley presume ciertos hechos, por lo que quien pretenda negarlos debe probarlo. Además, señala que en Ecuador el Código General de Procesos establece que la parte demandada debe producir pruebas si su contestación contiene afirmaciones sobre el asunto litigado, lo que constituye una ex
1) Las acciones posesorias como los interdictos de amparo y restitutorio, y las denuncias de obra nueva y daño temido, permiten al poseedor defender su posesión cuando es perturbado o despojado. 2) Las acciones posesorias ofrecen una protección interina a la posesión, por lo que decisiones en estos procesos pueden ser modificadas por procesos posteriores. 3) Los interdictos pueden usarse contra actos de autoridades administrativas o judiciales que perturben la posesión, pero no cuando el afectado fue parte en el pro
Propiedad civil y propiedad agraria 2- Solymar Del valle Rangel Mruben10637348
El documento discute la naturaleza de la propiedad agraria en comparación con la propiedad civil. Explica que la propiedad agraria requiere una actividad productiva y económica, mientras que la propiedad civil no necesariamente. También describe que la posesión es un elemento esencial de la propiedad agraria, pero no tanto de la propiedad civil. Finalmente, señala que la propiedad agraria debe cumplir una función social al servicio de la producción y la sociedad.
Este documento presenta la sentencia de un caso judicial. Se juzga a Julio Vallejos Diaz por el delito de lesiones culposas graves contra Dolores Chavez Mena. La sentencia absuelve al acusado debido a falta de pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad más allá de duda razonable. El certificado médico muestra las lesiones de la víctima pero no la responsabilidad del acusado. La declaración del acusado niega los cargos y es corroborada por una prueba pericial. Por lo tanto, se mantiene la pres
Demanda de indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad extracontr...Aleddi TV
Hoy en día, es muy cotidiano que, al ver noticias, veamos accidentes de tránsitos, es por ello que a continuación tendrá un modelo de demanda de indemnización por responsabilidad extracontractual, en caso de que, al haber seguido un proceso penal, con sentencia a su favor como agraviado, no se haya constituido como actor civil.
Este documento presenta una introducción a la jurisdicción contencioso administrativa. Explica brevemente el origen de esta jurisdicción durante la revolución francesa y su evolución histórica en Venezuela. También resume las bases constitucionales de esta jurisdicción en la constitución venezolana y sus principales características como ser una competencia especializada y un proceso contencioso y dispositivo regido por los principios de legalidad, separación de poderes y colaboración entre poderes del estado.
Este documento describe diferentes tipos de obligaciones y sus efectos según el derecho civil chileno. Explica las obligaciones naturales, positivas y negativas, las de especie o cuerpo cierto frente a las de género, y las que tienen pluralidad de objetos como las alternativas o facultativas. Define conceptos como dar, entregar, de hacer y de no hacer, y sus consecuencias para deudores y acreedores.
Este documento presenta un hábeas corpus reparador a favor de Cesar Arturo Carbajal Bautista, quien se encuentra recluido en la cárcel de El Milagro a pesar de haber cumplido su condena de 10 años de prisión más 12 meses adicionales por redención de pena. Se solicita su inmediata libertad debido a que el INPE no ha tramitado su solicitud de remisión de pena a pesar de haber cumplido su condena, lo que constituye una violación a su derecho a la libertad. Se presentan
El documento describe los principios de tipicidad, culpabilidad, proporcionalidad y humanidad de las penas en el derecho penal. El principio de tipicidad establece que solo conductas claramente descritas en la ley pueden ser consideradas delitos. Los principios de culpabilidad y proporcionalidad establecen que la pena debe estar justificada por la gravedad del delito y ajustarse a la culpabilidad del ofensor. Finalmente, el principio de humanidad prohíbe las penas crueles, inhumanas o degradantes.
Este documento discute la tutela de derechos y sus modalidades en el nuevo sistema procesal penal peruano. Explica que la tutela de derechos es un mecanismo para restablecer los derechos vulnerados de las partes en un proceso penal. También describe los derechos fundamentales del imputado, como el derecho a ser considerado inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, y que estos derechos deben ser comunicados y respetados desde el inicio de una investigación penal.
Aplicando los principios de Linked Data en AEMETOscar Corcho
Este documento describe un proyecto de 2011 para publicar los datos meteorológicos de la agencia estatal de meteorología de España (AEMET) como Linked Data. Se detalla cómo los datos de estaciones meteorológicas y observaciones se mapearon a ontologías y se publicaron en el web de datos. Aunque el sitio web ya no se mantiene, el documento discute posibles próximos pasos como integrar los principios de Linked Data en la API de datos abiertos de AEMET.
La confirmación es un acto por el que se sanea a uno anterior que adolece de alguna causal de nulidad relativa. De esta manera, el acto saneado queda librado de todo riesgo futuro de impugnabilidad, resultando plenamente valido.
1. El abigeato es el hurto de ganado o bestias sin consentimiento del dueño. Se castiga con penas de prisión de 3 a 12 años y multas, dependiendo de la cantidad de cabezas de ganado hurtadas.
2. Para cometer el delito de abigeato, se debe apoderar de una o más cabezas de ganado ajeno sin consentimiento del dueño.
3. Existen medidas para prevenir el abigeato como vigilancia permanente, herrar y marcar el ganado, pedir apoyo de autoridades ante algo anormal, y exigir facturas al comp
Procedimiento ordinario agrario en 1era instancia y poderesYojhan Paez
Este documento resume el procedimiento ordinario agrario en primera instancia según la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario de Venezuela. Describe las etapas del proceso, incluyendo la presentación de la demanda, la citación y contestación del demandado, la realización de una audiencia preliminar, la presentación de pruebas, y una audiencia de pruebas donde el juez dicta una sentencia oral con una breve explicación de los motivos. El documento también cubre temas como la reforma de la demanda, la reconvención, la intervención de ter
Comete este delito el funcionario público que trafica de la autoridad que esta investido para ejecutar, retardar u omitir un acto de sus funciones o realizar alguno contrario a las mismas, a cambio de cualquiera retribución que no se le debe o de la simple promesa de esta. Es el delito que en la legislación española y en la de varias naciones de nuestra América Hispana se denomina cohecho.
