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Journal of Economics, Finance
and Administrative Science
2077-1886/$ - see front matter © 2013 Universidad ESAN. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.
Journal of Economics, Finance
and Administrative Science
Volume 18, Special Issue, October 2013
Articles
Carlos Alberto Dorantes Dosamantes
The Relevance of Using Accounting Fundamentals
in the Mexican Stock Market
Hugo Ferreira Braga Tadeu, Jersone Tasso Moreira Silva
The Determinants of the Long Term Private Investment
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Factors Influencing Brazilian Value Investing Portfolios
Juan Benjamín Duarte Duarte, Zulay Yesenia Ramírez León,
Juan Manuel Mascareñas Pérez-Iñigo
Estudio del efecto tamaño en el mercado bursátil colombiano
Jubitza Franciskovic
Retos de la gestión pública: presupuesto por resultados
y rendición de cuentas
Guest Editor: Diego C. Cueto, Ph.D.
ISSN 2077-1886
50th Anniversary
Edition
J. econ. finance adm. sci, 18 (Special Issue), 2013, 28-32
Correo electrónico: jfranciskovic@esan.edu.pe
Artículo
Retos de la gestión pública: presupuesto por resultados y rendición de cuentas
Jubitza Franciskovic
Universidad ESAN, Lima, Perú
R E S U M E N
El documento busca llamar la atención sobre la necesidad de discutir –teórica y prácticamente– los desafíos
que deben ser asumidos por la gestión pública en el manejo de la elaboración presupuestal por resultados y
la rendición de cuentas, especialmente considerándolas herramientas útiles en el proceso de asegurar un
«buen gobierno».
Para ello, se ha realizado un análisis conceptual de ambas herramientas. Primero, se presenta el enfoque de
gestión por resultados y los retos que implica este nuevo marco para la gestión pública en relación a la
optimización del uso de recursos públicos, la garantía de un proceso transparente y equitativo y la mejora en
el desempeño de las entidades públicas, convirtiéndose en la base para una mejor rendición de cuentas
–segundo aspecto analizado en el documento–.
La rendición de cuentas se convierte en un desafío al constituirse como medio efectivo de vigilancia y
sanción entre la sociedad y el gobierno, a través del cual los funcionarios públicos deben responder, explicar
y justificar sus actos, sujetos a un orden jurídico ético y al cumplimiento de objetivos. Es aquí donde la
participación directa de la sociedad civil es fundamental para la evaluación de los resultados.
El documento analiza estos conceptos en un momento en el que nuestro país tiene como prioridad nacional
la mejora de la calidad del gasto público. Por eso, el enfoque de resultados en la elaboración presupuestal se
ha considerado, por los responsables de la política económica, como un mecanismo clave para su consecución,
y a su vez la rendición de cuentas se vincula –particularmente– con el impulso que se pretende dar a la
política social, como un elemento de importancia en la gestión para el manejo de fondos públicos, que puede
ayudar a garantizar la eficacia y transparencia de estos procesos.
©2013 Universidad ESAN. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.
Challenges of Public Administration: Budget by Results and Accountability
A B S T R A C T
Document searches draw attention to the need to discuss, theoretically and practically, the challenges that
must be faced by public administration in the management of preparing a budget by results and accountability,
particularly when taking into account the useful tools in the process of ensuring “good government”.
To do this, a conceptual analysis of both tools was performed. Firstly, the management by results approach
is presented, along with the challenges that this new framework involves for the public administration in
relation to the optimisation of the use of public resources, to ensure a transparent and equitable process and
to improve the performance of public bodies, becoming the basis for better accountability (the second aspect
analysed in the document).
Accountability becomes a challenge, on being an effective means of monitoring and sanctions between
society and government, through which the public servants have to respond, explain and justify their actions,
subjected to an ethical and juridical order, to the completing of objectives. It is here where the direct
participation by the civil society is fundamental for the evaluation of the results.
The document analyses these concepts at a time when our country has the improvement in the quality of
public spending as a national priority. Thus, the results approach in the budget preparation has to be
considered, by those responsible for economic policy, such as a key mechanism to achieve this, and in turn
accountability is particularly linked, to the push that it attempt to give to social policy, as an important
element in the administration for the management of public funds, which can help to ensure the effectiveness
and transparency of these processes.
©2013 Universidad ESAN. Published by Elsevier España, S.L. All rights reserved.
I N F O R M A C I Ó N D E L A R T Í C U L O
Historia del artículo:
Recibido el 6 de marzo de 2013
Aceptado el 21 de junio de 2013
Códigos JEL:
H53
Palabras clave:
Nueva gestión pública
Presupuesto participativo
Presupuesto por resultados
Rendición de Cuentas
JEL Classification:
H53
Keywords:
New public administration
Participatory budget
Budget by results
Accountability
J. Franciskovic / J. econ. finance adm. sci, 18 (Special Issue), 2013, 28-32 29
1. Introducción
El buen gobierno ha sido definido como una forma de ejercicio del
poder, caracterizado por la eficiencia, la transparencia, la rendición
de cuentas, la participación de la sociedad civil y el estado de dere-
cho, que revela la determinación de un gobierno de utilizar los re-
cursos disponibles a favor del desarrollo económico y social (Hegoa,
2005). Para posibilitar esto, es necesario garantizar el carácter del
Estado como ente de interés público, lo cual requiere construir una
burocracia honrada, eficiente y eficaz; implica entablar una relación
Estado-sociedad, donde los actores sociales, políticos y económicos
estén facultados –y tengan la capacidad– para obligar al gobierno a
mantener el estado de derecho y cumplir sus promesas, estrategia
central de lo que se ha denominado la Nueva Gestión Pública (Acker-
man, 2004).
En este sentido, los mecanismos para elaborar el presupuesto
público y aquellos orientados a su seguimiento y evaluación cobran
especial importancia como elementos para asegurar la eficiencia y
transparencia de la función pública. La inclusión de espacios de par-
ticipación, la definición clara y precisa de conceptos, procedimien-
tos, instrumentos y responsabilidades son algunos de los aspectos
clave que deben orientar la elaboración presupuestal.
Por otra parte, la rendición de cuentas se refiere a la prevención
de actividades ilegales o corruptas, lo que significa responsabilizar a
los funcionarios por sus actos. Es decir, además del manejo honesto
de los fondos públicos, también se debe ser responsable por el cum-
plimiento de metas y adecuación de las políticas a las necesidades de
la población (Samuel, 1991).
En 2007, el Perú se propuso implementar un enfoque de elabora-
ción presupuestal por resultados. Según la definición del Ministerio
de Economía y Finanzas [MEF], el Presupuesto por Resultados [PpR]
consiste en la aplicación de principios y técnicas para el diseño, eje-
cución, seguimiento y evaluación del presupuesto con una articu-
lación sustentada entre bienes y servicios (productos) y cambios
generados en el bienestar ciudadano (resultados).
La finalidad del presente documento es poner en la agenda el reto
de la gestión pública en el manejo de estas dos herramientas. Para su
elaboración se ha hecho una primera revisión bibliográfica1
, de cuyo
examen se presentan algunos aspectos conceptuales relacionados al
tema propuesto.
El artículo se ha organizado en seis puntos; los dos primeros
presentan los objetivos y la metodología usada, los dos siguientes
desarrollan los temas propuestos –presupuesto por resultados y
rendición de cuentas–, en el quinto se encuentran las conclusiones
y recomendaciones de la autora y, finalmente, la lista de fuentes em-
pleadas.
