El caso de Kiki ha echado luz sobre graves falencias del sistema de protección de nuestra provincia. Plazos que se dilatan; instituciones con hacinamiento, en pésimas condiciones de alojamiento y carentes de supervisión; dificultades para la obtención de medicamentos; escaso seguimiento de los niños por especialistas; trabajadores totalmente precarizados; y acciones que no reparan en las consecuencias psíquicas y físicas de los menores y que además se suman a una doble vulneración de sus derechos, primero en sus propios hogares y luego en los centros de acogimiento del Estado. Es necesario revisar todas las irregularidades y proteger en primer lugar, los intereses superiores de los chicos, asistiéndolos desde el inicio con un letrado especializado en niñez y adolescencia que pueda expresar su voluntad de un modo suficiente y actúe en carácter de tutor especial. Estoy haciendo referencia a crear el Abogado del Niño, una persona capacitada para escuchar y representar sus intereses personales e individuales, para defenderlo y dictar a favor de su voluntad, protegiendo todos sus derechos y garantías de acuerdo a las normas vigentes.