Este documento analiza la jurisprudencia del Tribunal Federal Constitucional alemán (TFCA) en relación con el Derecho Procesal Constitucional. Discute cómo el TFCA ha interpretado y desarrollado las normas procesales de la Constitución y las leyes del TFCA a través de su práctica durante 25 años, a pesar de que este tema no ha sido suficientemente investigado. También destaca cómo la práctica del TFCA ha influenciado al legislador para reformar algunos institutos legales en las leyes del TFCA.
La Ley No 30313 tiene tres partes desconectadas entre sí que no combaten efectivamente el fraude inmobiliario. Primero, regula la oposición a inscripciones registrales en trámite por suplantación de identidad o falsificación de documentos. Segundo, permite cancelar asientos registrales por esos motivos. Tercero, establece la nulidad de actuaciones notariales sobre bienes fuera de la jurisdicción del notario. Sin embargo, el fraude usualmente "lava la propiedad" con múltiples compraventas para alcanzar la protección
Este documento describe los requisitos para la enajenación de inmuebles de origen agrario que están sujetos a regulaciones fiscales. Estos requisitos incluyen la notificación a cónyuges, hijos, ejidatarios y otros para ejercer el derecho de tanto; cumplir con requisitos urbanísticos como notificar a municipios y estados; y requisitos fiscales como que la venta sea a un valor de referencia para obtener exención de impuestos. El documento explica estos requisitos agrarios, urbanísticos y fiscales
El documento resume los distintos tipos de responsabilidad civil, incluyendo la responsabilidad contractual, extracontractual, por hecho propio y ajeno. Explica los presupuestos y elementos de cada tipo de responsabilidad, como la imputabilidad, el daño, el nexo causal y el incumplimiento. También aborda conceptos como la mora, las eximentes de responsabilidad y las responsabilidades derivadas de las relaciones de consumo y de los profesionales.
Este documento describe las diferencias y similitudes entre la propiedad civil y la propiedad agraria. La propiedad agraria se deriva de la propiedad civil y está sujeta a más limitaciones para garantizar la producción agrícola y la soberanía alimentaria. La propiedad agraria solo puede aplicarse a tierras con vocación agrícola y otorga derechos de uso y disfrute de los frutos de la tierra, pero no de enajenación. La función social de la propiedad agraria requiere que las tierras sean productivas agrícolamente.
1. El documento resume los principales tipos y clasificaciones de bienes según el derecho civil chileno, incluyendo bienes corporales e incorporales, muebles e inmuebles, de producción y consumo, fungibles y no fungibles, entre otros.
2. Explica conceptos como cosa, bien, universalidad, y distingue entre bienes apropiables e inapropiables por los particulares.
3. Señala que algunos bienes son inapropiables por el Estado debido a su importancia para la comunidad o economía nacional.
El documento describe la acción de amparo en México. Explica que la acción de amparo es el poder jurídico que tienen las personas para proteger sus derechos constitucionales ante la autoridad judicial. También define los elementos de la acción, como el sujeto activo, sujeto pasivo, causas, objeto y autoridad. Además, describe los principios constitucionales como el principio de instancia de parte agraviada y el principio de definitividad. Por último, explica quiénes son las partes en un juicio de amparo, incluyendo al agraviado
Este documento describe la inversión de la carga de la prueba en los procesos legales. Explica que normalmente la carga de la prueba recae sobre la parte que afirma los hechos, pero que en algunos casos especiales la ley presume ciertos hechos, por lo que quien pretenda negarlos debe probarlo. Además, señala que en Ecuador el Código General de Procesos establece que la parte demandada debe producir pruebas si su contestación contiene afirmaciones sobre el asunto litigado, lo que constituye una ex
1) Las acciones posesorias como los interdictos de amparo y restitutorio, y las denuncias de obra nueva y daño temido, permiten al poseedor defender su posesión cuando es perturbado o despojado. 2) Las acciones posesorias ofrecen una protección interina a la posesión, por lo que decisiones en estos procesos pueden ser modificadas por procesos posteriores. 3) Los interdictos pueden usarse contra actos de autoridades administrativas o judiciales que perturben la posesión, pero no cuando el afectado fue parte en el pro
Propiedad civil y propiedad agraria 2- Solymar Del valle Rangel Mruben10637348
El documento discute la naturaleza de la propiedad agraria en comparación con la propiedad civil. Explica que la propiedad agraria requiere una actividad productiva y económica, mientras que la propiedad civil no necesariamente. También describe que la posesión es un elemento esencial de la propiedad agraria, pero no tanto de la propiedad civil. Finalmente, señala que la propiedad agraria debe cumplir una función social al servicio de la producción y la sociedad.
Este documento presenta la sentencia de un caso judicial. Se juzga a Julio Vallejos Diaz por el delito de lesiones culposas graves contra Dolores Chavez Mena. La sentencia absuelve al acusado debido a falta de pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad más allá de duda razonable. El certificado médico muestra las lesiones de la víctima pero no la responsabilidad del acusado. La declaración del acusado niega los cargos y es corroborada por una prueba pericial. Por lo tanto, se mantiene la pres
Demanda de indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad extracontr...Aleddi TV
Hoy en día, es muy cotidiano que, al ver noticias, veamos accidentes de tránsitos, es por ello que a continuación tendrá un modelo de demanda de indemnización por responsabilidad extracontractual, en caso de que, al haber seguido un proceso penal, con sentencia a su favor como agraviado, no se haya constituido como actor civil.
Este documento presenta una introducción a la jurisdicción contencioso administrativa. Explica brevemente el origen de esta jurisdicción durante la revolución francesa y su evolución histórica en Venezuela. También resume las bases constitucionales de esta jurisdicción en la constitución venezolana y sus principales características como ser una competencia especializada y un proceso contencioso y dispositivo regido por los principios de legalidad, separación de poderes y colaboración entre poderes del estado.
