La ley establece cuotas de empleo mínimas del 1% para personas con discapacidad en el sector público y privado con el fin de promover su inclusión laboral. Modifica leyes como el Código del Trabajo y el Estatuto Administrativo para prohibir la discriminación y establecer procedimientos de cumplimiento y fiscalización de las cuotas. Además, crea incentivos y flexibilidades durante los primeros años de aplicación de la ley.