La Ley Sarbanes-Oxley de 2002 (también conocida como SOx o SarbOx) estableció nuevos requisitos de responsabilidad y transparencia para proteger a los inversores. Requiere que las empresas cotizadas en bolsa mantengan controles internos efectivos sobre la información financiera, certifiquen la exactitud de sus informes financieros y establezcan comités de auditoría independientes. También endureció las sanciones por fraude corporativo e incumplimiento de la ley.