El documento discute que los registros y notarías son servicios inherentes al Estado, que los ciudadanos deben recurrir a ellos para obtener fe pública. Explica que el Estado ha establecido registros públicos especializados y normas para garantizar la seguridad jurídica en transacciones y contratos. También menciona que en Venezuela existen diversos registros públicos y no hay un sistema nacional integrado de registros.