La Ley núm. 20.880, promulgada el 05 de enero de 2016, establece disposiciones sobre la probidad en la función pública y la prevención de conflictos de interés, obligando a funcionarios públicos a declarar sus intereses y patrimonio. Esta ley regula las circunstancias que constituyen un conflicto de interés y establece sanciones por la inobservancia del principio de probidad. A su vez, detalla procedimientos de declaración pública, obligatoriedad de mandatos de administración de cartera de valores y el contenido requerido de dichas declaraciones.