2. Objetivos
Considerando la finalidad señalada anteriormente, los objetivos
específicos del documento se plantean de la siguiente manera:
1. Hacer una primera revisión de los conceptos que sustentan el
uso y aplicación del presupuesto por resultados y la rendición de
cuentas.
1. Es pertinente indicar que entre la presentación de este documento en la
XLVII Conferencia Anual de CLADEA (Consejo Latinoamericano de Escuelas de Ad-
ministración) y la revisión para su publicación, se ha continuado con la investiga-
ción y revisión de literatura, encontrándose nuevos documentos en los que apare-
cen conceptos complementarios y discusiones teóricas y prácticas sobre nociones
aquí presentadas (en particular sobre la nueva gestión pública, el buen gobierno y
la gestión por resultados), los cuales no se incorporan en esta presentación. Sin
embargo, consideramos que los mismos no invalidan sino –por el contrario– re-
fuerzan las conclusiones centrales que proponemos.
2. Presentar algunas reflexiones sobre estos dos mecanismos y sus
aplicaciones en el Perú, conjuntamente con una propuesta preli-
minar de temas a ser discutidos y analizados con mayor detalle en
el corto plazo por los actores involucrados en la gestión pública.
3. Metodología
Tomando en cuenta la finalidad y objetivos propuestos, el do-
cumento tiene las siguientes características: (1) es de carácter pre-
liminar, (2) su naturaleza es cualitativa y propositiva y, (3) que no
pretende hacer un análisis exhaustivo ni práctico de la situación
actual. En este sentido, sa ha realizado una revisión bibliográfica
(utilizando básicamente internet como fuente) y una primera explo-
ración documental, cuyos resultados iniciales se presentan a conti-
nuación.
4. Presupuesto por resultados
El uso de este enfoque para elaborar el presupuesto tendría como
marco de referencia los alcances de la Gestión para Resultados [GpR],
la cual, a su vez, tiene como marco conceptual la Nueva Gestión
Pública.
La Gestión Pública, recientemente, se ha propuesto enfrentar los
nuevos desafíos que se le presentan mediante el refuerzo de la lógica
gerencial que busca alcanzar eficacia y eficiencia. Esta lógica propo-
ne, tres objetivos principales:
• Asegurar la constante optimización del uso de los recursos públi-
cos en la producción y distribución de bienes públicos como res-
puesta a las exigencias de más servicios, menos impuestos, más
eficacia, más eficiencia, más equidad y más calidad.
• Garantizar que el proceso de producción de bienes y servicios pú-
blicos, incluidas las fases de asignación y distribución, así como
las medidas para mejorar la productividad, sean transparentes,
equitativas y controlables.
• Promover y desarrollar mecanismos internos para mejorar el
desempeño de los dirigentes y trabajadores públicos, y con ello
promover la efectividad de los organismos públicos, en miras a
posibilitar los dos objetivos anteriores (Serra, 2007).
A su vez, este concepto de gestión presenta cuatro dimensiones
de intervención (Serra, 2007, p. 12):
• Donde el resultado es la referencia en todos los procesos de ges-
tión organizativa, sea pública o privada.
• La vinculación de los funcionarios y directivos a la responsabili-
dad por el resultado obtenido.
• Como marco para integrar y optimizar el funcionamiento de los
distintos componentes del proceso de gestión, al interconectarlos.
• Finalmente, en el ámbito del sector público, es una propuesta de
cultura organizativa, directiva y de gestión, que pone el énfasis
en los resultados y no en los procesos y procedimientos.
De esta manera la GpR, sirve como elemento formador orientado
a priorizar el resultado en todas las acciones para conseguir la op-
timización del desempeño gubernamental, convirtiéndose en una
herramienta cultural, conceptual y operativa.
Tomando en consideración la naturaleza del presente artículo,
es preciso mencionar que, entre otras funciones y características, la
GpR es una buena base para una mejor rendición de cuentas; ade-
más, podría también señalarse que, para una adecuada gestión, es
esencial contar con un proceso de rendición eficiente (Ormond &
Löffler, 1999). Cambiando la noción y práctica (actuales) de realizar-
la en función de un listado de actividades (Machicao, 2008) por una
30 J. Franciskovic / J. econ. finance adm. sci, 18 (Special Issue), 2013, 28-32
que considere la medición y evaluación de logros, lo que, comple-
mentariamente, permitiría enfatizar una relación estado-ciudadano
más transparente y equitativa.
Por otra parte, considerando el punto de vista de los funcionarios
públicos (en cada nivel), es necesario considerar –dentro de los cam-
bios que las nuevas nociones proponen– incorporar la asignación
de responsabilidades efectivas (claras, con derechos y obligaciones
sobre uso de recursos, en suma, objetivamente mensurables), así ha-
brá una sistema real de monitoreo y regulación en toda la cadena de
mando de la gestión pública.
Implantar la GpR en el sector público no es sencillo en vista de
que –tal como se mencionó anteriormente– significará cambios,
al pasar de un sistema a otro, referidos a asuntos como liderazgo,
cultura, discrecionalidad, sanciones, procedimientos, entre otros.
Y, como bien se señala en la página web de capacitación del MEF
(Ministerio de Economía y Finanzas), a esto se suman (…) problemas
inherentes a la provisión de servicios de la burocracia, tales como:
• Dificultad para medir algunos productos y, por ende, el desem-
peño de los funcionarios y las instituciones públicas.
• Asimetría de información en el interior de las entidades, entre
estas y el ciudadano, y entre estas y el principal (por lo general el
Ministerio de Finanzas).
• Falta de complementariedad entre agencias, por ser en su mayo-
ría servicios monopólicos.
• Inflexibilidad de los controles ex-ante y, especialmente, de los
sistemas de carrera pública.
Así, el paso del concepto de GpR o Nueva Gestión Pública a su
aplicación práctica en instrumentos como el Presupuesto por Re-
sultados no resulta complicado, lento y con respuestas desiguales
(Machicao, 2008); en la realidad, se comprueba que no es común
que todas las instancias y niveles del gobierno (sean administrativas,
directivas, ejecutivas o programáticas) coincidan en una definición
común de lo que se propone: «(…que) los organismos públicos, res-
ponsables de una determinada producción pública utilizan insumos
financieros, humanos y materiales –asignados a través del presu-
puesto– para la producción de bienes y servicios (productos) desti-
nados a la consecución de objetivos de política pública (resultados)
(Makón, 2000, p. 3)».
En relación al Presupuesto por Resultados (PpR) y su aplicación en
el Perú, el enfoque incorpora una serie de aspectos en relación a lo
anterior. De acuerdo con Shack Yalta y Porras Rodríguez (2011, p. 29)
estos están relacionados con:
• Clasificación de proyectos regionales, provinciales y distritales.
• Proceso Participativo de PP (presupuesto participativo) en cinco
fases: preparación, concertación, coordinación, formalización y
particularidades en gobiernos regionales.
• Roles para cada tipo de actores e instituciones.
• Desarrollo de componentes del diagnóstico, reconociendo temas
básicos para identificar los problemas y orientaciones por ejes es-
tratégicos.
• Establecimiento de una cartera de proyectos de la institución pú-
blica que cumplen los requisitos administrativos del sector públi-
co y, por tanto, se encuentran «listos» para ser ejecutados en caso
sean priorizados.
• Inclusión de una nueva instancia asociada con la vigilancia, don-
de los beneficiarios directos de un proyecto pueden asumir la
función específica de hacer seguimiento a dicho proyecto apro-
bado en el proceso.
