El documento discute la función judicial en la Constitución ecuatoriana. Explica que la Constitución establece las garantías del debido proceso y la tutela judicial efectiva. También establece que la justicia reconoce el derecho consuetudinario y comunitario. Finalmente, describe que la administración de justicia en Ecuador incluye organismos jurisdiccionales, administrativos y auxiliares independientes como la Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado.