El proyecto de ley propuesta busca reformar la educación en España tras los problemas generados por la LOMCE, enfocándose en mejorar la equidad, los resultados, y la participación de la comunidad educativa. Entre sus objetivos se incluye una modernización del sistema educativo, atención personalizada a los alumnos con dificultades, y la eliminación de itinerarios que fomentan la segregación. Además, se propone un blindaje de inversión educativa del 5% del PIB y el refuerzo de la educación en valores cívicos.