Sin embargo, la realidad es que aún se usan o aplican tanto el pre-
supuesto participativo como el de resultados. Si bien el segundo es el
dominante, aún se siguen diseñando herramientas, estrategias y di-
rectivas para pasar de un sistema al otro o –en el mejor de los casos–
para que estos sean compatibles en su elaboración, presentación,
justificación y ejecución. Al respecto, es preciso notar, siguiendo la
evaluación que del presupuesto participativo2
(PP) y su relación con
el PpR ha hecho recientemente el Banco Mundial (2011), que:
La coexistencia del PP y PpR impone importantes retos en cuatro
aspectos principales: (1) rendición de cuentas: mientras que el PpR
enfatiza una línea de responsabilidad ‘hacia arriba’, el PP fortalece
una línea de responsabilidad ‘hacia abajo’; (2) horizonte temporal:
mientras que el PpR es parte de una estrategia de largo plazo, el PP
en Perú actualmente informa solo el presupuesto anual; (3) pers-
pectiva: mientras que el PpR se define desde una perspectiva multi-
sectorial, los criterios de priorización del PP se definen desde una
perspectiva territorial; y (4) propósito final: mientras que PpR está
orientado a resultados, el PP actualmente se focaliza en productos
(Banco Mundial, 2011, pp. 2-3).
4. Rendición de cuentas
Rendición de cuentas es un término que ha cobrado mayor im-
portancia en los últimos años en América Latina y El Caribe. Como
señala Ugalde (2002):
Rendición de cuentas es una traducción inexacta del térmi-
no anglosajón accountability, que en su acepción original sig-
nifica ser sujeto a la obligación de reportar, explicar o justificar
algo; ser responsable ante alguien de algo; pero la lengua espa-
ñola carece de un término adecuado que exprese con nitidez
la acepción del mismo y, ante la ausencia de otras opciones,
se usa cada vez más el término rendición de cuentas (Ugalde,
2002, p. 9).
En el campo político, la rendición de cuentas tiene diferentes
acepciones:
• «La obligación de los servidores públicos de dar cuentas, explicar
y justificar sus actos al público» (Dunn, 1999, p. 298, citado por
Ugalde, 2002, p. 12).
• «El requerimiento para que los representantes den cuenta y res-
pondan frente a los representados sobre el uso de sus poderes y
responsabilidades, actúen como respuesta a las críticas o requeri-
mientos que les son señalados y acepten responsabilidad en caso
de errores, incompetencia o engaño» (McLean, 1996, p. 1, citado
por Ugalde, 2002, p. 12).
• Según Schedler (1999, p. 26, citado por Ugalde, 2002, p. 12) «es la
obligación de los políticos y funcionarios públicos de informar y
justificar sus actos (…) y la capacidad para imponer sanciones a
quienes violen ciertas normas de conducta».
• «Responsabilidad (…) en el sentido social-jurídico de ser respon-
sable de algo ante alguien; implica el sentido de información
obligada (no opcional) y de información sobre el cumplimiento o
incumplimiento de la responsabilidad» (Ugalde, 2002, p. 12).
De acuerdo a Behn (2001) pueden definirse tres grandes catego-
rías de rendición de cuentas:
• La rendición de cuentas financiera. Centrada en la contabilidad.
Corresponde a la rendición legal de cuentas; se cerciora de que los
funcionarios respeten el orden jurídico en su labor administrativa.
• La rendición de cuentas sobre imparcialidad. Garantiza que los
funcionarios concedan atención a las normas éticas, que crean
procesos y procedimientos que, si se observan, garantizan la
equidad del gobierno en el trato justo a los ciudadanos.
2. El cual se ejecuta en el país, de manera piloto, desde 2003 y a partir de 2004 a
nivel nacional.
J. Franciskovic / J. econ. finance adm. sci, 18 (Special Issue), 2013, 28-32 31
• Rendición de cuentas sobre resultados. Comprende el cumpli-
miento de objetivos. Es decir, si las políticas, programas y acti-
vidades producen los resultados esperados; se relaciona con una
ejecución adecuada de políticas sociales (o vinculadas a la aten-
ción de personas de menores ingresos), y está referida a concep-
tos de eficiencia, efectividad y equidad.
De otro lado, «la clasificación más sugerente sobre rendición de
cuentas fue elaborada por O’Donnell (2000), que la divide en hori-
zontal y vertical» (Ugalde, 2002, p. 27).
La rendición horizontal de cuentas describe una relación entre
iguales. En teoría, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial se li-
mitan y controlan mutuamente; la rendición de cuentas vertical des-
cribe una relación entre desiguales, entre superiores y subordinados,
entre principales y agentes. Encuentra sus expresiones en los con-
troles electorales y societarios; es decir, por un lado, descansa en la
capacidad de los votantes para premiar o castigar el desempeño de
sus representantes en las elecciones y, por otro, en la capacidad
de los ciudadanos, asociaciones cívicas y medios de comunicación
para vigilar y sancionar a políticos y funcionarios.
Sin embargo, ambos mecanismos pueden considerarse como
complementarios, ya que los procedimientos legales y administra-
tivos permiten prevenir, aplicar medidas disciplinarias y asignar
medios de reparación en los casos pertinentes, mientras que los
procedimientos verticales ayudan a generar distintos niveles de vi-
gilancia.
Por otro lado, la rendición de cuentas exige dispositivos ade-
cuados. Las elecciones son el mecanismo más común de rendición
de cuentas, por el que los políticos se ven obligados a considerar el
mandato del electorado, a informar acerca de lo que han hecho en su
administración y ser juzgados por la ciudadanía. Sin embargo, exis-
ten muchos factores que debilitan la eficacia de las elecciones como
herramienta de control. En consecuencia, es necesario complemen-
tar los mecanismos de rendición de cuentas vertical, como las elec-
ciones, con otros de rendición horizontal, donde sea considerada la
posibilidad de que los funcionarios públicos respondan lateralmente
a otros del mismo Estado (Ackerman, 2004).
Aparece, en este contexto, la importancia de la sociedad civil en
la rendición de cuentas. La participación directa de la sociedad civil
es uno de los factores más importantes que explican los buenos re-
sultados de los mecanismos de rendición de cuentas, la cual puede
robustecer su estructura de tres maneras:
• La supervisión directa y presión de los actores de sociedad civil
sobre asuntos o políticas específicas, pueden servir como ele-
mentos adicionales de la rendición de cuentas vertical. Como
ejemplos cabe mencionar casos de encuestas para supervisar la
efectividad de los servicios públicos, revelaciones de los medios
de comunicación sobre infracciones legales de los funcionarios,
organización de referendos, entre otros.
• Las acciones de la sociedad civil pueden fortalecer la eficacia de
los mecanismos de rendición de cuentas horizontal en el interior
del propio Estado. Elevando los estándares y expectativas públi-
cas sobre el desempeño del Estado y ejerciendo presión política,
la sociedad civil puede instar a las instituciones de vigilancia y
supervisión a actuar. Un ejemplo son los defensores de derechos
humanos, una institución horizontal cuyas acciones se ven forta-
lecidas por las exigencias sociales.
• La sociedad civil puede participar directamente en las propias
instituciones del gobierno dedicadas a la rendición de cuentas
horizontal. Esta participación elimina la división entre los meca-
nismos de rendición de cuentas vertical y horizontal, puesto que
incluye la participación de actores verticales en mecanismos de
tipo horizontal. Se trata de una forma híbrida de rendición de cuen-
tas que se podría denominar diagonal (Goetz & Jenkins, 2001); por
ejemplo, juntas ciudadanas asesoras, que cumplen funciones pú-
blicas como la auditoría de los gastos del gobierno, la supervisión
de las adquisiciones y la supervisión de procesos electorales.