Este documento describe diferentes tipos de obligaciones y sus efectos según el derecho civil chileno. Explica las obligaciones naturales, positivas y negativas, las de especie o cuerpo cierto frente a las de género, y las que tienen pluralidad de objetos como las alternativas o facultativas. Define conceptos como dar, entregar, de hacer y de no hacer, y sus consecuencias para deudores y acreedores.
Este documento presenta un hábeas corpus reparador a favor de Cesar Arturo Carbajal Bautista, quien se encuentra recluido en la cárcel de El Milagro a pesar de haber cumplido su condena de 10 años de prisión más 12 meses adicionales por redención de pena. Se solicita su inmediata libertad debido a que el INPE no ha tramitado su solicitud de remisión de pena a pesar de haber cumplido su condena, lo que constituye una violación a su derecho a la libertad. Se presentan
El documento describe los principios de tipicidad, culpabilidad, proporcionalidad y humanidad de las penas en el derecho penal. El principio de tipicidad establece que solo conductas claramente descritas en la ley pueden ser consideradas delitos. Los principios de culpabilidad y proporcionalidad establecen que la pena debe estar justificada por la gravedad del delito y ajustarse a la culpabilidad del ofensor. Finalmente, el principio de humanidad prohíbe las penas crueles, inhumanas o degradantes.
Este documento discute la tutela de derechos y sus modalidades en el nuevo sistema procesal penal peruano. Explica que la tutela de derechos es un mecanismo para restablecer los derechos vulnerados de las partes en un proceso penal. También describe los derechos fundamentales del imputado, como el derecho a ser considerado inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, y que estos derechos deben ser comunicados y respetados desde el inicio de una investigación penal.
Aplicando los principios de Linked Data en AEMETOscar Corcho
Este documento describe un proyecto de 2011 para publicar los datos meteorológicos de la agencia estatal de meteorología de España (AEMET) como Linked Data. Se detalla cómo los datos de estaciones meteorológicas y observaciones se mapearon a ontologías y se publicaron en el web de datos. Aunque el sitio web ya no se mantiene, el documento discute posibles próximos pasos como integrar los principios de Linked Data en la API de datos abiertos de AEMET.
The document discusses using customers as untapped service agents for IT service management through crowd support. It argues that customers can help support each other through online communities, reducing service costs and improving customer satisfaction. It covers aspects to consider when designing a crowd support community, such as moderation, identity management, incentives and content integration. Implementing crowd support requires transforming service delivery and considering how best to include and benefit customers.
The document proposes organizing monthly cultural evenings at SBMT where students would choose a topic such as music and invite creative students and guests to share their knowledge on classical music, composers, or other cultural topics. These cultural events would provide an opportunity for students to expand their cultural knowledge, exchange experiences, and discuss literature, music, and art. It would also positively impact SBMT's public relations by being known as a cultural institute, not just educational, which could attract more students.
The document contains two short lines describing a button and a photo captured by a camera. It does not provide much context or detail about the button or photo.
Este documento resume varias leyes fundamentales de la química. La Ley de la Conservación de la Materia establece que la masa total se conserva en una reacción química. La Ley de Proust o de las Proporciones Definidas indica que los elementos se combinan en una relación de masa constante para formar un compuesto. La Ley de las Proporciones Múltiples especifica que las masas de un elemento que se combinan con una cantidad fija de otro están en proporción de números enteros y sencillos.
El documento proporciona instrucciones sobre cómo recuperar contraseñas olvidadas, describe las diferentes bandejas de correo electrónico y sus funciones, explica cómo adjuntar documentos y cambiar la apariencia de la bandeja de entrada y firma de correo electrónico.
El documento describe las ventajas y desventajas del uso de computadoras, así como consejos para un uso seguro de Internet. Entre las ventajas se encuentran la facilidad de comunicación y búsqueda de información, mientras que entre las desventajas figuran el acceso a contenido inadecuado y la distracción. El texto también ofrece recomendaciones como no revelar información personal, actualizar software y establecer contraseñas seguras.
AWS re:Invent 2016: Industry Opportunities for AWS Partners: Healthcare, Fina...Amazon Web Services
Take advantage of key trends in healthcare, financial services, and digital media and learn what they mean for your service offerings and technology solutions. For healthcare and life sciences, clearing the compliance hurdle and obtaining customer buy-in to bring HIPAA and GxP workloads on AWS. For financial services, automating security and fast-tracking compliance to generate more business (featuring NICE Actimize + Avoka). For media and entertainment, leading an end-to-end digital transformation story with your media customers and understanding where to apply the AWS platform, Elemental Technologies, and M&E partners to accelerate customer adoption. You gain insight into where to add value with consulting engagements and where to build managed services and SaaS offerings.
Este documento compara cuatro servicios de almacenamiento en la nube: Dropbox, Google Drive, OneDrive y describe cómo funciona la tecnología de almacenamiento en la nube. Dropbox ofrece 2 GB de almacenamiento gratuito que se puede ampliar invitando a otros usuarios, mientras que Google Drive proporciona 15 GB compartidos entre Gmail, Fotos y Drive. OneDrive ofrece 7 GB gratis. La tecnología permite el acceso a la información desde cualquier dispositivo y procesa grandes cantidades de datos para ofrecer información rápida y sen
El documento describe los conceptos fundamentales del Derecho Procesal. Explica que el Derecho Procesal regula el proceso judicial y que su objeto es resolver conflictos de manera heterocompositiva ante un tercero (juez). Asimismo, define la jurisdicción como el poder del Estado para administrar justicia, la acción como el derecho a solicitar tutela jurisdiccional, y el proceso como el medio a través del cual se ejerce la jurisdicción.
El documento presenta el organigrama estructural funcional del Proyecto Especial Chavimochic. Describe las diferentes unidades organizativas y sus funciones, incluyendo la Gerencia, Oficina de Control Institucional, Consejo de Desarrollo, Oficina de Planificación, y subgerencias de Estudios, Obras, Desarrollo Agrícola, Gestión de Tierras, Operaciones y Mantenimiento, y Agua Potable y Energía Eléctrica. El objetivo del proyecto es promover el desarrollo de la región a trav
The document contains scoring sheets for male and female candidates in several competitions. The scoring sheets evaluate candidates based on different criteria such as poise and bearing, costume uniqueness, stage deportment, attire, and delivery of speech. Each criterion is assigned a percentage and candidates are given a total score out of 100. The sheets contain the names and scores of 8 candidates for each gender.
Este documento describe el lugar del Sistema Solar en el universo. Explica cómo se han desarrollado los modelos geocéntrico y heliocéntrico del universo. También describe los componentes del Sistema Solar como los planetas, asteroides, cometas y meteoritos. Finalmente, resume la hipótesis más aceptada sobre el origen del Sistema Solar a partir de una nebulosa primordial que colapsó y formó un disco protoplanetario.
Este documento presenta un módulo sobre teoría del delito desarrollado por el defensor público José Gustavo Girón Palles para la capacitación de otros defensores públicos. El módulo explica conceptos fundamentales de la teoría del delito como acción, omisión, tipicidad, antijuricidad, causas de justificación, culpabilidad y otros. El objetivo es que los defensores públicos dominen la teoría del delito para poder realizar una defensa técnica eficiente. El módulo fue diseñado especialmente para la
Novena al Divino Niño Jesús
La Unidad de Espiritualidad Eudista (UEE) de CJM Virtual promueve a nivel de la Congregación, de la Gran Familia Eudista y de sus asociados, amigos y colaboradores la difusión de la espiritualidad de San Juan Eudes, a fin de que sea más conocido en la Iglesia y que la riqueza de este tesoro espiritual alcance horizontes extensos y hasta ahora inesperados.
Por tal motivo, se propone la siguiente Novena de Navidad para contemplar el misterio de la Encarnación, a partir de textos sobre la infancia de Jesús extraídos de las obras de San Juan Eudes.
Deseamos que sea una oportunidad maravillosa para vivir la Novena al Divino Niño Jesús desde el pensamiento de San Juan Eudes, para que el recién nacido viva y reine en el corazón de todos los cristianos.
3.1 Estudio dogmatico de cada una de las figuras tipicas- Javier Cruz.pdfCRISTINAPINEDA37
Este documento presenta un resumen de los principales delitos por hechos de corrupción contenidos en el Código Penal mexicano, como el ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, entre otros. Define los elementos objetivos, normativos y subjetivos de cada delito y ofrece ejemplos para ilustrar las conductas prohibidas. El documento busca estudiar de manera dogmática estos delitos para comprender su configuración y alcance
3. Delitos por hechos de corrupcion - Dra. Eileen Matus Calleros 27.11.2020.pdfArtruroAntonioGarcia
Este documento presenta información sobre delitos por hechos de corrupción de acuerdo con la Constitución Mexicana y el Código Penal Federal. Explica 13 delitos como ejercicio ilícito de servicio público, abuso de autoridad, cohecho y enriquecimiento ilícito. También cubre casos específicos como Rosario Robles y Emilio Lozoya, y la ley sobre desaparición forzada de personas. Finalmente, incluye recursos complementarios sobre casos de corrupción en México, Brasil, Perú y Colombia.
El documento describe los delitos contra la administración pública en Perú. Explica conceptos clave como función pública, funcionario público, concusión y colusión desleal. Define la administración pública y su relación con el derecho penal. Describe los bienes jurídicos protegidos y las características de los delitos contra la administración pública.
El documento trata sobre la responsabilidad penal de los funcionarios públicos por delitos relacionados con la falta de probidad. Explica los elementos del delito (conducta típica, antijurídica y culpable), y analiza en detalle diversos delitos como la malversación de caudales públicos, fraude al fisco, negociaciones incompatibles, cohecho y uso de información privilegiada. También define conceptos como empleado público y probidad administrativa.
El documento trata sobre la responsabilidad penal de los funcionarios públicos por delitos de falta de probidad. Explica que estos delitos requieren una conducta típica, antijurídica y culpable. Define los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco, negociaciones incompatibles y tráfico de influencias, uso de información privilegiada y cohecho. Describe las figuras de malversación contempladas en el Código Penal como sustracción, distracción y aplicación diferente de fondos públicos.
Este documento trata sobre los delitos contra la administración pública según el derecho penal peruano. Explica conceptos clave como funcionario público desde las perspectivas administrativa y penal, e identifica diferentes tipos de delitos como abuso de autoridad, dominio u organización, e infracción de deber. También analiza elementos y características de delitos específicos como abuso de autoridad genérico.
Este documento trata sobre los delitos contra la administración pública. Explica que estos delitos buscan proteger el correcto funcionamiento de la administración, de manera transparente y que beneficie a los ciudadanos. También define los conceptos de funcionario público desde las perspectivas administrativa y penal, señalando las diferencias. Finalmente, clasifica los delitos contra la administración pública en delitos de infracción de deber y delitos por dominio u organización.
Este documento resume los delitos contra la administración pública en el derecho peruano. Explica que estos delitos buscan proteger el correcto funcionamiento de la administración pública. Describe las diferentes categorías de estos delitos, incluyendo delitos cometidos por funcionarios públicos como el abuso de autoridad, y delitos cometidos por particulares como la usurpación de funciones públicas. También define quién se considera un funcionario público a efectos penales de manera amplia.
Este documento trata sobre los delitos contra la administración pública. Explica que estos delitos buscan proteger el correcto funcionamiento de la administración pública. Define conceptos clave como funcionario público desde una perspectiva administrativa y penal. Finalmente, clasifica los delitos contra la administración pública en delitos de infracción de deber y delitos por dominio u organización.
Funcion publica noción amplia y restringida c-563-98santigorincon
El documento presenta la sentencia C-563/98 de la Corte Constitucional de Colombia sobre una demanda de inconstitucionalidad contra varios artículos de las leyes 80 de 1993 y 190 de 1995. La Corte estudia la noción de función pública, la responsabilidad civil y penal de contratistas, consultores, interventores y asesores, y concluye que dichas personas no son servidores públicos sino que cumplen funciones públicas específicamente relacionadas con los contratos que celebran con el Estado.
