El documento discute el derecho al debido proceso y la tutela judicial efectiva. Define el debido proceso como un derecho fundamental derivado de la dignidad humana y la legitimidad del poder político. Explica que la tutela judicial efectiva protege los derechos e intereses legítimos de personas naturales, entidades públicas y privadas, nacionales y extranjeras ante el legislador, tribunales, asamblea y entre particulares en ciertos casos.