Si bien este conjunto de conceptos abarca múltiples posibilidades
de rendición de cuentas en las diferentes instancias de un gobierno,
puede adecuarse a los programas sociales. En este sentido es posible
sintetizarlo en el marco conceptual diseñado de Janvry citado por
Bain, Braun y Saavedra (2005, p. 1), cuyos elementos son:
• Principales actores: gobierno, proveedores de servicios (gobierno
central, municipios u ONG) y beneficiarios de los programas.
• Objetivos: garantizar que los programas se utilicen para luchar
contra la pobreza; evitar errores de exclusión (personas que
cumplen requisitos y quedan fuera) y errores de inclusión (elite,
corrupción, lucro, clientelismo).
• Tipos: rendición de cuentas hacia arriba o ascendente (de provee-
dores de servicios hacia gobierno central); rendición de cuentas
hacia abajo o descendente (de proveedores de servicios hacia be-
neficiarios).
• Requisitos: transparencia (gobierno central e interesados deben
disponer de información actualizada sobre criterios del progra-
ma, disposiciones de implementación y los beneficiarios); asegu-
rar el cumplimiento (sistemas de apelación y sanciones).
• Canales: el camino largo y el camino corto. El camino largo consiste
en ejercer la rendición de cuentas a través de la elección de políti-
cos. En el camino corto, los ciudadanos exigen rendición de cuen-
tas a los proveedores de servicios en materia de implementación,
focalización y desempeño de los programas.
5. Conclusiones
Utilizar un enfoque por resultados para la elaboración presupues-
tal es uno de los mecanismos para alcanzar una mejora de la calidad
del gasto público, tema que ha sido señalado por el estado como una
prioridad nacional.
Igualmente la rendición de cuentas debe comprenderse no solo
en su dimensión político-administrativa, sino como un elemento de
gestión en el manejo de los fondos públicos3
.
Teórica y conceptualmente, la relación entre la formulación pre-
supuestal y la rendición de cuentas es directa y se lleva a cabo en
un proceso que se retroalimenta constantemente; a cada acción en
uno de los mecanismos, le corresponderá una reacción en la aplica-
ción del otro, y viceversa.
Sin embargo, en la práctica esto no es tan cierto. En el Perú, si bien
se ha avanzado con la formulación del PpR, no se puede decir lo mis-
mo acerca de los mecanismos, instrumentos y menos aún prácticas,
sobre la rendición de cuentas.
A esta situación hay que añadir que a pesar de los esfuerzos de
diversas instituciones (en los últimos tres gobiernos), las fuentes
de información pública (nacional, regional y local) son definitiva-
mente deficientes, incompletas, irrelevantes y atemporales, siendo
este elemento fundamental tanto para la medición de resultados
como para la rendición de cuentas y la participación de la sociedad
civil y la ciudadanía en general. Existen diseños y plataformas infor-
máticas dispares de acuerdo a las posibilidades, intereses o califi-
caciones y es posible encontrar o no datos dispares en ministerios,
regiones, programas públicos, instituciones gubernamentales y –en
general– en todo el espectro de lo que se considera sector público.
Se han hecho, en los últimos dos años con mayor frecuencia, vi-
sitas e intercambios con experiencias exitosas a nivel latinoameri-
cano (talleres, seminarios, consultorías, visitas, etc.); pero esto no
ha pasado de ser una iniciativa parcial, vinculada especialmente,
3. Que incluye la verificación y supervisión del cumplimiento de metas y adecuación
de las políticas a las necesidades de la población.
32 J. Franciskovic / J. econ. finance adm. sci, 18 (Special Issue), 2013, 28-32
a los programas sociales y a funcionarios del MEF. No considera el
aparato público en su conjunto y en especial a aquellos que menores
capacidades o calificaciones presentan, como los gobiernos locales
(distritos y provincias) y regionales, donde las posibilidades de ase-
gurar resultados son reducidas –por no decir mínimas–, los recursos
humanos con que se cuenta (por decisión, mal manejo o ignorancia)
son el principal bloqueo para la modernización del sector público.
Las diferencias entre las distintas instancias y niveles de la «buro-
cracia» son alarmantes y, lo peor de todo, es que no se enfrenta esta
realidad con soluciones globales, integrales y de largo plazo.
Problema que no es solo nacional; al parecer, según la literatu-
ra revisada, resulta que hay en los últimos años un interés cada vez
mayor –al menos en Latinoamérica– por analizar, evaluar e instru-
mentar los mecanismos de rendición de cuentas en el sector público.
Por otra parte, la discusión sobre la naturaleza e implicancia de la
Nueva Gestión Pública refiere aportes para ajustar y redefinir a las
realidades locales este concepto. Lo mismo sucede con la noción de
Buen Gobierno4
, la cual debe diferenciar –en particular para países
como los nuestros– entre darle prioridad a un enfoque de eficiencia
administrativa o a uno de eficacia social.
El uso de herramientas como las reseñadas exige a los funciona-
rios (de todo nivel) del sector público una modificación conceptual
y práctica en su quehacer cotidiano que pasa, imprescindiblemente,
por adoptar e interiorizar una actitud distinta en su trabajo. Sabien-
do que las estructuras burocráticas del estado, en general, tienen
una capacidad de reacción lenta5
a los cambios y, dada la naturaleza
radical de las incorporaciones (resultados, productos, responsabili-
dad, transparencia, vigilancia, participación, entre otros aspectos),
se requerirá de un esfuerzo extraordinario de liderazgo, compromi-
so, negociación y manejo de recursos por parte de quienes dirigen
el proceso.
Si los auditores, contralores y evaluadores se concentran solo en
la ejecución y cumplimiento presupuestal y no también en los logros
sectoriales y nacionales alineados a las políticas nacionales de me-
diano y largo plazo, las posibilidades de aplicar mecanismos de
rendición de cuentas o de resultados son inútiles. Sin herramientas
prácticas, asequibles y masivas de participación ciudadana es im-
posible que una propuesta de nueva gestión pública, buen gobierno,
gestión por resultados, rendición de cuentas y –en suma– una efi-
ciente asignación de recursos públicos sea posible.
Igualmente, lograr la participación de los diferentes actores so-
ciales en la gestión de los recursos públicos también demandará un
esfuerzo similar, aunque con un enfoque que priorice las acciones de
negociación, consenso, debate, transparencia y pedagogía.
4. Tanto desde una visión ontológica hasta construcciones aplicativas y contenidos
prácticos.
5. En el mejor de los casos, ya que generalmente las innovaciones son poco acepta-
das, diluyéndose con el tiempo y llegando, también, a terminar por no incluirse:
«todo cambia, pero no pasa nada».
En ambos casos, estas acciones demandarán un uso importante
de recursos (públicos y privados) y –como se puede colegir– no será
un asunto corto ni sencillo. Así, el desarrollo de capacidades pasa a
ser el tema central a poner en la agenda (de corto, mediano y largo
plazo) de la sociedad en su conjunto, a fin de lograr que se pueda ini-
ciar y llevar a buen puerto este proceso de renovación en la gestión
pública.
Ante estas consideraciones, surgen tres preguntas ineludibles:
¿estamos conscientes y preparados para asumir el reto?, ¿conta-
mos con la capacidad para hacerlo? y, más importante aún, ¿lo están
quienes proponen estos cambios? Dudas que debieran ser debatidas
y respondidas en el más breve plazo, considerando que reformas
como las planteadas son ineludibles y necesarias.
Bibliografía
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Franciskovic 2013

  • 1. www.elsevier.es/jefas Journal of Economics, Finance and Administrative Science 2077-1886/$ - see front matter © 2013 Universidad ESAN. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados. Journal of Economics, Finance and Administrative Science Volume 18, Special Issue, October 2013 Articles Carlos Alberto Dorantes Dosamantes The Relevance of Using Accounting Fundamentals in the Mexican Stock Market Hugo Ferreira Braga Tadeu, Jersone Tasso Moreira Silva The Determinants of the Long Term Private Investment in Brazil: An Empyrical Analysis Using Cross-section and a Monte Carlo Simulation Pedro Holloway, Ricardo Rochman, Marco Laes Factors Influencing Brazilian Value Investing Portfolios Juan Benjamín Duarte Duarte, Zulay Yesenia Ramírez León, Juan Manuel Mascareñas Pérez-Iñigo Estudio del efecto tamaño en el mercado bursátil colombiano Jubitza Franciskovic Retos de la gestión pública: presupuesto por resultados y rendición de cuentas Guest Editor: Diego C. Cueto, Ph.D. ISSN 2077-1886 50th Anniversary Edition J. econ. finance adm. sci, 18 (Special Issue), 2013, 28-32 Correo electrónico: jfranciskovic@esan.edu.pe Artículo Retos de la gestión pública: presupuesto por resultados y rendición de cuentas Jubitza Franciskovic Universidad ESAN, Lima, Perú R E S U M E N El documento busca llamar la atención sobre la necesidad de discutir –teórica y prácticamente– los desafíos que deben ser asumidos por la gestión pública en el manejo de la elaboración presupuestal por resultados y la rendición de cuentas, especialmente considerándolas herramientas útiles en el proceso de asegurar un «buen gobierno». Para ello, se ha realizado un análisis conceptual de ambas herramientas. Primero, se presenta el enfoque de gestión por resultados y los retos que implica este nuevo marco para la gestión pública en relación a la optimización del uso de recursos públicos, la garantía de un proceso transparente y equitativo y la mejora en el desempeño de las entidades públicas, convirtiéndose en la base para una mejor rendición de cuentas –segundo aspecto analizado en el documento–. La rendición de cuentas se convierte en un desafío al constituirse como medio efectivo de vigilancia y sanción entre la sociedad y el gobierno, a través del cual los funcionarios públicos deben responder, explicar y justificar sus actos, sujetos a un orden jurídico ético y al cumplimiento de objetivos. Es aquí donde la participación directa de la sociedad civil es fundamental para la evaluación de los resultados. El documento analiza estos conceptos en un momento en el que nuestro país tiene como prioridad nacional la mejora de la calidad del gasto público. Por eso, el enfoque de resultados en la elaboración presupuestal se ha considerado, por los responsables de la política económica, como un mecanismo clave para su consecución, y a su vez la rendición de cuentas se vincula –particularmente– con el impulso que se pretende dar a la política social, como un elemento de importancia en la gestión para el manejo de fondos públicos, que puede ayudar a garantizar la eficacia y transparencia de estos procesos. ©2013 Universidad ESAN. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados. Challenges of Public Administration: Budget by Results and Accountability A B S T R A C T Document searches draw attention to the need to discuss, theoretically and practically, the challenges that must be faced by public administration in the management of preparing a budget by results and accountability, particularly when taking into account the useful tools in the process of ensuring “good government”. To do this, a conceptual analysis of both tools was performed. Firstly, the management by results approach is presented, along with the challenges that this new framework involves for the public administration in relation to the optimisation of the use of public resources, to ensure a transparent and equitable process and to improve the performance of public bodies, becoming the basis for better accountability (the second aspect analysed in the document). Accountability becomes a challenge, on being an effective means of monitoring and sanctions between society and government, through which the public servants have to respond, explain and justify their actions, subjected to an ethical and juridical order, to the completing of objectives. It is here where the direct participation by the civil society is fundamental for the evaluation of the results. The document analyses these concepts at a time when our country has the improvement in the quality of public spending as a national priority. Thus, the results approach in the budget preparation has to be considered, by those responsible for economic policy, such as a key mechanism to achieve this, and in turn accountability is particularly linked, to the push that it attempt to give to social policy, as an important element in the administration for the management of public funds, which can help to ensure the effectiveness and transparency of these processes. ©2013 Universidad ESAN. Published by Elsevier España, S.L. All rights reserved. I N F O R M A C I Ó N D E L A R T Í C U L O Historia del artículo: Recibido el 6 de marzo de 2013 Aceptado el 21 de junio de 2013 Códigos JEL: H53 Palabras clave: Nueva gestión pública Presupuesto participativo Presupuesto por resultados Rendición de Cuentas JEL Classification: H53 Keywords: New public administration Participatory budget Budget by results Accountability
  • 2. J. Franciskovic / J. econ. finance adm. sci, 18 (Special Issue), 2013, 28-32 29 1. Introducción El buen gobierno ha sido definido como una forma de ejercicio del poder, caracterizado por la eficiencia, la transparencia, la rendición de cuentas, la participación de la sociedad civil y el estado de dere- cho, que revela la determinación de un gobierno de utilizar los re- cursos disponibles a favor del desarrollo económico y social (Hegoa, 2005). Para posibilitar esto, es necesario garantizar el carácter del Estado como ente de interés público, lo cual requiere construir una burocracia honrada, eficiente y eficaz; implica entablar una relación Estado-sociedad, donde los actores sociales, políticos y económicos estén facultados –y tengan la capacidad– para obligar al gobierno a mantener el estado de derecho y cumplir sus promesas, estrategia central de lo que se ha denominado la Nueva Gestión Pública (Acker- man, 2004). En este sentido, los mecanismos para elaborar el presupuesto público y aquellos orientados a su seguimiento y evaluación cobran especial importancia como elementos para asegurar la eficiencia y transparencia de la función pública. La inclusión de espacios de par- ticipación, la definición clara y precisa de conceptos, procedimien- tos, instrumentos y responsabilidades son algunos de los aspectos clave que deben orientar la elaboración presupuestal. Por otra parte, la rendición de cuentas se refiere a la prevención de actividades ilegales o corruptas, lo que significa responsabilizar a los funcionarios por sus actos. Es decir, además del manejo honesto de los fondos públicos, también se debe ser responsable por el cum- plimiento de metas y adecuación de las políticas a las necesidades de la población (Samuel, 1991). En 2007, el Perú se propuso implementar un enfoque de elabora- ción presupuestal por resultados. Según la definición del Ministerio de Economía y Finanzas [MEF], el Presupuesto por Resultados [PpR] consiste en la aplicación de principios y técnicas para el diseño, eje- cución, seguimiento y evaluación del presupuesto con una articu- lación sustentada entre bienes y servicios (productos) y cambios generados en el bienestar ciudadano (resultados). La finalidad del presente documento es poner en la agenda el reto de la gestión pública en el manejo de estas dos herramientas. Para su elaboración se ha hecho una primera revisión bibliográfica1 , de cuyo examen se presentan algunos aspectos conceptuales relacionados al tema propuesto. El artículo se ha organizado en seis puntos; los dos primeros presentan los objetivos y la metodología usada, los dos siguientes desarrollan los temas propuestos –presupuesto por resultados y rendición de cuentas–, en el quinto se encuentran las conclusiones y recomendaciones de la autora y, finalmente, la lista de fuentes em- pleadas. 