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AMA QHILLA AMA LLULLA AMA SUWA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA. Se establece la utilidad de estos principios en la función pública (autor José María Pacori Cari)
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Análisis sobre la ley contra la corrupción, Universidad Fermín Toro, Ciencias...Yecseli Pereira
Cabe señalar que El Diccionario de Ciencias Jurídicas, Politicas y Sociales, siguiendo la orientación del DRAE la define la Corrupción como un vicio o abuso introducidos contra la ley, que de alguna manera la degrada. Es decir que por “corrupción” entenderemos una forma de delincuencia de cuello blanco, como la denominó el criminólogo E. Sutherland- que engloba figuras delictivas tradicionales como la malversación, el cohecho o la prevaricación, con otras de nuevo cuño como serian el blanqueo de capitales, el tráfico de influencias, utilización de posición de poder en la toma de decisiones políticas para favorecer al funcionario(a) o autoridad, a la organización a la cual se pertenece (partido político) o a la empresa mercantil con la cual el(la) funcionario(a) mantiene relaciones y que aparece fuerte e íntimamente ligada a ciertos factores como serian, entre otros, la globalización, el riesgo y la economía
Es fundamental conocer la Ley Contra la Corrupción (LCC) derogó expresamente a la ley orgánica de Salvaguarda de Patrimonio Público (LOSPP). Entrando en Vigencia el día 7 de abril de 2003 en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.637; la nueva estructura legal establece cinco títulos a saber:
1) Disposiciones Fundamentales.
2) De las Sanciones
3) De las atribuciones y deberes de la contraloria general de la república y del ministerio público en materia de corrupción.
4) De los delitos contra el patrimonio público y la administración de justicia en la aplicación de esta ley.
5) Procedimiento penal y medidas preventivas
Por consiguiente a presente Ley tiene por objeto el establecimiento de normas que rijan la conducta que deben asumir las personas sujetas a la misma, a los fines de salvaguardar el patrimonio público, garantizar el manejo adecuado y transparente de los recursos públicos, con fundamento en los principios de honestidad, transparencia, participación, eficiencia, eficacia, legalidad, rendición de cuentas y responsabilidad consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como la tipificación de los delitos contra la cosa pública y las sanciones que deben aplicarse a quienes infrinjan las disposiciones y cuyos actos, hechos u omisiones causen un daño al patrimonio público.
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RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS. Se hace un estudio comparado de los principales tipos penales en que pueden incurrir los funcionarios (AUTOR JOSÉ MARÍA PACORI CARI)
Similar a El delito de otorgamiento ilegitimo de derechos sobre inmuebles 376 b cp (20)
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El delito de otorgamiento ilegitimo de derechos sobre inmuebles 376 b cp
1. 1
EL DELITO DE OTORGAMIENTO ILEGITIMO DE DERECHOS SOBRE INMUEBLES
Alberto Meneses Gómez
I. Introducción
El pasado 21 de mayo del 2015, se promulgó la Ley No. 30327 denominada Ley de
promoción de las inversiones para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible,
en la cual se incluyó la creación de un nuevo delito para el caso del otorgamiento de
derechos sobre inmuebles a personas que en realidad no se encuentran habilitadas
para ello, el cual se encuentra ubicado dentro del capítulo de los delitos cometidos por
funcionarios públicos – delitos contra la administración pública del Código Penal.
Este nuevo delito se sustentó en que existían invasiones ilegales en diversas áreas de
seguridad (áreas de ductos de hidrocarburos o líneas de transmisión), lo que ponía en
riesgo las instalaciones y la propia seguridad de los invasores. Adicionalmente, se
mencionó que se había verificado que estas personas obtenían indebidamente
autorizaciones de construcción o certificados de posesión, generando que a pesar de la
preexistencia de los derechos de vía, la infraestructura de servicios públicos deba ser
reubicada generando costos no previstos en el proyecto de inversión, y la suspensión
indefinida de la ejecución de obras y de los servicios públicos vinculados a cada
proyecto.
Si bien, el sustento del proyecto de ley solo menciono algunos casos en lo que se
venía otorgando derechos sobre inmuebles, también lo es que a nivel nacional existe
gran cantidad de estos casos que no solo afectan la propiedad estatal sino también la
privada, perjudicando de este modo a los legítimos propietarios y en algunos casos
posesionarios, motivo por el cual en el presente documento procederemos a analizar
este nuevo delito.
II. Análisis legal:
El nuevo delito contiene la siguiente redacción:
Artículo 376-B.- Otorgamiento ilegítimo de derechos sobre inmuebles
El funcionario público que, en violación de sus atribuciones u obligaciones, otorga
ilegítimamente derechos de posesión o emite títulos de propiedad sobre bienes de
dominio público o bienes de dominio privado estatal, o bienes inmuebles de propiedad
privada, sin cumplir con los requisitos establecidos por la normatividad vigente, será
reprimido con pena privativa de libertad, no menor de cuatro ni mayor de seis años. Si el
derecho de posesión o título de propiedad se otorga a personas que ilegalmente ocupan o
usurpan los bienes inmuebles referidos en el primer párrafo, la pena privativa de libertad
será no menor de cinco ni mayor de ocho años.
Antes de ingresar al análisis de este nuevo delito es necesario precisar que este tiene
2. 2
la característica de ser un tipo penal en blanco, por cuanto remite a una normativa
extrapenal (normas administrativas) para poder completar el contenido del mismo.
Vale decir, para poder aplicar este tipo penal es indispensable remitirse a la normativa
sobre el otorgamiento de derechos de posesión y sobre titulación de bienes estatales y
privados, a efectos de poder determinar si se cumplió o no con los requisitos que esta
normativa contempla, y así poder determinar en caso no se hubiera cumplido si este
acto fue producido por un funcionario en violación de sus atribuciones u obligaciones.
Cabe precisar que el solo hecho de omitir la verificación de un requisito para otorgar
un derecho de posesión o título de propiedad puede determinarse como una infracción
administrativa, sancionable en esta vía; motivo por el cual, para poder establecer la
comisión de este nuevo delito se requiere de la valoración de la conducta desplegada
por el funcionario a efectos de poder establecer si ésta puso en un claro y efectivo
riesgo el bien jurídico protegido.
1. Bien jurídico protegido
El bien jurídico protegido en este tipo penal es el normal desenvolvimiento y
funcionamiento de la administración pública, específicamente el ejercicio de
funciones bajo el principio de legalidad y la protección del patrimonio público1
.
Desde ese contexto, también se tutela el patrimonio público y privado, entendido este
como los bienes del Estado y/o de un particular sobre el cual se ejerce las facultades
del derecho de propiedad y/o posesión.
2. Sujeto activo
El tipo penal establece como el sujeto activo de su comisión al funcionario público.
En palabras de Fidel Rojas funcionario público es ocupar un status espacial que
comparta privilegios y obligaciones distintos al status del servidor o empleado
público. Todo funcionario público tiene “deber de garante” para con las sociedad y el
Estado, es decir, está en el imperioso deber de cumplir sus funciones evitando la
comisión u omisión de resultados lesivos contra la administración pública y los
intereses ciudadanos. Agrega que se ha anexado el adjetivo “público” a la palabra
1
“Para el derecho penal la administración pública como objeto genérico de tutela penal, es decir,
como bien jurídico, significa: a) ejercicio de funciones y servicios públicos bajo pautas de
corrección y sometimiento a la legalidad; b) observancia de los deberes del cargo o empleo; c)
regularidad (continuidad) y desenvolvimiento normal de tal ejercicio; d) prestigio y dignidad de la
función; e) probidad de sus agentes; f) protección del patrimonio público; g) imparcialidad en el
desenvolvimiento decisional, etc. Esta singular disgregación en objetos específicos con
vinculación institucional de protección le confieren a la administración pública, en tanto bien
jurídico – penal, su carácter supraindividual o difuso, lo que motiva que cada vez que se señale el
bien jurídico genérico “correcto funcionamiento de la administración público” se tenga que
precisar acto seguido el objeto especifico de tutela vulnerado o puesto en peligro con el
comportamiento del sujeto público”. Rojas Vargas, Fidel. Delitos contra la administración pública.
Grijley. 2003. Página 10.
3. 3
“funcionario” para poner de manifiesto la naturaleza y calidad especial del sujeto que
interesa al derecho público y, dentro de él, al derecho penal, para los efectos de la
tutela al bien jurídico “administración pública”2
.
Para establecer quién tiene esta calidad debe de verificarse el artículo 425° del Código
Penal3
que determina a que personas se les considera como funcionarios públicos, de
lo cual se puede establecer que la tienen los Alcaldes, Gobernadores, Gerentes
Municipales, Jueces de Paz, integrantes de la Policía Nacional del Perú, entre otros.
Debe considerarse que en esta clase de delitos, a nivel doctrinario y jurisprudencial
mayoritariamente se ha asumido la unidad del título de imputación, es decir, los
autores en su calidad de funcionarios públicos (intraneus) y los particulares
(extraneus) que participaron en la comisión del delito son responsables por la
comisión del mismo.
3. Sujeto pasivo
Se determina de forma genérica al propio Estado, por cuanto es el titular del bien
jurídico protegido; sin embargo, debe considerarse que la víctima afectada de forma
directa con la comisión de este delito también puede ser un particular, al que se le
haya afecta su derecho de posesión y/o propiedad.
4. Tipo objetivo
La conducta típica base de este delito consiste en otorgar ilegítimamente derechos de
posesión o emitir títulos de propiedad sobre bienes muebles o inmuebles de dominio
Estatal (dominio público – dominio privado) o bienes inmuebles de propiedad
privada, sin cumplir con los requisitos establecidos por la normatividad vigente.
2
Rojas Vargas, Fidel. Delitos contra la administración pública. Grijley. 2003. Página 102.
3
Art. 425.- Son funcionarios o servidores públicos:
Los que están comprendidos en la carrera administrativa.
Los que desempeñan cargos políticos o de confianza, incluso si emanan de elección popular.
Todo aquel que, independientemente del régimen laboral en que se encuentre, mantiene vínculo
laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades u organismos del Estado,
incluidas las empresas del Estado o sociedades de economía mixta comprendidas en la
actividad empresarial del Estado, y que en virtud de ello ejerce funciones en dichas entidades
u organismos.
Los administradores y depositarios de caudales embargados o depositados por autoridad
competente, aunque pertenezcan a particulares.
Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
Los designados, elegidos o proclamados, por autoridad competente, para desempeñar actividades
o funciones en nombre o al servicio del Estado o sus entidades.
Los demás indicados por la Constitución Política y la Ley.
4. 4
De acuerdo con ello se describen dos conductas típicas:
• Otorgar ilegítimamente derechos de posesión sobre bienes de dominio Estatal
(dominio público – privado Estatal) o bienes inmuebles de propiedad privada,
sin cumplir con los requisitos establecidos por la normatividad vigente.
• Emitir títulos de propiedad sobre bienes de dominio Estatal (dominio público
– privado Estatal) o bienes inmuebles de propiedad privada, sin cumplir con
los requisitos establecidos por la normatividad vigente
Debe considerarse que esta norma establece que las conductas típicas pueden recaer
sobre bienes muebles o inmuebles del Estado, por el contrario, para el caso de bienes
privados solo puede aplicarse para bienes inmuebles. Hecha la esta precisión
procederemos a analizar cada conducta típica:
a) Otorgar ilegítimamente derechos de posesión sobre bienes de dominio Estatal
(dominio público – privado) o bienes inmuebles de propiedad privada sin cumplir con
los requisitos establecidos por la normatividad vigente.
Es de público conocimiento que los invasores o usurpadores de terrenos estatales y/o
privados pretenden legitimar su posesión con la obtención y posterior presentación de
constancias o certificados de posesión emitidos en muchos casos por Jueces de Paz,
Gobernadores, Teniente Gobernadores, Alcaldes Distritales o Provinciales,
Presidentes de Juntas de Riego – Asociaciones de Vivienda, entre otros.
Podemos definir a la constancia de posesión como el instrumento emitido por una
autoridad competente en un procedimiento administrativo, en el cual se ha acreditado
de manera fehaciente (con documentos, testigos, publicaciones e inspecciones
inopinadas) que una persona viene poseyendo un bien inmueble de manera continua,
pacífica y publica durante un periodo de tiempo, debiendo mencionarse de manera
referencial la forma como posee4
.
Debe tenerse claro que las únicas autoridades legitimadas para emitir constancias o
certificados (mal denominado) de posesión son: i) los Jueces de Paz en delegación de
una función notarial, conforme al numeral 5 del artículo 17 de la Ley No. 29824; y ii)
los Alcaldes en representación de las Municipalidades Distritales o Provinciales
(pudiendo ser delegada esta facultad en algún Gerente de Desarrollo Urbano de las
mismas) solo para el supuesto del otorgamiento de la factibilidad de servicios básicos,
siendo regulado en los artículo 27, 28, 29 y 30 del Decreto Supremo No.
017-2006-VIVIENDA.
En el caso de los Jueces de Paz, la emisión de este documento lo realiza en el ejercicio
de la función notarial, conforme a lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley No. 29824,
sin establecer un procedimiento especifico para dicho fin. Es por ello que
consideramos que este no es en estricto una constancia de posesión, por cuanto el Juez
de Paz solo se limita a realizar una función notarial que es la de dar fe de un
4
Consideramos que a nivel administrativo no puede valorarse si una persona posee un bien como
propietario, puesto que este reconocimiento debe de realizarse dentro de un proceso judicial.
5. 5
determinado hecho en un determinado tiempo, espacio y lugar, con lo cual no se
estaría otorgando derecho de posesión alguno y generando por ello atípica la conducta
del juez.
Vale decir, el Juez constata que una persona está poseyendo un bien en un
determinado espacio, tiempo y lugar no pudiendo dar fe de la posesión que se habría
efectuado en años anteriores, puesto que con ello se desnaturalizaría la facultad que se
le ha otorgado, la propia función notarial que ejerce.
En cuanto a los Alcaldes u otro funcionario de las Municipalidades distritales o
provinciales, la Ley No. 28687 les faculta a emitir constancias o certificados de
posesión solo para la factibilidad de servicios básicos del bien5
. Si bien es cierto, este
documento solo debiera servir para poder obtener los servicios básicos de luz y agua;
también lo es que viene siendo utilizado para acreditar la posesión del bien y
posteriormente adquirir la propiedad por prescripción adquisitiva de dominio,
legitimando en muchos casos a invasores o usurpadores de terrenos estatales y/o
privados.
El solo hecho que se señale que la constancia o certificado no constituye
reconocimiento alguno que afecte el derecho de propiedad del titular del inmueble, no
implica de modo alguno que no pueda ser utilizado para acreditar la posesión sobre el
mismo, generando su valoración a nivel judicial.
Debe dejarse en claro que la emisión de una constancia de posesión tiene como
finalidad el reconocimiento que una persona posee un determinado bien, sin que ello
implique el otorgamiento del derecho de posesión, puesto que dichas autoridades no
tienen la facultad necesaria para disponer de terrenos del Estado y/o de particulares.
Es decir, este documento no constituye título que legitime la posesión a futuro,
limitándose a ser solo un medio de prueba.
Es por ello que consideramos que en este caso la conducta realizada por los indicados
funcionarios no sería típica, no pudiendo señalarse la comisión de este nuevo delito,
por cuanto no se otorga derecho de posesión con la emisión de una constancia de
posesión sino solo se reconoce la misma.
De otro lado, debe considerarse que el otorgamiento de derechos de posesión también
5
Esta norma indica el procedimiento a seguir en los artículos 27 al 30, el mismo que es muy simple
y limitado para acreditar que una persona venga poseyendo un bien legítimamente durante un
periodo de tiempo, estableciendo la presentación de solo un plano de ubicación y un acta de
verificación de la posesión emitida por la Municipalidad o Acta policial de posesión suscrita por
todos los colindantes.
Cabe precisar que esta norma determina que solo de denegará el documento cuando el inmueble
se ubique en áreas zonificadas para usos de equipamiento educativo, reservados para la defensa
nacional, en las zonas arqueológicas o que constituyen patrimonio cultural de la Nación; en áreas
naturales protegidas o zonas reservadas, así como aquellas calificadas por el Instituto Nacional de
Defensa Civil como zona de riesgo.
6. 6
se encuentra regulado en el Decreto Legislativo No. 1089 – Régimen temporal y
extraordinario de formalización y titulación de predios rurales, su reglamento y
normas conexas, mediante el cual se disponen varios procedimientos que tienen como
punto de inicio el reconocimiento de la posesión que una persona viene realizando
sobre un bien para luego otorgarle el título de propiedad del mismo.
De igual forma, debe considerarse que la Ley General del Sistema Nacional de Bienes
Estatales y su reglamento – Ley No. 29151, permiten que se entreguen bienes
estatales en arrendamiento, cesión en uso, entre otras figuras, en las cuales también se
ejerce posesión, por lo que estos procedimientos también podrían ser verificados para
determinar la comisión de este nuevo delito.
Cabe precisar que en noviembre del 2010, se promulgó la Ley No. 29618 – Ley que
establece la presunción de que el Estado es poseedor de los inmuebles de su propiedad
y declara imprescriptibles los bienes inmuebles de dominio privado estatal,
pretendiendo desincentivar las invasiones y el tráfico de terrenos que se producen en
terrenos de su propiedad.
En estricta aplicación de esta ley concordada con la citada conducta típica, ningún
Juez o funcionario podría otorgar o reconocer la posesión que una persona ejerce
sobre bienes de dominio privado del Estado, dado que ésta no habría sido efectiva al
existir la presunción a favor del Estado. Sin embargo, un criterio de este tipo sería
erróneo y contrario a todo nuestro ordenamiento jurídico, vulnerando derechos
fundamentales de cualquier persona6
.