2. Objetivos Considerando la finalidad señalada anteriormente, los objetivos específicos del documento se plantean de la siguiente manera: 1. Hacer una primera revisión de los conceptos que sustentan el uso y aplicación del presupuesto por resultados y la rendición de cuentas. 1. Es pertinente indicar que entre la presentación de este documento en la XLVII Conferencia Anual de CLADEA (Consejo Latinoamericano de Escuelas de Ad- ministración) y la revisión para su publicación, se ha continuado con la investiga- ción y revisión de literatura, encontrándose nuevos documentos en los que apare- cen conceptos complementarios y discusiones teóricas y prácticas sobre nociones aquí presentadas (en particular sobre la nueva gestión pública, el buen gobierno y la gestión por resultados), los cuales no se incorporan en esta presentación. Sin embargo, consideramos que los mismos no invalidan sino –por el contrario– re- fuerzan las conclusiones centrales que proponemos. 2. Presentar algunas reflexiones sobre estos dos mecanismos y sus aplicaciones en el Perú, conjuntamente con una propuesta preli- minar de temas a ser discutidos y analizados con mayor detalle en el corto plazo por los actores involucrados en la gestión pública. 3. Metodología Tomando en cuenta la finalidad y objetivos propuestos, el do- cumento tiene las siguientes características: (1) es de carácter pre- liminar, (2) su naturaleza es cualitativa y propositiva y, (3) que no pretende hacer un análisis exhaustivo ni práctico de la situación actual. En este sentido, sa ha realizado una revisión bibliográfica (utilizando básicamente internet como fuente) y una primera explo- ración documental, cuyos resultados iniciales se presentan a conti- nuación. 4. Presupuesto por resultados El uso de este enfoque para elaborar el presupuesto tendría como marco de referencia los alcances de la Gestión para Resultados [GpR], la cual, a su vez, tiene como marco conceptual la Nueva Gestión Pública. La Gestión Pública, recientemente, se ha propuesto enfrentar los nuevos desafíos que se le presentan mediante el refuerzo de la lógica gerencial que busca alcanzar eficacia y eficiencia. Esta lógica propo- ne, tres objetivos principales: • Asegurar la constante optimización del uso de los recursos públi- cos en la producción y distribución de bienes públicos como res- puesta a las exigencias de más servicios, menos impuestos, más eficacia, más eficiencia, más equidad y más calidad. • Garantizar que el proceso de producción de bienes y servicios pú- blicos, incluidas las fases de asignación y distribución, así como las medidas para mejorar la productividad, sean transparentes, equitativas y controlables. • Promover y desarrollar mecanismos internos para mejorar el desempeño de los dirigentes y trabajadores públicos, y con ello promover la efectividad de los organismos públicos, en miras a posibilitar los dos objetivos anteriores (Serra, 2007). A su vez, este concepto de gestión presenta cuatro dimensiones de intervención (Serra, 2007, p. 12): • Donde el resultado es la referencia en todos los procesos de ges- tión organizativa, sea pública o privada. • La vinculación de los funcionarios y directivos a la responsabili- dad por el resultado obtenido. • Como marco para integrar y optimizar el funcionamiento de los distintos componentes del proceso de gestión, al interconectarlos. • Finalmente, en el ámbito del sector público, es una propuesta de cultura organizativa, directiva y de gestión, que pone el énfasis en los resultados y no en los procesos y procedimientos. De esta manera la GpR, sirve como elemento formador orientado a priorizar el resultado en todas las acciones para conseguir la op- timización del desempeño gubernamental, convirtiéndose en una herramienta cultural, conceptual y operativa. Tomando en consideración la naturaleza del presente artículo, es preciso mencionar que, entre otras funciones y características, la GpR es una buena base para una mejor rendición de cuentas; ade- más, podría también señalarse que, para una adecuada gestión, es esencial contar con un proceso de rendición eficiente (Ormond & Löffler, 1999). Cambiando la noción y práctica (actuales) de realizar- la en función de un listado de actividades (Machicao, 2008) por una
  • 3. 30 J. Franciskovic / J. econ. finance adm. sci, 18 (Special Issue), 2013, 28-32 que considere la medición y evaluación de logros, lo que, comple- mentariamente, permitiría enfatizar una relación estado-ciudadano más transparente y equitativa. Por otra parte, considerando el punto de vista de los funcionarios públicos (en cada nivel), es necesario considerar –dentro de los cam- bios que las nuevas nociones proponen– incorporar la asignación de responsabilidades efectivas (claras, con derechos y obligaciones sobre uso de recursos, en suma, objetivamente mensurables), así ha- brá una sistema real de monitoreo y regulación en toda la cadena de mando de la gestión pública. Implantar la GpR en el sector público no es sencillo en vista de que –tal como se mencionó anteriormente– significará cambios, al pasar de un sistema a otro, referidos a asuntos como liderazgo, cultura, discrecionalidad, sanciones, procedimientos, entre otros. Y, como bien se señala en la página web de capacitación del MEF (Ministerio de Economía y Finanzas), a esto se suman (…) problemas inherentes a la provisión de servicios de la burocracia, tales como: • Dificultad para medir algunos productos y, por ende, el desem- peño de los funcionarios y las instituciones públicas. • Asimetría de información en el interior de las entidades, entre estas y el ciudadano, y entre estas y el principal (por lo general el Ministerio de Finanzas). • Falta de complementariedad entre agencias, por ser en su mayo- ría servicios monopólicos. • Inflexibilidad de los controles ex-ante y, especialmente, de los sistemas de carrera pública. Así, el paso del concepto de GpR o Nueva Gestión Pública a su aplicación práctica en instrumentos como el Presupuesto por Re- sultados no resulta complicado, lento y con respuestas desiguales (Machicao, 2008); en la realidad, se comprueba que no es común que todas las instancias y niveles del gobierno (sean administrativas, directivas, ejecutivas o programáticas) coincidan en una definición común de lo que se propone: «(…que) los organismos públicos, res- ponsables de una determinada producción pública utilizan insumos financieros, humanos y materiales –asignados a través del presu- puesto– para la producción de bienes y servicios (productos) desti- nados a la consecución de objetivos de política pública (resultados) (Makón, 2000, p. 3)». En relación al Presupuesto por Resultados (PpR) y su aplicación en el Perú, el enfoque incorpora una serie de aspectos en relación a lo anterior. De acuerdo con Shack Yalta y Porras Rodríguez (2011, p. 29) estos están relacionados con: • Clasificación de proyectos regionales, provinciales y distritales. • Proceso Participativo de PP (presupuesto participativo) en cinco fases: preparación, concertación, coordinación, formalización y particularidades en gobiernos regionales. • Roles para cada tipo de actores e instituciones. • Desarrollo de componentes del diagnóstico, reconociendo temas básicos para identificar los problemas y orientaciones por ejes es- tratégicos. • Establecimiento de una cartera de proyectos de la institución pú- blica que cumplen los requisitos administrativos del sector públi- co y, por tanto, se encuentran «listos» para ser ejecutados en caso sean priorizados. • Inclusión de una nueva instancia asociada con la vigilancia, don- de los beneficiarios directos de un proyecto pueden asumir la función específica de hacer seguimiento a dicho proyecto apro- bado en el proceso. Sin embargo, la realidad es que aún se usan o aplican tanto el pre- supuesto participativo como el de resultados. Si bien el segundo es el dominante, aún se siguen diseñando herramientas, estrategias y di- rectivas para pasar de un sistema al otro o –en el mejor de los casos– para que estos sean compatibles en su elaboración, presentación, justificación y ejecución. Al respecto, es preciso notar, siguiendo la evaluación que del presupuesto participativo2 (PP) y su relación con el PpR ha hecho recientemente el Banco Mundial (2011), que: La coexistencia del PP y PpR impone importantes retos en cuatro aspectos principales: (1) rendición de cuentas: mientras que el PpR enfatiza una línea de responsabilidad ‘hacia arriba’, el PP fortalece una línea de responsabilidad ‘hacia abajo’; (2) horizonte temporal: mientras que el PpR es parte de una estrategia de largo plazo, el PP en Perú actualmente informa solo el presupuesto anual; (3) pers- pectiva: mientras que el PpR se define desde una perspectiva multi- sectorial, los criterios de priorización del PP se definen desde una perspectiva territorial; y (4) propósito final: mientras que PpR está orientado a resultados, el PP actualmente se focaliza en productos (Banco Mundial, 2011, pp. 2-3). 4. Rendición de cuentas Rendición de cuentas es un término que ha cobrado mayor im- portancia en los últimos años en América Latina y El Caribe. Como señala Ugalde (2002): Rendición de cuentas es una traducción inexacta del térmi- no anglosajón accountability, que en su acepción original sig- nifica ser sujeto a la obligación de reportar, explicar o justificar algo; ser responsable ante alguien de algo; pero la lengua espa- ñola carece de un término adecuado que exprese con nitidez la acepción del mismo y, ante la ausencia de otras opciones, se usa cada vez más el término rendición de cuentas (Ugalde, 2002, p. 9). En el campo político, la rendición de cuentas tiene diferentes acepciones: • «La obligación de los servidores públicos de dar cuentas, explicar y justificar sus actos al público» (Dunn, 1999, p. 298, citado por Ugalde, 2002, p. 12). • «El requerimiento para que los representantes den cuenta y res- pondan frente a los representados sobre el uso de sus poderes y responsabilidades, actúen como respuesta a las críticas o requeri- mientos que les son señalados y acepten responsabilidad en caso de errores, incompetencia o engaño» (McLean, 1996, p. 1, citado por Ugalde, 2002, p. 12). • Según Schedler (1999, p. 26, citado por Ugalde, 2002, p. 12) «es la obligación de los políticos y funcionarios públicos de informar y justificar sus actos (…) y la capacidad para imponer sanciones a quienes violen ciertas normas de conducta». • «Responsabilidad (…) en el sentido social-jurídico de ser respon- sable de algo ante alguien; implica el sentido de información obligada (no opcional) y de información sobre el cumplimiento o incumplimiento de la responsabilidad» (Ugalde, 2002, p. 12). De acuerdo a Behn (2001) pueden definirse tres grandes catego- rías de rendición de cuentas: • La rendición de cuentas financiera. Centrada en la contabilidad. Corresponde a la rendición legal de cuentas; se cerciora de que los funcionarios respeten el orden jurídico en su labor administrativa. • La rendición de cuentas sobre imparcialidad. Garantiza que los funcionarios concedan atención a las normas éticas, que crean procesos y procedimientos que, si se observan, garantizan la equidad del gobierno en el trato justo a los ciudadanos. 2. El cual se ejecuta en el país, de manera piloto, desde 2003 y a partir de 2004 a nivel nacional.
  • 4. J. Franciskovic / J. econ. finance adm. sci, 18 (Special Issue), 2013, 28-32 31 • Rendición de cuentas sobre resultados. Comprende el cumpli- miento de objetivos. Es decir, si las políticas, programas y acti- vidades producen los resultados esperados; se relaciona con una ejecución adecuada de políticas sociales (o vinculadas a la aten- ción de personas de menores ingresos), y está referida a concep- tos de eficiencia, efectividad y equidad. De otro lado, «la clasificación más sugerente sobre rendición de cuentas fue elaborada por O’Donnell (2000), que la divide en hori- zontal y vertical» (Ugalde, 2002, p. 27). La rendición horizontal de cuentas describe una relación entre iguales. En teoría, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial se li- mitan y controlan mutuamente; la rendición de cuentas vertical des- cribe una relación entre desiguales, entre superiores y subordinados, entre principales y agentes. Encuentra sus expresiones en los con- troles electorales y societarios; es decir, por un lado, descansa en la capacidad de los votantes para premiar o castigar el desempeño de sus representantes en las elecciones y, por otro, en la capacidad de los ciudadanos, asociaciones cívicas y medios de comunicación para vigilar y sancionar a políticos y funcionarios. Sin embargo, ambos mecanismos pueden considerarse como complementarios, ya que los procedimientos legales y administra- tivos permiten prevenir, aplicar medidas disciplinarias y asignar medios de reparación en los casos pertinentes, mientras que los procedimientos verticales ayudan a generar distintos niveles de vi- gilancia. Por otro lado, la rendición de cuentas exige dispositivos ade- cuados. Las elecciones son el mecanismo más común de rendición de cuentas, por el que los políticos se ven obligados a considerar el mandato del electorado, a informar acerca de lo que han hecho en su administración y ser juzgados por la ciudadanía. Sin embargo, exis- ten muchos factores que debilitan la eficacia de las elecciones como herramienta de control. En consecuencia, es necesario complemen- tar los mecanismos de rendición de cuentas vertical, como las elec- ciones, con otros de rendición horizontal, donde sea considerada la posibilidad de que los funcionarios públicos respondan lateralmente a otros del mismo Estado (Ackerman, 2004). Aparece, en este contexto, la importancia de la sociedad civil en la rendición de cuentas. La participación directa de la sociedad civil es uno de los factores más importantes que explican los buenos re- sultados de los mecanismos de rendición de cuentas, la cual puede robustecer su estructura de tres maneras: • La supervisión directa y presión de los actores de sociedad civil sobre asuntos o políticas específicas, pueden servir como ele- mentos adicionales de la rendición de cuentas vertical. Como ejemplos cabe mencionar casos de encuestas para supervisar la efectividad de los servicios públicos, revelaciones de los medios de comunicación sobre infracciones legales de los funcionarios, organización de referendos, entre otros. • Las acciones de la sociedad civil pueden fortalecer la eficacia de los mecanismos de rendición de cuentas horizontal en el interior del propio Estado. Elevando los estándares y expectativas públi- cas sobre el desempeño del Estado y ejerciendo presión política, la sociedad civil puede instar a las instituciones de vigilancia y supervisión a actuar. Un ejemplo son los defensores de derechos humanos, una institución horizontal cuyas acciones se ven forta- lecidas por las exigencias sociales. • La sociedad civil puede participar directamente en las propias instituciones del gobierno dedicadas a la rendición de cuentas horizontal. Esta participación elimina la división entre los meca- nismos de rendición de cuentas vertical y horizontal, puesto que incluye la participación de actores verticales en mecanismos de tipo horizontal. Se trata de una forma híbrida de rendición de cuen- tas que se podría denominar diagonal (Goetz & Jenkins, 2001); por ejemplo, juntas ciudadanas asesoras, que cumplen funciones pú- blicas como la auditoría de los gastos del gobierno, la supervisión de las adquisiciones y la supervisión de procesos electorales. Si bien este conjunto de conceptos abarca múltiples posibilidades de rendición de cuentas en las diferentes instancias de un gobierno, puede adecuarse a los programas sociales. En este sentido es posible sintetizarlo en el marco conceptual diseñado de Janvry citado por Bain, Braun y Saavedra (2005, p. 1), cuyos elementos son: • Principales actores: gobierno, proveedores de servicios (gobierno central, municipios u ONG) y beneficiarios de los programas. • Objetivos: garantizar que los programas se utilicen para luchar contra la pobreza; evitar errores de exclusión (personas que cumplen requisitos y quedan fuera) y errores de inclusión (elite, corrupción, lucro, clientelismo). • Tipos: rendición de cuentas hacia arriba o ascendente (de provee- dores de servicios hacia gobierno central); rendición de cuentas hacia abajo o descendente (de proveedores de servicios hacia be- neficiarios). • Requisitos: transparencia (gobierno central e interesados deben disponer de información actualizada sobre criterios del progra- ma, disposiciones de implementación y los beneficiarios); asegu- rar el cumplimiento (sistemas de apelación y sanciones). • Canales: el camino largo y el camino corto. El camino largo consiste en ejercer la rendición de cuentas a través de la elección de políti- cos. En el camino corto, los ciudadanos exigen rendición de cuen- tas a los proveedores de servicios en materia de implementación, focalización y desempeño de los programas. 5. Conclusiones Utilizar un enfoque por resultados para la elaboración presupues- tal es uno de los mecanismos para alcanzar una mejora de la calidad del gasto público, tema que ha sido señalado por el estado como una prioridad nacional. Igualmente la rendición de cuentas debe comprenderse no solo en su dimensión político-administrativa, sino como un elemento de gestión en el manejo de los fondos públicos3 . Teórica y conceptualmente, la relación entre la formulación pre- supuestal y la rendición de cuentas es directa y se lleva a cabo en un proceso que se retroalimenta constantemente; a cada acción en uno de los mecanismos, le corresponderá una reacción en la aplica- ción del otro, y viceversa. Sin embargo, en la práctica esto no es tan cierto. En el Perú, si bien se ha avanzado con la formulación del PpR, no se puede decir lo mis- mo acerca de los mecanismos, instrumentos y menos aún prácticas, sobre la rendición de cuentas. A esta situación hay que añadir que a pesar de los esfuerzos de diversas instituciones (en los últimos tres gobiernos), las fuentes de información pública (nacional, regional y local) son definitiva- mente deficientes, incompletas, irrelevantes y atemporales, siendo este elemento fundamental tanto para la medición de resultados como para la rendición de cuentas y la participación de la sociedad civil y la ciudadanía en general. Existen diseños y plataformas infor- máticas dispares de acuerdo a las posibilidades, intereses o califi- caciones y es posible encontrar o no datos dispares en ministerios, regiones, programas públicos, instituciones gubernamentales y –en general– en todo el espectro de lo que se considera sector público. Se han hecho, en los últimos dos años con mayor frecuencia, vi- sitas e intercambios con experiencias exitosas a nivel latinoameri- cano (talleres, seminarios, consultorías, visitas, etc.); pero esto no ha pasado de ser una iniciativa parcial, vinculada especialmente, 3. Que incluye la verificación y supervisión del cumplimiento de metas y adecuación de las políticas a las necesidades de la población.
  • 5. 32 J. Franciskovic / J. econ. finance adm. sci, 18 (Special Issue), 2013, 28-32 a los programas sociales y a funcionarios del MEF. No considera el aparato público en su conjunto y en especial a aquellos que menores capacidades o calificaciones presentan, como los gobiernos locales (distritos y provincias) y regionales, donde las posibilidades de ase- gurar resultados son reducidas –por no decir mínimas–, los recursos humanos con que se cuenta (por decisión, mal manejo o ignorancia) son el principal bloqueo para la modernización del sector público. Las diferencias entre las distintas instancias y niveles de la «buro- cracia» son alarmantes y, lo peor de todo, es que no se enfrenta esta realidad con soluciones globales, integrales y de largo plazo. Problema que no es solo nacional; al parecer, según la literatu- ra revisada, resulta que hay en los últimos años un interés cada vez mayor –al menos en Latinoamérica– por analizar, evaluar e instru- mentar los mecanismos de rendición de cuentas en el sector público. Por otra parte, la discusión sobre la naturaleza e implicancia de la Nueva Gestión Pública refiere aportes para ajustar y redefinir a las realidades locales este concepto. Lo mismo sucede con la noción de Buen Gobierno4 , la cual debe diferenciar –en particular para países como los nuestros– entre darle prioridad a un enfoque de eficiencia administrativa o a uno de eficacia social. El uso de herramientas como las reseñadas exige a los funciona- rios (de todo nivel) del sector público una modificación conceptual y práctica en su quehacer cotidiano que pasa, imprescindiblemente, por adoptar e interiorizar una actitud distinta en su trabajo. Sabien- do que las estructuras burocráticas del estado, en general, tienen una capacidad de reacción lenta5 a los cambios y, dada la naturaleza radical de las incorporaciones (resultados, productos, responsabili- dad, transparencia, vigilancia, participación, entre otros aspectos), se requerirá de un esfuerzo extraordinario de liderazgo, compromi- so, negociación y manejo de recursos por parte de quienes dirigen el proceso. Si los auditores, contralores y evaluadores se concentran solo en la ejecución y cumplimiento presupuestal y no también en los logros sectoriales y nacionales alineados a las políticas nacionales de me- diano y largo plazo, las posibilidades de aplicar mecanismos de rendición de cuentas o de resultados son inútiles. Sin herramientas prácticas, asequibles y masivas de participación ciudadana es im- posible que una propuesta de nueva gestión pública, buen gobierno, gestión por resultados, rendición de cuentas y –en suma– una efi- ciente asignación de recursos públicos sea posible. Igualmente, lograr la participación de los diferentes actores so- ciales en la gestión de los recursos públicos también demandará un esfuerzo similar, aunque con un enfoque que priorice las acciones de negociación, consenso, debate, transparencia y pedagogía. 4. Tanto desde una visión ontológica hasta construcciones aplicativas y contenidos prácticos. 5. En el mejor de los casos, ya que generalmente las innovaciones son poco acepta- das, diluyéndose con el tiempo y llegando, también, a terminar por no incluirse: «todo cambia, pero no pasa nada». En ambos casos, estas acciones demandarán un uso importante de recursos (públicos y privados) y –como se puede colegir– no será un asunto corto ni sencillo. Así, el desarrollo de capacidades pasa a ser el tema central a poner en la agenda (de corto, mediano y largo plazo) de la sociedad en su conjunto, a fin de lograr que se pueda ini- ciar y llevar a buen puerto este proceso de renovación en la gestión pública. Ante estas consideraciones, surgen tres preguntas ineludibles: ¿estamos conscientes y preparados para asumir el reto?, ¿conta- mos con la capacidad para hacerlo? y, más importante aún, ¿lo están quienes proponen estos cambios? Dudas que debieran ser debatidas y respondidas en el más breve plazo, considerando que reformas como las planteadas son ineludibles y necesarias. Bibliografía Ackerman, J. (2004). Sinergia Estado-sociedad en pro de la rendición de cuentas. Lecciones para el Banco Mundial. Documento de Trabajo del Banco Mundial, 31. Bain, K., Braun, F. & Saavedra, J. (Diciembre de 2005). Voz y rendición de cuentas en programas de transferencia en América Latina y el Caribe. (B. Mundial, Ed.). En Breve, 83. 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