Consideramos que la posesión no se puede presumir, al ser es un hecho concreto,
conforme a lo dispuesto por el artículo 896° del Código Civil que señala que la
posesión es el ejercicio de hecho, lo cual se encuentra concuerda con la definición que
realiza el Dr. Pozo Sánchez sobre la posesión, como un hecho, como un acto concreto,
como el ejercicio fáctico de un sujeto sobre un bien, de cualesquiera de las facultades
de libre aprovechamiento que el ordenamiento concede al propietario (usar o disfrutar)
con el fin de satisfacer un interés propio7
.
Por tanto, la posesión al ser un hecho concreto no puede presumirse válidamente, la
posesión no se presume se ejerce de manera concreta. En este sentido, es factible
legalmente que se otorgue derechos de posesión sobre bienes de dominio privado del
Estado siempre y cuando se cumplan los requisitos que se requieren para dicho fin,
por lo que esta ley no podría concordarse para aplicar el delito objeto de comentario.
Nótese que para no aplicar la indicada ley se tendrá que recurrir al Poder Judicial por
contravenir el derecho de propiedad, ya que, a nivel administrativo, no se tiene la
6
Mis comentarios a mayor detalle sobre esta ley puede verse en “La aplicación temporal de la Ley
No. 29618 respecto de los procesos de prescripción adquisitiva sobre bienes privados del Estado”,
en Actualidad Jurídica. Tomo No. 224. Julio 2012. Pág. 108 – 115
7
Pozo Sánchez, Julio. La defensa extrajudicial por parte del Estado. En: Defensa de la posesión.
Instituto Pacifico. Marzo 2015. Página 137.
7. 7
facultad de realizar control difuso.
b) Emitir título de propiedad sobre bienes de dominio Estatal (dominio público
–privado) o bienes inmuebles de propiedad privada, sin cumplir con los requisitos
establecidos por la normatividad vigente.
Esta conducta típica va dirigida a los funcionarios de la Superintendencia de Bienes
Estatales, COFOPRI y Gobiernos Regionales, los cuales tienen la facultad de emitir
títulos de propiedad de bienes de dominio público y sobre bienes inmuebles de
propiedad privada, todo ello en el marco de los procedimientos de la Ley No. 29157,
su reglamento y una serie de Directivas emitidas por la Superintendencia de Bienes
Estatales, las cuales deberán ser analizadas en su conjunto. Del mismo modo, se
encuentra el marco normativo de los procesos de formalización de la propiedad rural
dispuesto por el Decreto Legislativo No. 1089 y demás normas conexas.
Esta norma es consecuencia de los múltiples actos de corrupción que se han visto a
nivel nacional, donde Gobiernos Regionales – COFOPRI (antes el PETT) titulaban la
propiedad de bienes de dominio público y de propiedad privada, indiscriminadamente
sin que los beneficiarios hayan cumplido con los requisitos necesarios regulados en
las citadas normas.
Bajo este contexto, podría darse el supuesto que si luego de culminado todo el
proceso de formalización con su debida inscripción registral, se verifique que un
documento que se presentó fuere falso, por tanto inexistente, se podría indicar que no
se habría cumplido con un requisito y que se habría cometido este delito, tema
discutible por cuanto los funcionarios si bien deben analizar los documentos no son
peritos especializados para determinar alguna falsificación o adulteración. Es por ello
que este delito debe ser aplicado de forma muy minuciosa para efectos de evitar
sancionar a justos por pecadores, verificándose si el funcionario puso con su conducta
en un claro y efectivo riesgo el bien jurídico protegido.
El tipo agravante se produce cuando el acto se otorga a persona que ilegalmente
ocupan o usurpan los bienes inmuebles de dominio público o privado, o inmuebles de
propiedad privada. Especificándose que el agravante para el Estado solo será en los
casos de bienes inmuebles de dominio público o privado.
Lo que se pretende sancionar es la legitimación y/o convalidación que se le da a un
ocupante o usurpador de bienes inmuebles, lo cual vulnera el legítimo derecho de
posesión o propiedad de los legítimos propietarios o poseedores de los mismos.
5. Tipo Subjetivo
Se debe considerar que este tipo penal solo podría ser cometido mediante una
conducta netamente dolosa.
6. Consumación del delito
En el caso del otorgamiento de la constancia o certificado de posesión, debe tenerse
claro que no se requiere de un perjuicio efectivo al Estado o a terceros para
consumarse el delito, bastando que se haya emitido el documento sin cumplirse los
8. 8
requisitos para dicho fin. De igual manera, en el caso de la emisión del título de
propiedad, se entenderá consumado cuando se haya emitido el título sin que sea
necesario que ocupe el bien.
Por ello, el inicio y/o trámite del procedimiento para otorgar derechos de posesión y/o
el título de propiedad no constituye delito alguno, sino simplemente actos
preparatorios o en su caso una tentativa, debiendo analizarse en cada caso concreto.
7. Pena:
Se determina como sanción penal del tipo básico una pena privativa de libertad, no
menor de cuatro ni mayor de seis años.
Para el tipo agravado se sanciona con una pena privativa de libertad será no menor de
cinco ni mayor de ocho años. Entendemos que esto se establece debido a que con el
reconocimiento de la posesión u otorgamiento de un título de propiedad se legitima
y/o convalida las usurpaciones u ocupaciones irregulares que han realizado
determinadas personas sobre un bien, despojando de este modo al legitimo propietario
y/o poseedor del mismo, vulnerándose lo dispuesto por el artículo 70 de la
Constitución Política.
III. A modo de conclusión
Consideramos que la dación de este nuevo delito es una forma más por parte del
Estado de atacar a las usurpaciones o invasiones de terrenos y afectaciones al derecho
de propiedad estatal y privada, conforme a la línea jurídica que ha venido teniendo en
los últimos años.
Es necesario considerar que las acciones típicas de este nuevo delito se encontraban
inmersas de una u otra manera en el artículo 376° del Código Penal – Delito de abuso
de autoridad, por lo que puede entenderse que se han extraído para especificarlas y
resaltarlas con la finalidad de evitar confusiones o erróneas interpretaciones al
momento de que sean aplicadas, así como para mostrar la voluntad del Estado de
luchar contra este tipo de actos delictivos, tema cuestionable desde el principio de que
el derecho penal es de ultima ratio.